• Mongabay Latam y Earth Genome detectaron 67 pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas para  el transporte de droga en las regiones peruanas de Ucayali, Huánuco y Pasco.
• En el análisis se usó inteligencia artificial e información satelital de fuentes oficiales. La mayoría de estos aeródromos ilegales se ubican dentro y alrededor de comunidades indígenas, reservas para pueblos en aislamiento y concesiones forestales.
• 31 pistas  se concentran en la provincia de Atalaya, convertida en una de las más violentas de la Amazonía.
• El análisis indica que para abrir las 67 pistas se tuvo que deforestar al menos 46 kilómetros de bosque, el equivalente a la distancia entre los balnearios de Pucusana y Asia.

Una voz angustiada se escucha del otro lado del teléfono. La llamada llega desde un territorio nativo de la Amazonía peruana. “Están queriendo nuevamente levantar vuelo, comunícate por favor con la Dirandro. Por favor, no quiero tener problemas en mi comunidad”, se arriesga a contar un poblador indígena, cuya identidad se mantendrá en anonimato, que pide la presencia de oficiales de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, mientras ve a lo lejos una avioneta desconocida oculta en el bosque. En medio de la oscuridad, sin que nadie lo pueda ver y con la respiración agitada, narra cómo un grupo de hombres alista un cargamento de droga en una pista de aterrizaje ilegal abierta en el territorio de su comunidad. La desesperación es evidente, sobre todo porque sabe que se enfrenta a un monstruo gigante enquistado en Ucayali, región que se ha convertido en un nuevo foco del narcotráfico en el país.

Este pedido de auxilio es uno de los tantos que llegan desde distintas localidades indígenas de la selva peruana que viven cercadas por la ilegalidad. El líder que se arriesga a llamar es una de las más de cincuenta fuentes periodísticas entrevistadas por Mongabay Latam, como parte de una investigación de un año que logró rastrear en total 128 pistas de aterrizaje ilegales en seis regiones de la Amazonía peruana: Ucayali, Huánuco, Pasco, Cusco, Madre de Dios y Loreto. El trabajo de verificación posterior permitió confirmar la existencia y los episodios de violencia detrás de 76 de ellas.

Cada uno de esos trazos ilegales en el bosque fue detectado o corroborado por Earth Genome, una organización basada en California, Estados Unidos, especializada en el análisis satelital del territorio con la que Mongabay Latam se unió para trabajar esta investigación, y que cuenta con el apoyo del Pulitzer Center. Los expertos desarrollaron una herramienta de búsqueda que utiliza inteligencia artificial (IA) para detectar pistas de aterrizaje clandestinas en tres regiones de la Amazonía peruana.

Para que el análisis funcione, los equipos trabajaron con información de Open Street Map, con datos de  pistas oficiales reportadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y con muestras de narcopistas identificadas por la Dirandro y el Gobierno Regional de Ucayali. Con toda esta información, la inteligencia artificial pudo rastrear patrones similares en el territorio.

Se le “pide a la inteligencia artificial que busque características similares en las imágenes de satélite”, explican los especialistas, quienes se lanzaron a la tarea de detectar nuevos trazos ilegales ocultos en el bosque. La dificultad de esta búsqueda la describen así los expertos: “Imagina localizar un aeródromo desde el espacio en la Amazonía peruana, es como encontrar un palillo escondido en un campo irregular de fútbol, como ubicarlo entre la hierba, la maleza y la tierra desnuda”.

Una vez hecho el análisis satelital, cada pista detectada fue verificada con fuentes locales y oficiales por un equipo periodístico de Mongabay Latam, que confirmó la ubicación, extensión, uso, fecha de apertura, presencia dentro de espacios prohibidos —como áreas protegidas, reservas indígenas y concesiones forestales—, así como la cercanía a vías y ríos.

Las imágenes satelitales, que toman fotografías frecuentemente del planeta, permiten establecer con claridad detalles como cuándo fueron abiertas las pistas clandestinas, pues solo basta comparar el trazo detectado por la herramienta de búsqueda desarrollada con IA con la fotografía previa del mismo lugar cuando el bosque aún estaba en pie.

Los hallazgos se resumen en esta visualización:

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El análisis satelital de las pistas clandestinas detectadas confirma la existencia de rutas del narcotráfico sólidas que están fuera del control de las autoridades. La facilidad con la que las pistas destruidas se vuelven a abrir es prueba de ello. Según el coronel PNP James Tanchiva, jefe de la División dé Maniobras Contra el Tráfico Ilícito de Drogas de Pucallpa, a los narcotraficantes apenas les toma una semana volver a operar si sus pistas son inhabilitadas. “Las organizaciones que trafican drogas —añade Tanchiva— tienen una buena logística, tienen su brazo armado y tienen dinero. Esa es la realidad”.

La realidad también indica que la ilegalidad va más allá del narcotráfico. “Estamos en una época de confluencia de delitos en Perú,  porque ya no se trata solo de un tema de tráfico de drogas, sino de varios delitos que se están gestionando y manejando conjuntamente”, señala Luisa Sterponi, especialista en sensores remotos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Un informe de junio de 2024, del cual Sterponi es autora, señala que en los últimos tres años se ha incrementado la pérdida anual de bosques, los decomisos de madera ilegal y se ha registrado una fuerte expansión de cultivos ilícitos de coca. “La cantidad de laboratorios de procesamiento de derivados cocaínicos destruidos por la Policía Antidrogas ha sido el más alto en el país, acompañado por un aumento exponencial de pistas clandestinas”.

Sobrevivir en el triángulo de la muerte

El crudo panorama que dibujan las narcopistas se puede ver con claridad en el triángulo que conforman las regiones de Huánuco, Pasco y Ucayali. De hecho, la herramienta de búsqueda con inteligencia artificial generada por Earth Genome puso en evidencia la alta concentración de pistas de aterrizaje clandestinas en un espacio que bien podría llamarse el “triángulo de la muerte”. Las pistas y los cultivos ilícitos de coca son la escena del crimen de al menos 11 líderes y pobladores indígenas, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, aunque la cifra sube a 15 en el conteo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). Fuentes en territorio señalan, sin embargo, que no se están considerando aquellas muertes que no son reportadas por temor a represalias.

“Yo sé de dos hermanos indígenas asesinados en 2023 y de uno que ha desaparecido este año”, dice un dirigente de una importante federación indígena de la zona, que pidió la protección de su nombre. Las matanzas y desapariciones son parte de la violencia con las que les toca convivir a 28 líderes indígenas que están bajo amenaza en las tres regiones, según el mapeo realizado por la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU).

Los trazos ilegales no solo cortan el territorio y deforestan los bosques, sino que siembran dinámicas de terror. Las imágenes satelitales aportan evidencia concreta de esa realidad. De las 67 narcopistas detectadas por el Earth Genome y Mongabay Latam en Huánuco, Pasco y Ucayali, 30 están dentro y 26 alrededor de comunidades indígenas. Siete territorios en particular no sólo están invadidos por pistas, sino que a la vez están cercados por ellas. Un dato relevante más: los cultivos de coca en las tres regiones suman 18 742 hectáreas: 12 221 en Ucayali, 4960 en Huánuco y 1561 en Pasco, según el último monitoreo de coca de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). En el caso de Ucayali, la producción se triplicó desde el 2020 y en Huánuco se duplicó.

Para tener una idea más clara, se trata de una extensión comparable con 76 veces el Centro Histórico del Cusco.

La investigación permitió confirmar también que las 67 pistas de aterrizaje clandestinas sirven al narcotráfico. Al menos 60 entrevistados, entre fuentes locales y oficiales, además de dirigentes importantes de tres federaciones indígenas de la Amazonía peruana fueron clave para determinar con precisión su uso.

1.Pista de aterrizaje clandestina en la provincia de Atalaya. 2.Pista ilegal en la Reserva Indígena Kakataibo Sur. 3.Trazo ilegal detectado en la provincia de Puerto Inca. 4.Narcopista en la provincia de Oxapampa.

En medio de esas rutas del narcotráfico, viven comunidades indígenas que describen afligidas el cambio cultural abrupto que ha traído a sus tierras.

Algunas comunidades se han visto obligadas a compartir su territorio con colonos que trabajan en los cultivos ilegales, que tienen a su cargo el traslado de los cargamentos de droga, que vigilan los laboratorios o habilitan nuevas pistas. El silencio es la única forma de sobrevivir cuando se es testigo de esas escenas. Mientras tanto, deben acostumbrarse a que su rutina se detenga en cada vuelo. “Cuando va a aterrizar una avioneta para ser cargada de droga, todo el tránsito se paraliza. La población también. No pasa muy seguido, pero así vivimos”, narra un dirigente amazónico que vivía en una comunidad de la provincia de Atalaya y que tuvo que abandonar su territorio por seguridad.

Un cálculo hecho por Mongabay Latam, en base a datos de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch, muestra que para abrir las 67 pistas se tuvo que deforestar al menos 109 hectáreas de selva, alrededor de tres veces el Campo de Marte de Lima o el equivalente en kilómetros a la distancia entre los balnearios de Pucusana y Asia. Sin embargo, Luisa Sterponi de UNODC Perú explica que las consecuencias de la presencia de pistas clandestinas en las comunidades amazónicas van más allá del impacto ambiental del desbosque. “La apertura de una pista clandestina es mucho más grande de lo que uno puede imaginar. Tienen un impacto directo sobre la deforestación, pero el impacto real es más amplio e involucra también dimensiones sociales”.

Miguel Guimaraes, vicepresidente de la Aidesep, está convencido de que el combate a la ilegalidad no puede estar basado solo en la represión. “No solo se trata de hacer correr a las personas que trabajan en la actividad ilegal, sino que para que ese sitio no sea invadido nuevamente y no regresen, se deben realizar acciones sociales y civiles concretas”, explica. De lo contrario, añade el dirigente, “es muy fácil abrir nuevamente las pistas clandestinas que fueron destruidas, porque en esa zona (Ucayali), en los próximos cinco años, no van a ingresar nuevamente las autoridades”.

Dos comunidades ubicadas entre Huánuco y Pasco conviven con 15 narcopistas dentro y alrededor de sus territorios. La más antigua de las pistas fue abierta en diciembre de 2015 y la más reciente en febrero de 2023.

“Sí hay pistas de aterrizaje, no en la comunidad, pero si en los alrededores. El Estado sabe cuántas pistas hay y dónde están. En Constitución hay más de 100”, dice un líder indígena de la zona.

Las dos comunidades, visitadas por un equipo periodístico de Mongabay Latam, tienen la mala suerte de vivir en medio de una de las rutas del tráfico de drogas que se articula a partir de ciudad Constitución, un eje del narcotráfico donde confluyen “todos los males” y la “violencia, extorsión y asesinatos” son parte de la rutina, como lo describe Florencio Carrillo,  ejecutivo de la Oficina Zonal La Merced de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Las comunidades están asentadas, además, en un sector de la selva central en el que convergen las subcuencas de los ríos Pichis, Palcazu, Santa Isabel y parte del río Pachitea.

¿A qué se debe el incremento de pistas clandestinas en esta zona?  Frente a la presión policial y militar en el Vraem (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) —lugar que concentra más de 38 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca, la mayor cantidad a nivel nacional —, los grupos criminales se ven obligados a trasladar el transporte de la droga a otro punto. Esos nuevos espacios de comercio son a los que hemos llamado “el triángulo de la muerte” y donde se observa el llamado “efecto globo”, es decir, presionas en un sector del territorio y la actividad se mueve inmediatamente a otro.

Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, explica que la zona proporciona dos ventajas. La primera tiene que ver con la facilidad logística y operativa para los traslados de la droga desde Perú hacia Bolivia, debido a la cercanía de esta zona con este país limítrofe. Y, la segunda, la posibilidad de evadir el control policial y militar.

“Operar dentro del VRAEM, que produce mucha más cocaína que el resto de toda la región, es casi imposible en términos de vuelos y movilizaciones, por lo tanto, resulta más sencillo moverse dos o tres distritos más arriba y colocar en las zonas de Atalaya, Pichis-Palcazu-Pachitea y Aguaytía las pistas de aterrizaje disponibles”, indica Zevallos.

Hace cinco años fue implementado este trazo para la llegada y despegue de narcoavionetas con droga, en el bosque de Tahuanía. Video: Mongabay Latam.

Es por esta razón que las mafias buscan los lugares más remotos y menos accesibles, como las comunidades indígenas y las reservas para pueblos indígenas en aislamiento.

En las comunidades nativas que rodean a la Reserva Indígena Kakataibo, la inteligencia artificial detectó tres pistas de aterrizaje clandestinas: una dentro de la misma reserva y otra alrededor, ambas situadas en la zona norte, y una muy cerca a la zona sur del territorio protegido. Esto lo constató el equipo periodístico que llegó al lugar.

Otras tres pistas de aterrizaje fueron confirmadas en dos reservas indígenas: una dentro y otra alrededor de la Reserva Indígena Murunahua; y una tercera alrededor de la Reserva Territorial Kugapacori, Nahua, Nanti. En estos casos, se observa claramente los surcos abiertos muy cerca de ríos y en medio de un bosque tupido.

“Es tremendo que haya pistas clandestinas en tantas reservas indígenas, eso significa que el Estado no puede garantizar la protección efectiva de ninguna de ellas”, dice Vladimir Pinto, responsable de la organización ambiental Amazon Watch en Perú.

En una comunidad cercana a la reserva Kakataibo Norte y Sur, un líder indígena le dijo a Mongabay Latam que “su territorio está acorralado” y que las autoridades locales y regionales no atienden sus denuncias. Solo la guardia indígena se esfuerza por liberar su territorio comunal de la presencia del narcotráfico y otras economías ilegales. Esto se repite en cada una de las comunidades que colindan con las reservas de los PIACI.

“La guardia indígena hace controles, destruye pozas de maceración y quema cultivos, pero son muchos”, narra una fuente en territorio.

El negocio de las ‘canchas’

Quienes viven en la provincia de Atalaya, en Ucayali, conocen muy bien cómo opera el narcotráfico. Los testimonios lo describen como un negocio planificado y bien articulado, en el que las narcopistas juegan un papel fundamental. De hecho, Atalaya es considerada por Devida una de las áreas de mayor concentración de pistas de aterrizaje clandestinas en todo el país, y uno de los territorios donde la herramienta de búsqueda desarrollada con IA detectó una de las más altas concentraciones de trazos ilegales.

A Atalaya solo se ingresa con advertencias. No hablar con extraños, entrar acompañado, permanecer poco tiempo en los lugares y tratar siempre de pasar desapercibido. La premisa es clara: no confiar en nadie. Una vez en la zona, los avisos dejan de ser una exageración y dan paso a la dificultad de conseguir fuentes que estén dispuestas a hablar. La mayoría de ellas piden la protección de sus nombres.

El equipo periodístico pudo llegar hasta una pista de aterrizaje clandestina recién abierta y despejada. “Son 985 metros, una gran ‘cancha’ ”, como se llaman a las narcopistas en esta parte de la Amazonía peruana.

Quienes se encargan de ‘facilitar’ la llegada y salida de las avionetas cargadas con droga son muchas veces personas que viven en el área y que han logrado instalarse dentro de las mismas comunidades nativas, narra un motorista de la zona. El trabajo consiste en asegurar que los narcotraficantes tengan a su disposición una pista de aterrizaje clandestina para que la operación se realice sin contratiempo.

“Al día pueden salir hasta cuatros vuelos. A veces mientras en una avioneta van cargando la droga, otra va despegando. Cada operación debe tardar cinco minutos, como máximo. Así, una misma organización puede sacar diariamente hasta 1200 kilos de cocaína”, le dijo una fuente local al reportero que visitó la zona.

Las 31 narcopistas detectadas en la provincia de Atalaya por la herramienta de búsqueda desarrollada con IA son sólo el correlato de la situación que se vive. La peor parte se la llevan las comunidades indígenas, pues cuando resisten o se oponen a la operación ilegal se convierten en un obstáculo para las mafias. Más aún si 13 de los 31 aeródromos ilegales de Atalaya están dentro de sus territorios y 13 alrededor. Las guardias comunales son, en muchos casos, la primera línea de defensa.

Sin embargo, combatir a un enemigo tan poderoso sin ayuda es imposible. Las organizaciones criminales, explican los expertos, se reestructuran todo el tiempo y cambian de estrategias. Ahora, por ejemplo, tercerizan algunas de las tareas de la cadena de ilegalidad, lo que vuelve más difícil para la policía y el ejército dar con los responsables.

Una primera transformación ocurrió con la llegada de los cárteles mexicanos que dieron paso a un sistema de tercerización, explica Nicolás Zevallos del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia. “Ahora eso es aún más fragmentado al punto que básicamente son brokers los que controlan el transporte de drogas de un punto a otro, pero no tienen el control absoluto de toda la cadena, sino que se sirven de varios proveedores”, asegura. Zevallos añade que en Perú, si bien hay algunos grandes laboratorios que producen cocaína, la gran mayoría son pequeños laboratorios que producen volúmenes de droga reducidos que se van acopiando hasta obtener un cargamento “más o menos importante”.

El especialista explica que para que funcione este sistema fragmentado, las organizaciones criminales transnacionales envían a una persona que sirve de conexión con los países productores de droga, como es Perú.  Este sujeto contrata y coordina con quienes se encargan del acopio y del transporte de la droga, y luego se va.

Luisa Sterponi de UNODC coincide en que se están observando diferentes fenómenos alrededor de las drogas, desde la aparición de grupos criminales especializados más pequeños que brindan servicios directamente al narcotráfico, hasta grupos criminales transfronterizos como el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital que desde Brasil están ingresando al territorio peruano. “Esos grupos criminales dedicados al tráfico ilícito de droga también se están dedicando a otros crímenes. La confluencia de delitos dentro de los grupos de crimen organizado está aumentando muchísimo”.

Noam López, profesor de la Escuela de Gobierno y del  Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas de la Universidad Católica del Perú (PUCP), e investigador principal en seguridad de PULSO PUCP, intenta resumirlo. “Hay grupos de crimen organizado instalados en el país que actúan en todas las economías ilegales al mismo tiempo. Lo que se debe tener en cuenta, es que estas personas tienen conocimiento del territorio y saben cómo abordar a la autoridad”. Explica que suele haber un líder que desarrolla una estrategia y que de ser exitosa, la replica una y otra vez: “Un líder organiza todas estas actividades. Entonces, imagina que tiene un batallón de 30 a 50 jóvenes que tienen el conocimiento del territorio. Cuando le va bien en un lugar y tiene todo organizado, se va a otra zona. Eso es lo que está pasando”.

El especialista indica que la transferencia de conocimiento es rápida y que si alguien muere, es reemplazado de inmediato, porque ya hay otras personas que conocen el sistema. “Por eso si destruyes pistas, vuelven a construirse y a operar avionetas muy rápidamente”. La estrategia, precisa López, incluye la creación de empresas para lavar dinero. “Nuestra mirada debe ser al crimen organizado, al lavado de activos y a todo lo que tiene que ver con los flujos ilícitos porque es un negocio internacional y multiproductos”, concluye Luisa Sterponi de UNODC Perú.

¿Hacia dónde va la droga que sale de esta zona de Perú? Un agente del área de Operaciones Tácticas de la División de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Drogas–Pucallpa le dijo a Mongabay Latam que avionetas Cessna de bandera boliviana aterrizan en Atalaya para llevar cargamentos de entre 300 y 350 kilos de clorhidrato de cocaína. Suelen tener como destino el departamento del Beni y, en algunos casos, luego de parar en esa región del norte de Bolivia, continúan vuelo hacia Brasil. A veces también se dirigen a Colombia, como lo menciona el coronel PNP James Tanchiva, jefe de la División dé Maniobras Contra el Tráfico Ilícito de Drogas en Pucallpa.

En respuesta a un pedido de información, la oficina central de Dirandro señaló que entre 2013 y 2022 destruyeron 705 pistas de aterrizaje clandestinas en las regiones de Huánuco, Pasco y Ucayali. Las intervenciones se incrementaron sobre todo entre 2019 y 2020, los años más críticos de la pandemia y violencia en esos territorios. Además, se destruyeron 12 avionetas destinadas al tráfico de drogas en las tres regiones y 19 aeronaves fueron reportadas como siniestradas entre el 2012 y 2022.

Concesiones de alto vuelo

“Deberían hacer un centro de operaciones tipo VRAEM en Ucayali porque ya es insostenible lo del narcotráfico. Hemos aprendido a convivir, mientras no nos metamos con ellos”, cuenta a Mongabay Latam el representante de una concesión forestal en la que se detectó una pista de aterrizaje clandestina. A pesar de las denuncias presentadas por el concesionario, asegura  que las autoridades no han actuado.

Si se observan las imágenes satelitales de las narcopistas detectadas dentro de las concesiones forestales de Ucayali, se nota que sobre ellas se superponen los parches de cultivos ilícitos de coca. Seis de las 10 pistas ilegales de las provincias de Atalaya, Coronel Portillo y Padre Abad están en medio de sembríos de coca.

“Los concesionarios son custodios del bosque y tienen la responsabilidad de informar a las autoridades y hacer una denuncia cuando ocurre una invasión y cuando encuentran cultivos ilícitos o pistas clandestinas”, señala Navarro. Al menos 6 de los 9 concesionarios reportaron los hallazgos y señalaron que las autoridades no atendieron sus denuncias, como se lee en los informes del Osinfor. Cabe mencionar, que hoy solo cuatro de las nueve concesiones se encuentran activas, los títulos habilitantes del resto han caducado.

Franco Navarro del Gobierno Regional de  Ucayali le dijo a Mongabay Latam que en sobrevuelos realizados en el 2023 detectaron hasta 21 pistas de aterrizaje clandestinas dentro de concesiones forestales y que toda la información fue enviada al concesionario y a las autoridades correspondientes, entre ellas la Dirandro y la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Ucayali. Sin embargo, un agente antidrogas de Pucallpa señaló que no le ha llegado “ningún documento de alguna empresa con concesión forestal que dé cuenta de alguna pista en esos terrenos”. Mientras las responsabilidades pasan de un lado a otro, más pistas se siguen abriendo.

De todas las pistas abiertas dentro de concesiones forestales, cinco de ellas se construyeron entre los años 2020 y 2021, en plena pandemia del Covid 19, época en que se redujeron significativamente las fiscalizaciones forestales debido a las restricciones para los trabajos en campo.

“Hay 36 líderes indígenas asesinados (desde el 2013) y este número va aumentar mientras no se resuelvan los problemas de raíz. Esto va a continuar”, señala Miguel Guimaraes, vicepresidente de la Aidesep, quien aporta una cifra mayor a los crímenes identificados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

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*Los nombres de algunas personas que fueron entrevistadas y que participaron en la realización del reportaje, además de todas las comunidades indígenas, fueron cambiados u omitidos por su seguridad. Esto fue conversado con la Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau).

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Esta investigación fue realizada en alianza con el Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región (CAPIR), que lidera el Institute for War and Peace Reporting (IWPR) en América Latina.