- El buque factoría Unzen, de Empresa Desarrollo Pesquero de Chile SA, controlada por la multinacional japonesa Nissui, fue sancionado tras comprobarse descarte ilegal de merluza de cola, una especie en estado de conservación crítico, frente a las costas de Aysén.
- Un patrón similar en las operaciones del barco Cabo de Hornos, de Pesca Chile SA, fue identificado por los fiscalizadores del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, y ambos casos fueron confirmados por los tribunales luego de procesos administrativos y judiciales que se extendieron por varios años.
- El descarte, que consiste en devolver al mar peces que ya fueron capturados, es una práctica prohibida, no sólo porque la mayoría de los individuos devueltos ya están muertos, sino porque distorsiona las estadísticas de captura, fomentando la sobrepesca.
- En los últimos cinco años, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) inició 23 procedimientos sancionatorios por descarte ilegal en buques industriales, que terminaron en indemnizaciones por más de un millón de dólares, pero estos números esconden un subregistro y los límites de la capacidad de fiscalización.
Unzen es el nombre de un barco pesquero que mide casi 92 metros de largo: el tamaño de un edificio de unos 23 pisos. Es tan grande que a bordo lleva una planta de procesamiento para elaborar productos congelados y harina de pescado. Es lo que se conoce como un buque factoría y esa capacidad le permite permanecer largas temporadas en el mar sin necesidad de regresar a puerto.
El 31 de mayo de 2020, el Unzen zarpó desde Punta Arenas, en el extremo sur de Chile, para pescar en las aguas de la Patagonia merluza de cola (Macruronus magellanicus), considerada agotada por la Subsecretaría de Pesca. Regresó al puerto 60 días después, llevando consigo la prueba de haber cometido una de las actividades ilegales más dañinas para la biodiversidad de los océanos.
Desde 2012, por ley, todas las naves pesqueras industriales y artesanales mayores a 15 metros deben grabar sus faenas pesqueras. Cada vez que la red es lanzada al mar, lo que en lenguaje pesquero es conocido como un lance, una cámara instalada en el barco (formalmente llamada Dispositivo de Registro de Imágenes) comienza a registrar la actividad. Cuando el buque desembarca, los videos son entregados al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).
La medida busca tener un control de lo que pasa en altamar y asegurarse de que las reglas se cumplen. Sin embargo, según pudo comprobar esta investigación de Mongabay Latam, el Sernapesca no tiene la capacidad de revisar todos los videos. Esa es posiblemente la razón por la que el Unzen se arriesgó y entregó al organismo las pruebas de su propia actividad ilegal.
La Dirección Nacional del Sernapesca en Valparaíso seleccionó, para su revisión, 17 lances de los 174 que el Unzen efectuó durante el tiempo que estuvo en el mar. El resultado del informe técnico reveló que en el 88 % de los casos el barco hizo descarte ilegal de merluza de cola, es decir que devolvió al mar peces que ya había capturado.
El descarte es una práctica prohibida en Chile y en gran parte del mundo por sus altos impactos ambientales. Y es que cuando los peces son devueltos al mar, la mayoría ya están muertos debido a las lesiones provocadas por las redes, la presión o el tiempo fuera del agua.
Muchas veces, el objetivo del descarte es liberar espacio en las bodegas y conservar sólo las especies de mayor valor comercial; eliminar los ejemplares de menor tamaño o menor precio para maximizar las ganancias; o desechar los peces cuando la cuota autorizada ya fue completada para así evitar sanciones. El riesgo del descarte es que se subestiman las capturas reales, ya que los peces descartados no quedan registrados. Eso hace que se distorsionen las evaluaciones científicas de las poblaciones de peces, dificultando la administración de las cuotas de pesca y favoreciendo la sobreexplotación.
Que el Unzen haya descartado merluza de cola es particularmente grave, aseguran los expertos consultados por Mongabay Latam, dado que la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) ha advertido que los ejemplares adultos de esta especie están debajo del límite seguro y no pueden reproducirse bien, de ahí que la han declarado agotada.
La compañía dueña del barco, Empresa Desarrollo Pesquero de Chile SA (Emdepes SA), controlada por la multinacional japonesa Nissui, fue multada con 321 millones de pesos (unos 339 000 dólares), que pagó al Estado en octubre de 2025. Pero lo ocurrido con este buque factoría no es un caso aislado. Mongabay Latam revisó todos los Procesos Sancionatorios Administrativos iniciados por el Sernapesca en los últimos cinco años y comprobó que el descarte está lejos de ser una práctica inusual.
Entre 2020 y 2025, el organismo fiscalizador abrió 23 expedientes contra 11 empresas de la gran industria pesquera. Seis de ellos acabaron en absolución, dos fueron terminados sin una sanción y los otros 15 impusieron multas con las cuales el Estado recaudó más de 1050 millones de pesos, equivalentes a más de un millón de dólares. Además, entre enero 2025 y marzo de 2026, el organismo inició otros 14 nuevos Procesos Sancionatorios Administrativos por descarte ilegal, en diferentes regiones de Chile, que siguen en investigación.
Mongabay Latam contactó en reiteradas ocasiones a Empresa Desarrollo Pesquero de Chile SA solicitando su versión, pero hasta la publicación de este reportaje la compañía no envió respuestas a nuestras preguntas ni concedió una entrevista.
El descarte ilegal: una práctica frecuente en la pesca chilena
Toda la pesca que el Unzen acopia y procesa a bordo es capturada con un sistema que alterna entre el arrastre de fondo y el de media agua. Mientras el primero remolca una red por el fondo marino, el segundo arrastra una red de forma cónica que captura los recursos hidrobiológicos que están en la columna de agua. Ambos métodos han sido fuertemente cuestionados por científicos y conservacionistas a nivel mundial por su poca selectividad: capturan todo lo que encuentran a su paso.
En los últimos cinco años, los Procesos Sancionatorios Administrativos por descarte ilegal estuvieron dirigidos, justamente, a la pesca industrial de arrastre y también a la de cerco, un arte de pesca que consiste en rodear un cardumen con una gran red que luego se cierra atrapando los peces en su interior.
Según información de Sernapesca, además del Unzen, otros dos barcos, el Unionsur, también propiedad de Emdepes; y el Cabo de Hornos, perteneciente a Pesca Chile SA (2023), fueron sancionados por descarte de merluza de cola y del sur en controversia con la Ley de Pesca, en sus operaciones frente a las costas de Aysén, en la Patagonia.
Pesca Chile SA, a través de su representante legal, Rene Casanova Pezzini, dijo a Mongabay Latam que “en el caso de la nave Cabo de Hornos, el procedimiento administrativo se originó porque algunos ejemplares sufrieron daño mecánico durante la faena, quedando inutilizables para el consumo humano. Esa situación se encuentra contemplada en el protocolo de manipulación aprobado por Sernapesca y permite el descarte de dichos recursos”. Luego, Pezzini agregó: “La controversia del procedimiento no radicó en la existencia de un descarte ilegal, sino en que esa circunstancia no fue registrada en la bitácora electrónica con el nivel de detalle que posteriormente exigió la autoridad. En otras palabras, la discusión versó sobre un aspecto de registro administrativo y no sobre una conducta destinada a eludir la normativa pesquera”.
Sin embargo, el fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, en septiembre de 2025, y posteriormente el de la Corte Suprema, en octubre del mismo año, ratificaron la resolución administrativa y rechazaron los reclamos de la empresa. Los tribunales consideraron que “mediante un informe técnico se logró establecer el envío de merluzas de cola directo a la cinta de descarte y a la planta de harina de pescado, así como también la nula utilización de la Balanza de Flujo Continuo (BFC) en los lances”. Esta última es el sistema que permite pesar de manera continua y objetiva el pescado que pasa por el sistema de procesamiento y obtener información sobre los volúmenes capturados. Su falta de utilización, por tanto, dificultó contar con un registro objetivo de la cantidad de pescado procesado durante los lances y de los volúmenes asociados al descarte.
La autoridad administrativa resolvió que “las defensas presentadas por Pesca Chile S.A. y sus capitanes no lograron desvirtuar los hechos denunciados”. La Corte Suprema confirmó posteriormente las sanciones por el descarte no autorizado de merluza del sur y merluza de cola, validando el procedimiento sancionatorio desarrollado por Sernapesca.
Pero no solo se han detectado descartes ilegales de estas especies. También existen casos como el de la nave Friosur X, propiedad de Pesquera Grimar SA, que en 2023 fue sancionada por descartar raya espinosa (Dipturus trachyderma) y volantín (Dipturus chilensis), también agotada, en aguas patagónicas.
En el norte del país también hay registros de esta práctica. Las naves Cocha, de Pesquera Isla Damas SA y Gringo, de Antartic Seafood SA, fueron sancionadas por descartar merluza común (Merluccius gayi gayi), considerada sobreexplotada. Un año después, el buque Isla Orcas, de Pesquera Sunrise SA, descartó langostino amarillo (Cervimunida Johni) y el NISSHINMARU III, de Bracpesca SA, desechó langostino colorado (Pleuroncodes monodon).
Todas estas embarcaciones son barcos-fábrica de arrastre y la suma de sus multas alcanza los 620 749 916 pesos (unos 657 000 dólares).
En el mismo periodo de tiempo, el descarte ilegal también fue sancionado en la pesca de cerco. Las empresas Camanchaca SA (2023), Sociedad Pesquera Landes SA (2022), Corpesca SA (2022) y Orizon SA (2022) pagaron 429 741 508 pesos (452 360 dólares) al fisco por descartar caballa (Scomber japonicus), jurel (Trachurus murphyi) y merluza común.
Bracpesca SA, Sociedad Pesquera Landes SA, Corpesca SA, Pesquera Isla Damas SA, Pesquera Grimar SA, Antartic Seafood SA y Orizon SA no respondieron las preguntas enviadas por Mongabay Latam.
La empresa Camanchaca SA, que desarrolla pesca de cerco principalmente en el norte de Chile, dijo a Mongabay Latam que “de los tres procedimientos, sólo uno concluyó con sanción […]; los otros dos continúan en tramitación y no existe resolución firme, pudiendo tratarse de situaciones que no ameritan reproche, sino falta de conocimiento específico”.
El procedimiento administrativo sancionatorio al que se refiere Camanchaca SA y por el que fue sancionada constó de tres acusaciones: dos de ellas por descarte ilegal de caballa y otra por jurel. Estas terminaron con una indemnización que la empresa pagó en 2025 por un total de 108 775 800 pesos (115 100 dólares). Los otros dos casos refieren a procesos que siguen en trámite.
Asimismo, Camanchaca SA explicó que “las principales pesquerías chilenas han desarrollado o están desarrollando Planes de Reducción del Descarte, cuyo propósito es identificar las circunstancias en que pueden producirse capturas no objetivo, establecer medidas preventivas y definir la forma adecuada de proceder cuando ocurren. Estos planes buscan proteger la biodiversidad y evitar la mortalidad innecesaria de recursos marinos”.
En el caso de la pesquería del jurel del norte, explicó la empresa, “ese Plan de Reducción aún no existe”. Justamente por ello, agregó, y tras solicitudes formuladas por las propias empresas —entre ellas Camanchaca—, la Subpesca creó el Programa de Investigación del Descarte y la Captura de Pesca Incidental para la Pesquería Industrial y Artesanal del Jurel, que es la etapa previa al diseño de un plan para reducir el descarte.
Por su parte, Corpesca SA, sancionada por descarte de jurel en cuatro procesos administrativos distintos, añadió que “la normativa definitiva que regule la reducción del descarte en la Zona Norte entrará en vigor recién al término de 2027, una vez que finalice el Programa de Investigación señalado y se implemente el Plan de Reducción del Descarte para la pesquería de jurel”.
Sin embargo, para Manuel Martínez, asesor científico en temas pesqueros, la ausencia de una normativa específica para disminuir los descartes no exime a la industria de su responsabilidad. El experto advierte que la pesquería del jurel cuenta con la certificación del Marine Stewardship Council (MSC), cuyo propósito es precisamente garantizar el aprovechamiento sustentable del recurso. En ese contexto, sostiene que las empresas que participan en esta pesquería deberían ir más allá del cumplimiento estricto de la ley y contar con protocolos y planes propios para prevenir los descartes, especialmente considerando los estándares ambientales que exige una certificación internacional de este tipo.
La Federación de Industriales Pesqueras del Sur Austral declinó referirse al tema aludiendo a que son asuntos particulares de las empresas asociadas y no tiene competencia en la materia. Por su parte, la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) prefirió no referirse al descarte ilegal “para dar espacio a que las empresas asociadas aborden el tema”.
Descarte ilegal: la ruta del buque factoría Unzen
Durante los 60 días que el Unzen se mantuvo navegando desde Punta Arenas hasta las costas de Puerto Aysén, fue realizando maniobras de pesca. El lance número 57 se transformó en una de las principales evidencias del proceso sancionatorio.
Normalmente, cuando los pescados llegan a la cubierta de este buque, son inmediatamente derivados, mediante cintas transportadoras, hacia diferentes líneas de clasificación donde se separan según especie, tamaño y calidad, antes de ingresar al proceso productivo. Equipos especializados a bordo como descabezadoras, descoladoras, despieladoras y fileteadoras elaboran filetes, troncos HG (sin cabeza ni vísceras) y diversos subproductos, como mejillas, cocochas, collares y cabezas.
Los residuos de todo ese proceso, así como los ejemplares que no cumplen los estándares requeridos para consumo humano, son llevados a la planta de harina de pescado que el Unzen también tiene a bordo. Finalmente, los productos elaborados son congelados y almacenados en bodegas refrigeradas, lo que permite mantener su calidad y condiciones de conservación hasta su desembarque.
Lo que los fiscalizadores del Sernapesca observaron en el video del lance número 57, sin embargo, fue diferente. En lugar de ir hacia las cintas de producción, parte de la pesca que estaba en cubierta fue directamente enviada al sistema de descarte. De acuerdo al informe técnico del organismo, las imágenes no mostraban ejemplares dañados, contaminados, ni otra de las condiciones extraordinarias por las que la Ley General de Pesca y Acuicultura permite el descarte. Tampoco hubo un proceso previo de revisión para evaluar el estado de esos pescados. Simplemente avanzaron por la Balanza de Flujo Continuo (el sistema de medición instalado en las líneas de procesamiento para pesar grandes volúmenes de pescado) y desviados hacia el chute de descarte.
Tras el hallazgo, los fiscalizadores revisaron más videos. Fueron 17 en total, de los cuales 15 presentaban el mismo patrón de operación. La conclusión fue contundente: el 88 % de la muestra registró descarte ilegal de merluza de cola.
Raúl Flores Rosales, jefe de planta del Unzen, declaró durante el procedimiento administrativo que los ejemplares inferiores a 45 centímetros eran derivados sistemáticamente al descarte porque no cumplían con los estándares exigidos para la elaboración de filetes de exportación, los cuales deben tener aproximadamente 200 gramos.
Sin embargo, ese criterio comercial fue descartado por la autoridad, puesto que la legislación chilena no contempla el tamaño requerido por la empresa como causal válida para descartar ejemplares capturados.
De hecho, según explica César Astete, director de las campañas de pesca de la ONG Oceana, en ocasiones se descartan juveniles, es decir, ejemplares que aún no han alcanzado su madurez sexual afectando la restauración de las poblaciones de peces.
Manuel Martínez explicó a Mongabay Latam que el descarte ilegal genera múltiples impactos sobre la gestión y conservación de las pesquerías. «En primer lugar, la omisión de estos eventos implica una pérdida de información clave para los modelos de evaluación de stock, ya que distorsiona los datos utilizados para estimar el estado de las poblaciones y comprender su dinámica. Esto dificulta la toma de decisiones de manejo basadas en evidencia científica».
Además, cuando los fiscalizadores descubren el descarte al revisar los videos, no es posible saber cuánto pescado fue descartado. Eventualmente, esa información pudiera estar en las bitácoras de pesca del barco, pero se trata de un dato que no es posible corroborar. Por otro lado, si el hecho quiere ser escondido, nadie lo registrará.
El experto sostiene que el problema está estrechamente vinculado al uso de artes de pesca poco selectivas. En particular, señala que el arrastre de media agua captura de forma indiscriminada las especies que encuentra a su paso, haciendo que el descarte sea una consecuencia inherente de este tipo de operación. Cuando esos descartes no son declarados, advierte, no solo se pierde información esencial para conocer la magnitud del fenómeno, sino que también se posterga la adopción de medidas orientadas a reducirlo, perpetuando prácticas que continúan afectando las poblaciones de peces.
A juicio del especialista, la situación es especialmente preocupante en las pesquerías de merluza de cola y merluza de tres aletas, ambas clasificadas como agotadas. En ese contexto, cuestionó que los comités de manejo —el grupo de trabajo conformado por representantes de los diferentes sectores de la pesca, que asesora a la autoridad y decide las reglas de la pesca—aún no hayan cumplido con una de sus principales obligaciones.
«Lo peor en esta materia es que los comités de manejo, tras una década de existencia, todavía no cuentan con un plan de manejo ni con un programa de recuperación, como mandata la ley para las pesquerías que se encuentran en colapso», afirma. Para Martínez, esta ausencia representa una de las principales debilidades de la gestión pesquera y limita la implementación de medidas capaces de revertir el deterioro de estos recursos.
Cinco años después de que las cámaras registraron los hechos, la Corte de Apelaciones de Coyhaique confirmó la sanción contra Empresa Desarrollo Pesquero de Chile SA, estableciendo que la Ley General de Pesca y Acuicultura no reconoce el criterio de talla utilizado por la empresa como fundamento para efectuar descartes y que tampoco existía un pronunciamiento formal de la autoridad pesquera que respaldara ese procedimiento.
El patrón se repite: el caso Cabo de Hornos
Si el caso del Unzen permitió reconstruir cómo operaba el descarte a bordo de un buque factoría, la investigación sobre el Cabo de Hornos mostró que esas prácticas no constituían un hecho aislado.
La embarcación pertenece a Pesca Chile SA, sociedad en la que José Luis del Río Goudie es accionista principal, a través de su compañía Ingeniería e Inversiones Limitada. La pesquera es parte de los negocios del grupo Del Río Goudie, familia controladora de Falabella, Sodimac y Derco.
El Cabo de Hornos mide casi 72 metros de largo, posee una planta de procesamiento a bordo y está habilitado para realizar pesca de arrastre de fondo y de media agua, además de producir harina de pescado durante sus campañas.
A diferencia del expediente del Unzen, cuya investigación se concentró en un viaje de pesca, la fiscalización al Cabo de Hornos abarcó tres viajes realizados entre diciembre de 2020 y mayo de 2021. Durante ese período, Sernapesca revisó las grabaciones obtenidas por las cámaras instaladas a bordo y las contrastó con las bitácoras electrónicas de la embarcación. Las operaciones comprendieron 101, 123 y 127 lances respectivamente.
Los resultados volvieron a revelar un patrón similar.
Según el expediente administrativo, en todos los lances revisados se observaron ejemplares de merluza de cola desviados directamente hacia la planta de harina de pescado o a la cinta de descarte.
Durante el procedimiento administrativo, parte de la tripulación declaró desconocer esas prácticas o no participar en las operaciones observadas por las cámaras pese a que, según el propio expediente del caso al que Mongabay Latam tuvo acceso, varios de los trabajadores registraban una extensa trayectoria en la empresa.
Finalmente, Pesca Chile SA fue sancionada con una multa de 86 millones de pesos (más de 90 500 dólares) por descarte ilegal, la que fue pagada en diciembre de 2025.
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Pesca Chile SA mantiene una flota de ocho embarcaciones de arrastre que operan entre las regiones de Aysén y Magallanes. En agosto de 2025, la empresa adjudicó el arriendo de una de sus embarcaciones al Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), que nutre de información científica a la Subpesca para desarrollar la evaluación del stock desovante de merluza del sur y merluza de cola en aguas exteriores de las regiones de Los Lagos y Aysén.
El contrato alcanzó los 485 millones de pesos (510 526 dólares), una cifra cinco veces superior a la multa que la compañía debió pagar por el descarte ilegal detectado por Sernapesca.
«Nos encantaría contar con un buque de investigación pesquera equipado para la prospección y seguimiento de la merluza austral, la merluza del sur y la merluza de cola”, le dijo el IFOP a Mongabay Latam tras ser consultado respecto de los contratos suscritos con Pesca Chile SA. “Hace cuatro años estuvimos en condiciones de licitar la construcción de una nave adecuada, sin embargo, no se concretó la asignación de los 44 millones de dólares requeridos para la licitación internacional. Como consecuencia, hoy dependemos de una embarcación de 36 años de antigüedad que no posee la capacidad para navegar a las zonas donde se deben realizar estas prospecciones”, agregaron.
“Mientras no dispongamos de una nave idónea, estamos obligados a contratar, vía licitación pública, embarcaciones habilitadas para operar en el área y sobre dichos recursos. Es crucial comprender que solo las naves de la industria privada cuentan con los permisos de pesca exigidos en esa zona”, explicaron en el IFOP.
Rene Casanova Pezzini, representante legal de Pesca Chile SA, explicó a Mongabay Latam: “Nuestra empresa mantiene altos estándares de cumplimiento normativo y capacidad técnica, el IFOP ha contratado a la empresa para desarrollar pescas de investigación. El Instituto conoce en detalle la normativa aplicable y los antecedentes del procedimiento administrativo referido, sin que ello haya constituido impedimento alguno para mantener esa relación contractual”.
Desafíos para la fiscalización de la pesca
Los casos del Unzen y el Cabo de Hornos, sumado a los demás que terminaron en multa y los nuevos procesos sancionatorios abiertos, no solo evidencian una práctica frecuente del descarte, también exponen las limitaciones del sistema de fiscalización encargado de detectar estas infracciones.
Según información entregada por el Sernapesca, durante 2025 el organismo recibió 73 registros audiovisuales correspondientes a 9243 lances de pesca realizados por embarcaciones industriales. Con apoyo de un software diseñado para identificar eventos de riesgo, logró revisar cerca de 1000 lances, equivalentes al 10.53 % del total registrado.
La magnitud de esa tarea contrasta con el tamaño del equipo dispuesto para ejecutarla. Solo cinco funcionarios de la Dirección Nacional de Sernapesca, en Valparaíso, revisan el material. Su trabajo consiste en analizar las imágenes captadas por las cámaras instaladas obligatoriamente en las embarcaciones industriales, contrastarlas con las bitácoras de pesca y determinar si existen antecedentes suficientes para iniciar procedimientos sancionatorios.
El Sernapesca expuso a Mongabay Latam que desde la implementación de las cámaras a bordo, los eventos de descarte y captura incidental detectados han disminuido de manera sostenida entre 2020 y 2025. Mientras en 2020 se registraban 69 eventos de descarte por cada 100 lances analizados, la cifra se mantuvo entre 50 y 60 eventos durante el 2021 y 2022. En 2025 se registraron un promedio de 16 eventos de descarte por cada 100 lances, lo que equivale a una reducción cercana al 77 % en cinco años, aseguran.
Para Martínez, sin embargo, el retraso con el que se revisan las imágenes “impide que se tenga una real dimensión de los eventos”. Además, “no hay mejoras reales para evitar el descarte”, dice. Aún no se avanza a redes con vías de escape para los peces más pequeños y no se ha desarrollado un plan de recuperación para la pesquería de la merluza de cola y tres aletas, lo que significa que no hay medidas para mejorar la captura”.
Cristian Laborda, abogado en temas pesqueros internacionales, plantea que “poner foco en que son solo cinco funcionarios de Sernapesca los que fiscalizan las miles de horas de grabación producidas por la pesca industrial limita la implementación de la Ley”. El experto afirma que “en experiencias internacionales de fiscalización a la pesca se utiliza inteligencia artificial para la pesquisa de malas prácticas en el material audiovisual entregado por los armadores. El crecimiento en las pesquisas podría ser exponencial si se integra este sistema de rastreo, que por lo demás ha demostrado ser preciso”.
El abogado, valoró la aplicación de jurisprudencia de las cortes de Apelaciones y Suprema en este tipo de casos, ya que marca un precedente para sancionar las prácticas de descarte ilegal.
De acuerdo con los antecedentes contenidos en el expediente del Proceso Sancionatorio Administrativo, el buque Unzen habría descartado más de 50 000 kilos de merluza de cola, pero la verdadera dimensión del daño difícilmente se podrá conocer. Miles de peces muertos volvieron al mar, lejos de cualquier testigo. Solo las cámaras instaladas a bordo registraron una parte de esas imágenes revelando una práctica que es uno de los grandes desafíos que enfrenta Chile para proteger sus pesquerías.
*Imagen principal: buque Unzen. Foto: Marinetraffic
*Nota del Editor: Lunes 24 de agosto 2026
Mongabay Latam pidió en reiteradas ocasiones, por vía telefónica y por correo electrónico, la versión de la empresa EMDEPES S.A. sin obtener respuesta. Sin embargo, el domingo 23 de agosto, 11 días después de la publicación, el presidente ejecutivo de EMDEPES S.A., Mario Inostroza, envió un email solicitando la publicación de los descargos de la compañía.
Estos son los puntos más importantes que resalta:
1.Asegura que el descarte que describe el reportaje “corresponde a operaciones realizadas durante la pandemia, en una etapa inicial de implementación y aplicación práctica del régimen de reducción y control del descarte, en que era especialmente relevante resguardar la continuidad del abastecimiento alimentario”.
2.En ese contexto, precisa, “la empresa operó bajo el entendimiento de que el Plan de Reducción del Descarte de merluza de cola permitía expresamente descartar ejemplares dañados o que no alcanzaran talla comercial, concepto que en ese momento no contaba con una definición normativa expresa para esta especie. La captura en cuestión no se encontraba prohibida y la alternativa al descarte —su traslado y disposición en vertederos terrestres— podía resultar incluso más perjudicial desde una perspectiva ambiental y sanitaria”.
3.“Las cantidades cuantificadas en estas operaciones fueron consideradas en el control de cuota de la empresa. En consecuencia, no correspondía a capturas ocultas, no declaradas o ajenas a la administración pesquera, ni existió una superación de la cuota autorizada”.
4.“Las faenas se realizaron en una nave sometida a un estricto régimen de control y fiscalización por parte de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), mediante diversos mecanismos obligatorios de trazabilidad y control”.
La versión de la compañía fue desestimada por la Corte de Apelaciones de Coyhaique que confirmó la sanción contra la empresa.
Aquí se puede leer el documento completo enviado por EMDEPES S.A.
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