- Fátima Monasterio es abogada e investigadora de Fundación Solón, una organización boliviana que busca contribuir al desarrollo cultural, económico, social y ambiental frente al cambio climático, deforestación, minería, ciudades, transición energética, agua, pueblos indígenas, biodiversidad y otras materias.
- En diálogo con Mongabay Latam, Monasterio analiza la actualidad de Bolivia bajo el gobierno de Rodrigo Paz y la crisis que atraviesa el país, en especial, en cuanto a la relación política entre el Ejecutivo y los pueblos indígenas.
- Repasa la relación entre propiedad de la tierra y cambio climático, los incendios y la deforestación, y asegura que en su país existe una arquitectura de la expansión del agronegocio que está avanzando sobre la Amazonía y otros ecosistemas clave.
- Además, explica por qué la minería se ha convertido en la amenaza central para los habitantes indígenas de estas regiones y cómo trabaja desde la organización para fomentar la “resistencia indígena”.
Cuando se le pide a la abogada e investigadora Fátima Monasterio que elija una experiencia que marcó su trabajo con pueblos indígenas frente al impacto ambiental de la minería en Bolivia no duda: “Palos Blancos y Alto Beni, con el pueblo mosetén pero también con muchos campesinos alrededor”. “Me ha permitido reconciliarme con la idea de lo campesino en Bolivia y encontrarme con gente que trabaja la tierra”, le dice a Mongabay Latam.
El conflicto comenzó en 2017, cuando los habitantes de los municipios de Alto Beni y Palos Blancos, en el departamento de La Paz, se anoticiaron de que operadores mineros habían ingresado a los territorios que habitaban en la cuenca del río Beni, en la Amazonía boliviana. Entonces, decidieron poner freno a los intereses de las cooperativas mineras que buscaban extraer oro del río y detener cualquier intento de explotar la zona.
Desde entonces, Palos Blancos y Alto Beni han logrado que se aprueben leyes municipales y departamentales para que se frene la actividad minera en sus localidades. Estas comunidades campesinas e indígenas se dedican al cultivo de cacao, banano, cítricos y otros productos bajo sistemas agroforestales.
“La gente me decía: ‘No se preocupe si se pierde esa acción popular, igual, aquí no entran porque aquí estamos organizados’. Así te das cuenta de que realmente el derecho o el acompañamiento, el asesoramiento [jurídico] suma y aporta, pero es accesorio a una lucha que se da en el territorio, poniendo el cuerpo y teniendo una alternativa económica”. Es el tipo de casos que mantienen la esperanza en Monasterio, asegura.
—Dijo que este caso la reconcilió con lo campesino. ¿A qué se refiere?
—Vivo en Santa Cruz, pero casi todos mis años de trabajo han sido en el Beni -departamento cerca de La Paz-. En toda esta parte del Oriente, el intercultural [población no indígena de la zona] ha sido sinónimo de avasallador de los pueblos indígenas, de los territorios, un avasallador que, a nombre de ser campesino, no vivía ahí, se hacía dotar de tierra y la alquilaba, la traficaba y generaba una serie de conflictos. Pero este caso me ha hecho pensar que en realidad el campesino es el sujeto verdaderamente olvidado del proceso de cambio. Cuando veo campesinos como los del norte de La Paz me reconcilio un poco con esa figura.
—Estudió la relación entre la propiedad de la tierra en Bolivia y el cambio climático. ¿Cómo es esa relación?
—En el caso boliviano, los tres documentos que existen de Contribuciones Nacionalmente Determinadas [NDC, por sus siglas en inglés y en referencia a los planes del gobierno boliviano para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero frente al cambio climático] definen al cambio de uso de suelo y a la deforestación como la principal causa de emisiones de gases de efecto invernadero en Bolivia.
Si bien a nivel global la crisis climática tiene otras causas, en el caso boliviano el uso de la tierra es el que define su situación climática. Ese uso de la tierra está directamente relacionado con quién es el propietario de la tierra y de qué manera el Estado ejerce o no su obligación de control sobre el uso que tiene la tierra en manos de quien tiene la propiedad.
—¿Esos diferentes usos tienen que ver sobre todo con la extensión de la frontera agropecuaria en el país?
—Totalmente. Está directamente relacionada y esto no lo digo yo ni las personas que estamos vinculadas a temas ambientales o de pueblos indígenas, sino que los mismos informes oficiales de la autoridad de Bosques y Tierras demuestran que en el último tiempo esta es la causa de la deforestación de las tierras que inicialmente son bosques y luego son convertidas a pasturas para la ganadería o para el monocultivo, principalmente de soja, en el oriente boliviano.
—Bolivia ha sufrido temporadas arrasadoras de incendios y es el segundo país con mayor pérdida de bosque tropical del mundo. ¿Qué decisiones políticas se han tomado frente a este escenario?
—Ciertamente la promoción de esta ampliación de la frontera agropecuaria en Bolivia no es reciente, no es del gobierno de Paz exclusivamente. Se ha sostenido desde los distintos gobiernos que ha tenido el Movimiento al Socialismo (MAS) e incluso generando toda una estructura normativa e institucional que promueve ese cambio, como las llamadas leyes incendiarias que fueron muy conocidas en 2019 con aquellos grandes primeros incendios.
Sin embargo, el de Paz es un gobierno extraño porque no se termina de reconocer cuáles grupos empresariales son los que sostienen o los que tienen mayor fidelidad con el Gobierno. En lo que hemos visto hasta ahora hay muchas idas y vueltas, muchas crisis de gobernabilidad, momentos de mucha tensión social en la que los representantes públicos de estos intereses empresariales, ligados a los bosques o a la soja, o a la minería, o a la construcción se han ido acercando y alejando.
Al mismo tiempo, la presencia de un ministro como [Oscar] Mario Justiniano [ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua] evidencia el acercamiento que ha tenido el empresariado sobre todo de la agroindustria, de la industria forestal y de todos estos negocios alrededor de la tierra.
Con [los expresidentes] Evo Morales y Luis Arce estos grupos nunca estuvieron lejos del poder realmente. Sin embargo ahora están dentro de la estructura gubernamental y no solo inciden en la toma de decisiones, sino que son sus representantes máximos, son quienes toman las decisiones.
Creo que lo que se está viendo es una arquitectura de expansión del agronegocio que combina actualmente tierra barata, capital extranjero, principalmente brasilero, un impulso a la infraestructura y sobre todo un intento sostenido desde el inicio del gobierno de Rodrigo Paz de establecer una nueva normativa de inversión que proteja justamente al inversor y que le dé seguridad jurídica a esa inversión a costa de lo que sea y de los bolivianos.
—Paz está llevando adelante una cumbre minera para renovar el Código Minero que rige la legalidad de esta actividad tan poderosa en Bolivia. Usted está trabajando con pueblos indígenas frente a los impactos ambientales de la minería. ¿Qué políticas de Paz están incidiendo en esa relación?
—En el tema minero está pasando algo peligroso e invisible en la arena pública, más allá de la cumbre minera. En los últimos dos meses, se está dando una serie de reforma a través de resoluciones ministeriales, a través de resoluciones administrativas que son francamente inconstitucionales. El Gobierno sabe que no tiene peso partidario y político suficiente como para impulsar cambios normativos a nivel de la Asamblea Legislativa. Entonces están metiéndole a estos cambios a través de resoluciones ministeriales.
Por ejemplo, hay una resolución ministerial que se negoció en los días de grandes tensiones alrededor del paro [de mayo último] y es una resolución que flexibiliza, se está tratando de agilizar la formalización del minero ilegal en nuestra Amazonía, donde está principalmente el interés aurífero. Este interés está movilizando estos cambios bajo este discurso de seguridad jurídica, pero para desburocratizar los procesos administrativos está dejando de lado el ambiente y habilitando la destrucción masiva de la Amazonía sin ningún tipo de control.
Hay muchas cosas que no se han logrado legalizar en los últimos años porque son francamente ilegales y que ahora a través de estas flexibilizaciones están intentando blanquear. Esto es grave porque además afecta principalmente a áreas protegidas. Recientemente han vuelto a reactivar la posibilidad de tramitar solicitudes mineras dentro de áreas protegidas, que era una lucha que hace ya por lo menos unos siete años estaba bastante cerrada. Son resoluciones abiertamente inconstitucionales.
—Representantes empresarios del agronegocio, como explicó, están ocupando cargos clave en el Gobierno. ¿Qué pasa con los mineros? ¿Cómo llegan al Gobierno? ¿Qué influencia tiene este poderoso sector?
—Es complejo porque no es un sector tan homogéneo. Si uno analiza sistemáticamente este giro en la política pública minera, nos damos cuenta de que el beneficiario no es el cooperativista minero, es el empresario. Pero no en un sentido de grandes transnacionales como Glencore, sino empresarios medianos y grandes. Es un giro hacia una minería empresarial.
La cumbre minera para la reforma del Código Minero también ha tenido bastante cambio porque el Gobierno no tiene tanto alcance. La minería es hoy el principal problema que tienen los pueblos indígenas en las tierras bajas, la Amazonía, el Chaco, la Chiquitania. Yo me animaría a decir que incluso más que los incendios porque es una cuestión permanente. Es el principal foco de conflicto y tensión
—¿Cómo se materializan para los pueblos indígenas estas amenazas de la minería?
—Trabajo justamente acompañando a pueblos indígenas de la Amazonía en temas de resistencia minera y esta actividad está directamente relacionada a la afectación a la seguridad y soberanía alimentaria, incluso en pueblos que viven a kilómetros de distancia de los lugares donde se está realizando la minería, pero que reciben la contaminación [por mercurio, princialmente]. También afecta la forma en la que está determinada la consulta en materia minera: está siendo absolutamente inconstitucional, vulnera cualquier tipo de estándar establecido para este derecho. Entonces es muy violenta la forma en la que ingresa el operador minero, que en casi el 80 % de los casos, lo ha dicho recientemente el Gobierno, es ilegal.
Y es ilegal porque en muchos casos cuando el operador minero inicia su trámite, con el solo hecho de meter un primer papel ya piensa que puede operar y hay una nula capacidad del Estado en hacer un control si no es a través de una presión judicial. Una presión policial y de las fuerzas del orden es nula en capacidad. Los pueblos indígenas los ven como avasallamientos, que implican que terceros están dentro de su territorio, lo destruyen, cambian las dinámicas de convivencia comunitaria, van transformando de a poco también las propias lógicas de uso del territorio.
Lo más complejo es que empieza a haber una incompatibilidad entre la forma de vida indígena y la minería. Son profundamente incompatibles, el habitante indígena deja de hacer su chaco porque termina encontrando incluso en la posibilidad de lavar oro una actividad mucho más atrayente en cuanto a renta económica. Y así se van convirtiendo los territorios indígenas amazónicos en territorios mineros.
El escenario no es tan violento como en Perú, en Colombia, incluso en Ecuador, pero sí es claro el cambio de las dinámicas económicas, productivas y sociales que genera el ingreso de la minería.
—¿Cuando habla de soberanía alimentaria afectada por la minería se refiere a la contaminación por mercurio que afecta la pesca y por lo tanto una fuente central de alimento?
—Sí, principalmente, pero también en la Amazonia boliviana varios pueblos indígenas son agricultores y en el caso, por ejemplo, de Palos Blancos y Alto Beni, su amenaza no está tanto relacionada al pescado, sino al producto agroecológico que sostiene su economía: son municipios indígenas y campesinos. Lo mismo está pasando por ejemplo en Rurrenabaque [Beni] y San Buenaventura [La Paz], que son los municipios que contienen al [Parque Nacional] Madidi, municipios ecoturísticos, donde viven muchos pueblos indígenas.
—¿Cómo es trabajar con esa resistencia indígena frente a la minería?
—Es súper lindo porque es muy creativo. Por lo menos, en el norte de La Paz, que es mi radio de acción y acompañamiento, hay un uso muy creativo y organizado de la autogestión de la resistencia de facto con el uso del derecho en términos muy creativos. Hay un monitoreo y un control territorial en estos territorios y municipios que están resistiendo el avance y están supliendo la ausencia estatal. Están promoviendo, por ejemplo, sus leyes, sus leyes municipales, sus resoluciones de territorios libres de minería, están metiendo acciones legales, populares, constitucionales para tratar de hacer valer esa decisión de “no queremos minería en nuestro territorio, no queremos minería en nuestro municipio”. Y ahí están, en esa pelea con el Estado.
—¿Cómo reacciona la estructura estatal en sus distintos poderes frente a esta resistencia?
—Depende. El Gobierno tiene sus partes más duras y más firmes en cuanto a sus decisiones. Y tiene también operadores que promueven el acercamiento, que generan esta sensación de participación que no termina de ser realmente un derecho a la participación, un derecho a la consulta. Y lo hace como lo han hecho anteriores gobiernos, acercándose principalmente a cabezas dirigenciales que en muchos casos no tienen directa relación con lo que sucede en los territorios.
También importa qué hacen las instituciones llamadas a controlar las decisiones del Ejecutivo. Y ahí vemos una señal preocupante en el Tribunal Agroambiental, que en los últimos años ha construido una jurisprudencia muy importante de protección preventiva, por ejemplo, frente a los incendios o la protección del jaguar. Sin embargo, en un reciente auto ambiental, el Tribunal dejó sin efecto una decisión anterior que había admitido una acción preventiva y había exhortado al Ejecutivo a respetar las salvaguardas ambientales y el principio de no regresión en sus futuras políticas y normas. Todavía no podemos hablar de un cambio definitivo, pero sí de una señal de repliegue en un espacio que hasta ahora había funcionado como un contrapeso importante frente a decisiones estatales que afectan territorios y naturaleza.
—El contexto parece cada vez más difícil para esa resistencia…
—Sí, es cada vez peor y cada vez más macabro en el sentido de que uno esperaba que un gobierno de derecha suba e intente cambiar de frente la Constitución, y en realidad lo están haciendo de maneras tan sutiles, con resoluciones administrativas que se conocen tres meses después de emitidas, que no se publican, que se empiezan a aplicar sin que se cuezan. Es muy oscuro.
-Actualmente, el Gobierno, siguiendo pasos que se dieron en el de Arce, está intentando instalar el mercado de carbonos en Bolivia. ¿Cree que el país está preparado?
—Es complejo por la expectativa que ha generado en un país en el que no hay divisas, hay una creciente crisis económica. Todo el mundo cree que va a salir de la crisis por los mercados de carbono, incluyendo los propios pueblos indígenas, en los que también se ha generado esa expectativa, y ahí creo que el incentivo es bien irresponsable de parte del anterior gobierno y de este porque se impulsa al mercado de carbono como de financiamiento rápido. El problema ya no es solo ético, por mercantilizar la naturaleza, que no era la política de Bolivia, sino que Bolivia está entrando a un campo muy especulativo y desigual, con enormes asimetrías de información, donde son los pueblos indígenas, las comunidades, quienes suelen negociar desde la desventaja frente a estos grandes operadores, desarrolladores, consultores privados.
Ahí es donde creo que es muy peligroso. En el debate público hay tres proyectos de ley. En realidad versan solamente en cuanto a su alcance del control estatal o el menor control estatal, pero cada uno sigue un camino que no está tomando en cuenta a los pueblos indígenas. El debate debería ser quién controla ese mercado, quién es dueño o quién puede decir sí o no. Y de esa discusión no están participando los pueblos indígenas. Y no solo porque no se están generando estos espacios de consulta o de socialización, sino porque realmente es un tema que no se comprende ni se lo hace comprender, pero está avanzando esa discusión. De hecho, sin tener todavía ley, ya sucede y sucede en ese campo oscuro de lo especulativo.
*Imagen principal: la abogada e investigadora Fátima Monasterio trabaja con pueblos indígenas de la Amazonía boliviana. Foto: cortesía Darío Cuellar Arellano a través de F. Monasterio
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