- El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
- El estudio contempla la situación de los pueblos indígenas y los derechos ambientales de la población, cuya crisis podría verse agravada por los terremotos del 24 de junio.
- La investigación evalúa el aumento de enfermedades como la malaria, la ocupación de los territorios indígenas y la presencia de la minería ilegal relacionada con el crimen organizado, un escenario subyacente a los terremotos que puede complicar aún más la recuperación de la población más vulnerable.
- En el aspecto ambiental evalúa cinco temas prioritarios: acceso al agua, los derrames y accidentes de la industria petrolera, los estragos de la minería, la degradación de las áreas protegidas y la vulnerabilidad frente al cambio climático.
En Venezuela, centenares de rescatistas trabajan contrarreloj para encontrar sobrevivientes bajo los escombros que provocaron los dos devastadores terremotos del 24 de junio, que dejaron al menos 1719 muertos, más de 5000 heridos y más de 50 000 desaparecidos. Mientras tanto, el país se sumerge en una profunda crisis política, social y económica, pero también ambiental. Una crisis que empezó mucho antes de los devastadores temblores. ¿Cuál es la situación en Venezuela de los pueblos indígenas y el medioambiente?
“Voy hablar desde la realidad del municipio Gran Sabana, en la zona de minería ilegal que ha generado una crisis en la inseguridad, sobre todo, violando nuestros derechos”, dijo la lideresa indígena Liz Hernandez al empezar su discurso durante la presentación de la edición 37 del informe anual Situación de los Derechos Humanos en Venezuela 2025, un reporte elaborado por el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).
La lideresa del pueblo indígena pemón, en el estado de Bolívar, habló sobre cómo la minería ilegal afecta a las comunidades en varios ámbitos. “En la salud hay un alto índice de enfermedades como la malaria, enfermedades de transmisión sexual y un alto índice también de mujeres y hombres indígenas que se han visto obligados a practicar esta actividad [minería ilegal]”, dice y agrega: “Personas de otros países llegan a nuestras comunidades a destruirlas”.
La situación de los pueblos indígenas es uno de los temas que aborda este informe. El reporte también analiza los derechos a la alimentación, a un ambiente sano, a la educación, a la salud, a la tierra, a la vivienda, derechos laborales, a la justicia y a la vida, entre otros. Además incluye un capítulo sobre los sucesos del 3 de enero, que denomina el fin de una época.
“La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses abrió una situación inédita para Venezuela: un país bajo tutela externa, con cientos de presos políticos aún detenidos, una economía reducida en más del 75 % y una sociedad que lleva años reconstruyendo su tejido desde la resistencia”, dice el informe.
A la presentación también asistieron personas que fueron presas políticas y que han sido liberadas. Además, se rindió homenaje al defensor de derechos humanos Nelson Freitez Amaro, quien murió en el exilio, y a Víctor Hugo Quero Navas, quien falleció mientras estaba recluido en el Centro Penitenciario Rodeo I. Reportajes periodísticos, informes de organizaciones civiles y entrevistas forman parte del reporte elaborado por Provea.
Tras los recientes terremotos, Aimé Tillett, integrante de Wayamoutheri, un Programa de Promoción de los Derechos Indígenas en Venezuela, dijo a Mongabay Latam que “las familias y comunidades indígenas que viven en zonas urbanas, principalmente Caracas o en el litoral, pueden haber resultado afectadas. Sobre las comunidades indígenas que habitan en territorios tradicionales, señaló que no están ubicadas en las zonas donde ocurrieron estos eventos.
Tillet agrega que “la atención a los pueblos indígenas en Venezuela, que ya era precaria, podría verse disminuida” debido a que las capacidades del Estado, que ya eran reducidas, ante esta catástrofe de dimensiones enormes, se van a dirigir a la atención de las víctimas del terremoto. “Eso podría llevar a que las poblaciones indígenas y otros grupos vulnerables de distintas zonas del país queden más desatendidas de lo que ya estaban”.
No obstante, Tillet comenta que la ayuda internacional que ya está llegando podría ser un factor que “ayude a mejorar la respuesta a las poblaciones vulnerables en general en el país y no solamente a las víctimas directas del terremoto”. “Son escenarios que se irán evaluando en los próximos meses”, puntualizó.
La situación de los pueblos indígenas
“En términos generales hay una situación de abandono por parte de las instituciones del Estado. Lo que más preocupa es el abandono en materia de atención de la salud”, señala Aimé Tillett, integrante de Wayamoutheri.
Tillett menciona específicamente lo que sucede en la Amazonía venezolana, en el sur del país, donde “debido al aumento en estos últimos años de la minería ilegal, que ha invadido muchos territorios indígenas”. Entre las consecuencias, “una de las más preocupantes han sido las epidemias y otros problemas de salud en las comunidades indígenas, que no han tenido una respuesta de la institucionalidad pública para atenderlas”.
El informe de Provea describe la situación de los pueblos indígenas como una emergencia humanitaria compleja. En la sección sobre Derechos de los Pueblos Indígenas se señala que la situación de salud de los pueblos indígenas es “grave” y que se debe a “las condiciones sanitarias vinculadas al crecimiento de la minería, con un consecuente aumento de los focos mineros en varias regiones”.
En el reporte se menciona que “la morbilidad y mortalidad han aumentado exponencialmente por enfermedades como el paludismo –malaria– y la tuberculosis”. Y cita los casos del pueblo yanomami, en el municipio del Alto Orinoco, estado de Amazonas, con “numerosos casos de estas dos enfermedades, incluyendo índices de mortalidad bastante elevados”. También hace referencia a otros pueblos indígenas como los warao o los wayúu, en cuyos territorios “los niños siguen enfermando y muriendo por enfermedades prevenibles y tratables como diarrea, vómito y enfermedades respiratorias, debido al consumo de agua contaminada”.
El boletín epidemiológico que corresponde a la semana del 19 al 25 de abril de 2026, publicado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela, informa sobre la situación de la malaria en el país. Menciona cifras de la semana y datos acumulados de enero a abril de este año. Según estas cifras, Bolívar ocupa el primer lugar con una cifra acumulada de 22 509 casos de malaria y Amazonas está en el segundo puesto, con 9245 casos entre enero y abril de 2026. Ambos son estados amazónicos con presencia de minería.
El informe también expone cómo el modelo extractivista minero establecido en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional (Arco Minero del Orinoco) ha generado gobernanzas híbridas criminales. El reporte señala que desde 2016 la actividad minera se ha expandido fuera del área designada por el Estado para el desarrollo de la minería, principalmente en el estado de Amazonas, y alerta sobre cómo las actividades mineras y la deforestación “atentan contra las cuencas de los ríos y ponen en riesgo las reservas hidrográficas”.
Los operativos militares realizados en campamentos mineros, principalmente en el estado de Amazonas, también se incluyen en el informe pero se cuestiona que estas acciones, presentadas como una forma de “preservación de la soberanía”, se destinen más bien, según informes de la sociedad civil, “a reestructurar los sistemas de poder entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los Grupos Armados Irregulares (GAI) para controlar las minas y, por tanto, el sometimiento de la población minera, en su mayoría indígenas”, según el informe.
“La violencia que se vive en la frontera colombo-venezolana tiene fuertes repercusiones en los indígenas del lado colombiano”, explica el informe y menciona cómo en septiembre de 2025 “cientos de indígenas del pueblo ancestral motilón-barí inundaron las calles de Cúcuta, en Colombia, para protestar por los enfrentamientos entre las guerrillas colombianas en territorios venezolanos.
Los grupos armados penetraron en territorio indígena
El contrabando de tierras raras bajo la supervisión de grupos irregulares, la ocupación de tierras indígenas por parte de estos grupos que también se dedican al narcotráfico y otras actividades ilícitas, los conflictos dentro de las mismas comunidades en torno a la actividad minera y la contaminación por mercurio como consecuencia de la minería ilegal son reportados en este informe.
El reporte de Provea cita las declaraciones de un líder ye’kwana, para quien el problema en el territorio se debe “a la invasión de los grupos armados, que hoy en día los llaman sindicatos”. “A causa de la minería ha entrado mucha maquinaria pesada que ha contribuido a contaminar los ríos. A raíz de eso han llegado muchas enfermedades como tuberculosis y malaria. Para nuestro pueblo es una amenaza”.
Aimé Tillett habla también de la ocupación de los territorios indígenas por parte de estructuras criminales que controlan la minería y el narcotráfico y grupos armados organizados como las guerrillas que “han sumido a muchas de estas comunidades en coyunturas de mucha violencia”.
En este contexto, Tillett recuerda a los líderes indígenas defensores o guardianes territoriales que han sido asesinados. “Las muertes a las que hace referencia el informe se mantienen totalmente impunes, no ha habido una investigación ni ningún tipo de procedimiento”, acota.
El informe de Provea exhorta a que se realicen investigaciones y se sancione a los responsables de la masacre de los yanomami ocurrida en 2022, así como de los asesinatos del activista Virgilio Trujillo Arana; del misionero y defensor de los pueblos indígenas Josiah K’Oka;l y de Joaquín Hernández, líder indígena de la comunidad Wajunäña, del pueblo ye’kwana.
A través del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, Mongabay Latam solicitó el comentario de los ministerios del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, para la Salud y para el Ecosocialismo sobre la información contenida en el reporte de Provea, pero hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta.
Cinco temas ambientales prioritarios
Este año, el informe sobre el Derecho a un ambiente sano toma en cuenta cinco temas prioritarios. El acceso al agua, los derrames y accidentes de la industria petrolera, los estragos de la minería, la degradación de las áreas protegidas y la vulnerabilidad de Venezuela por el cambio climático.
“Todos los temas son críticos porque cada uno conlleva una serie de consecuencias bastante severas para la vida cotidiana. Ahora, quizás por el alcance y el impacto tan brutal que está teniendo, podría ser más devastador la minería ilegal en la Amazonía”, comenta Emiliano Teran-Mantovani, investigador de la Universidad Central de Venezuela y autor de esta sección del informe. Sin embargo, señala que se trata de “problemas totalmente interconectados”, que tienen efectos sociales, económicos, culturales y territoriales. “No son solo problemas ambientales en el sentido estricto de la palabra”, aclara.
Teran-Mantovani explica que se trata de problemas que no son recientes, sino que persisten a lo largo del tiempo, desde hace varias décadas, “con muy graves consecuencias”, afirma.
Uno de estos temas, por ejemplo, es la crisis hídrica que enfrenta el país con una distribución deficiente del agua, agravada significativamente durante el colapso económico. Una situación que configura “una seria vulneración del derecho al agua, entendido como el acceso al líquido en condiciones salubres, aceptables y asequibles, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estipula como un mínimo de 50 a 100 litros por persona al día”.
Sin embargo, un diagnóstico realizado por HumVenezuela, citado en el reporte de Provea, indica que “el 62 % de la población sufre restricciones severas para acceder al agua potable”. A ello se suma la contaminación de fuentes de agua que impacta a poblaciones que la consumen directamente, como las comunidades indígenas en la Amazonía venezolana. Los reclamos de la población por las deficiencias en el suministro de agua son constantes.
“Hay un problema claro en relación a la institucionalidad del agua. Temas de desinversión, problemas de infraestructura, pero también factores de contaminación de las cuencas hidrográficas que tienen impactos directos en las comunidades y el abastecimiento a la población”, explica Teran-Mantovani. “El impacto es nacional, no es un problema hídrico localizado, sino que tiene un alcance en todo el país”, agrega.
El petróleo, una constante en el impacto ambiental en Venezuela
Los derrames de petróleo son otro problema crítico en el país. El Observatorio de Ecología Política (OEP), citado en el reporte de Provea, indica que solo en 2024 se contabilizaron 65 derrames petroleros en Venezuela, aunque precisa que “se trata de una cifra subestimada”.
Según el informe, durante 2025 se registraron denuncias de derrames de petróleo en los estados de Falcón, Zulia, Anzoátegui y Monagas, así como una presencia frecuente de hidrocarburos en por lo menos 11 áreas bajo régimen especial dentro de la Zona Económica Exclusiva de Venezuela.
“Hay una continuidad de los derrames de petróleo, quizás con mayor severidad en los estados de Falcón y Zulia. En Falcón, además, existe un conflicto con quienes viven directamente de la pesca, que está siendo afectada por los derrames que ocurren principalmente en el Golfete de Coro, una zona muy importante para la pesca”, detalla Teran-Mantovani.
El experto agrega que se trata de un problema crítico, de larga data, que se ha agravado y que, de acuerdo al testimonio de los propios pescadores, las poblaciones de peces desaparecen, se van mar adentro. Por tanto, se ven obligados a navegar mucho más profundo para lograr pescar. “Eso tiene una incidencia directa en la seguridad alimentaria”.
La minería desde su impacto socioambiental
La actividad minera es otro de los problemas que se aborda en el informe desde una perspectiva ambiental. Una actividad que “se ha expandido considerablemente” y que “genera los más intensos y profundos impactos socioambientales, además de ser la más conflictiva”, dice el informe.
El reporte también precisa que se registró minería en casi todas las regiones del país y cita tres casos: el reimpulso de la minería de carbón en Zulia; el avance en el Arco Minero del Orinoco y la Amazonía; y el crecimiento de la extracción para la producción de carbón vegetal en Lara, aunque este último no es extracción de minerales en sentido estricto.
Sobre la explotación de carbón en Zulia, el informe recuerda que en 2023 el gobierno de Nicolás Maduro impulsó un plan para la recuperación de la producción de carbón y desde 2024 se registró su incremento de la misma. En 2025, se dio un crecimiento estimado entre dos y tres millones de toneladas anuales, fundamentalmente de la mina Paso Diablo, de la mano de capitales turcos y chinos, y para este año se espera reanudar la producción en la Mina Norte. El reporte de Provea indica que la meta sería alcanzar los 14 millones de toneladas en el futuro próximo.
La contaminación que produce esta actividad incluye la dispersión de componentes como sulfato, plomo, cadmio, cianuro y mercurio, provenientes de los desechos mineros. La diseminación del polvillo de carbón contribuye al incremento de enfermedades respiratorias. Además, ingresa a las casas y el agua, se pega a la ropa y daña cultivos.
El informe también señala que en la Amazonía venezolana, donde se combina la minería ilegal y la legal, los impactos son multidimensionales: deforestación masiva, contaminación con mercurio, destrucción de suelos, pérdida de biodiversidad, sobreexplotación laboral –incluyendo la infantil y de mujeres−, incremento de la prostitución, asesinatos, desplazamiento de comunidades indígenas y destrucción del tejido social, entre otros.
“En el caso de la minería en la Amazonía, el avance hacia nuevas fronteras es un problema sumamente grave que se ve reflejado en los análisis satelitales”, dice Teran-Mantovani, autor de este capítulo del informe. “En el río Caura hay nuevos puntos que no aparecían el año pasado, hay más balsas en el río Caroní, avanza en el Parque Nacional Yapacana y en toda la Amazonía hay nuevos puntos mineros”, agrega.
Deforestación y degradación de áreas protegidas
En cuanto a la producción de carbón vegetal en el estado de Lara, se trata de una actividad basada en la deforestación masiva de especies de árboles como la vera, el curarí y el cují, entre otros, de las que se generan piezas de madera que son quemadas en hornos artesanales para su conversión en carbón vegetal.
La degradación de las áreas protegidas es otro de los temas críticos que impactan en el medioambiente. “La instalación de proyectos turísticos o de infraestructuras que violan sus normativas, el avance de la frontera agrícola, la apropiación ilícita de biodiversidad, la expansión de la minería ilegal y los derrames petroleros, entre otros” son impactos que ha venido documentando el Observatorio de Ecología Política en las áreas protegidas, señala el informe. Las áreas protegidas también tienen déficit de personal, carencia de equipamiento, presupuestos deficientes y malos salarios.
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El cambio climático en Venezuela: un país en zona roja
Un último tema que aborda el informe es la vulnerabilidad de Venezuela frente al cambio climático, considerado entre los ocho países ubicados en la Zona Roja Climática en América Latina por sus altos niveles de vulnerabilidad y escasos recursos para enfrentar el problema.
Según la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela (Acfiman), el país enfrentará una seria alteración de los patrones estacionales, con mayores sequías –que afectarán principalmente las zonas semiáridas− e inundaciones –que impactan a poblaciones ubicadas en áreas montañosas−. Además, anticipa crecimiento del nivel del mar que pondrá en peligro asentamientos costeros; pérdida de biodiversidad; olas de calor; mayor incidencia de enfermedades. A este escenario se agrega la vulneración de los sistemas agrícolas y la seguridad alimentaria, y la afectación a la generación hidroeléctrica, entre otras consecuencias.
Sobre este aspecto, Teran-Mantovani señala que se trata de un tema al que las personas no le dan la importancia que realmente tiene, pues no perciben su vinculación “con la seguridad alimentaria ni con los ciclos de producción agrícola”, solo para citar algunos ejemplos. “Los meses centrales del año son momentos bastante críticos para el país, con crecidas de ríos, inundaciones, sequías. Eso tiene un impacto y el país no tiene una política seria ante esto. Ahí hay un vacío”, comenta Teran-Mantovani.
El reporte también da una serie de recomendaciones para atender estos problemas como derogar el decreto que establece la creación del Arco Minero del Orinoco. También recomienda recuperar y fortalecer la gestión ambiental de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA); aumentar el apoyo financiero y establecer un nuevo plan de gestión para las áreas protegidas.
La organización considera que se debe declarar la emergencia climática en el país y recuperar las cuencas hidrográficas que incluya iniciativas masivas y extendidas de reforestación. “Hay cuestiones que deben ser consideradas prioritarias, como el agua”, dice Teran-Mantovani, “porque sin agua no puedes vivir, pero Venezuela, sin petróleo, sí puede vivir”.
*Imagen principal: una mina a cielo abierto en el pueblo de Las Claritas, en Bolívar. Foto: investigación «Viaje a la fosa de la devastación del Arco Minero del Orinoco», de Runrun.es.
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