• ¿Cómo se enciende un bombillo, el microondas, la luz de la habitación? ¿Con qué energía se transforma el cobre que hace andar computadoras, refrigeradores y celulares? 
• Desde el fondo de la tierra del Caribe colombiano, el carbón viaja 6000 kilómetros para ser quemado en la comuna de Huasco, en Chile, y transformado en energía en el mayor complejo termoeléctrico del país.
• En ese trayecto, dos comunidades nunca eligieron estar en la ruta: los yukpa, un pueblo indígena seminómada, cuya tierra ancestral fue abierta sin su consentimiento para extraer el mineral, y los habitantes de Huasco, que respiran las emisiones contaminantes del carbón quemado.
• En ambos extremos de la ruta del carbón, yukpas y huasquinos pagan con su salud y su territorio la energía que sostiene la vida de millones de personas.

El carbón debajo de la tierra de los yukpa ha iluminado por décadas las ciudades de más de 20 países y ha hecho funcionar sus economías. 

Pero los yukpa, un pueblo indígena seminómada del Caribe colombiano, no han sacado beneficio alguno de esto. Más bien, han visto cambiar sus vidas y no para bien. Este pueblo habitaba desde el valle del río Cesar hasta la serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela, pero ahora vive replegado en las montañas. Primero lo arrinconó el conflicto armado de medio siglo y después la minería de carbón. 

Antes pescaban en ríos como el Maracas y cazaban animales del monte. Eso también cambió. Tulia Restrepo Pérez vive en la comunidad Misión Sokorpa. Está cerca de los 60 años, pero cuando era niña, ella y su familia conseguían la comida en el territorio por el que se movían. Pero “ya no hay”, dice. “La minería ha acabado todo eso. Los animalitos se fueron”. 

Desde que las minas abrieron la tierra, los yukpa no volvieron a acceder a 61 sitios que consideran sagrados. Los cráteres a cielo abierto en el departamento del Cesar para extraer el carbón, una de las principales fuentes de energía en el mundo, suman más de 80 000 hectáreas y se tragaron muchos lugares de culto de los yukpa. 

Pero cuando las empresas mineras llegaron a este departamento del Caribe colombiano en los años 80 y 90, el Ministerio del Interior les aseguró que no existían comunidades indígenas, así que no tuvieron problema para obtener los títulos mineros y las licencias ambientales para empezar a operar las minas a cielo abierto. 

Tres décadas después, en 2023, los yukpa demostraron que ellos siempre habían estado en ese territorio en una acción legal que llevaron hasta la Corte Constitucional y que ganaron. La demanda por violación a la consulta previa había sido interpuesta en contra de tres entidades del Estado colombiano y dos empresas que operaban en el departamento del Cesar: Prodeco S.A. —filial del gigante suizo Glencore—y Drummond Ltd., la minera privada estadounidense que, según su presidente, José Miguel Linares, representa el 47 % del mercado del carbón colombiano.

Ese triunfo, sin embargo, no les ha valido de mucho en la práctica. El daño ya estaba hecho, sostienen, y las medidas que la Corte ordenó, no se han concretado en beneficio de los habitantes indígenas. 

Drummond, además, ha sido señalada de haber presuntamente promovido y financiado a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. En 2020, la Fiscalía General de la Nación acusó a su actual presidente y a su antecesor del delito de concierto para delinquir, acciones por las cuales aún esperan ser llamados a juicio. Drummond ha negado las acusaciones, diciendo que “no tiene ni ha tenido vínculo alguno con organizaciones al margen de la ley” y que “nunca ha financiado o prestado apoyo económico a estructuras criminales”.

A más de 6000 kilómetros al sur del continente, los habitantes de Huasco, en el norte de Chile, nada saben sobre los yukpa. Los yukpa tampoco conocen de ellos, pero están conectados de maneras que no imaginan. 

En este pueblo de poco más de 6000 personas no siempre llueve en invierno, pero cuando ocurre, en primavera los cerros del desierto en el cercano Parque Nacional Llanos de Challe se llenan de flores. Huasco es la puerta de entrada a un espectáculo de la naturaleza, pero casi no tiene infraestructura turística y lo que es más paradójico, es una de las cinco “zonas de sacrificio” que tiene el país, un apodo para los territorios devastados por la contaminación industrial. 

En Huasco, los techos de las casas, los marcos de las ventanas, las hojas de las plantas y hasta las rocas a la orilla del mar están cubiertas por un polvo negro que, de acuerdo con investigaciones científicas, contiene material particulado (MP), dióxido de carbono (CO₂), dióxido de nitrógeno (NO₂), dióxido de azufre (SO₂), óxido de nitrógeno (NO) y metales pesados como mercurio (Hg), níquel (NI) y vanadio (V). 

Aquel polvo negro proviene del carbón que las cinco plantas termoeléctricas que existen en Huasco, y que pertenecen a la compañía Guacolda Energía SpA, queman para proveer de energía al país y a algunas industrias y empresas mineras a través de contratos privados. Gran parte de ese carbón proviene de la tierra ancestral de los yukpa. 

En 2025, Chile importó más de 4 millones de toneladas, según datos de aduanas chilenas. De ese total, más de un millón de toneladas desembarcaron en el puerto de Huasco, que pertenece a Guacolda. La mitad, unas 569 000 toneladas, vinieron desde el puerto de Ciénaga, en el Caribe colombiano, donde Drummond Ltd embarca el carbón que extrae de sus minas en el departamento del Cesar. 

El vínculo comercial entre las dos empresas también está en los datos proporcionados a este medio por ImportGenius y en los del Coordinador Eléctrico Nacional de Chile, que describe que entre los carbones utilizados por Guacolda está el de Drummond.

En su intención de virar hacia fuentes de energías limpias, Chile ha programado el cese de operaciones de muchas de sus 28 plantas generadoras de energía en base a carbón o termoeléctricas (14 ya están cerradas, mientras que otras 14 han incumplido o no han develado un cronograma de cierre o reconversión a otras energías). Pero aún hay ocho termoeléctricas que no tienen un plan de cierre, entre ellas las cinco en Huasco. (Ver la historia ‘El “traje a la medida” con el que la termoeléctrica Guacolda quiere seguir operando más allá de 2040’).

Las emisiones de la quema del carbón pueden producir cáncer, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, respiratorias, autismo y retrasos cognitivos en los niños, entre otras patologías. Todo eso tienen los huasquinos, aunque ninguna causalidad directa se ha logrado comprobar. Esa ha sido la trinchera de las empresas y del Estado chileno. 

“Nos ignoran”, dice Carmen Castillo Villalobos. “No nos ven”. 

Ella es agricultora del valle del Huasco y no conoce a Tulia Restrepo Pérez, indígena yukpa del resguardo Sokorpa, en el Cesar, pero de un lado y del otro de la ruta del carbón, ambas quedaron olvidadas mientras sobre sus hombros sostienen la energía que mueve la vida cotidiana de millones de personas.