- Representantes de la comunidad kichwa Tzawata-Ila-Chukapi, en Napo, afirman que el 10 de junio pasado personas que se identificaron como trabajadores de la compañía Terraturismo ingresaron con maquinaria pesada a su territorio.
- Acusan a miembros de la compañía de provocar enfrentamientos y heridos.
- Afirman que la empresa deforestó alrededor de 100 hectáreas y destruyó al menos 20 hectáreas de chakras familiares, según las comunidades integradas por cerca de 400 personas.
- El conflicto se remonta a décadas atrás cuando Ecuador concesionó estas tierras como baldías; ahora el Ministerio de Gobierno prohibió el desalojo de la comunidad, pero la empresa ingresó igualmente al territorio.
Tres excavadoras, máquinas amarillas de 20 toneladas y un brazo mecánico lideraron una procesión de decenas de personas que tenían sus rostros cubiertos con mascarillas o camisetas. Los recién llegados tenían lanzas y machetes, y de vez en cuando lanzaban piedras. Así llegaron las personas que se identificaron como trabajadores de la empresa Terraturismo a la que para ellos es la antigua Hacienda Ila, pero que para cerca de 400 mujeres, hombres y niños kichwas es su territorio ancestral, conformado por las comunidades Tzawata, Ila y Chukapi.
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El conflicto fue originado por el Estado hace décadas. Gira alrededor de un territorio de 627 hectáreas, ubicado en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola, en Napo, Amazonía ecuatoriana. La comunidad sostiene que es territorio ancestral, habitado al menos desde el siglo XIX. Sin embargo, durante los procesos de colonización de la Amazonía, en 1958, el Estado adjudicó parte del territorio indígena a los Misioneros Redentoristas.
En 1972, otra parte del territorio fue adjudicado a una persona natural, de acuerdo con información de la Defensoría del Pueblo.
«Estos actos administrativos son relevantes porque forman parte de una época en la que el Estado trató amplios territorios amazónicos como tierras baldías o disponibles, sin analizar suficientemente la presencia histórica de pueblos y nacionalidades indígenas», se lee en el informe defensorial.
Mediante sucesivas compraventas, los predios pasaron a manos de particulares y empresas, hasta que en 1982, Yanouch Agrícola y Ganadería adquirió un cuerpo de 627 hectáreas. Las compraventas continuaron. En 2003, la minera Hampton Courtresources Ecuador SA adquirió la propiedad, que después pasó a las mineras Merendon del Ecuador y Terraearth Resources. Finalmente, en 2016, llegó a las manos de Terraturismo SA.
Tzawata-Ila-Chukapi fue reconcida como comunidad indígena de raíces ancestrales por el antiguo Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) en 2011, de acuerdo con el mencionado informe. «Por tanto, cualquier actuación estatal que pueda afectar su territorio, sus viviendas, sus cultivos, su permanencia o sus formas de vida debe ser analizada bajo estándares reforzados de protección de derechos colectivos», se lee en el documento de la entidad defensorial.
Ese mismo año, representantes de la comunidad solicitaron ante la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria la expropiación y adjudicación por posesión ancestral de la llamada Hacienda Ila, de 627 hectáreas. «La falta de respuesta definitiva mantuvo el conflicto abierto y profundizó la incertidumbre jurídica», de acuerdo con la Defensoría.
Aunque hubo una orden de desalojo en contra de la comunidad, el 23 de marzo de 2026 el Ministerio de Gobierno dejó sin efecto esa orden. Según los habitantes de Tzawata-Ila-Chukapi consultados para esta nota, la empresa no acató la orden y el Estado no ha hecho nada para hacerla cumplir.
La Defensoría del Pueblo visitó el sitio el 2 de julio y advirtió en un informe al que accedió Mongabay Latam que “la conflictividad no ha disminuido”. La entidad confirmó que el enfrentamiento está vigente debido a nuevos intentos de ingreso de materiales, permanencia de campamentos, continuidad de labores de limpieza y desbroce, así como la presencia permanente de personas vinculadas con la empresa.
Terraturismo SA figura en la Superintendencia de Compañías como una empresa de alojamiento turístico. Sin embargo, en sus redes sociales se presenta como una compañía agrícola dedicada a la exportación de productos tradicionales y no tradicionales. Sus representantes han dicho a los habitantes de las comunidades que se dedicarán al cultivo de productos como yuca (Manihot esculenta) o malanga (Colocasia esculenta) en la antigua Hacienda Ila.
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“En ese ingreso hubo un enfrentamiento con la comunidad”, relata Kambak Alvarado, presidente de las tres comunidades. Contabilizó más de 200 trabajadores. Los comuneros salieron a defender su territorio, pero, resultaron heridos.
Los intentos de resistencia no dieron fruto y los trabajadores avanzaron rápidamente allanando el terreno y construyendo un campamento con plásticos y madera, relata Alvarado en diálogo con Mongabay Latam.
Desde ese 10 de junio de 2026, los trabajadores se instalaron y han deforestado bosques y chakras, asegura Alvarado. Los habitantes de las tres comunidades perdieron su fuente de alimentación e ingreso, agrega, y viven con miedo de agresiones e incluso amenazas de violación, asegura una mujer que prefiere mantenerse en el anonimato. Además, Terraturismo ha denunciado a al menos 19 personas, entre habitantes de las comunidades y líderes de organizaciones indígenas que les han mostrado su respaldo.
Mongabay Latam se comunicó en reiteradas oportunidades con representantes de Terraturismo y con su abogada vía correos electrónicos y mensajería, pero hasta el momento de publicación la compañía no había respondido para dar su versión de los hechos. Mongabay Latam también pidió descargos al Ministerio de Gobierno, pero tampoco hubo respuesta.
“La situación es bastante complicada, a veces no encuentro palabras para expresar cuánto dolor ha causado la empresa”, dice Alvarado.
Avance de la deforestación
Mongabay Latam realizó un análisis de imágenes satelitales Sentinel‑2, de Copernicus, programa de la Unión Europa, y encontró que en marzo de 2026 la deforestación todavía no era visible, como se observa al descubrir la imagen de la izquierda del Flourish. La pérdida de bosque empezó a notarse al menos desde mayo de 2026. Para el 29 de julio de 2026, fecha de la información más reciente, el cambio ya fue notable, como se observa al descubrir la imagen que está a la derecha.
Este medio también hizo un análisis con la herramienta Global Nature Watch y halló que 97 hectáreas fueron deforestadas en el territorio indígena entre el 1° de marzo de 2026 y el 31 de julio de 2026.
Esto coincide con los testimonios del colectivo Napo Resiste y la Federación de Organizaciones Kichwas de Napo (FOIN), quienes, tras un sobrevuelo de dron realizado el 25 de junio, estimaron la deforestación de alrededor de 100 hectáreas.
Alvarado sostiene que la empresa ha destruido árboles reforestados por la comunidad, especies en veda y ejemplares centenarios, como los ceibos. “Son árboles sagrados, importantes. Ahí habitaban los Amazangas”, cuenta. Para los kichwa, los Amazangas son espíritus protectores de la selva. Sin ellos corre peligro la flora, la fauna y el equilibrio que los sostiene.
Durante la visita del 2 de julio, la Defensoría del Pueblo constató que hay personas realizando trabajos con machetes y herramientas manuales en las inmediaciones de la vía “y de los espacios señalados por la comunidad como parte de su territorio de uso tradicional”.
En el informe, la entidad sostiene que las chakras y espacios de la comunidad intervenidos no constituyen únicamente bienes con valor económico destinados a la producción de alimentos y al sostenimiento familiar, sino también áreas donde se transmiten conocimientos y se ejercen prácticas tradicionales propias de la comunidad.
“En tal virtud, cualquier afectación a estos espacios puede comprometer simultáneamente derechos vinculados a la alimentación, al buen vivir, a los derechos colectivos, a la identidad cultural y a la relación especial que mantienen los pueblos indígenas con sus territorios”, se lee en el documento.
Denuncias contra líderes indígenas
Alvarado asegura que no puede entrar a su casa desde el 6 de mayo, cuando su hogar fue allanado y él acusado por la Fiscalía General del Estado de supuesta posesión ilegal de explosivos.
Fue detenido, pero salió al día siguiente con medidas cautelares. Tiene que presentarse todas las semanas en la Fiscalía, en Tena, la capital de Napo. “Me han perseguido algunas veces, es tan inseguro. Salgo con dos o tres personas como guardaespaldas”, relata.
“No tengo un lugar seguro, me tengo que mover de un lado a otro por la seguridad de mi familia. Salgo del territorio y entro, estoy amenazado de muerte”, asegura.
Hay más denuncias en su contra. En abril, un ex gerente y ex accionista de la empresa le interpuso una querella por supuesta calumnia y persigue una indemnización de un millón de dólares. Además, en la Fiscalía reposan cuatro denuncias por intimidación en contra de Alvarado.
Por último, el 23 de julio, la representante legal de Terraturismo presentó una denuncia por presunta delincuencia organizada contra Alvarado; Marlon Vargas, presidente de la CONAIE; Leonidas Iza, presidente de la Ecuarunari (Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador); Fabián Chimbo, presidente de la FOIN; Wayra Shiguango, presidente del Pueblo Kichwa de Rukullacta, y 14 miembros de las tres comunidades. Mongabay Latam se comunicó en cuatro oportunidades con la abogada para saber su versión de los hechos pero no obtuvo respuesta.
Líderes y miembros de estas y otras organizaciones indígenas han acompañado a Tzawata, Ila y Chukapi en vigilias de resguardo de la comunidad y audiencias interculturales.
“Recibimos un pronunciamiento de Frontline Defenders indicándonos está situación. Vamos a proceder de acuerdo con nuestras competencias para iniciar vigilancia al debido proceso”, dice Rodrigo Varela, Secretario General Misional de la Defensoría del Pueblo.
Indira Vargas, vicepresidenta de la Organización Kichwa de Pastaza (PAKKIRU por sus siglas en kichwa), cuenta que desde las organizaciones indígenas se han propuesto armar un frente de defensa colectivo.
La Defensoría del Pueblo tomó testimonios por posible violación de derechos
La Defensoría del Pueblo levantó el testimonio de una niña que asegura haber recibido amenazas de violación sexual por parte de quienes se presentan como trabajadores de Terraturimo. Este no sería el único caso, de acuerdo con una habitante del sector que dialogó con Mongabay Latam y que prefiere mantenerse en el anonimato. “Pusimos las denuncias en Fiscalía, vamos a verificar cómo avanzan”, dice Varela, de la Defensoría, al respecto.
“De manera urgente necesitamos que la empresa desaloje el territorio. Sin paz, sin salud mental y sin poder dormir con los dos ojos cerrados no hay vida”, afirma la mujer consultada. “Necesitamos apoyo psicológico, médico y económico”, añade.
La dirigencia de Tzawata-Ila-Chukapi obtuvo un informe de inspección en seguridad y salud en el trabajo del Ministerio de Trabajo que concluye que “se evidencia personas dentro del centro de trabajo visitado, a pesar de que la empresa cuenta con cero contratos registrados”. El informe también señala que “no existen las condiciones adecuadas para que trabajadores realicen actividades laborales en el sitio visitado”.
La habitante de la zona consultada asegura que el Estado no ha intervenido ante el conflicto. La Policía Nacional ha acudido a la zona, pero no ha hecho cumplir la orden del Ministerio de Gobierno que prohibió el desalojo, añade. La Defensoría del Pueblo, en su informe, aseguró que los efectivos están realizando labores orientadas a evitar nuevos enfrentamientos.
Buscan una salida en la justicia intercultural
El 8 de julio, la Asamblea de Justicia Indígena de la CONFENIAE instaló un Tribunal de Justicia Indígena y ordenó el retiro inmediato de las personas vinculadas a Terraturismo del territorio ancestral. La decisión fue notificada el 22 de julio a la Gobernación de Napo y a la Intendencia General de Policía.
Tras la Asamblea, Terraturismo presentó la denuncia por delincuencia organizada contra 19 personas.
“Las decisiones de justicia indígena recaen en el control de la Corte Constitucional. Ante un eventual incumplimiento, esa es la vía que tendrían que seguir”, contextualiza Varela, de la Defensoría del Pueblo.
Otro evento importante se dio el 21 de julio, cuando se desarrolló un diálogo intercultural entre la Función Judicial y las autoridades indígenas de Tzawata-Ila-Chukapi y la FOIN para conocer la jurisdicción indígena dentro del proceso penal por supuesta posesión ilegal de explosivos contra Alvarado.
Es decir, solicitaron la declinación de competencia a los representantes de la Función Judicial para que el caso sea tratado por la justicia indígena. Las organizaciones están a la espera de la resolución. En este caso, la Defensoría del Pueblo vigila que se cumpla el debido proceso, dice Varela.
Mientras esperan la acción y la respuesta de las autoridades, en Tzawata-Ila-Chukapi están subsistiendo con el apoyo de comunidades cercanas que les comparten parte de su producción. Desde organizaciones como la Ecuarunari también se están haciendo campañas más amplias de donación de alimentos, medicamentos y productos de higiene. Y la mujer consultada concluye: “Seguimos firmes en que no nos vamos a mover del territorio”.
*Imagen principal: varias personas resultaron heridas el 10 de junio, sostienen en las comunidades. Foto: cortesía FOIN
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