En un informe reciente, las organizaciones SOSOrinoco y World Heritage Watch advierten que el futuro judicial de Nicolás Maduro «no debe confundirse con el fin de los ataques contra el medioambiente de Venezuela». Además, señalan que Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela y figura clave del Gobierno de su antecesor, ha tenido un rol directo y protagónico en la «devastación ambiental del sur venezolano», particularmente en el Arco Minero del Orinoco.
Según las organizaciones, Rodríguez no es una funcionaria ajena a las operaciones extractivas, sino una de las principales arquitectas y ejecutoras de un modelo económico basado en la minería ilegal y depredadora. Desde sus cargos como ministra de Relaciones Exteriores, ministra de Economía y vicepresidenta, habría supervisado la consolidación del Arco Minero del Orinoco mediante decretos considerados ilegales, sin consulta previa a los pueblos indígenas y en violación de tratados internacionales, incluida la Convención del Patrimonio Mundial.
El informe sostiene que el Estado venezolano ha tratado extensas zonas del sur del país —incluidas áreas protegidas— como un “feudo minero”, favoreciendo la expansión de la minería de oro, tanto legal como ilegal.
Uno de los casos más graves señalados es el del Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. SOSOrinoco documenta más de 1500 hectáreas afectadas por minería ilegal dentro del parque, así como el envenenamiento de ecosistemas por mercurio.
Pese a las reiteradas solicitudes de la UNESCO, desde septiembre de 2022 una misión de monitoreo reactivo no ha podido ingresar al área. El informe atribuye este bloqueo directamente a Delcy Rodríguez, a quien señala como la principal barrera para la supervisión internacional.
“La destitución y el enjuiciamiento de Maduro es un paso necesario, pero no es el objetivo final”, afirma SOSOrinoco. “La sustitución de Maduro por Delcy Rodríguez es un mal presagio para el medio ambiente en Venezuela y tememos que el ecocidio actual continúe y se agrave bajo una nueva marca. El mundo debe darse cuenta y reconocer su culpabilidad directa en la destrucción del sitio del Patrimonio Mundial de Canaima y del resto de la Amazonía venezolana”, menciona la organización.
En ese contexto, SOSOrinoco y World Heritage Watch hacen un llamado urgente a la comunidad internacional, a la UNESCO y a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) para exigir el acceso inmediato al Parque Nacional Canaima, establecer responsabilidades individuales por los delitos ambientales y «apoyar a una futura Venezuela democrática» en la restauración de los territorios indígenas devastados por la minería.
Lee el artículo sobre cómo va el medioambiente de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro
Imagen principal: Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez. Foto: Facebook de Delcy Rodríguez
A cuatro años del derrame de Repsol, pescadores artesanales de cinco distritos de Lima y Callao denunciaron que el mar y las playas continúan contaminados, sin una remediación efectiva por parte de la petrolera ni una respuesta integral del Estado peruano.
El 15 de enero de 2022, un devastador derrame de petróleo tuvo lugar en la costa peruana cuando se vertieron 11 900 barriles de crudo en el mar de Ventanilla mientras se realizaba una descarga en la refinería La Pampilla, propiedad de la empresa Repsol.
En conferencia de prensa, en enero de 2026, los pescadores informaron que tras un recorrido en la playa Cavero de Ventanilla, en compañía de un biólogo, encontraron indicios visuales de petróleo así como bolas de alquitrán que indicarían la presencia de petróleo en la playa.
Durante la conferencia también se informó que ninguno de los 18 planes de remediación presentados por Repsol han sido aprobados por las autoridades peruanas. También señalaron que existen más de 600 observaciones técnicas que no han sido debidamente levantadas.
“Cientos de familias siguen sin poder retomar la pesca artesanal, la principal fuente de sustento. El impacto ha ido más allá de lo económico, afectando el modo de vida ancestral ligado al mar”: Luis Díaz, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales y Ancestrales de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay.
Por su parte, Mercedes Yovera, vicepresidenta de la federación, señala que “las playas de los cinco distritos afectados no se encuentran en condiciones aptas para la pesca ni para el uso público, pese a lo afirmado por la empresa”.
En la conferencia, los pescadores también alertaron sobre la desaparición de especies marinas clave para la pesca artesanal como el pejerrey y el calamar, que desovaban en zonas que han sido afectadas por el petróleo.
A través de un comunicado, a inicios de 2025, la empresa Repsol señaló que presentó la totalidad de los planes de rehabilitación en 2023, dentro del plazo estipulado, y que éstos aún continúan en evaluación por parte del Ministerio de Energía y Minas.
Repsol indicó también que todas las consultas realizadas por las autoridades han sido contestadas y que los planes no son necesarios para la reactivación y apertura de las zonas afectadas porque la empresa realiza acciones de limpieza, remediación y monitoreo diario.
Lee aquí toda nuestra cobertura sobre el derrame de Repsol en los mares del Perú
Imagen principal: Mercedes Yovera, vicepresidenta de la federación de Pescadores Artesanales y Ancestrales de Ventanilla, informó que tras un recorrido en la playa Cavero de Ventanilla encontraron indicios visuales de petróleo. Foto: cortesía CooperAccion
La ley antideforestación de la Unión Europea (UE), conocida como EUDR, se ha pospuesto oficialmente por segundo año. La enmienda se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 23 de diciembre de 2025.
La ley prohíbe la importación de productos básicos, como cacao, café, soja, carne vacuna, madera, aceite de palma y caucho, procedentes de zonas deforestadas después de diciembre de 2020. Los productores deben proporcionar datos geolocalizados para demostrar que sus productos no provienen de tierras con deforestación reciente.
La ley se aprobó inicialmente en 2023 y su entrada en vigor estaba prevista para principios de 2024. Sin embargo, tras la presión de productores, presión de lobbies y gobiernos, se retrasó un año. Ahora, se ha pospuesto un año más.
La última enmienda aprobada por la UE establece que los grandes operadores deberán cumplir la ley a partir del 31 de diciembre de 2026 y los operadores más pequeños a partir de mediados de 2027. Sin embargo, los políticos europeos también incluyeron un período de revisión en abril de 2026, lo que abre el margen para nuevos retrasos y retrocesos.
El siguiente cronograma detalla cómo se produjo el último retraso:
Septiembre de 2025
La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, afirma que su sistema informático aún no está listo para gestionar las exigencias del EUDR y propone posponerlo un año más.
Octubre de 2025
El Consejo Europeo, compuesto por los líderes de la UE que establecen la orientación política general, propone una prórroga suave de la ley, en lugar de un aplazamiento, proponiendo un período de gracia de seis meses. La propuesta incluye enmiendas que la suavizan, como una exención para las microempresas y los pequeños operadores de países de bajo riesgo.
Noviembre de 2025
Unas semanas después, el Consejo se retracta de su propuesta de período de gracia y acuerda una prórroga drástica del reglamento.
El Parlamento Europeo vota 402 a 250 a favor del cambio. Los legisladores también añaden una enmienda de última hora que excluye los productos impresos del ámbito de aplicación de la ley. También se introduce una cláusula que crea un plazo de revisión para la ley.
El texto se remite a negociaciones informales entre los tres poderes del Estado miembro de la UE.
Diciembre de 2025
El texto final sobre el retraso y la debilitación del EUDR fue aprobado por el Parlamento Europeo el 17 de diciembre. Se publicó como ley el 23 de diciembre.
Imagen principal: ganado, en la vía entre Calamar y Miraflores, en la Amazonía colombiana. La ganadería uno de los principales motores de la deforestación en Latinoamérica. Foto: César Molinares
Desde este lunes, decenas de equipos de bomberos y brigadistas luchan sin descanso contra los fuertes incendios que han consumido unas 2000 hectáreas de vegetación en la Comarca Andina, corazón turístico de la Patagonia argentina. Los fuegos se extendieron rápidamente por provincias como Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Río Negro, obligando a evacuar a más de 3000 turistas.
En Chubut, una de las provincias más afectadas, alrededor de 350 personas combaten las llamas con camionetas, camiones cisterna, retroexcavadoras, helicópteros, aviones anfibios y cisterna. Las labores se complican por sequía, vientos intensos y humo denso que reduce la visibilidad.
“Todos los equipos… están trabajando sin descanso, pero la realidad es que el frente del incendio es muy grande, tiene muchísimos sectores”, dice la brigadista Natalia Dobranski a Radio con Vos de Buenos Aires.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, denunció indicios de intencionalidad en uno de los incendios más devastadores, que aún permanece activo. «Los miserables que prendieron fuego van a terminar presos», afirmó. Además, Torres anunció una recompensa de 50 millones de pesos (unos 34 000 dólares) para quienes aporten datos sobre el siniestro que afecta a la zona.
El fiscal Carlos Díaz Mayer agregó que el fuego “se inició con un acelerante o nafta [gasolina], que es lo que determina que efectivamente alguien quiso prender ese fuego”. El Ministerio Público investiga las presuntas responsabilidades.
Este es el primer gran incendio de 2026 en la Patagonia, un año después de que se registraran los peores incendios forestales en décadas y que arrasaron miles de hectáreas, destruyeron viviendas y causaron una muerte en la región.
Los incendios son comunes en el verano austral por altas temperaturas, vientos y sequía. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego emitió alerta roja en ocho provincias hasta el viernes.
Lee el reportaje sobre los incendios que se registraron en Argentina durante 2025
Este artículo fue publicado por Nayara Batschke en Associated Press
Imagen principal: incendios en Parque Nacional Los Glaciares, Santa Cruz, Argentina. Enero de 2026. Foto: © Consejo Agrario Provincial
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que suspende el apoyo de Estados Unidos a 66 agencias, comisiones y paneles de la ONU enfocados en clima, trabajo y temas «woke», informó la agencia AP. El Departamento de Estado las califica de redundantes, mal gestionadas y contrarias a los intereses nacionales.
«La administración Trump ha encontrado que estas instituciones son redundantes en su alcance, mal gestionadas, innecesarias, derrochadoras, mal administradas, capturadas por los intereses de actores que impulsan sus propias agendas contrarias a las nuestras, o una amenaza para la soberanía, libertades y prosperidad general de nuestra nación», indica el Departamento de Estado en un comunicado.
Entre las organizaciones afectadas está la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (UNFCCC), base del Acuerdo de París, de la que Trump ya se retiró previamente. Estados Unidos también cortó fondos a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Organismo de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (conocido como UNRWA), el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la UNESCO, priorizando solo lo alineado con la agenda del presidente Trump.
Expertos como el climatólogo Rob Jackson advierten que estas medidas frenan la lucha contra el cambio climático —causante de inundaciones, sequías e incendios—, al excusar a otros países y complicar recortes de emisiones, dado que Estados Unidos es un gran emisor de gases de efecto invernadero, que provocan el cambio climático.
Agencias no gubernamentales independientes, algunas que trabajan con las Naciones Unidas, enfrentan recortes de personal, mientras que muchas ONG reportan cierres de proyectos por la reducción de ayuda vía el programa conocido como USAID.
Estos anuncios se producen en medio de tensiones como la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y la anunciada intención de tomar Groenlandia.
Lee nuestra serie sobre cómo la política de Trump acorrala al sector ambiental en América Latina
Este artículo fue publicado por Matthew Lee y Farnoush Amiri en Associated Press
Imagen principal: Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Gobierno Estados Unidos
La Justicia ecuatoriana decidió llevar a juicio al expresidente Lenín Moreno por presunta corrupción relacionada con la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, obra realizada por la empresa china Sinohydro durante el mandato del expresidente Rafael Correa.
Desde hace años, expertos le han señalado a Mongabay Latam que este proyecto hidroeléctrico influyó en la desaparición de la cascada San Rafael y la erosión del río Coca, debido a la retención que hace de sedimentos.
Emilio Cobo, ingeniero ambiental y miembro del Observatorio de Ríos Andinos, asegura que “es una obra que quizás no tenía que haberse construido en esa dimensión, ni en ese lugar, ni con ese diseño. La premura por apalancarse de dineros, que se está comprobando que tienen que ver con corrupción, impulsaron a que se hiciera una obra expuesta a riesgo”.
Finalmente, la Corte Nacional de Justicia concluyó que existen pruebas suficiente para acusar a Moreno de cohecho por supuestamente haber recibido sobornos mientras fue vicepresidente entre 2007 y 2013.
Según la Fiscalía, el caso involucra a 24 personas, incluidos familiares y allegados de Moreno, y señala que se repartieron supuestas coimas por unos 76 millones de dólares para asegurar la adjudicación de la obra, cuyo costo fue alrededor de 2000 millones de dólares.
Investigaciones internacionales en países como Panamá, Suiza, Estados Unidos y China permitieron rastrear el dinero presuntamente entregado en sobornos, que habría llegado también a la familia de Moreno y a otros acusados. Se habla de que Moreno y su esposa recibieron 547 000 dólares, su hija 52 000 y otros familiares sumas menores, mientras que la mayor parte del dinero fue supuestamente manejada por el empresario Conto Patiño, cercano al expresidente.
Moreno, quien gobernó Ecuador entre 2017 y 2021 y reside actualmente en Paraguay como comisionado para la discapacidad del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), negó las acusaciones.
En su cuenta de X señaló que la Fiscalía no ha podido probar que recibiera “un solo centavo y [que] también carece de sustento la acusación que se hace contra mi esposa y mi hija”.
El exmandatario afirmó, además, que el exvicepresidente Jorge Glas fue quien contrató el proyecto de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y quien gestionó el financiamiento para su construcción. Glas está en prisión por otros delitos de corrupción.
El proceso judicial contra del expresidente aún no tiene fecha de inicio. En caso de ser condenado en ausencia, Ecuador podría solicitar su extradición, aunque expertos consideran poco probable que se conceda debido a su condición de expresidente. El delito de cohecho en Ecuador contempla penas de tres a diez años de prisión.
Este artículo fue publicado por Associated Press
Imagen principal: Lenin Moreno, en una imagen de archivo. Foto: Agencia de Noticias Andes bajo licencia Creative Commons en Flickr
Durante casi un siglo, la palkachupa, un ave endémica de Bolivia, fue considerada extinta. Sin embargo, gracias al trabajo del pueblo indígena leco y un programa de conservación liderado con apoyo de la organización Armonía, su población ha crecido de 600 a más de 1900 ejemplares. ¿Cómo lograron esta recuperación?
Desde su descubrimiento en 1902, la palkachupa enfrentó graves amenazas. La deforestación acelerada y la contaminación llevaron a que esta ave se considerara desaparecida hasta su redescubrimiento en el año 2000. Su hábitat natural había sido reducido drásticamente, lo que puso en riesgo su supervivencia.
Esta ave mide alrededor de 20 centímetros y destaca por sus colores vibrantes: amarillo y negro, acompañados por una llamativa cola bifurcada larga. “Es un pájaro espectacular por sus colores, su tamaño, su comportamiento. Es una especie paradisíaca”, dice Tjalle Boorsma, de la organización Armonía.
El pueblo indígena leco decidió asumir la defensa de la palkachupa como parte de su identidad cultural y ambiental. La incluyeron en su Plan de Vida, una herramienta social que impulsa la protección directa del ave y su territorio. “La palkachupa es un icono natural del pueblo leco, es un ave que nos representa porque solo existe en Apolo [municipio de La Paz]”, dice Remmy Huanca, dirigente leco.
En 2022 se lanzó el Programa Palkachupa, coordinado entre el pueblo leco y la organización Armonía. Este proyecto estableció 1888 hectáreas de Áreas de Protección Comunitaria, que resguardan el 23 % del hábitat reproductivo de esta ave hasta 2034. Sandra Paredes, del Programa Palkachupa, destaca que “los indígenas son los guardianes del territorio, viven ahí, son los vigilantes, por eso le dan mayor sostenibilidad al proyecto. Las acciones dependen de la voluntad que pongan a la apropiación y al sentido de pertenencia”.
Además de asegurar áreas protegidas, el pueblo indígena leco ha reforestado más de 100 hectáreas con especies nativas que alimentan a la palkachupa, garantizando la recuperación y conservación de su hábitat ancestral. Actualmente, se estima que existen más de 1900 palkachupas jóvenes y adultas, distribuidas también dentro del Parque Nacional Madidi, reconocido por su enorme biodiversidad.
Imagen principal: una palkachupa empolla sus huevos en un árbol. Foto: cortesía Mileniusz Spanowicz / Asociación Armonía
En una sala aislada de una reserva natural cerca de Bogotá, la capital de Colombia, Wayra, un polluelo de cóndor recién nacido, es un símbolo de esperanza para Fernando Castro, un especialista en vida silvestre. Castro, de 33 años, dice ver en el pequeño el futuro del cóndor andino (Vultur gryphus) en Colombia.
Wayra es el último polluelo de cóndor andino nacido gracias a un programa de incubación artificial dirigido por la Fundación Jaime Duque, una organización colombiana sin fines de lucro dedicada a la conservación de la especie. En el Parque Jaime Duque, un parque temático a 30 minutos de Bogotá que incluye dos reservas naturales, los conservacionistas trabajan para reproducir la especie a un ritmo más rápido del natural, con el fin de darle al ave voladora más grande de América una mejor oportunidad de recuperación.
Durante los últimos dos siglos, las poblaciones de cóndores andinos han disminuido constantemente en los siete países que habitan: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. La población se desplomó en el siglo XX cuando los pobladores del altiplano andino sacrificaron a estas aves carroñeras por la creencia errónea de que eran las responsables de la muerte del ganado.
La pérdida de hábitat y la contaminación con plomo de las municiones dejadas en los cadáveres de los animales devastaron aún más la especie.
Actualmente, el cóndor andino está clasificado en la Lista Roja de la UICN como vulnerable a la extinción. La evaluación de la UICN, realizada en 2020, estima que quedan alrededor de 6700 ejemplares de cóndor en toda su área de distribución. Sin embargo, su situación varía según el país.
En Venezuela, se cree que la especie se ha extinguido localmente, y en Colombia y Ecuador, los cóndores andinos están clasificados como en peligro crítico de extinción, con poblaciones estimadas de tan solo 130 y 150 individuos, respectivamente. Como carroñero, el cóndor actúa como un equipo de limpieza de la naturaleza, alimentándose de cadáveres y previniendo la propagación de enfermedades.
El uso de la incubación artificial y el nacimiento de tres polluelos en el último año podrían ayudar a aumentar la población de cóndores andinos en Colombia. “Son la salvación de la especie”, dice Castro, director de biodiversidad en la Fundación Jaime Duque.
Imagen principal: imagen de referencia. Como carroñero, el cóndor actúa como un equipo de limpieza de la naturaleza, alimentándose de cadáveres y previniendo la propagación de enfermedades. Foto: Hernán Povedano
