- El avance de los avasallamientos de tierras fiscales, privadas y áreas protegidas tienen en alerta a Bolivia.
- Estas invasiones están ligadas a la deforestación, la expansión agrícola y ganadera, además de actividades ilegales como cultivos de coca y minería en parques nacionales.
- Expertos advierten que muchos grupos ocupan tierras para luego intentar legalizarlas o traficar con ellas, mientras la protección estatal sigue siendo insuficiente.
En Bolivia, los asentamientos ilegales en tierras fiscales, privadas y áreas protegidas crecen sin control. Los bosques de la Reserva San Rafael, la reserva municipal El Curichi Las Garzas y el Parque Nacional Amboró son epicentros de este grave problema. Detrás de los avasallamientos, encontramos también deforestación.
Los avasallamientos se han concentrado en las regiones de Beni y sobre todo de Santa Cruz. Se calcula que el 80 % de las tomas de tierra ilegales se ubica en esa última región. “Son grupos armados, son grupos contratados que ingresan a diferentes predios después de varios análisis”, dice una fuente policial sobre cómo funcionan los avasallamientos en Bolivia.
Gonzalo Colque, investigador de Fundación Tierra, señala que el principal motor de los avasallamientos en el país es la agricultura mecanizada, pero también la expansión de la ganadería. “Sin embargo, en el último tiempo, la minería legal e ilegal también está provocando avasallamientos en territorios indígenas o Territorios Comunitarios de Origen, y en áreas protegidas como el Madidi y otras áreas protegidas de carácter municipal”, dice Colque.
Según los expertos consultados, el objetivo principal de los avasalladores es tomar posesión física de las tierras y luego legalizarlas ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Bolivia cuenta con la Ley 477 Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras. Esta norma sanciona a los traficantes de tierra y avasalladores con privación de la libertad. Sin embargo, la ley se ha aplicado en algunos casos de avasallamiento de propiedades privadas, pero no de áreas protegidas.
Los hallazgos en este reportaje fotográfico
Los asentamientos ilegales y el narcotráfico amenazan seriamente al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró, una de las 22 áreas protegidas nacionales de Bolivia. Este santuario natural tiene una extensión de 636 000 hectáreas. Allí habitan especies de animales de las tierras altas y bajas, árboles valorados por su madera fina como la mara (Swietenia macrophylla), la palmera chonta (Bactris gasipaes) o la caoba (Swietenia); una gran variedad de bromelias (Bromeliaceae), orquídeas (Orchidaceae) y bosques de helechos gigantes (Cyathea arbórea). Viajamos hasta esta zona del país y recogimos testimonios que señalan que foráneos se internan en el parque para cultivar coca, establecer fábricas de cocaína y sacar madera en callapos.
La Reserva Municipal de San Rafael, ubicada en el departamento de Santa Cruz, está perdiendo sus bosques debido a los avasallamientos. Expertos consultados señalan que la causa principal de estos invasiones ilegales es el cultivo de maíz y soja, pero también la tala ilegal y la comercialización de maderas preciosas. “Hay varios tipos de avasalladores … en la mayoría de los casos son interculturales que se muestran como pequeños productores, pero en realidad tienen dinero para invertir en el derribo de árboles”, señalan fuentes en terreno.
Los asentamientos ilegales también han golpeado al bosque de la reserva El Curichi Las Garzas. Esta reserva que por ley está protegida es un espacio natural importante para las cigüeñas de la especie Mycteria americana, que llegan entre julio y agosto a anidar a los árboles de Ochoos. También es el hogar de otras 92 especies de aves. Viajamos a la zona para investigar el caso.
*Imagen principal: al ingreso del Amboró, en la comunidad Nuevo Surutú, se talaron los árboles para implementar terrenos de cultivos. Foto: Iván Paredes
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