- En las últimas semanas ha circulado el borrador del proyecto de ley que prepara el gobierno peruano para solicitar al Parlamento la delegación de facultades legislativas.
- En este documento se menciona modificar la normativa en materia ambiental, de recursos naturales y áreas naturales protegidas.
- También se plantea la creación de mecanismos de aprobación expedita para proyectos energéticos y de exploración y explotación de hidrocarburos.
- Mongabay Latam conversó con expertos en temas ambientales sobre los riesgos que implican estas propuestas.
Una serie de cuestionamientos han surgido luego de que empezara a circular el borrador del proyecto de ley que prepara el Ejecutivo del nuevo gobierno peruano para solicitar al Parlamento la delegación de facultades legislativas por un periodo de 120 días.
A fines de julio se hizo público este borrador con temas diversos como seguridad ciudadana, flexibilización laboral, desarrollo productivo, simplificación administrativa, desregulación y eliminación de barreras burocráticas, reforma estructural y modernización del Estado, entre otros.
El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, afirmó que fue un borrador sobre la delegación de facultades legislativas el que se filtró a la prensa y dijo que ese documento tendrá que ser afinado para ser presentado próximamente ante el Congreso de la República, informó el diario El Comercio. “Es un borrador que se presentó en el primer Consejo de Ministros y ahora todos los ministros con sus técnicos especialistas están en este momento revisando», dijo el ministro.
La presidenta Keiko Fujimori junto con su gabinete de ministros. Foto: Agencia AndinaEl documento que se hizo público no incluye una sección específica sobre temas ambientales, pero algunas propuestas que alcanzan a las áreas naturales protegidas y recursos naturales como los hidrocarburos forman parte de la lista de modificaciones legislativas que pretende hacer el Gobierno mediante el uso de estas facultades. En el pedido de facultades también incluye cuestiones sobre minería.
Hasta el momento, la presidenta Keiko Fujimori no se ha pronunciado sobre los detalles del pedido de facultades legislativas, pero sí anunció que esta solicitud podría presentarse durante esta semana. “Ha habido retrasos en lo que significan los nombramientos de viceministros. Todavía ha habido unas trabas burocráticas que estoy segura se irán resolviendo en las próximas horas o días. Superado esto, teniendo a los nuevos viceministros, se sustentará todo este proyecto de ley», respondió el 3 de agosto a varios medios de comunicación al ser consultada sobre el tema.
«Las facultades tienen varios objetivos. Primero, lo urgente que es recuperar el orden y también preparar a nuestro país de cara al fenómeno de El Niño. Como hemos dicho, tenemos que prepararnos porque estamos tarde para la prevención y preparar al país para la emergencia», agregó.
Mongabay Latam consultó con varios especialistas en temas ambientales sobre los alcances de las medidas que han sido incluidas en el documento inicial del pedido de facultades legislativas y los riesgos que puede significar para este sector.
Áreas protegidas en la mira
El tema que más llamó la atención y despertó reacciones inmediatas ha sido la intención de modificar la normativa en materia ambiental, de recursos naturales y áreas naturales protegidas. La propuesta implica acortar los procesos de aprobación de los instrumentos ambientales, establecer mecanismos de presunción de veracidad y de silencio administrativo positivo y garantizar que las restricciones a las actividades empresariales en áreas naturales protegidas se basen en evidencia científica objetiva y clara.
“Es un borrador [del proyecto de ley] que es ilustrativo de las intenciones que, por lo menos, hay en un sector del Gobierno”, dice Juan Luis Dammert, coordinador territorial de la iniciativa Amazonía Resiliente y Justa del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade). “Hay intereses en las áreas protegidas que venían desde antes”, agrega el experto.
Dammert menciona los intereses pesqueros detrás de la Reserva Nacional de Paracas. “Acceder a zonas protegidas en el mar peruano es una agenda que viene hace bastante tiempo”, comenta. Del mismo modo menciona los proyectos de ley que se han presentado en anteriores oportunidades con la intención de extraer hidrocarburos, específicamente gas, en áreas protegidas.
“El caso emblemático es el Parque Nacional Bahuaja Sonene y su yacimiento Candamo. Pero hay una cosa más grande que es lo que se denomina el cinturón gasífero que es esta idea de que habría depósitos de gas también en el Parque Nacional del Manu, en la Reserva Comunal Amarakaeri y en otras áreas protegidas entre Madre de Dios y Cusco, yacimientos de gas cercanos a Camisea”, afirma.
“Es la vieja agenda de abrir las puertas a la extracción petrolera en áreas naturales protegidas en casos en los que no está permitido, como las áreas de uso indirecto, como los parques nacionales”, agrega Dammert sobre el interés empresarial que lleva años intentando acceder a las áreas protegidas.
Sobre lo que menciona Dammert, en el proyecto de ley se propone “la creación de mecanismos de aprobación expedita para proyectos energético y de exploración y explotación de hidrocarburos y la modificación de los regímenes legales y contractuales de exploración y explotación y el régimen de regalías y retribuciones aplicables, así como perfeccionar el marco normativo de la industria del gas”.
Al respecto, Dammert recuerda que el “sector hidrocarburos en el Perú y sobre todo en la Amazonía, está en declive”, por varias razones. Una de ellas es “porque no hay descubrimientos de yacimientos importantes hace mucho tiempo”. Por tanto, dice Dammert, lo que se busca es que la exploración y la extracción de hidrocarburos sea más fácil y con menos requisitos para darle una mano a una industria que ya está en declive, cuando el país debería estar pensando en qué hacer con el tema energético en este contexto de transición energética.
Otro tema que aborda Dammert sobre el interés de abrir las puertas a las áreas protegidas es la mención a que las restricciones a las actividades empresariales en áreas naturales protegidas se basen en evidencia científica objetiva y clara.
En ese sentido, Dammert menciona que la creación de las áreas protegidas tienen un proceso de categorización con un sustento científico. “En todo caso tendría que ser al contrario, en el sentido de que cuando haya una actividad extractiva que sea compatible con el área el interesado debe tener un sustento científico y técnico para desarrollar la actividad como puede ocurrir en cuestiones de hidrocarburos dentro de áreas protegidas”.
El abogado especializado en temas ambientales, César Ipenza, también aborda este tema. “Las áreas protegidas parten de un proceso de larga investigación”, dice y recuerda que la última área protegida que ha sido creada –el Bosque de Protección Tiraje-Río Nieva– demandó más de 15 años para ser categorizada. ”Se estableció como zona reservada en 2011 y recién ha sido categorizada en julio de este año. Obviamente se hacen estudios de evaluación biológica, social, ambiental, económica, además muchas veces se tienen que hacer procesos de consulta previa con todos los recursos que eso demanda”.
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El debilitamiento del sector
Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, considera que existe una “carencia de una priorización política sobre el valor y contribución que tienen las áreas naturales protegidas para el desarrollo nacional”. En ese sentido, Castro afirma que “lo ambiental, lo climático, las áreas protegidas están siendo vistas en este proyecto de ley como una traba para el desarrollo, cuando en realidad son lo contrario”.
Castro cuestiona la pretensión de “tener una de implantar un silencio administrativo positivo», es decir, cuando el Estado habilita que ante un pedido de un privado para, por ejemplo, ejecutar un proyecto, en caso de que el Ejecutivo no responda dentro del tiempo fijo, la solicitud se toma como aceptada. El exfuncionario recuerda que no es primera vez que se pretende implantar una medida como esta.
«El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre esta materia señalando que de implantarse se estaría incumpliendo una obligación que tiene el Estado de garantizar de forma clara y precisa las cuestiones que deben ser cumplidas por parte del titular del proyecto de inversión respecto a los impactos y las condiciones que debe realizar». Para Castro, se estaría desprotegiendo al ciudadano y al ambiente frente a la demora de la Administración pública.
La intención de reducir los tiempos para los procesos administrativos forma parte de este proyecto de ley e incluso se menciona la intención de “dictar normas para eliminar y racionalizar requisitos legales y regulatorios para las distintas actividades económicas, así como incrementar la vigencia y establecer la renovación automática de las autorizaciones, permisos y certificaciones”.
Castro pone como ejemplo la aprobación de una certificación ambiental y explica que la relación del titular del proyecto no solamente es con el Estado peruano, sino que precisamente la evaluación ambiental sirve para mejorar el proyecto, evitar daños significativos ambientales y garantizar los derechos de terceros. “Derechos del ambiente, derechos de los pueblos indígenas, agricultores, poblaciones vecinas. Es inconstitucional, es ilegal pretender que una demora del Estado se traslade a las personas, a las comunidades, al ambiente. Es inaceptable”, dice Castro.
“Lo que debe hacerse es fortalecer las capacidades estatales y una mejor eficiencia para que pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales de garantizar un ambiente sano, limpio, saludable”, comenta Castro.
El ex viceministro también considera que esta medida “dificultaría significativamente las acciones de fiscalización y control ambiental a cargo, por ejemplo, de OEFA [Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental]”.
Castro también menciona que las estadísticas oficiales publicadas en la página web del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) indican que se ha mejorado significativamente el manejo de los plazos . “No hay que confundir el tiempo que toma el diseño de un proyecto de inversión dentro de los cuales están las cuestiones técnicas, financieras, económicas y también ambientales, con el tiempo que se toma el Estado desde la presentación del estudio».
El exfuncionario afirma que hay que tener en cuenta, además, que cuando hay demoras esto no solamente es atribuible al Estado, sino que también es atribuible a la mala calidad de los estudios ambientales que deben ser objeto de observación.
César Ipenza señala que este tipo de iniciativas muestra “una ignorancia tremenda de lo que implica la agenda ambiental y el respeto a espacios que como sociedad hemos decidido conservar o proteger”.
Ipenza critica que se piense, de manera errada, que la evaluación del impacto ambiental o la normativa ambiental están para impedir el crecimiento o la inversión del país. “En esa lógica pretenden sacrificar el marco normativo que ya de por sí tiene serias deficiencias y más bien seguir pensando que esto impide la inversión o que el crecimiento o la productividad en nuestro país». Más aún, dice, en un contexto en el que cada vez es más evidente que el poco control del Estado o la poca evaluación del impacto de las actividades «tiene efectos tremendos sobre la vida y la sociedad”.
*Imagen principal: la presidenta Keiko Fujimori confirmó que su gobierno buscará obtener facultades legislativas para modificar reglamentos del Estado. Foto: AP/Martín Mejía
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