- La fiscalía federal ha demandado a la agencia minera brasileña por no controlar las minas de oro ilegales en la Amazonía brasileña.
- Los mineros ilegales se aprovechan de la falta de supervisión de la agencia y atribuyen a pequeñas áreas el origen de toneladas de oro que en realidad provienen de zonas protegidas.
- Las medidas implementadas en los últimos años han contribuido a una drástica disminución del lavado de oro en Brasil, pero ahora se está contrabandeando metal ilegal fuera del país.
- Altos funcionarios de la ANM también están siendo investigados por recibir sobornos para favorecer a empresas mineras.
La fiscalía federal del estado de Amazonas ha demandado a la Agencia Nacional de Minería (ANM) del gobierno brasileño por presunta negligencia en la supervisión de la exploración minera de oro en la Amazonía.
La demanda se presentó a principios de julio. Pocos días después, el 21 de julio, la Justicia federal ordenó a la ANM que intensificara la supervisión de los permisos para minas a cielo abierto, conocidas como garimpos en Brasil, tras una demanda similar presentada en 2021 por la fiscalía federal del estado vecino de Pará.
Esta acción legal también surge a raíz de investigaciones por corrupción contra altos ejecutivos de la agencia, acusados de favorecer a empresas mineras en Minas Gerais, el estado con mayor actividad minera industrial de Brasil.
La ANM es responsable de autorizar y supervisar las actividades mineras en Brasil, incluyendo los permisos para minas a cielo abierto (PLG), que no están sujetos a los mismos requisitos ambientales rigurosos que las minas a gran escala.
Según la fiscalía federal, la deficiente supervisión y la ambigüedad de las normas han convertido a los PLG en mecanismos para blanquear oro extraído de tierras indígenas y áreas de conservación estrictamente protegidas, donde esta actividad está prohibida. El caso se basa en irregularidades detectadas en informes de Greenpeace y del Tribunal Federal de Cuentas.
«Los permisos mineros ya no benefician a los mineros artesanales y, en muchos casos, se han convertido en una tapadera para el lavado de oro perpetrado por organizaciones criminales», declaró el fiscal federal André Porreca en la página web del Ministerio Público Federal del Amazonas.
La ANM no exige a los solicitantes de permisos que presenten estudios minerales previos para estimar la cantidad de oro disponible en cada área. Por lo tanto, el permiso para una sola mina puede utilizarse para blanquear toneladas de oro ilegal extraído de otros lugares. Un yacimiento de oro, del tamaño de un campo de fútbol (1.08 hectáreas) y sin indicios de actividad minera, citado en la demanda, fue declarado como la fuente de 776 kilogramos de oro.
“Si el titular del permiso afirma haber extraído diez kilogramos de un área determinada, no existen pruebas suficientes para evaluar con precisión si el metal podría provenir de otra fuente, probablemente ilegal”, escribió el fiscal federal André Luiz Cunha en el caso.
La exención del estudio mineral preliminar es una de las principales deficiencias de la ANM, según Gregor Daflon, portavoz del Frente de los Pueblos Indígenas de Greenpeace Brasil. “Una vez emitido el permiso, prácticamente no existen inspecciones ni monitoreos in situ para verificar si el volumen de producción declarado se corresponde con las condiciones potenciales y reales de la zona explotada”, declaró Daflon a Mongabay.
Según la ONG, otorgar varios permisos a un solo titular también permite que las operaciones mineras a escala industrial se beneficien de las normas simplificadas de los permisos de explotación minera.
Otra demanda, presentada en 2021 por la fiscalía del estado de Pará, abordó deficiencias similares en los permisos otorgados en los municipios suroccidentales de Jacareacanga, Novo Progresso e Itaituba, epicentro de la minería ilegal de oro en la Amazonía brasileña.
El 21 de julio, un juez federal falló a favor de la fiscalía y ordenó a la ANM que concluyera la revisión de las normas sobre los permisos de explotación de oro y que revisara todos los permisos en la región. La resolución también indicó que la agencia debía implementar un sistema de seguimiento para la cadena de suministro de oro en Brasil.
“Esta decisión podría asestar otro duro golpe a la industria minera ilegal de oro en Brasil”, declaró Daflon.
En un correo electrónico enviado a Mongabay, la ANM afirmó que ya está abordando una parte significativa de los problemas planteados por la fiscalía, incluyendo la supervisión del posible uso indebido de permisos.
La ANM también señaló que el trabajo “consiste en el análisis de documentos, la verificación cruzada de datos de producción e ingresos con información geoespacial, la investigación de informes de producción que carecen de evidencia de operaciones mineras y la verificación de permisos que son incompatibles con la actividad que realmente se lleva a cabo”.
Sin dinero ni personal
Desde 2023, las autoridades brasileñas han abordado muchos de los problemas de lavado de oro relacionados con los grupos de presión que se dedican al blanqueo de oro, declaró Larissa Rodrigues, directora de investigación del centro de estudios sobre desarrollo sostenible Instituto Escolhas, en una entrevista con Mongabay.
Entre las medidas adoptadas se incluyen la implementación de facturas electrónicas para el comercio de oro y una decisión de la Corte Suprema que puso fin al concepto de «buena fe», el cual anteriormente eximía a las DTVM, las entidades financieras autorizadas para comerciar oro en Brasil, de verificar el origen del metal.
Como resultado, la producción de oro declarada oficialmente por los mineros ilegales cayó un 80 % en 2025 en comparación con 2022, según datos oficiales analizados por el Instituto Escolhas. Las exportaciones generales de oro de Brasil también disminuyeron un 24 % en el mismo período. Las redadas de las fuerzas federales también han expulsado a mineros ilegales de muchos territorios indígenas amazónicos, incluidas las tierras de los pueblos yanomami, munduruku y kayapó.
«Lo que hemos logrado desde 2023 no es poca cosa», afirmó Rodrigues. Sin embargo, los precios récord del oro y la resistencia de los mineros a abandonar la actividad implican que muchos de ellos continúan operando ilegalmente en la Amazonía, aunque a menor escala.
Ahora, sin embargo, el oro ilegal ya no sale de Brasil por la puerta principal. Se introduce de contrabando, principalmente a través de la frontera con Venezuela. Como síntoma de este cambio, las incautaciones de oro en carreteras federales aumentaron un 830 % en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior, según un informe del medio de comunicación G1.
“El problema se ha trasladado a otro lugar”, dijo Rodrigues, añadiendo que ahora el oro de contrabando enfrenta mayores dificultades para ingresar a la cadena de suministro global. “Es un cambio positivo”.
Sin embargo, la actual administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ha abordado la crónica falta de fondos y personal en la ANM. En mayo, el Ministerio de Hacienda bloqueó casi el 20 % del presupuesto de la agencia. Según la revista brasileña Veja, la agencia tuvo que suspender las inspecciones de las presas de relaves, estructuras utilizadas para almacenar subproductos mineros, debido a la falta de presupuesto para viajes.
“La ANM es la encargada de las operaciones diarias en estas zonas mineras —incluida la supervisión, la concesión de licencias y todo lo demás— y nunca ha estado debidamente estructurada”, afirmó Rodrigues.
La falta de personal es otro problema crónico. En febrero de 2026, la agencia contaba con 607 empleados, un tercio de la plantilla necesaria para una fuerza laboral adecuada (1866), según el sindicato que representa a los organismos reguladores nacionales de Brasil.
“Para que la agencia pueda supervisar miles de valores y rastrear el origen de los fondos de alto valor, es esencial que cuente con la capacidad técnica, la independencia y los mecanismos de supervisión necesarios para minimizar la probabilidad de que se tomen decisiones basadas en intereses privados”, dijo Daflon.
En junio de 2026, la agencia se vio envuelta en nuevos problemas cuando la policía federal acusó a su presidente, Mauro Henrique Moreira Sousa, en el marco de una investigación sobre la minería ilegal de mineral de hierro en el área protegida de Serra do Curral, en Minas Gerais. Según la investigación, funcionarios públicos falsificaron planes de recuperación ambiental para permitir que una empresa minera continuara operando ilegalmente en la zona.
Al ser contactado por el periódico brasileño Folha de São Paulo a finales de junio, Sousa declaró que no haría comentarios sobre las acusaciones hasta tener acceso al informe completo de la policía federal.
En otra investigación, iniciada en 2025, la policía federal arrestó a uno de los directores de la ANM, Caio Mário Trivellato Seabra Filho. Fue arrestado bajo sospecha de pertenecer a una organización criminal que falsificaba documentos de licencias ambientales para proyectos mineros en Minas Gerais. En el juicio, al que Mongabay tuvo acceso, los abogados de Seabra Filho afirmaron que la policía federal no tenía pruebas de que hubiera favorecido o recibido sobornos de empresas mineras.
Ambos casos siguen en curso.
“Esto demuestra claramente lo que sucede cuando se permite que una agencia se deteriore”, afirmó Rodrigues. “Se vuelve más vulnerable a la captura [por intereses privados] y a la corrupción”.
En un correo electrónico enviado a Mongabay, la ANM declaró que no comenta sobre investigaciones en curso, procedimientos disciplinarios ni acciones legales.
*Imagen principal: las minas de oro ilegales contaminan los ríos amazónicos con mercurio y afectan la salud de las comunidades locales. Foto: Fernando Martinho para Mongabay
Esta nota se publicó originalmente en Mongabay en inglés el 4 de agosto de 2026, editada por Alexandre de Santi.
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