- Un análisis geoespacial de Mongabay Latam identificó 65 derechos mineros superpuestos a la propuesta de Área de Conservación Regional Rontoccocha.
- Desde que inició el proceso en 2023, se presentaron 57 nuevas solicitudes mineras sobre el territorio, de las cuales 22 ya fueron otorgadas como concesiones tituladas.
- El área que se quiere conservar alberga 138 especies de fauna y 154 de flora, incluidas especies amenazadas como el gato andino (Leopardus jacobita) y el cóndor andino (Vultur gryphus).
- La iniciativa busca proteger ecosistemas altoandinos estratégicos para el abastecimiento de agua para más de 70 000 personas.
Cuando Santosa Ayma Cáceres piensa en el distrito de Lambrama, en Apurímac, lo describe como un lugar con una geografía como de papel arrugado. “Tiene su quebrada y valles altoandinos, que cuenta con muchos recursos naturales como el cóndor, la vizcacha, el puma, infinidad de animales”, cuenta la dirigente de la comunidad de Santa Isabel de Caype.
Su comunidad, junto a otras diez de los distritos de Lambrama, Abancay y Curahuasi forman parte del proyecto de creación de la primera área de conservación regional de Apurímac, alrededor de la laguna de Rontoccocha. Desde 2023, el Gobierno Regional (GORE) de Apurímac, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y las comunidades locales, iniciaron este proceso que busca proteger 138 especies de fauna, 154 de flora y diversos recursos hídricos. Sin embargo, en ese mismo territorio hay intereses mineros.
Un análisis geoespacial realizado por Mongabay Latam encontró que de las 37 829 hectáreas propuestas para el ACR Rontoccocha, el 86.9 % se superpone con títulos mineros otorgados y en trámite. En total, existen 65 derechos mineros sobre el territorio entre derechos ya titulados (32) y en trámite (33). Para este análisis se usó el catastro minero del Ingemmet, con corte al 26 de agosto de 2026.
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El hallazgo evidencia una carrera desigual. La creación de un área de conservación regional puede tomar varios años y requiere estudios técnicos, procesos de socialización, consulta previa y la aprobación final mediante un decreto supremo. Los derechos mineros se otorgan tras la presentación de un petitorio, la evaluación de requisitos técnicos y legales, la verificación de que el área solicitada esté disponible, la publicación de la solicitud y el pago de los derechos. Trámites que, por lo general, toman menos tiempo.
El futuro de Rontoccocha aún no está definido. Sólo las 33 solicitudes que siguen pendientes de evaluación se superponen a alrededor del 51 % del área propuesta para conservación.
“Ahorita es una lucha contra el tiempo. Debemos avanzar y lograr que se establezca [el ACR Rontoccocha] antes de la titulación de todas estas concesiones”, resalta Pamela Ccarhuarupay, especialista social de Conservación Amazónica ACCA, organización que acompaña en el proceso del área de conservación con soporte técnico y financiero.
Ante este escenario, entre abril y mayo de 2025, las autoridades regionales alertaron al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) que las solicitudes mineras ingresadas —incluso 23 en un solo día— se superponen con un territorio que está a la espera de su reconocimiento oficial como área protegida. Además, como parte del proceso de creación, notificaron a los titulares de los derechos mineros preexistentes sobre la iniciativa. Sin embargo, el interés fue escaso.
“No hemos tenido ninguna respuesta. Creo que hubo una concesión que sí respondió, pero solo para informarse y no hubo mayor interés por conocer más”, cuenta Xiomara Iruri, especialista en Áreas de Conservación Regional de la Gerencia de Recursos Naturales del GORE Apurímac.
En paralelo, las comunidades Atumpata, Puruchaca Alta, Marjuni, Kishuara, Payancca, Lahuañe, Santa Isabel de Caype, Chua y Asmayacu, que forman parte de la propuesta, presentaron su oposición formal ante el Ingemmet por los nuevos petitorios mineros y algunos ya existentes.
Ccarhuarupay explica que este es el único mecanismo que tienen para cuestionar estas solicitudes ante la entidad. “Pero la petición ha sido desestimada sin siquiera haber hecho una inspección de campo o alguna otra consulta”, añade Iruri.
El caso de Rontoccocha expone una tensión en la gobernanza territorial de Perú. “Nos preocupa qué va a quedar para nuestros hijos y nietos. Por eso queremos que nuestro proyecto del ACR Rontoccocha avance, se analice y tenga mayor presupuesto”, destaca Ayma Cáceres.
Presión minera creciente
En 2009, un estudio elaborado por el Ingemmet informó sobre la existencia de un potencial cinturón de rocas en Apurímac y Cusco, denominado Faja Andahuaylas-Yauri. El documento señala que la zona alberga posibles depósitos de cobre, oro y molibdeno, y expone el creciente interés por este territorio que desde hace más de dos años se intenta proteger.
En diciembre de 2023, el GORE Apurímac inició el proceso de creación del ACR Rontoccocha. En ese entonces, ya había diez concesiones mineras tituladas que se superponían a la propuesta de área protegida y abarcaban el 9.2 % de su superficie. Pero el interés minero no se quedó allí: mientras el proceso de creación del ACR avanzaba, también lo hacían las solicitudes mineras.
Entre 2024 y agosto de 2026 se presentaron 57 nuevas solicitudes mineras sobre el área. De ellas, 22 ya fueron entregadas a 14 titulares y 33 siguen en trámite. Otras dos se extinguieron en el camino. Con las nuevas titulaciones, la superficie concesionada dentro del ACR pasó del 9.2 % al 37 %.
Además, las 33 que están en trámite se superponen al 51 % del área propuesta, por lo que, de aprobarse, el 88 % de la futura área protegida ya estaría destinada a la minería.
Las 22 concesiones otorgadas en los últimos años se concedieron en paralelo al avance del proceso de creación del ACR: ocho entre 2024 y 2025, durante las etapas 1 y 2 del trámite ambiental; y otras 14 en la primera mitad de 2026, cuando el ACR llegó a la etapa 3, es decir, cuando se comprueba la viabilidad financiera ante el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), previo a la consulta previa.
César Ipenza, abogado ambiental del Observatorio de Minería Ilegal, explica que no existe una obligación legal que inste al Ingemmet a considerar una propuesta de creación de áreas protegidas antes de otorgar un título minero.
El especialista explica que solo se pide la opinión de Sernanp cuando el petitorio minero se superpone con un área protegida o un área de amortiguamiento ya establecida pero, en el caso de Rontoccocha, el área protegida aún no se ha creado.
Si bien la presentación de un petitorio minero y su aprobación no implica el inicio de actividades en la zona, evidencian el interés sobre los recursos naturales y limita el establecimiento del ACR.
“Sernanp es muy cuidadoso con ese tema. Cuando identifica la presencia de derechos mineros cuesta un poco más sustentar [la creación del área protegida] porque necesitas el consentimiento de los titulares. De no tenerlo, la zona debería ser excluida de la ACR. El peligro es que aprobando las solicitudes en trámite, el área a proteger básicamente se reduce a unas tres hectáreas”, explica Ccarhuarupay.
Consultado por Mongabay Latam, el Sernanp confirmó que no existe una figura de protección legal para un área protegida que se encuentra en proceso de creación. No obstante, indicó que existen mecanismos para resguardar los objetivos de conservación, como la identificación de sitios prioritarios de conservación y la zonificación ecológica económica.
“Aunque el área aún no cuenta con una categoría de protección definitiva, el proceso en curso permite visibilizar su importancia ecológica, económica y social”, señaló la entidad.
Comunidades en defensa de su territorio
“La contaminación va a ser fuerte. El agua es fundamental para nosotros. Sin agua no puedo vivir, es mi vida y daría también mi vida por el agua si algo pudiera pasar”, señala Ayma Cáceres al compartir su preocupación por el posible avance de la minería en Rontoccocha.
Esta zona juega un papel clave en el abastecimiento de agua, ya que aporta cerca del 30 % del recurso para Abancay, la capital de la región de Apurímac, y sus comunidades aledañas. “Rontoccocha es una laguna grande, es una madre que nos está alimentando a la ciudad de Abancay. Así como ella, hay otras madres adyacentes”, cuenta Cáceres.
En el área se han identificado 109 lagunas, 69 bofedales y bosques nativos de queñua (Polylepis spp.) y unca (Myrcianthes oreophila), dos especies de árboles andinos adaptadas a condiciones extremas de altura. “La población está expectante porque son áreas de importancia hídrica y requieren un sustento legal”, resalta Iruri.
Esta riqueza hídrica coincide con el creciente interés minero en la zona. “De desaparecer estas lagunas o de sufrir algún daño va a haber una afectación directa al recurso hídrico. Es más, si se inicia la explotación minera se va a generar contaminación y a reducir la cantidad de agua que van a tener hacia la zona baja, que ya es escasa. Además, se alteraría el ecosistema donde habitan especies de flora y fauna”, explica Ccarhuarupay.
Por su parte, Ipenza señala que aunque está prohibida la actividad minera en ecosistemas acuáticos, se han seguido otorgando concesiones. “Lamentablemente el Ingemmet se respalda en que el país está partido en cuadrículas y que nuevamente se puede otorgar sin que necesariamente vaya a desarrollarse la actividad en esa zona. Lo mismo están haciendo en la Amazonía”.
Por esto, algunas comunidades han expresado públicamente su preocupación por el avance de los derechos mineros sobre el territorio. Una de ellas es la comunidad campesina de Chua, que en mayo de 2025 presentó ante el Ingemmet una oposición formal a ocho concesiones mineras tituladas y seis en trámite superpuestas a la propuesta de área protegida.
En el recurso de oposición, firmado por su presidente, Raymundo Arteaga Yupanqui, la comunidad advirtió que los petitorios mineros abarcan 9100 hectáreas y afectan tanto a su territorio como a la iniciativa de conservación. “No son compatibles con el objetivo de la propuesta del ACR de conservar y proteger los recursos hídricos”, señala el documento. Sin embargo, no obtuvieron respuesta a su comunicación.
Carrera contra el tiempo
La rapidez en la aprobación de concesiones mineras contrasta con los tiempos que enfrenta la conservación de la naturaleza en Perú. Al revisar las fechas de solicitudes mineras y sus fechas de aprobación, se evidencia que el proceso tomó, en promedio, siete meses. Diecisiete de las 22 nuevas concesiones fueron otorgadas en 10 meses o menos y ninguna superó más del año. Esto contrasta con los más de dos años que lleva el proceso de creación de la ACR Rontoccocha.
De acuerdo con los especialistas consultados esto se debe a que el trámite minero avanza con menos filtros y coordinaciones entre sectores del Estado que los procesos de conservación.
Mientras las áreas de conservación deben sustentar técnicamente sus valores ambientales y obtener opiniones de distintas entidades, el otorgamiento de concesiones mineras sigue un procedimiento administrativo que no exige una evaluación integral previa de ecosistemas frágiles, fuentes de agua, patrimonio cultural u otros elementos presentes en el territorio. “Prácticamente es un procedimiento que en un año puede ya estar titulado”, precisa Ipenza.
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El experto en derecho ambiental señala que una de las alternativas para hacer frente a este desequilibrio entre los procesos es mejorar el marco jurídico para que se genere una medida cautelar que evite cualquier otorgamiento de derechos mineros mientras dure el proceso de establecimiento de un área protegida. Pero, hasta el momento, no existe algo similar en Perú.
Por ahora, el GORE Apurímac avanzó con el último paso del proceso de creación de la ACR: la consulta previa con las 11 comunidades indígenas que viven en la zona, que tomará aproximadamente de seis a ocho meses. Luego, deberán esperar la publicación de un Decreto Supremo que anuncie la creación del área y que depende de la aprobación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
La principal preocupación es que en ese periodo se sigan otorgando concesiones, pues eso implicaría reducir aún más el área que se propone conservar.
“Si estas concesiones [las 33 que faltan] se titulan durante este tiempo, se convierten en ‘derechos preexistentes’. Esto obligaría al Gobierno Regional a entablar nuevos diálogos con los titulares para obtener su consentimiento o, de lo contrario, recortar esas áreas de la propuesta de la ACR”, resalta Ccarhuarupay.
Mongabay Latam solicitó las declaraciones de Ingemmet sobre las razones por las que se han seguido otorgando concesiones mineras sobre un territorio que está en proceso de conservación, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta.
*Imagen principal: el 86.9 % de la propuesta de Área de Conservación Regional Rontoccocha se superpone con derechos mineros, lo que amenaza su proceso de creación. Foto: cortesía de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)/Diego Pérez
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