- La Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente el acuerdo mediante el cual el Ministerio de Energía buscaba consultar al pueblo maya ixil sobre Palo Viejo, una hidroeléctrica en operación desde 2012.
- Un estudio de 60 proyectos hidroeléctricos encontró oposición comunitaria organizada en 32 de ellos y vinculó los conflictos con su exclusión de las decisiones y con la distribución desigual de costos y beneficios.
- Las principales leyes del sector no incorporan expresamente la consulta previa. La Asociación de Generadores de Energía Renovable (Ager) reconoce, además, que elaboró sus propuestas para la transición energética sin la participación de los pueblos indígenas.
- La expansión de la generación tampoco ha garantizado el acceso en los territorios donde se produce electricidad: Quiché y Alta Verapaz, dos departamentos mayoritariamente indígenas que concentran buena parte de la expansión hidroeléctrica, se mantienen entre los de menor cobertura eléctrica del país.
Desde que la hidroeléctrica Palo Viejo se instaló en San Juan Cotzal, un municipio situado en el departamento de Quiché, en el altiplano de Guatemala, parte del agua de los ríos de este territorio maya ixil fue desviada hacia la planta. Diego Sambrano Rodríguez, autoridad ancestral ixil, sostiene que esa intervención ha afectado a la vida silvestre y a quienes viven allí. El proyecto comenzó a desarrollarse en 2005 y lleva 14 años en operación inyectando su producción al Sistema Nacional Interconectado, pero el pueblo ixil nunca fue consultado antes de que el Estado autorizara su construcción.
Sólo en abril de 2026, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) emitió un acuerdo para realizar la consulta indígena que nunca se hizo. El objetivo, según el MEM, es “restituir el derecho del pueblo maya-ixil a expresar su opinión” y saldar así una deuda de casi dos décadas, pero también “alcanzar acuerdos vinculantes sobre las consecuencias, riesgos, mitigación, reparación, compensación o participación en beneficios derivados de la instalación y operación del proyecto hidroeléctrico Palo Viejo”, operado por Renovables de Guatemala S.A.
El Acuerdo, sin embargo, fue suspendido en julio pasado luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgara un amparo provisional solicitado por Empresa Agrícola San Francisco Cotzal S. A., Agrícola Cafetalera Palo Viejo S. A. y José Antonio Sánchez Boche. Los empresarios cuestionaron la legalidad del procedimiento creado por el MEM para consultar sobre una hidroeléctrica que ya operaba. Mongabay Latam se comunicó con la Asociación de Generadores de Energía Renovable (Ager), que canaliza la comunicación pública de sus agremiados, pero no obtuvo respuesta.
Ocho días después, luego de otra acción presentada por la gremial de generadores, la corte reiteró la suspensión del acuerdo y ordenó al presidente Bernardo Arévalo que ejerciera su autoridad sobre el MEM para garantizar que las actuaciones relacionadas con la consulta se ajustaran al marco legal y constitucional. Tras el fallo, el ministerio señaló que respetará los procesos legales pertinentes.
Y es que aunque Guatemala ratificó en 1996 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —que ampara la consulta indígena previa, libre e informada— , el Estado no ha aprobado una legislación general que establezca cómo aplicar el derecho de consulta, una responsabilidad que la CC ha atribuido al Congreso.
El pueblo ixil se ha manifestado en distintas ocasiones, desde 2005, para exigir el derecho a ser consultado y denunciar las afectaciones ambientales que atribuye al proyecto en la región.

Una omisión de dos décadas
En Guatemala, las fuentes renovables dominan la matriz energética: en 2025 representaron el 53 % de la energía, según el Administrador del Mercado Mayorista, entidad privada y sin fines de lucro encargada de operar y supervisar el mercado eléctrico mayorista y el Sistema Nacional Interconectado (SNI).
La generación hidroeléctrica aportó por sí sola el 34 % del total. Ese resultado se apoya, en parte, en una expansión hidroeléctrica acelerada que comenzó con la Ley General de Electricidad de 1996. Muchas centrales se instalaron en áreas rurales y territorios indígenas, pero la inversión privada avanzó más rápido que los mecanismos para que sus habitantes participaran en las decisiones. Palo Viejo es uno de esos casos.
San Juan Cotzal es el municipio más pequeño de los tres que conforman la región Ixil. El 76 % de sus habitantes son de origen maya ixil. El proyecto de Palo Viejo apareció en la comunidad nueve años después de que Guatemala ratificara el Convenio 169 de la OIT. Dicho convenio reconoce el derecho de consulta a los pueblos indígenas ante decisiones estatales susceptibles de afectarles directamente.
Cuando la empresa italiana Enel, registrada en el país como Renovables de Guatemala S.A., comenzó la elaboración del proyecto Palo Viejo, se reunió con representantes políticos y civiles de la localidad como parte de su trabajo de socialización. Era mayo de 2006. Esos acercamientos incluyeron promesas de infraestructura y otros beneficios sociales. En un documento que fue presentado por la empresa ante Naciones Unidas, quedó registrado que los presidentes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, conocidos como Cocode, manifestaron su desacuerdo con la construcción y pidieron que las comunidades fueran consultadas.
Sin embargo,“el Estado nunca realizó una consulta para que esa empresa operara en nuestro territorio”, afirma Diego Sambrano Rodríguez, primer alcalde y coordinador de la Alcaldía Ancestral Indígena de Cotzal.
El pueblo ixil bloqueó caminos como medida de presión para hacer cumplir el convenio de la OIT. En 2011, recuerda Felipe Rivera, miembro de la Cofradía de San Gaspar de Chajul, una organización religiosa ixil que mantiene vivas las ceremonias y tradiciones locales, la falta de diálogo llevó a las comunidades a impedir el paso de maquinaria. Enel solicitó una orden de desalojo y la intervención de la Policía y del Ejército, quienes desarticularon temporalmente las protestas en las calles. Ese mismo año, las comunidades de Ixcán, territorio ubicado río abajo de Cotzal, denunciaron la contaminación del río Copón y la atribuyeron directamente a la construcción de Palo Viejo.

Meses después, en enero de 2012, el Consejo de Autoridades Ancestrales de San Juan Cotzal impugnó, ante la Corte Suprema de Justicia, la autorización de la línea de transmisión asociada al proyecto por la falta de consulta. Al año siguiente, aunque el litigio aún seguía su proceso, Palo Viejo contaba con todas las licencias administrativas en orden y comenzó sus operaciones.
Años después, la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (Avancso) publicó en 2022 un informe en el que se recopilan testimonios de comunidades que asociaron la construcción de Palo Viejo con episodios de agua turbia y aceitosa, así como con la muerte o desaparición de peces, camarones y cangrejos en el mismo río.
En 2023, el pueblo Ixil solicitó al entonces candidato a la presidencia, Bernardo Arévalo, la realización de la consulta, asegura Sambrano. Tras su investidura como Presidente de Guatemala, el pueblo ixil volvió a plantear su petición, que, según el líder indígena de Cotzal, quedó incluida en el plan de desarrollo territorial ixil, firmado con el Gobierno en marzo de 2024. Luego entregaron una propuesta de contenido y esperaron más de un año hasta la emisión del acuerdo que fue suspendido provisionalmente por la CC.
Para la Asociación de Generadores de Energía Renovable (Ager), que en febrero pasado presentó al presidente Arévalo su hoja de ruta energética hacia 2040, el acuerdo del MEM genera inestabilidad jurídica, porque Palo Viejo opera desde hace 14 años.
Pero las organizaciones indígenas no se han limitado a rechazar proyectos de desarrollo energético. El Consejo del Pueblo Maya (CPO) publicó el documento Soberanía Energética Para el Buen Vivir, que plantea la planificación territorial plurinacional para elaborar políticas públicas energéticas. Más que una contrapropuesta técnica y financiera, plantea revisar la gobernanza, la justicia territorial y la filosofía política del sector energético guatemalteco. También propone incorporar información territorial, ambiental y social, y otorgar a las comunidades una capacidad efectiva de decisión.
“Nosotros no podemos ser tratados solo como partes interesadas”, señala Bryan Bixcul, maya tz’utujil y director de incidencia y asociaciones de la coalición SIRGE, que defiende los derechos indígenas en la transición energética. “No, nosotros somos tenedores de derechos, somos personas con derechos”, dice.
El ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, quien asumió el cargo en junio pasado, tomó distancia del acuerdo ministerial. “La promoción de la consulta fue iniciativa de mi antecesor”, afirmó.
Con hidroeléctricas pero sin energía
Palo Viejo no es un caso aislado. Un estudio publicado en 2022 en la revista Energy Policy analizó 60 proyectos hidroeléctricos en planificación o construcción en Guatemala entre 2004 y 2018. De ellos, 32 enfrentaron oposición comunitaria organizada vinculada con su exclusión en las decisiones, la distribución desigual de los costos y beneficios, y la falta de reconocimiento de los derechos de las comunidades.
La autora del estudio, Kelsey Alford-Jones, identificó una omisión en dos leyes del sector: la Ley General de Electricidad de 1996 y la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable de 2003, aún vigentes, que no incorporan expresamente la consulta previa.
Además, advirtió una paradoja: Quiché y Alta Verapaz, dos departamentos mayoritariamente indígenas que concentraban buena parte de la expansión hidroeléctrica analizada, estaban entre los de menor cobertura eléctrica del país.
Hoy, la situación no ha mejorado sustancialmente.
En San Juan Cotzal, el índice de cobertura eléctrica era crítico en 2023 y se encontraba por debajo del 80 %, según el MEM. “Nosotros, los tres municipios ixiles, claramente pagamos lo que consumimos, pero no hay buena calidad de energía eléctrica para el pueblo ixil”, afirma Sambrano.
“Al sector de la generación le compete generar la cantidad necesaria para lo que necesite el país”, dijo Astrid Perdomo, directora ejecutiva de Ager a Mongabay Latam. La ampliación de la cobertura involucra tanto a las distribuidoras privadas como al Instituto Nacional de Electrificación (INDE), que ejecuta los programas estatales de electrificación rural.

Consultado para este reportaje, el INDE explicó que llevar electricidad a estas zonas se complica por la dispersión de las viviendas, el terreno y las dificultades de acceso. También reconoció que en 2025 “no se alcanzaron a gestionar las licitaciones del Programa de Infraestructura para la Electrificación Rural (PIER)”. Según la institución, las licitaciones están ahora en la fase de selección de oferentes y las primeras obras podrían comenzar a finales de 2026.
Ofrecimientos versus realidades
“Ninguna comunidad se vio beneficiada”, sostiene Rivera al referirse a las operaciones de Palo Viejo.
Según Perdomo, la planta suma 14 años de operación respaldada por licencias vigentes y “acuerdos preestablecidos con 22 comunidades”. La documentación disponible, sin embargo, no muestra 22 acuerdos comunitarios. Según el reporte de sostenibilidad de 2013 se firmó un memorando de entendimiento directamente entre la empresa y la municipalidad de San Juan Cotzal.
Para Bryan Bixcul, el punto de partida es otro: los pueblos indígenas tienen derecho a participar en las decisiones que les afectan mediante representantes elegidos por ellos mismos, “no por las empresas ni por el Estado”. Esa participación, explica, debe comenzar “antes de que haya cualquier plan” y agrega que un convenio con autoridades municipales no puede sustituir la participación ni la consulta previa a las comunidades.
Sambrano reconoce que el proceso de consulta llega tarde. “Claramente ya no es previa”, afirma. Pero asegura que eso no la vuelve innecesaria. Según explica, permitiría demostrar, mediante estudios especializados, los daños atribuibles al proyecto y acordar su reparación. “Si se cometieron errores, que lo platiquemos en la mesa, que lo dialoguemos y que lleguemos a establecer acuerdos”, dice el alcalde indígena.

Sobre el papel, Guatemala ha comenzado a reconocer esa participación.
La Política Energética 2013–2027 y el Plan Nacional de Energía 2017–2032 mencionaron el consentimiento libre, previo e informado aunque, según Alford-Jones, de forma vaga y sin planes explícitos para garantizarlo.
Además, la Estrategia para la transición energética en Guatemala, que mira hacia 2040, también pide al Gobierno crear la normativa y la institucionalidad necesarias para aplicar el Convenio 169 y realizar las consultas a los pueblos indígenas.
Por último, el Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032, que establece las prioridades de desarrollo del país hasta 2032, también incorpora la participación ciudadana y la representación territorial en la planificación pública.
“La consulta debe ser previa, de buena fe, mediante procedimientos apropiados y a través de las instituciones representativas de los pueblos indígenas. Si no existe participación, ya existe una violación de los derechos de los pueblos indígenas”, dice Bixcul, quien resalta que la consulta también es, ante todo, una obligación estatal: “No es una buena práctica, ni una cortesía, ni un favor”.
Cuando Mongabay Latam preguntó al ministro de Energía, Erwin Barrios, qué buscaba la consulta de Palo Viejo y cuáles de sus resultados podrían ser vinculantes, respondió: “No tengo comentarios. Me disculpo por no poderle comentar”.
*Imagen Principal: Central hidroeléctrica Palo Viejo. Foto: cortesía Enel