- Mientras comienzan los impactos de El Niño 2026-27, casi una década después del Niño Costero que afectó a Perú, el Estado de ese país aún no concluye los expedientes técnicos de 16 de los 17 proyectos de infraestructura natural que se propusieron para evitar nuevos desastres.
- Estos proyectos forman parte de una estrategia basada en ecosistemas, que busca reducir la vulnerabilidad frente a futuros eventos climáticos, principalmente inundaciones.
- Pese a la evidencia sobre su aporte, solo uno de estos proyectos cuenta con un diseño definitivo aprobado.
- La inestabilidad política, los cuestionamientos técnicos, los problemas presupuestarios y la falta de empresas con experiencia dejaron inconclusas las obras de infraestructura natural, justo cuando se espera un El Niño más fuerte de lo usual.
A comienzos de 2017, ocurrió uno de los eventos de El Niño más devastadores de las últimas décadas en Perú. Ese año, el Gobierno armó un ambicioso plan que ayudaría al país a estar mejor preparado ante un evento similar. Sin embargo, casi una década y nueve presidentes después, el plan sigue sin cerrarse.
Según datos del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), El Niño Costero dejó un saldo de 169 fallecidos, más de 280 000 personas damnificadas, más de 37 000 viviendas destruidas y otras 381 000 afectadas, además de 4000 kilómetros de carreteras destruidas. El Niño Costero, un evento asociado al calentamiento de la superficie del mar frente a las costas occidentales de Sudamérica, provocó lluvias intensas, inundaciones y huaicos o aluviones en las poblaciones del norte peruano.
Frente a ese panorama, el “Plan de Reconstrucción” contemplaba más de 10 600 obras para atender la emergencia y se desarrollaría a través de tres líneas. La primera consistía en recuperar toda la infraestructura destruida, algo que avanzó casi en su totalidad con la construcción de colegios, centros de salud y carreteras. La segunda apostaba por obras de ingeniería tradicional, como diques y muros de contención, capaces de contener los desbordes de los ríos.
La tercera buscaba crear soluciones para prevenir las inundaciones y los huaicos. En las grandes ciudades, contemplaba la construcción de drenajes —una especie de sistema subterráneo— que evitaran la acumulación del agua de lluvia. Pero además, por primera vez, se sumaba el desarrollo de «infraestructura natural», como, por ejemplo, la reforestación de la parte alta de las cuencas de los ríos, que ayudaría a frenar el arrastre de lodo y piedras durante las fuertes lluvias.
En total fueron 17 proyectos de este tipo, con una inversión estimada que supera los 1400 millones de soles (417 millones de dólares). Quedaron a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), primero, y de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), después.
El objetivo era restaurar las cuencas de ríos ubicados en Ica, Lima, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes y Áncash, regiones que abarcan la costa norte y central del país. Sin embargo, casi una década después, 16 de estos proyectos —es decir, el 94 % del total— ni siquiera tienen el expediente técnico para su desarrollo. En la práctica, esto significa que la mayoría no podrá tener un efecto real de cara al actual fenómeno de El Niño.

La falta de presupuesto
Los proyectos de infraestructura natural son estrategias de adaptación que ayudan a reducir la vulnerabilidad tanto de las poblaciones urbanas como de las comunidades rurales. Desde hace más de una década, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU ha documentado cómo estos mecanismos ayudan a los países a hacer frente a los riesgos provocados por el calentamiento global. Sus beneficios, que alcanzan tanto a las personas como a la biodiversidad, cobran cada vez más relevancia frente a una crisis que ya no tiene marcha atrás.
Sin embargo, la atención ha estado concentrada en sacar adelante las obras tradicionales de ingeniería (diques, defensas ribereñas, etc.). Pero no sólo eso: mientras la ARCC estuvo a cargo, se advirtieron retrasos e irregularidades que terminaron con sobrecostos, además de acusaciones de corrupción y una investigación fiscal por presunto pago de coimas para favorecer a empresas con contratos en Piura.

Según estimaciones de la Contraloría hechas en 2023, no corregir a tiempo la ejecución de más de 1500 obras le representó al Estado pérdidas superiores a los 118 millones de soles (34 millones de dólares). Cuando la ANIN reemplazó a la ARCC en 2024, la Contraloría encontró problemas técnicos similares en proyectos de defensas ribereñas.
Mientras tanto, el desarrollo de las obras de infraestructura natural se retrasó en medio de una seguidilla de gobiernos de corta duración que se sucedieron tras la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2018.
Dentro de ese escenario de inestabilidad política y cuestionamientos técnicos y presupuestarios, surgió otro problema que persiste hasta hoy: pocas empresas en el país tienen experiencia previa en este tipo de proyectos. Ante ello, en 2020 el Gobierno empezó a recibir apoyo de la organización internacional Forest Trends, que se encargó de elaborar un diagnóstico técnico sobre dónde y cómo debían desarrollarse las obras de infraestructura natural.
Forest Trends explicó a Mongabay Latam que esta colaboración no implicó un costo para el Estado peruano, ya que se financiaba con los recursos que la organización obtenía de sus socios, entre ellos la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Sin embargo, tras el cierre de USAID en 2025, la colaboración se truncó.

El problema más reciente, según la Autoridad Nacional de Infraestructura, es el financiamiento. La entidad reconoció a Mongabay Latam que, para la mayoría de los proyectos de infraestructura natural, este depende de acuerdos que todavía no se han cerrado.
La situación es todavía más compleja de lo que parece. La ANIN tiene la responsabilidad de implementar 194 obras, las cuales representan el último paquete del Plan de Reconstrucción que se creó por el fenómeno de El Niño Costero de 2017. Para ejecutarlas en su totalidad, el ejecutivo anunció un presupuesto de más de 27 000 millones de soles (8000 millones de dólares). Pero la ANIN asegura que desde 2024 enfrenta barreras financieras para recibir el presupuesto prometido.
En su primer año de gestión, según datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas, recibió 5391 millones de soles (1605 millones de dólares). Al año siguiente, el monto se redujo a 3888 millones (1158 millones de dólares). Este año, el presupuesto es de 3836 millones de soles (1142 millones de dólares), casi la séptima parte de lo que necesitaba inicialmente.
“Se supone que ese dinero ya estaba garantizado. Sin embargo, los 27 000 millones de soles desaparecieron. No hay autoridad que lo explique, con tantos cambios de gobierno. Y eso significa más costo y más tiempo. Si queremos avanzar todos los proyectos, necesitamos un promedio de 7500 millones de soles (2000 millones de dólares), anualmente, por los próximos cuatro o cinco años”, señaló a Mongabay Latam Mario Ríos, asesor de la jefatura de la ANIN.
Según información que la entidad entregó en agosto pasado tras un pedido de información, 105 de las 194 obras siguen inconclusas. Esta cifra incluye no solo a las 17 obras de infraestructura natural que mencionamos antes, sino también a 51 defensas ribereñas (por ejemplo: diques, muros de contención, presas) para controlar el cauce de ríos y quebradas en zonas vulnerables a inundaciones y huaicos. Además, siguen pendientes siete drenajes pluviales para las regiones de Piura, Lambayeque, Tumbes y La Libertad. Esto deja a miles de peruanos expuestos a los mismos riesgos que en 2017, sobre todo porque existe una alta probabilidad de que los efectos de los actuales fenómenos de El Niño y El Niño Costero se intensifiquen hasta el verano de 2027.
Infraestructura natural: cómo se gestó esta idea
Las represas o los muros de contención que se construyen en los ríos y sus márgenes ya no son suficientes para controlar el volumen y la fuerza del caudal cuando ocurre un evento de El Niño. La experiencia de 2017 demostró que estas estructuras, debilitadas tanto por su antigüedad como por la sedimentación constante, pierden capacidad de contención y, por lo tanto, las inundaciones son más difíciles de controlar.
Seguir modificando el cauce de los ríos ya no resuelve el problema si en las partes altas no hay mecanismos naturales para controlar las intensas lluvias, explica Gustavo Rondón, profesor de la Sección de Geografía y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). La cuenca de un río es un sistema indivisible: lo que pasa arriba (en la cabecera) afecta de forma directa la seguridad de la parte media y baja, donde se ubican las ciudades y las zonas agrícolas.
Leer más | Menos comida y más cara: El Niño amenaza los alimentos y la pesca en Latinoamérica

“Si en la cuenca alta no hay vegetación y el suelo está muy erosionado, la tierra no puede captar el agua de la lluvia y esta terminará arrastrando todo a su paso hasta llegar con fuerza a la parte baja”, asegura Rondón. La solución, entonces, es devolver a la cuenca alta las áreas naturales capaces de absorber y regular el agua de lluvia.
En 2017, el gobierno peruano se comprometió a invertir en estos trabajos en 17 cuencas de ríos y quebradas. La ejecución de estas obras —denominadas “infraestructura natural”— fue asignada a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), una entidad creada ese año para atender la emergencia tras el fenómeno de El Niño Costero. Esa responsabilidad pasaría años después a la ANIN, con muy pocos avances.
En junio de 2020, los gobiernos de Perú y Reino Unido firmaron un acuerdo de colaboración —denominado G2G— para que estas obras se ejecutaran con contratos internacionales estandarizados. El objetivo era conseguir obras de mejor calidad, sin embargo, durante la implementación del acuerdo surgieron dos problemas importantes. Por un lado, los funcionarios públicos no tenían experiencia desarrollando estos proyectos, lo que representaba un riesgo al momento de elegir a las empresas y supervisarlas. Además, en el mercado peruano tampoco había firmas que hubieran implementado antes este tipo de obras.

Fernando Momiy, asesor estratégico senior de Forest Trends, recuerda que se buscaban consultoras dispuestas a asociarse con empresas locales. Sin embargo, en las convocatorias participaban pocas y no cumplían los requisitos. Forrest Trends es una organización sin fines de lucro que brindó asistencia técnica entre 2020 y 2025, primero a la ARCC y luego a la ANIN. Durante esos años, Forest Trends solo brindó asesoramiento, pero no estuvo a cargo del financiamiento ni de la ejecución de las obras. Estas funciones corresponden —hasta la actualidad— a la ANIN.
Forest Trends elaboró una primera guía llamada HIRO (Herramienta de Identificación Rápida de Oportunidades para la Infraestructura Natural en la Gestión del Riesgo). Se trata de una metodología para diagnosticar las características de cada cabecera de cuenca que se planeaba intervenir.
“Ese fue el primer paso: una guía para saber las zonas donde se generan los desastres. A partir de ahí, se podía definir qué soluciones basadas en la naturaleza aplicar. Pero no había conocimiento y ahora incluso el conocimiento es limitado, entonces tuvimos que desarrollar nuevas guías y protocolos para desarrollar estos proyectos”, explica el abogado Fernando Momiy.
En 2024, cuando la ANIN pasó a hacerse cargo de los proyectos tras la desactivación de la ARCC, Forrest Trends elaboró 14 guías más para facilitar el diseño de los expedientes técnicos de al menos 14 obras de infraestructura natural. La aparición de la ANIN representaba una segunda oportunidad para impulsar las obras de infraestructura natural, pero surgió un nuevo inconveniente. El gobierno del presidente Donald Trump ordenó el cierre definitivo de USAID, precisamente uno de los socios que había financiado la colaboración entre Forest Trends y la ANIN para estos proyectos.
Sin el apoyo de USAID
El 24 de abril de 2025, Forrest Trends comunicó de manera oficial que “debido a los drásticos recortes de ayuda exterior” que dispuso la administración de Trump, cancelaba el apoyo técnico a las obras de infraestructura natural. La ANIN explicó a Mongabay Latam que, tras este cierre, continuó de forma independiente con el diseño de los expedientes técnicos, tomando como referencia las guías elaboradas por Forest Trends.
Pero en casi tres años, de 2024 hasta agosto de este año, el avance no ha sido el esperado. De los 17 proyectos de infraestructura natural que la ANIN debía tener listos en 2030, solo uno ya tiene un diseño aprobado: la obra de infraestructura natural del río Chicama, ubicado en la región La Libertad. El proyecto está a cargo del Consorcio Inmac Rovella, integrado por las empresas Inmac Perú S.A.C. y Rovella Carranza S.A., y tiene un valor de más de 103 millones de soles (30 millones de dólares).
A partir de información obtenida mediante solicitudes de acceso a la información, Mongabay Latam identificó en qué etapa se encuentran los 16 proyectos restantes: uno está en fase de diseño; 11 están en formulación y evaluación, es decir, en los estudios previos al diseño; dos están en etapa inicial, que corresponde a la formulación de la idea; y los últimos dos figuran como «cerrados sin ejecución», es decir, cancelados.
Fuente: Autoridad Nacional de Infraestructura (agosto de 2026).
Este panorama —con la mayoría de proyectos todavía en etapas iniciales— evidencia un ritmo muy distinto al que la ANIN se había propuesto. Mario Ríos, asesor de la jefatura de la ANIN, aseguró a Mongabay Latam que esto se debe a que “el cambio de gobierno y ministros de los últimos años no nos ha permitido avanzar a la velocidad que teníamos previsto. La actual gestión ha encontrado la caja fiscal complicada y estamos en plena negociación”.
Una alternativa, según dijo el funcionario, es conseguir que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo brinden financiamiento para al menos dos de los proyectos de infraestructura natural (río Piura y río Rímac).
«Con ello podríamos garantizar su presupuesto para los próximos cuatro o cinco años. Eso también nos daría margen para conseguir financiamiento para los otros proyectos con el presupuesto público nacional. Sabemos que el presupuesto nacional concentra la demanda de todos los sectores, y siempre existe la incertidumbre de si el financiamiento se dará de forma plena o por partes, lo que alarga la ejecución», explicó Ríos.
¿Por qué es urgente invertir en infraestructura natural?
Durante las últimas dos décadas, la necesidad de financiar soluciones de adaptación al cambio climático ha ganado cada vez más respaldo internacional. En 2009, un informe del Banco Mundial destacó que los proyectos que integran la protección de hábitats naturales y la infraestructura verde, aplicados a la gestión de cuencas, demuestran ser rentables porque pueden reducir la vulnerabilidad y brindar protección frente a las inundaciones.
Trece años después, el Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, reafirmó ese hallazgo con más evidencia. El documento explica que las técnicas de adaptación basada en ecosistemas también ayudan a enfrentar otras amenazas climáticas, como sequías y olas de calor.
Sin embargo, para conseguir beneficios potenciales, se necesitan estudios técnicos rigurosos antes de implementar cualquier solución.
Tomemos el ejemplo de la reforestación en la parte alta de un río. Antes de sembrar, se requiere identificar qué especies nativas existen en la zona y cuáles son más eficientes o resistentes según el objetivo. “Si buscas retener los sedimentos, es más probable que necesites algún tipo de vegetación que retenga el agua», explica Gustavo Rondón, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

No obstante, la respuesta del gobierno de la Presidenta Keiko Fujimori ha vuelto a concentrarse en intervenciones de corto plazo. Tras declarar el estado de emergencia en 796 distritos de 22 regiones, autorizó más de 179 millones de soles (52 millones de dólares) para que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) intervenga en puntos críticos de seis regiones. Los recursos están destinados principalmente a trabajos de limpieza y descolmatación en diversos cauces de ríos y quebradas.
La limpieza de cauces y la construcción de diques o muros de contención son necesarias para reducir un riesgo inmediato. Pero si la respuesta frente a El Niño es siempre la misma, el Estado seguirá actuando cuando la emergencia es inminente, en lugar de invertir con anticipación en medidas que reduzcan la vulnerabilidad de los territorios.
*Imagen principal: Ante el riesgo de El Niño, se priorizaron las defensas ribereñas y la descolmatación de ríos, mientras las obras de infraestructura natural quedaron relegadas. Actualmente, solo uno de 17 proyectos tiene expediente aprobado. Foto: cortesía ANIN