- Alex Villca, líder indígena de la Amazonía boliviana, dialogó con Mongabay Latam sobre la expansión de la minería ilegal en el norte del país.
- Afirma que no será fácil enfrentar el avance de la minería sobre las áreas naturales protegidas, ya que el sector tiene poder político y económico, y plantea la necesidad de unir a la sociedad civil.
- También señala al agronegocio por la deforestación y los incendios en los bosques nativos.
- Además, señala los intereses de empresas de hidrocarburos en áreas protegidas.
Alex Villca Limaco es un líder indígena del pueblo uchupiamona. Ahora es secretario de Comunicación de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, que aglutina a 18 comunidades indígenas de la cuenca media y alta del río Beni, en la Amazonía de Bolivia. También es vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios y Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (CONTIOCAP).
Villca defiende la intangibilidad de las áreas protegidas de Bolivia mientras sectores mineros buscan ingresar a estos reductos de la naturaleza en busca de oro. Su activismo surgió de la oposición a las represas de El Chepete y El Bala en la Amazonía. Esa iniciativa era auspiciada por el gobierno de Evo Morales, pero ante la resistencia de los pueblos indígenas quedó paralizada.
Ahora, Villca es un férreo luchador contra la minería ilegal que está afectando los ríos amazónicos de Bolivia y a sus pueblos indígenas, especialmente frente al avance de la contaminación por mercurio, el metal utilizado para extraer oro de los cuerpos de agua. Villca también es licenciado en Turismo y es parte del proyecto ecoturístico que se implementa en la comunidad San José de Uchupiamonas, en pleno Parque Nacional Madidi, uno de los más importantes del país.
—¿Cuál es la situación actual en las zonas cercanas a la cuenca del río Beni?
—La Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey se activó producto de la amenaza de construcción de dos centrales hidroeléctricas en 2016: El Chepete y El Bala. Entonces, casi, paralelo a esta amenaza, empieza a surgir de manera muy visible la minería ilegal, sobre todo, en uno de los afluentes importantes del río Beni: el río Kaka. Esto se hace evidente, sobre todo, a partir de 2018. Ese año hicimos una expedición a este río y pudimos encontrar 12 dragas que ya estaban trabajando sobre este río. Había dragas chinas y dragas colombianas. En el caso de los chinos, ellos denominan dragones a sus dragas y los colombianos planchones. En 2019 volvimos a ingresar al mismo río, pero para entonces ya se había duplicado la cantidad de estas máquinas.
Son máquinas de gran envergadura, que trabajan casi las 24 horas del día y los siete días de la semana. Prácticamente no paran, excepto para el almuerzo y durante un pequeño descanso al final de la tarde. Entre 2018 y 2019, en la región entre Tomachi y Mayaya y hasta la confluencia con el río Beni, ya se contaba como unas 60 dragas, sin contar el otro sistema de aprovechamiento del oro aluvial, el sistema de cribas o chutes, que son, quizás, de mayor impacto que las dragas porque este sistema de chutes o cribas es alimentado con maquinaria pesada, tractores orugas, retroexcavadoras, volquetas, que son los que transportan el material hacia las cribas, y ahí, con mangueras de alta tensión, lo que hacen es lavar todo ese material, las piedras, el ripio, la arena.
Entonces, eso cada vez va consumiendo o destruyendo las riberas de los ríos hasta llegar a los cerros. Eso fue una enorme preocupación, empezamos a denunciar y en 2020 aparece una organización internacional, la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes, que hace un estudio piloto de contaminación por mercurio en el cabello de los indígenas ese ejjas. Estos hermanos indígenas fueron considerados en este proyecto piloto, pero también hicieron las pruebas en Perú, Brasil y Colombia.
—¿Cuáles fueron los resultados?
—El resultado, que ha sido publicado en junio de 2021, muestra niveles de contaminación alarmante en el pueblo ese ejja. Sobre todo, en la comunidad más cercana a nosotros, que es la comunidad Eyiyoquibo, con un promedio de 7.5 partes por millón de mercurio en su organismo. Esa situación prácticamente nos ha preocupado. Empezamos a buscar apoyo de las instituciones y de la sociedad civil.
Ahí encontramos al Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) y a la Universidad de Cartagena de Colombia, quienes hicieron un estudio mucho más amplio, es decir, ya no focalizado solamente a los ese ejjas, sino que tomaron pruebas en los demás pueblos que habitamos en esta región. Entonces, se hizo un estudio en el cabello y los resultados ratificaron niveles de contaminación por metales pesados. Fue algo muy parecido y se pudo encontrar también en poblaciones como los chimanes, los uchupiamonas, los tacanas, los lecos y a partir de ello empezaron a salir muchas noticias, muchos artículos sobre este problema, y cada vez más instituciones fueron realizando otros estudios.
La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz y la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) realizaron estudios que también volvieron a ratificar la gravedad del nivel de contaminación. A la fecha, se siguen haciendo estudios. Nosotros, como Mancomunidad de Comunidades Indígenas y la CONTIOCAP hemos pedido que eso se pueda ir ampliando, es decir, no solamente a las personas, sino que también se hagan estudios en peces, en sedimentos, en agua, incluso habíamos pedido que se pueda hacer también estudios en plantas para ver cuál es el nivel de contaminación en la flora que es circundante o ribereña porque los indígenas utilizamos las playas para poder producir algunos alimentos. Para nosotros es muy importante saber qué es lo que está pasando en cuanto a contaminación en nuestros territorios.
También hemos pedido una investigación mucho más profunda a la Universidad de Cartagena de Colombia porque lo que revelaron sus estudios fue que los más dañados o los que están siendo más impactados por la actividad minera y la contaminación con metales pesados, sobre todo con mercurio, son las mujeres, los niños, las niñas y los ancianos. La Universidad de Cartagena realizó un estudio en las mujeres en etapa de gestación, este estudio ya se hizo en sangre, y ese estudio reveló que, de cada diez mujeres indígenas, nueve están altamente contaminadas. Ese es el último estudio que conocemos, son estudios que todavía no han sido del todo publicados, esperamos que pronto tanto el CEDIB como la Universidad de Cartagena de Colombia, en alianza con la Universidad Mayor de San Andrés, hagan estos estudios públicos.
También señalamos como responsable a la minería legal, que dicen ser más o menos el 15 % de todas las cooperativas o los actores mineros con documentos en regla.
—Con respecto a aquellos años en que comenzaron los estudios ¿la situación está igual o empeoró?
—Durante la pandemia, es decir todo 2020, los actores mineros han tomado ventaja para abarcar nuevas áreas, nuevos sitios. La minería ilegal prácticamente ingresó al Parque Nacional Madidi, que es un área protegida. Si bien el epicentro de la minería ilegal han sido los municipios de Guanay, Mapiri y Teoponte, durante la pandemia se han expandido hacia el municipio de Apolo. Allá había una minería artesanal incipiente, pero en ese periodo de la pandemia, de manera silenciosa, han empezado a expandirse muy rápidamente hacia la parte alta de la cuenca del río Tuichi y para 2021 prácticamente el río Tuichi empieza a presentar aguas turbias. Desde entonces, este río ya prácticamente no aclara sus aguas, están permanentemente grises, turbias y eso es un indicador de que la minería ilegal tiene presencia al interior del Parque Nacional Madidi.
—¿Cómo afectó la minería al Madidi?
—Los estudios y las investigaciones que se han hecho al respecto en algunos medios revelan que al menos habrían alrededor de 30 operaciones mineras que están funcionando al interior del Madidi. Probablemente sean un poco más, porque estos estudios han sido dados a conocer en 2024 y 2025, y este 2026 es muy probable que esa cifra esté aumentando. La minería no se ha detenido y sigue creciendo año tras año, sin importar qué gobierno esté al mando. Advertimos que la minería ilegal, sobre todo, empezó a crecer a partir de la aprobación de la Ley Minera que data de mayo de 2014, en el periodo de Evo Morales. Luego, en la pandemia, con el gobierno transitorio [de Jeanine Áñez].
El Madidi no es la única área protegida que ha sido alcanzada por estas actividades, son muchas áreas protegidas de carácter nacional y también de carácter subnacional que han sido penetradas o invadidas por la minería ilegal del oro.
Entonces, por ejemplo, ya en 2023 tuvimos en la Amazonía, en el norte del departamento de La Paz y parte de Beni, los incendios forestales de gran magnitud. Esos incendios forestales de gran magnitud fueron aprovechados también por los mineros, sobre todo los cooperativistas mineros, para seguir expandiéndose a nuevas áreas. Ahí es donde ya se hace evidente la minería en el municipio de Ixiamas.
Después de los incendios de 2023, se expandió en el municipio de Ixiamas, en el río Tequeje, en el cual hasta la fecha la minería no ha cesado. Se sabe que la AJAM [Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera] ha estado haciendo algunas operaciones, creo que han estado con ayuda de las Fuerzas Armadas, sobre todo de la Armada, han estado haciendo visitas a estas áreas e interviniendo estas actividades ilegales que están llevando a cabo los actores mineros, sobre todo los cooperativistas.
Si vemos la cuenca baja del río Beni, en el sector de Riberalta y la cuenca del río Madre de Dios, que viene desde Perú y atraviesa nuestro territorio, vemos bastante presencia de mineros, sobre todo cooperativistas. Allá el sistema de extracción del oro aluvial es a través de las balsas, que son muy parecidas a las dragas. En realidad, son también dragas, pero los denominan balsas. Entonces, hay una cantidad impresionante de estas balsas que están trabajando en el Madre de Dios y en la cuenca baja del río Beni, en el municipio de Riberalta, de Guayaramerín, que ha ido aumentando en los últimos años. Estamos hablando que a partir de 2023 y a la fecha hay un número bastante preocupante. De hecho, hace pocos días han estado interviniendo en el río Orthon, igual donde hay presencias de actores mineros, estos cooperativistas, que encubren pues a grandes capitales.
Eso es algo que también hemos ido denunciando nosotros desde la CONTIOCAP, desde la Mancomunidad de Comunidades Indígenas: estos cooperativistas mineros lo que hacen es prácticamente encubrir grandes intereses económicos; es decir, capitales transnacionales, chinos, colombianos y de otras nacionalidades.
—¿Se puede parar la minería ilegal?
—Es una situación bastante compleja y bastante difícil de enfrentar porque no es un interés pequeño. Esta situación del extractivismo minero es prácticamente de gran magnitud y está ocurriendo en toda Sudamérica y particularmente en la cuenca del Amazonas, y ya vemos los niveles de violencia que está ejerciendo esta actividad en Brasil, en Colombia, en Venezuela, en Perú, donde las desapariciones o asesinatos a líderes, lideresas o defensores o defensoras indígenas se da de manera muy frecuente.
Entonces, desde esa perspectiva, la minería que estamos presenciando en nuestros respectivos países está conectada, está vinculada a negocios ilícitos como el narcotráfico, la trata y tráfico de personas. En los municipios que son el epicentro de la minería del oro en nuestro país, Guanay, Tipuani y Teoponte, se demostró que esta actividad está conectada a este tipo de negocios ilícitos, sobre todo la prostitución infantil. Entonces, no es tan sencillo enfrentarse.
—Como líderes indígenas, ¿tuvieron algún riesgo o enfrentamiento con los mineros?
—Ellos tienen mucho poder político y económico, es muy difícil luchar contra ellos. Se han incrustado prácticamente en las instituciones estratégicas del Estado Muchas instituciones, prácticamente, están bajo el control de estos actores económicos, en este caso actores mineros, que dado a su poder económico han copado espacios de poder político. Tienen representantes, tienen diputados, tienen senadores, tendrán también personas que están muy cercanos al primer mandatario de nuestro país, sin importar si es de derecha, de centro o de izquierda, o sea, estas actividades tienen mucho poder y no es sencillo que se pueda frenar.
Lo único que puede ocurrir es que la sociedad civil se organice, es lo único que puede frenar o detener esta avalancha de violencia y de saqueo de nuestros recursos naturales. Eso, obviamente, no es una tarea sencilla porque organizar a la sociedad civil, cohesionar en una protesta, en una manifestación, no es muy fácil, porque también estos actores económicos lo que han hecho es, dado la situación de crisis económica que vivimos, cooptar a muchas personas también en los territorios indígenas, en los municipios, en estas pequeñas organizaciones.
Hemos escuchado el cansancio de la gente o los abusos que ya son muy visibles y una muestra de ello es lo que ha ocurrido en La Asunta [municipio del departamento de La Paz], donde la gente de base se ha organizado en asambleas o en cabildos y han determinado ellos de manera directa intervenir estas acciones ilegales que están llevando a cabo ciudadanos extranjeros, pero también ciudadanos bolivianos.
Creo que es por ahí por donde surge una pequeña esperanza de que se puede al menos controlar o frenar, repito, esta avalancha de ataques, de violencia, de avasallamiento que están sufriendo nuestros ríos, los cuerpos de agua, las áreas protegidas, los territorios indígenas.
—Aparte de la minería, ¿hay otras amenazas existen en estas zonas?
—La minería es sólo la punta del iceberg, pero sin duda hay otros intereses económicos también, quizás aún mucho más grandes, por ejemplo, el agronegocio, que tiene su epicentro en el departamento de Santa Cruz, que tiene que ver sobre con los monocultivos de soja, caña, sorgo, maíz y otros monocultivos.
Este agronegocio cada vez se está expandiendo más a otros departamentos. En el caso de Beni, estos intereses han logrado modificar el Plan de Uso de Suelos del Beni. Esta situación empieza a presentar problemas muy grandes, sobre todo desde 2019, cuando se hacen evidentes los incendios forestales en nuestro país, como consecuencia de la aprobación de un conjunto de normas. El pueblo boliviano o la sociedad civil ha acuñado a este conjunto de normas como las responsables del daño que hemos venido sufriendo.
—Este paquete de normas, llamadas incendiarias, sigue activo. ¿Son las herramientas culpables de los incendios?
—Sí, es este paquete de normas incendiarias que está haciendo que año tras año en Bolivia se vaya perdiendo extensiones significativas de bosques y pastizales, y con ello vayamos perdiendo gran parte de nuestra biodiversidad y poniendo en alto riesgo la vida de los pueblos indígenas, porque prácticamente nos están arrebatando nuestros medios tradicionales de subsistencia. Entonces, el agronegocio tiene que ver con estos monocultivos, pero también muy conectado a la ganadería, otro de los grandes responsables del problema ambiental o de la crisis climática que estamos sufriendo en Bolivia, pero también tenemos que añadir otros intereses.
—¿Cómo cuáles?
—Por ejemplo, el tema hidrocarburífero. El sur de nuestro país, sobre todo la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía está prácticamente asediada por empresas petroleras, como es el caso de Petrobras y Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos [YPFB], que han estado, pese a la resistencia de comunidades campesinas, ingresando a una de las áreas protegidas. Eso pone en alto riesgo la seguridad de las demás áreas protegidas de carácter nacional porque estaría generando un mal precedente. Si estos intereses económicos, en este caso hidrocarburífero, logran su cometido de entrar en un área protegida, como es el caso de la reserva Tariquía, pues podrían hacer lo mismo con las demás áreas protegidas.
Por eso la importancia de ver con mucho cuidado qué es lo que está ocurriendo al interior de áreas protegidas y territorios indígenas. De hecho, también es importante decir que desde el periodo de Evo Morales hay 100 áreas petroleras en subasta en nuestro país, y muchas de esas áreas petroleras en subasta están al interior de áreas protegidas y de territorios indígenas, pero además están en sitios que son altamente frágiles. En algunos casos son humedales o sitios Ramsar los que también alcanzan estos grandes intereses.
Esto pone en riesgo también a los territorios ancestrales de pueblos indígenas. Es el caso, por ejemplo, de lo que ya ocurrió en el territorio Tacana II, en el Madre de Dios, donde una empresa china ha hecho prospección petrolera y los trabajadores de esta empresa han dado a conocer que dieron con indicios de pueblos no contactados [se refiere al pueblo Toromona]. Entonces, esa situación ha quedado en simples denuncias, pero no prosperó, y bueno, desde ahí surge la preocupación de que esto puede seguir siendo un gran problema.
*Imagen principal: Alex Villca en un río de la Amazonía boliviana. Foto: cortesía Alex Villca
Créditos
