“El calamar gigante (Dosidicus gigas) está en total abandono”, dice Alfonso Miranda, presidente del Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante en el Pacífico Sur (CALAMASUR). Esta es su impresión después de la 14° reunión de la Comisión de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP-PS), que finalizó el 6 de marzo pasado en Panamá.
Los miembros de la convención, entre ellos Ecuador y la Unión Europea, llegaron con nueve propuestas para regular la pesca en altamar de la también llamada pota o jibia. Ecuador, Perú y Chile denuncian que una flota de 500 barcos chinos pesca sin límites cerca de sus Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) y, en algunas ocasiones, invaden estas áreas.
Solo se aprobó la propuesta de Estados Unidos y Nueva Zelanda, que reducirá en 15 % el número de embarcaciones de aguas distantes, zonas de pesca en alta mar, alejadas de la costa nacional, donde operan flotas pesqueras de larga distancia. Para Miranda, esta medida “no tiene ninguna utilidad práctica”. Explica que China ya opera con menos del 85 % de los barcos registrados.
“Había tres propuestas que eran el corazón de una verdadera gobernanza”, señala. La primera buscaba imponer un límite a las capturas basado en el enfoque precautorio a falta de estudios científicos. El tope planteado era de 396 671 toneladas, inferior a las cerca de 500 000 toneladas que China desembarcó en 2023.
En segundo lugar, se apuntaba a establecer una zona de no pesca para embarcaciones de aguas distantes de 20 millas desde el límite de las ZEE.
Para Miranda, la reducción de la flota era una medida significativa, siempre y cuando se hubiera impuesto sobre las embarcaciones activas y no sobre las registradas.
“Creo que hay grandes responsables. En primer lugar, China, después Estados Unidos y, en tercer lugar, la Unión Europea”, dice Miranda. Detalla que estos países se opusieron alegando falta de sustento científico. Además, con respecto a la zona buffer, argumentaron que hay restricciones legales.
No obstante, señala que el artículo 119 de la CONVEMAR, la constitución de los océanos, permite establecer medidas de conservación en altamar.
El presidente de CALAMASUR añade que ya se han establecido medidas similares. La Comisión Interamericana del Atún Tropical creó en 2009 el Corralito, un área al oeste del archipiélago de Galápagos sobre la que se establecen vedas. En Europa y China hay regulaciones en la misma línea, de acuerdo con el experto.
El estudio del estado de la población del calamar gigante queda en manos del Comité Científico, presidido por China. Los resultados saldrían en al menos tres años. “El calamar va a seguirse capturando a ciegas, con el inminente riesgo de una depredación del recurso”, prevé Miranda.
El trabajo no se ha acabado. El objetivo es proteger una pesquería de la que dependen decenas de miles de pescadores y personas asociadas a las cadenas productivas en Perú y Chile.
Imagen principal: potero panameño dentro de la ZEE de Ecuador, 2019. Foto: cortesía Simon Ager
Frente al impacto de lluvias intensas, aludes y desbordes asociados al fenómeno de El Niño Costero, Perú declaró el estado de emergencia en más de 700 distritos de la costa del Pacífico, los Andes y la Amazonía.
El decreto fue firmado por el presidente interino José Balcázar. La medida permitirá agilizar la transferencia de recursos a gobiernos locales y regionales para proteger puentes, carreteras, sistemas de agua potable y redes eléctricas, así como salvaguardar la vida y la salud de la población.
La Defensa Civil reportó al menos 68 fallecidos desde diciembre de 2025 por causas vinculadas a las lluvias. Entre las víctimas más recientes se registró a un padre y su hijo arrastrados por un alud en Arequipa y un policía que murió en Lima mientras intentaba rescatar a un perro en un río crecido.
El impacto en infraestructura es significativo. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que 931 kilómetros de carreteras han resultado afectados en el país. Por esas vías se movilizan más de medio millón de personas cada semana.
Las autoridades científicas prevén que el fenómeno, iniciado en febrero, podría extenderse al menos hasta noviembre, en un país que ya ha enfrentado tragedias similares en 2017 y 2023.
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Este artículo fue publicado en Associated Press
Imagen principal: una carretera destruida por las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en Arequipa, Perú, el lunes 23 de febrero de 2026. Foto AP/José Sotomayor
El ingeniero forestal Javier Fasabi, personal de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) de Puerto Inca, en Huánuco, recibió varios impactos de bala que le ocasionaron tres heridas en brazos y piernas así como una lesión superficial en el rostro. El ingeniero forestal realiza inspecciones contra la tala ilegal.
El hecho ocurrió el miércoles 25 de febrero a la altura del kilómetro 41 de la carretera Fernando Belaunde Terry —carretera marginal—, donde se ubica el centro poblado Nuevo Porvenir, distrito y provincia de Puerto Inca, Huánuco. Fasabi regresaba a su oficina a bordo de su motocicleta, informó a Mongabay Latam el suboficial Edwin Villanueva, del Departamento de Investigación Criminal de Puerto Inca, en Huánuco.
Luego de ocurrido el hecho, Fasabi fue trasladado al Hospital de Essalud de Pucallpa, en Ucayali. Según información del hospital, el ingeniero forestal se encuentra estable luego de haber sido sometido a intervenciones quirúrgicas por los impactos de bala recibidos. Por su seguridad, cuenta con resguardo policial.
Villanueva, a cargo de la investigación, dijo a Mongabay Latam que en la zona donde ocurrió el atentado han sucedido otros hechos de violencia anteriormente. “El año pasado hemos tenido cinco o seis casos de violencia en el kilómetro 41. Ahí ocurren incidentes como sicariato, extorsión y otros delitos graves contra la vida, la integridad física y la salud”. El suboficial recordó el caso de una persona dedicada al negocio del cacao que fue secuestrada y cuyo cuerpo se encontró en esa zona.
Villanueva también dijo que un representante de la ATFFS se acercó a la dependencia policial de Puerto Inca e informó que ninguno de los trabajadores de la oficina agraria habían recibido amenazas antes de este hecho. Sin embargo, recordó que hace un año la oficina de Puerto Inca sufrió un incendio.
En conferencia de prensa, la directora regional de Agricultura de Huánuco, Rosalin Tineo, manifestó su rechazo a “todo acto de violencia”. También informó que se ha solicitado garantías para la vida de los servidores de la ATFFS de Puerto Inca, pero indicó que desconoce si el hecho está relacionado con el trabajo que realizan en los bosques.
Tineo agregó que a través de la mesa de diálogo “se está avanzando para frenar los abusos de la tala ilegal y la minería ilegal en la provincia de Puerto Inca”, por lo que “se están reforzando las garitas de control de la zona”.
En Puerto Inca se han instalado varias economías ilícitas, principalmente minería ilegal, tala ilegal y narcotráfico, como ha informado en varias oportunidades Mongabay Latam. Puerto Inca también es territorio de comunidades indígenas que desde hace varios años denuncian la presencia de actividades ilícitas y la falta de titulación de sus territorios. Es, además, una zona donde han ocurrido varios asesinatos de líderes indígenas.
Imagen principal: el ingeniero forestal Javier Fasabi realiza habitualmente inspecciones contra la tala ilegal, lo que podría estar relacionado con el ataque. Foto: redes sociales
La provincia de Morona Santiago, ubicada al suroriente de la Amazonía ecuatoriana, enfrenta una acelerada expansión de la minería aurífera que amenaza gravemente sus ecosistemas y a los pueblos indígenas que habitan la región.
Un reciente estudio del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) reveló que en 2024 la deforestación asociada a la minería alcanzó las 856 hectáreas en Morona Santiago, el doble de la superficie afectada en 2020, cuando se registraron 420 hectáreas impactadas.
Este aumento evidencia una intensificación de las operaciones extractivas, muchas de ellas fuera del marco legal, en zonas de alto valor ecológico y cultural. Las imágenes satelitales y de drones confirman la rápida transformación del paisaje, con grandes áreas de bosque convertidas en frentes mineros.
Esta provincia, considerada uno de los principales refugios de conservación del Ecuador, es el hogar ancestral de las nacionalidades indígenas shuar y achuar.
El monitoreo satelital del MAAP se centra en tres estudios de caso. El primero analiza lo que sucede en el río Santiago, ubicado entre las asociaciones Shuar Santiak, Mayaik y Nunkui del territorio del Pueblo Shuar Arutam. Entre enero de 2020 y octubre de 2025, la actividad minera impactó 197 hectáreas a lo largo de sus riberas, una superficie equivalente a unas 277 canchas de fútbol profesional. Además, se constató que 41 hectáreas, es decir, el 20.6 % del área afectada, corresponden a operaciones desarrolladas fuera de las zonas autorizadas por el catastro minero, lo que evidencia la expansión de la minería no permitida en territorios indígenas.
El segundo caso se centra en el río Zamora, ubicado en las cercanías de la comunidad de Nayap y dentro del territorio del Pueblo Shuar Arutam. Entre 2024 y 2025, el monitoreo identificó 164 hectáreas afectadas por actividad minera, una superficie equivalente a unas 229 canchas de fútbol profesional. Además, se identificó que 31 hectáreas, es decir, el 19 % del total, corresponden a operaciones desarrolladas fuera de las áreas mineras autorizadas.
Finalmente, el estudio pone la lupa en el cantón Taisha, al norte de la provincia de Morona Santiago, donde la minería ilícita avanza dentro de los territorios indígenas shuar de Samikim, Kankaiman, Kainkaim, Yukuapais y Pañiashña. Entre octubre de 2024 y octubre de 2025, el monitoreo satelital documentó 100.1 hectáreas impactadas por actividades mineras desarrolladas fuera de concesiones autorizadas, una superficie equivalente a unas 140 canchas de fútbol profesional.
“Con mucha tristeza estamos viendo cómo evoluciona la dinámica [de la minería] de una manera muy rápida en territorios indígenas, con una importancia tanto cultural como de biodiversidad muy grande”, dijo Jorge Villa, investigador de Ecociencia, a Mongabay Latam.
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*Imagen principal: operativo militar contra la minería ilegal en Tiwintza, provincia de Morona Santiago. Foto: obtenida por Mongabay Latam durante la investigación
En Argentina, la deforestación del bosque chaqueño aumentó un 40 % en 2025, de acuerdo a las últimas cifras publicadas por la organización Greenpeace, en base al análisis de imágenes satelitales. En el norte del país, en la región que integra el Gran Chaco sudamericano, segunda región boscosa más grande de la región, se perdieron 210 702 hectáreas de bosque, una extensión equivalente a diez ciudades de Buenos Aires. Las causas fueron la deforestación y los incendios.
En 2024, se habían deforestado en la región 149 649 hectáreas, pero el año pasado se superó la cifra con 61 053 hectáreas más, según el informe.
El reporte estima que durante 2025 en el norte de Argentina se desmontaron o deforestaron mediante uso de topadoras o maquinaria 94 204 hectáreas (en la provincia de Santiago del Estero fueron 51 149 hectáreas; en la de Chaco, 16 872 hectáreas; en Salta, 15 129 hectáreas; y en la provincia de Formosa fueron 11054 hectáreas).
El informe suma que el año pasado en dichas provincias se quemaron 116 498 hectáreas más de bosques (Santiago del Estero: 53 325 hectáreas; Formosa: 22 715 hectáreas; Chaco: 21 520 hectáreas; y Salta: 18 938 hectáreas).
Así, la sumatoria de áreas desmontadas e incendiadas durante 2025 en el norte del país fue de 210 702 hectáreas.
La organización alertó que el Gobierno nacional y algunas provincias pretenden modificar la Ley de Bosques para facilitar más deforestación. “Ante los compromisos climáticos de detener la deforestación para el año 2030, Argentina debe prohibir y penalizar su destrucción”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
“El consenso científico viene alertando hace tiempo sobre la emergencia climática y de biodiversidad en la que nos encontramos, y que proteger nuestros bosques resulta fundamental”, agregó Giardini. Luego, aseguró que las multas no son suficientes para desalentar desmontes ilegales e incendios forestales, y que los responsables “rara vez son obligados a su restauración”. “En muchos casos es evidente la complicidad de funcionarios. Debemos acabar con esta impunidad”, afirmó.
*Imagen principal: una topadora o maquinaria desmonta bosque en la provincia de Salta, en el norte chaqueño de Argentina. Foto: cortesía © Martin Katz / Greenpeace
La tortuga laúd, la especie de tortuga marina más grande del planeta, enfrenta una situación crítica en Ecuador. Sin playas seguras ni protección legal efectiva, su lucha por sobrevivir se vuelve cada vez más difícil, especialmente en Playa Bikini, en la provincia de Manabí, uno de sus principales sitios de anidación.
En febrero de 2025, un tribunal ecuatoriano prohibió la extracción de arena y la circulación vehicular en esta playa para proteger los nidos de la especie. La Justicia reconoció los derechos de la naturaleza y ordenó medidas urgentes para evitar su destrucción. Sin embargo, un año después, videos y denuncias confirman que estas actividades ilegales continúan.
Organizaciones ambientales y guardaparques documentan la extracción constante de arena y el tránsito de vehículos sobre la zona donde la tortuga laúd deposita sus huevos. “El caso fue elevado a la Fiscalía para investigar minería ilegal por extracción de arena. Está en investigación previa”, explica la abogada Kimberly Viracocha.
La población de tortuga laúd del Pacífico Este Tropical ha disminuido un 97 % y hoy está catalogada como En Peligro Crítico de extinción. A la extracción de arena se suman otras amenazas como la iluminación artificial, los malecones costeros y el turismo descontrolado, factores que alteran su proceso natural de anidación.
Frente a este escenario, organizaciones civiles y guardaparques redoblan esfuerzos para proteger cada nido. Solo en las primeras semanas de 2026 lograron resguardar cerca de 500 huevos. Hay que cuidar cada nido como si fuera oro y asegurarnos de que todos los huevos se conviertan en tortuguitas para que la especie tenga una oportunidad”, advierte el científico Randall Arauz.
Imagen principal: nacimiento de neonatos de tortuga laúd en una playa mexicana. Foto: cortesía Carlos Salas / Red Laúd OPO
Rodolfo Ortega navegaba el martes en una pequeña embarcación por las calles inundadas de Montería, una ciudad en el noroeste de Colombia que en los últimos días ha quedado bajo el agua por las repentinas precipitaciones que produjo un frente frío en el mar Caribe.
Su casa, ubicada en el barrio Níspero, está deteriorada por el agua, lo que lo obligó a evacuar con las pocas pertenencias que podía cargar en una pequeña maleta.
«Se deterioró bastante, se perdieron los enseres… apenas vamos con lo que va ahí: la ropa, no más», aseguró Ortega a The Associated Press, mientras avanzaba la lancha. «(Necesitamos) una ayudita por ahí, siquiera para conseguir los electrodomésticos», pidió al Gobierno.
Su caso se repite por miles en el departamento de Córdoba, donde se ubica Montería, y también en otros como Antioquia, Sucre, Bolívar, Santander, Magdalena y Chocó.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) calcula en más de 69 000 las familias afectadas en un centenar de municipios en el país, por lo que ha movilizado toneladas de alimentos, kits de aseo y colchonetas para atenderlas. El Gobierno ha reportado al menos 15 personas muertas por la emergencia.
«Desde el domingo pasado, primero empezó con unos aguaceros de todo el día, y se pensó que solamente era un aguacero. Luego se desbordó el río Sinú y ahí empezó la inundación», relató Ortega.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha reportado el ingreso de dos frentes fríos al Caribe que causaron aumento de oleaje, viento y lluvias. «Los frentes fríos son fenómenos normales dentro del invierno del hemisferio norte. Lo que sí ocurre es que no es usual que sean tan intensos y que tengan efectos sobre la región Caribe«, explicó la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, en un consejo de ministros televisado.
Las precipitaciones fueron «sin precedentes», agregó la funcionaria, dado que en los primeros siete días de febrero cayó la lluvia que se esperaba para todo el mes, lo que en Córdoba causó la crecida del río Sinú. Febrero suele ser un mes de tiempo seco en Colombia.
La directora del Ideam aseguró que las alertas hidrológicas siguen en rojo en buena parte del país, lo que significa probabilidad de inundaciones y deslizamientos, aunque no prevén el impacto de un tercer frente frío.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, calculó el martes que para la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones se necesitarían 8 billones de pesos (aproximadamente 2187 millones de dólares).
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Imagen principal: residentes intentan recuperar sus pertenencias de sus casas inundadas luego de que la lluvia provocara el desbordamiento del río Sinú, el lunes 9 de febrero de 2026, en Montería, Colombia. Foto: AP/Fernando Vergara
El cambio climático provocado por el ser humano ha intensificado de forma decisiva las condiciones que favorecieron los recientes incendios forestales en Chile y Argentina, según un nuevo análisis de la organización científica World Weather Attribution (WWA).
El estudio concluye que los eventos meteorológicos extremos que acompañaron estos incendios fueron entre 2.5 y 3 veces más probables debido al calentamiento global provocado por la quema de combustibles fósiles. Además, menciona que «La Niña desempeñó un papel menor en la promoción de las condiciones secas».
“Nuestro análisis muestra una huella clara y peligrosa del cambio climático en estos incendios. Al quemar combustibles fósiles, hemos cargado los dados, haciendo que las condiciones para estos devastadores fuegos sean mucho más probables», señala Clair Barnes, investigadora en Clima Extremo y Cambio Climático del Centro de Política Ambiental del Imperial College de Londres.
La investigación revela que las regiones afectadas están recibiendo actualmente entre un 20 % y un 25 % menos de precipitaciones de las que tendrían en un escenario sin cambio climático. Esta reducción sostenida de las lluvias, sumada al aumento de las temperaturas, ha generado condiciones cada vez más propicias para la propagación rápida y descontrolada del fuego.
En Chile, los incendios impactaron con especial gravedad en las regiones del Biobío y Ñuble. Las llamas dejaron un saldo de al menos 23 personas fallecidas, destruyeron más de 1000 viviendas y obligaron a evacuar a cerca de 52 000 personas. Los expertos señalan que las temperaturas superiores a los 37 °C, combinadas con fuertes vientos que alcanzaron los 40 kilómetros por hora, crearon un escenario altamente inflamable que facilitó la expansión de los incendios en áreas rurales y urbanas.
Al otro lado de la Cordillera de Los Andes, en la Patagonia argentina, el fuego arrasó amplias zonas del Parque Nacional Los Alerces, un área protegida que alberga árboles milenarios, algunos con una antigüedad de hasta 3000 años. Estos ecosistemas únicos, considerados verdaderos archivos vivientes del clima y la biodiversidad, se encuentran ahora bajo una amenaza creciente debido al aumento de la frecuencia e intensidad de los incendios.
“Estos incendios golpean el corazón de nuestras comunidades y nuestro patrimonio natural», menciona Juan Antonio Rivera, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
Si bien el cambio climático es un factor central en la actual crisis, los científicos advierten que la situación se ve agravada por la limitada capacidad de respuesta institucional. En Argentina, los recortes presupuestarios destinados a la prevención y el manejo del fuego han debilitado las estrategias de monitoreo, detección temprana y combate de incendios, reduciendo la capacidad del Estado para enfrentar eventos cada vez más extremos, como informó esta semana Mongabay Latam.
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Imagen principal: brigadistas caminan por una carretera mientras un incendio forestal arde en El Hoyo, Patagonia, Argentina, el jueves 8 de enero de 2026. Foto: AP / Maxi Jonas
