- La reactivación de una mina de níquel en Izabal, en el nororiente guatemalteco, se da en medio de una constante exigencia de las comunidades por tener una consulta libre, previa e informada, lo que aseguran no ha sucedido.
- El proyecto minero fue investigado, sancionado y ahora es acompañado por autoridades de Estados Unidos, quienes sostienen que habrá una mejor gestión ambiental y social.
- De acuerdo con dirigentes indígenas y defensores de derechos humanos, el gobierno de Guatemala no ha gestionado una nueva consulta bajo estándares internacionales ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2023.
- Entre las órdenes emitidas en la sentencia internacional está generar un nuevo estudio de impacto ambiental que considere las zonas de influencia del proyecto minero y la participación de las comunidades en el ejercicio.
Uno de los mayores conflictos socioambientales que ha vivido el departamento caribeño de Izabal, en el noreste de Guatemala, entró en una nueva etapa tras la reactivación de la mina Fenix Nickel que reanuda operaciones tras cambios administrativos, sanciones judiciales y en medio de una histórica resistencia de comunidades indígenas que siguen exigiendo una consulta libre, previa e informada del proyecto. La minera busca explotar níquel sin procesar y el ferroníquel, ambos clave para la fabricación de acero y armas.
En el municipio de El Estor, autoridades ancestrales del pueblo maya q’eqchi’ y defensores de derechos humanos sostienen que el gobierno de Guatemala, encabezado por Bernardo Arévalo, validó sorpresivamente un proceso de consulta que consideran “viciado” y sin acatar resoluciones judiciales internacionales para que escuchen a las comunidades afectadas.
Tras un conflicto en el que por años se han denunciado impactos ambientales, persecución contra defensores del territorio y presuntos actos de corrupción, el proyecto (ahora conocido como Fenix Nickel), coordinado por empresas rusas establecidas en Suiza, ya cuenta con el aval de Estados Unidos después de un proceso sancionatorio y una reorganización corporativa, donde sostienen haber fortalecido su gestión ambiental y de derechos humanos.
Defensores del territorio consultados por Mongabay Latam advierten que la reactivación minera se da en un territorio marcado por la persecución y criminalización hacia líderes comunitarios y sin estudios de impacto ambiental en una región donde comunidades dependen de la pesca y el cultivo de alimentos para sobrevivir.
Pese a mantener un diálogo con el Estado de Guatemala, aseguran que éste se ha dado solo mediante reuniones reservadas y sin asesoría jurídica, por lo que permanecen en alerta y en espera de que instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), intervengan en su favor.
Consulta a pueblos indígenas, un conflicto histórico
Pese a que desde 2006, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorizó una licencia a la minera Fénix para la extracción de níquel, cobalto, hierro, cromo y magnesio por 25 años, el proceso se realizó sin una consulta previa con comunidades indígenas afectadas.
En 2020, tras años de procesos legales, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala suspendió la licencia temporalmente y ordenó realizar un proceso de preconsulta y consulta previsto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con los pueblos asentados en el área de influencia.
Si bien este proceso de consulta se realizó en 2021, durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei, se hizo durante una declaración de Estado de sitio, lo que representantes indígenas y defensores consideran que vulneró las libertades de comunidades involucradas.
Para Humberto Cuc, defensor de derechos humanos y coordinador de las autoridades ancestrales en El Estor, existía la esperanza de que el Gobierno actual del presidente Arévalo invalidara la consulta realizada en 2021, sin embargo esto no ocurrió.
“Queríamos que este gobierno mostrara una capacidad de realizar una verdadera consulta desde el territorio y con mucha transparencia”, explica el líder indígena.
Cuando el presidente Bernardo Arévalo llegó al poder en 2024, lo hizo con un fuerte respaldo de la población indígena, que fue una de sus principales aliadas con el Movimiento Semilla, el partido político que lo ayudó a ganar las elecciones.
Es debido a esta misma alianza estratégica que representantes de pueblos indígenas se dicen sorprendidos por la validación a una consulta hecha por el gobierno de Giammattei, a quien el gobierno actual ha calificado como parte del “pacto de corruptos”, para referirse a una presunta red de políticos, empresarios y militares que han cooptado instituciones en el país, especialmente en el Poder Judicial.
“Tuvimos el último diálogo con la Secretaría Privada [de la Presidencia], que encabeza Ana Glenda Tager, que decía que no podía realizar una consulta, si no que concuerdan con la consulta que fue realizada en el tiempo del expresidente Giammattei”, explica Cuc a Mongabay Latam sobre las conversaciones con la actual administración.
Juan Castro, abogado del Bufete para Pueblos Indígenas, coincide en que esta decisión sorprendió a las comunidades que por años han exigido una consulta sobre el proyecto. Incluso, afirmó que es un ejercicio que está impugnado ante tribunales de Justicia.
“El Estor estaba tomado por el sistema militar. No había garantías, no se realizó ninguna consulta en libertad, se realizaron algunas reuniones en forma privada en otros lugares. Incluso hay una petición presentada ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, explica el defensor. La minera sostuvo en un comunicado que contrató a un consultor independiente q’eqchi’ que llevó a cabo reuniones con las comunidades y titulares de derechos.
“Las comunidades fueron sorprendidas en su buena fe porque mantienen un diálogo con el Presidente, sin embargo abusando de esa confianza [de las comunidades indígenas] me parece que se imponen las actividades en este momento”, agrega Castro.
El defensor también expone que el diálogo con autoridades indígenas y líderes comunitarios está condicionado a celebrar reuniones a puerta cerrada, sin asesoría jurídica y bajo reserva. “Las comunidades optaron por retirarse, puesto que si quieren un diálogo, tendría que ser con intervención de mecanismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, precisa.
Mongabay Latam consultó a la Secretaria Privada de la Presidencia de Guatemala sobre las condiciones de diálogo con las comunidades indígenas y los argumentos para validar la consulta de 2021, sin que hasta la publicación de esta nota haya una respuesta. Este medio también buscó a la vocería del Ministerio de Gobernación para tener su postura, tampoco contestaron a la solicitud.
Una mina intervenida por presunta corrupción
A finales de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos investigó y sancionó a las entidades mineras responsables de la extracción y suministro de níquel, así como del procesamiento de ferroníquel por presuntos actos de corrupción y soborno durante su operación en Izabal.
Durante este proceso presuntamente se hicieron también “evaluaciones independientes” sobre los conflictos ambientales, sociales y de derechos humanos que se generaron en los territorios donde opera el proyecto minero.
Las empresas responsables del proyecto, Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (ProNiCo) fueron intervenidas en nombre y estructura para convertirlas en subsidiarias de una compañía estadounidense constituida en Nueva York (Fenix Nickel Company LLC).
Nombradas ahora como Fenix Minerales y Fenix Metales, ambas serán monitoreadas por dos años en medidas de cumplimiento y anticorrupción, con una nueva junta directiva con “miembros independientes”, de acuerdo con un documento dado a conocer por el proyecto minero tras la reanudación. Ambas fueron retiradas de la lista de sanciones de Estados Unidos, “sin admisión de culpa ni sanciones económicas”, según el mismo documento.
Al anunciar la reactivación minera, la compañía asegura que se harán ajustes a la gestión ambiental, así como en la relación con comunidades y pueblos indígenas. Sin embargo, autoridades ancestrales dicen que este acercamiento aún no ocurre.
“Nosotros como autoridades ancestrales, nunca hemos visto un acercamiento ni gerentes, ni nada, ni sectores sociales”, afirma Cuc, ante la reactivación del proyecto minero.
En tanto, el abogado Castro, quien acompaña legalmente a algunas de las comunidades impactadas, desconoce los mecanismos que utilizaron las empresas para solventar actos cometidos años atrás.
“No hay información pública y estas negociaciones se hicieron a puerta cerrada. Tenemos entendido que el Gobierno mandó a citar a algunas personas que supuestamente han sido víctimas de esta explotación minera, pero desconocemos cuáles fueron las negociaciones y arreglos a los que se pudieron llegar”, expone el defensor.
Este medio consultó a ProNiCo, ahora bajo la estructura de Fenix Metales, sobre la reanudación de actividades mineras y la realización de una consulta a comunidades indígenas bajo estándares internacionales, sin embargo hasta la publicación de este artículo no hubo respuesta de la compañía.
Mongabay Latam intentó consultar a las mineras radicadas en Suiza pero no obtuvo respuestas a los correos electrónicos señalados por las compañías como medio de contacto. Por esa razón, buscó a la Embajada de Suiza en Guatemala para intentar dar con voceros de las empresas. La embajada se excusó y dijo, además, que no comenta sobre casos particulares ni procesos que puedan encontrarse sujetos a revisión, pero señaló que las empresas tienen la responsabilidad de identificar, prevenir y mitigar impactos adversos sobre las personas y el medioambiente, así como de actuar con transparencia en sus proyectos dentro y fuera del país.
“La posición de Suiza es consistente: las empresas deben ejercer una debida diligencia adecuada, identificar riesgos potenciales, dialogar con las partes interesadas y adoptar medidas para prevenir, mitigar y remediar impactos negativos cuando corresponda. Estos principios incluyen la consideración de los efectos sobre comunidades locales, pueblos indígenas y ecosistemas sensibles”, dijo a Mongabay Latam.
Si bien la representación de Suiza sostuvo que corresponde a las autoridades competentes supervisar y verificar el actuar de las empresas en Guatemala, el país “reconoce la importancia de los estándares internacionales aplicables a los pueblos indígenas y valora los procesos de diálogo inclusivos y transparentes que permitan la participación efectiva de las comunidades potencialmente afectadas”.
Ausencia de estudios de impacto ambiental
Ante la reactivación del proyecto minero, algunos de los posibles impactos ambientales de la industria se centran en la calidad del agua, del aire y el suelo, de acuerdo con Guadalupe García Prado, directora del Observatorio de Industrias Extractivas (OIE), una plataforma de investigación independiente sobre proyectos mineros y petroleros en el país.
“Hay un riesgo de expansión porque el área pasó a volverse un territorio en disputa por varias empresas. Con la reactivación hay riesgos ambientales por contaminación del agua, de relaves y de la calidad del aire, un tema que no se ha podido estudiar mucho, pero que definitivamente existe por todo lo que se produce al procesar el ferroníquel”, advierte.
También destaca el manejo de los residuos mineros, los cuales se han denunciado desde 2017. “Es un tema poco explorado y tampoco está regulado en Guatemala. Es un vacío y uno de los grandes temas porque tienen sus relaves justo a la par del lago [Izabal] y no tienen ningún tipo de protección como en otras minas”, explica la directiva a Mongabay Latam.
Humberto Cuc tiene presente cuando en febrero de 2017, en el Lago de Izabal, del cual dependen pescadores y comunidades de la región, apareció una mancha roja cerca de la zona de operaciones de la mina de níquel.
“El lago para nosotros es una nación. Estamos alrededor del lago porque nos da humedad para sembrar nuestras semillas nativas, si no fuera por el lago nosotros no podríamos sembrar, no podríamos vivir. Tiene mucha riqueza, podemos dar nuestra vida para defenderlo porque está en nuestro territorio”, explica el líder indígena a Mongabay Latam.
Aunque las comunidades indígenas locales exigieron investigaciones y análisis de los desechos de la mina en el lago, autoridades de Guatemala afirmaron en su momento que la coloración provenía de microalgas y que la contaminación del agua no era generada por las operaciones de la empresa, omitiendo la existencia de aguas residuales de la mina.
García advierte que la reanudación minera para la explotación del níquel sin procesar y el ferroníquel, ambos clave para la fabricación de acero, ocurren en un momento de gran disputa por estos minerales en el mercado internacional, especialmente para la industria armamentista.
“Hay incluso minas del otro lado del lago que están también extrayendo níquel y vendiéndose a las empresas chinas. El aumento del interés del níquel ha venido creciendo y coincide con el aumento del precio del mineral”, expone García y agrega que desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2021, el aumento continúa: “En 2014 el precio de la tonelada ya procesada de níquel esta 14000 dólares y en el 2023 estaba en 25000. El níquel es un metal muy utilizado para armas, lo han llamado en algún momento un mineral de guerra”, afirma.
En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que cualquier decisión sobre la continuidad o modificación del proyecto minero Fénix estuviera respaldada por una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada con la comunidad maya q’eqchi’ de Agua Caliente Lote 9.
El proceso, según la resolución del organismo internacional, debía incluir información completa y accesible sobre los impactos derivados de la explotación del territorio, el agua y la salud de las personas.
“El proceso debe asegurar que se realice un nuevo estudio de impacto ambiental y social, mediante entidades técnicamente capacitadas e independientes. Sus resultados, deberán ser informados a la comunidad, debiendo facilitarse el pleno acceso a la documentación respectiva, en forma íntegra. Todo lo anterior debe realizarse de modo previo a que la comunidad se pronuncie sobre la actividad minera”, sostiene la resolución.
En tanto, el abogado Castro sostiene que a la fecha se sigue violentando esta resolución por parte de autoridades guatemaltecas.
“Estamos frente una violación sistemática de los derechos humanos de las comunidades. En ese marco se da [la reactivación de la mina] porque no se ha realizado ninguna consulta”, explica.
Además de la comunidad de Agua Caliente Lote 9, el defensor señala que existen otras poblaciones maya q’eqchi’ afectadas por la extracción de tierras raras.
“El territorio q’eqchi’ también está en el lago, muchos de estos desechos que van a ser procesados en instalaciones mineras van a caer en el lago. Hay biodiversidad bajo riesgo, además de la vida y de la salud de muchas comunidades completas”, asegura.
En tanto, Cuc sostiene que sus acciones seguirán insistiendo por una consulta adecuada a las comunidades. “No estamos en contra de ninguna empresa siempre y cuando realice primero una consulta”, advierte.
Mongabay Latam contactó al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para saber qué mediciones se harán ante la reanudación de actividades mineras a orillas del lago de El Estor, sin que aún exista respuesta al respecto.
*Imagen principal: las comunidades de El Estor, Izabal, temen los impactos en el lago, las pesca y la siembra de sus productos con la reactivación de la mina. Foto: cortesía Nelton Rivera
Créditos
