Un proyecto de ley que busca frenar de manera definitiva la pesca industrial dentro de áreas naturales protegidas se debate en el Congreso de Perú. El dictamen —que reúne tres iniciativas legislativas— propone una modificación en la Ley de Áreas Naturales Protegidas para fortalecer la protección de la biodiversidad acuática.
En el Congreso la propuesta ha sido analizada en dos comisiones. Una de ellas, la de Producción, ha planteado la no aprobación y el envío al archivo. En cambio, la comisión que aborda los temas ambientales emitió un dictamen a favor. El 7 de mayo, este grupo de trabajo propuso sancionar un artículo único que establece que queda “prohibida la pesca de mayor escala al interior de las áreas naturales protegidas marinas o continentales, cualquiera sea su categoría o zonificación”.
El mismo artículo sostiene que el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos dentro de las áreas naturales protegidas solo puede ser autorizado para acuicultura, pesca artesanal y de menor escala, y que no debe perjudicar el cumplimiento de los fines por los cuales se estableció el área protegida.
El dictamen para la aprobación de esta nueva ley data del 8 de abril de 2024. Es decir, el tema permaneció encarpetado durante más de un año. Recién el pasado 5 de mayo, la Junta de Portavoces acordó incorporarlo en la agenda del Pleno, en momentos en que la actual composición del Congreso se encuentra en la cuenta regresiva de sus últimos tres meses de mandato. Sin embargo, en el Pleno que se realizó el 7 de mayo, la norma no entró en el debate.
El Ministerio del Ambiente ha emitido un informe técnico donde señala que “la prohibición de extracción de mayor escala, ya sea marina o continental” ya se encuentra regulada en el reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. Por tal motivo, dicho sector ha restado valor a la propuesta.
Un informe de la congresista Ruth Luque, publicado en octubre de 2025, señala que la aprobación de esta norma permite que la prohibición que existe en el reglamento tenga rango de ley. También destaca la inexistencia de sanciones efectivas frente a la pesca industrial en áreas naturales protegidas debido a que el Ministerio de la Producción ha eliminado de su cuadro de infracciones la tipificación por pescar dentro de áreas prohibidas o reservadas.
Carmen Heck, directora de Políticas de la organización Oceana en Perú, subraya que hace falta una norma con rango de ley: “La prohibición está ahí, pero cualquiera puede infringirla sin ser sancionado”.
El caso de la Reserva Nacional de Paracas es un ejemplo de lo que puede suceder sin una ley que especifique la prohibición de la pesca industrial en las áreas marinas protegidas. En los últimos años, esta área protegida ha estado en el centro de una disputa judicial por parte de la industria pesquera que buscaba abrir la puerta a la pesca a gran escala en esta zona.
*Imagen principal: pesca industrial en el mar peruano. Foto: Agencia Andina
Científicos y ambientalistas han dado la voz de alarma por el incremento del turismo en los paisajes helados de la Antártida y el consecuente aumento del riesgo de contaminación, enfermedades y otros daños al continente.
Un brote mortal del inusual hantavirus a bordo de un barco neerlandés en un crucero polar de varias semanas ha llamado la atención sobre la creciente tendencia del turismo.
La mayoría de expediciones se dirigen a la península Antártica, uno de los lugares que se calientan más rápido en el mundo. De 2002 a 2020, se derritieron aproximadamente 149 000 millones de toneladas de hielo antártico por año, según la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio.
Una ruta común consiste en viajar hacia el sur desde Argentina rumbo a la Antártida, la misma ruta que tomó el MV Hondius. La Organización Mundial de la Salud (OMS) investiga una posible transmisión de persona a persona en este crucero, explicó la doctora Maria Van Kerkhove, directora de preparación ante epidemias y pandemias de la entidad internacional.
En 2024, más de 80 000 turistas pisaron el vasto continente cubierto de hielo y 36 000 lo observaron desde la seguridad de los barcos, según datos recopilados por la Asociación Internacional de Operadores Turísticos de la Antártida.
La Unión Internacional de Científicos Preocupados estima que el turismo a la Antártida se ha multiplicado por diez en los últimos 30 años.
Esa cifra podría aumentar en la próxima década a medida que bajen los costos, ya que entrarán en servicio más cascos capaces de navegar entre hielos, señaló Hanne Nielsen, profesora de la Universidad de Tasmania. Sus colegas estiman que el número anual podría triplicarse o cuadruplicarse hasta superar las 400 000 visitas en ese periodo.
Bandadas de aves migratorias han llevado la gripe aviar desde Sudamérica a la Antártida en los últimos años, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.
Ese brote llevó a la Asociación Internacional de Operadores Turísticos de la Antártida y a otros a endurecer las normas de conducta e higiene de los turistas.
Además, los cruceros han sufrido brotes de enfermedades como el norovirus, que puede propagarse rápidamente en los espacios reducidos de un barco. En 2020, un brote de Covid-19 en el Diamond Princess convirtió al crucero en una incubadora.
La Antártida se rige por el Tratado Antártico desde 1959, cuando las cifras de turismo eran mucho más bajas. «La actividad debe regularse de manera adecuada, como se haría con cualquiera de los sitios ecológicos sensibles y valiosos del mundo», plantea Claire Christian, directora ejecutiva de Antarctic and Southern Ocean Coalition.
Lee en Mongabay Latam más sobre señales de degradación en la Antártida.
Imagen principal: pasajeros observan mientras un barco navega por el canal de Lemaire en Antártida. Noviembre de 2025. Foto: archivo AP/Mark Baker
Con la participación como adherentes de más de 850 000 ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil argentina presentaron ante el Juzgado Federal de La Pampa una demanda de inconstitucionalidad y una medida cautelar contra la reciente Ley de reforma 27.804 que, según advierten, debilita seriamente la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.
Los ciudadanos piden al tribunal declarar inconstitucional la nueva ley 27.804, modificada a pedido del gobierno de Javier Milei y promulgada el 24 de abril. Esta norma realiza cambios a la ley 26.639, que regula la preservación de los glaciares y del ambiente en Argentina. Los demandantes plantearon también una medida cautelar para que el juez evalúe suspender la implementación de la cuestionada norma.
Son cuatro los argumentos generales planteados por los demandantes para sustentar la inconstitucionalidad de la ley 27.804:
Los demandantes advierten la ausencia de un verdadero proceso de consulta. Hubo más de 100 000 inscritos para participar en una audiencia pública de dos días, convocada por la Cámara de Diputados. Sin embargo, solo se permitió la participación de 122 personas.
Los demandantes subrayan que la Constitución de Argentina (en su artículo 41) regula la obligación del Estado de no comprometer las necesidades de las generaciones futuras, en este caso el acceso al agua. Apuntan también que la Ley General del Ambiente (25.675) desarrolla el “principio de progresividad”. Es decir, hay una tácita “prohibición de retroceder en la protección ambiental”. Y además, el Acuerdo de Escazú, al que adhiere Argentina, establece directamente el “principio de no regresión”.
En la demanda se rechaza la delegación a los gobiernos provinciales de las cuestiones vinculadas con las cuencas, ya que estas son interjurisdiccionales y deberían ser gestionadas por el gobierno nacional. En la práctica, rechazan que un gobierno provincial pueda validar la destrucción de determinado curso de agua, sin tomar en cuenta el perjuicio que esto generaría en una provincia vecina.
Finalmente, los ciudadanos recuerdan que el Gobierno argentino “aprobó definitivamente el Acuerdo Interino de Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea”. El artículo 18.2 de este acuerdo precisa que las partes no deben debilitar sus leyes “en materia medioambiental”.
Y frente al supuesto de que tal acuerdo no ha entrado en vigor, los demandantes precisan que la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados prohíbe la mala fe, por lo que Argentina tenía que abstenerse de sacar normas en perjuicio de la protección ambiental.
Lee en Mongabay Latam más sobre esta reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei.
*Imagen principal: movilización ciudadana del 8 de abril frente a la sede del Congreso en Argentina, en rechazo a la reciente ley de reforma que debilita la protección de los glaciares. Foto: cortesía Santiago Pellegrini
En Guatemala, 2025 fue un año particularmente violento para las personas defensoras de derechos humanos: se registraron 5238 agresiones, casi un 27 % más que el año anterior, de acuerdo con el informe “Comunidades que resisten: Criminalización, estigmatización y asesinato”, elaborado por la Unidad de Protección a Defensoras y Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).
De acuerdo con la organización, el 96 % de las agresiones ocurrieron en el ámbito digital, donde el discurso de odio, la desinformación y el hostigamiento, sostiene, siguen siendo prácticas predominantes.
El informe identificó 12 asesinatos —más ocho intentos de homicidios— de los cuales nueve eran defensores del territorio y medio ambiente. Entre los casos está el de Marco Zuleta, bombero forestal y defensor de la Reserva Sierra de las Minas, quien tras recibir amenazas fue asesinado después de denunciar irregularidades en la explotación de recursos del área protegida.
También figura el de Misael Mata Asencio, quien participó en protestas y verificación de actividad minera en Sierra Santa Cruz, área de protección especial que en 2025 logró echar atrás licencias ambientales por presuntas irregularidades en su otorgamiento.
Pese a que hubo una reducción en los casos fatales, respecto a 2024, donde se documentaron 28 asesinatos, Udefegua advierte que las condiciones de riesgo para esta población continuaron.
“En 2025 persistieron factores de riesgo de fondo —impunidad, criminalización, captura institucional del sistema de justicia y conflictividad territorial— que continúan debilitando la protección efectiva de las personas defensoras de derechos humanos”, señala el documento.
La organización señala que las condiciones que mantienen la violencia estructural están los pocos avances en los Acuerdos de Paz, lo que ha contribuido a aumentar los conflictos agrarios; la expansión de megaproyectos sin procesos de consulta previa libre e informada con las comunidades; así como el crecimiento de monocultivos históricamente “vinculados a estructuras oligárquicas”.
Pese a ser el segundo año de gobierno del presidente Bernardo Arévalo, impulsado por movimientos indígenas de Guatemala, el informe destaca el aumento de la violencia generalizada no solo contra defensores, sino también contra organizaciones y comunidades enteras.
“La persistente cooptación del sistema de justicia ha generado un aumento en los casos de criminalización y ha devenido en la impunidad de la investigación de agresiones que se cometen contra personas defensoras”, señala Udefegua ante los procesos de criminalización de liderazgos indígenas.
Mongabay Latam ha dado seguimiento a la violencia digital que enfrentan las personas defensoras mediante campañas de desinformación; a detenciones y sentencias en medio de una crisis política; así como casos de asesinatos de quienes se oponían a megaproyectos mineros en regiones del país.
*Imagen principal: una cruz ante la ciudad de Cobán, en el departamento guatemalteco de Alto Verapaz. Foto: cortesía Toby Hill/Global Witness
La falta de recursos económicos se consolidó como una de las principales barreras para avanzar en la transición energética durante la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que se realiza en Santa Marta, Colombia. En este evento, funcionarios y expertos debaten sobre cómo acelerar el abandono del petróleo, gas y carbón.
El encuentro se desarrolla en un momento en el que crece la presión internacional para que los gobiernos pasen de las promesas climáticas a medidas concretas que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles, principales responsables del calentamiento global.
Aunque en las negociaciones climáticas de Naciones Unidas se ha reconocido la necesidad de una transición hacia energías limpias, los participantes señalaron que aún no existen mecanismos claros de financiamiento, por lo que muchos países deben enfrentar en soledad los costos del cambio.
Especialistas indicaron que, si bien energías renovables como la solar y la eólica suelen ser más baratas de generar, la transición exige inversiones millonarias en redes eléctricas, almacenamiento y reemplazo de sistemas basados en petróleo y gas que todavía sostienen numerosas economías.
En los países en desarrollo, además, los altos costos de endeudamiento y el acceso limitado al crédito elevan el precio de los proyectos llamados «limpios». Según se expuso en la conferencia, financiar energías renovables puede costar cerca de un 15 % en algunas regiones de África, frente a tasas cercanas al 2 % en Europa y Norteamérica.
Amiera Sawas, directora de investigación y políticas de Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative, afirmó que muchos gobiernos no están atados ideológicamente a los combustibles fósiles, sino condicionados por las reglas del sistema financiero global, que facilita más recursos para petróleo y gas.
Los expertos alertaron sobre una “trampa de deuda fósil”, en la que países dependen de ingresos petroleros para pagar deudas y sostener el acceso a la energía, lo que limita la inversión en alternativas sostenibles.
Tuvalu, una nación insular del Pacífico vulnerable al aumento en los niveles del mar, anunció que será sede de la próxima edición de la conferencia.
“Hay mucho dinero para la guerra. Pero hay un enemigo en común —el cambio climático— y no vemos ese dinero”, señala Jean Lemire, enviado climático de Quebec, la provincia más grande de Canadá.
Por su parte, Nicolas Lippolis, fundador y director ejecutivo del Centre for Energy, Finance and Development, comenta que “el financiamiento climático es un desafío en todo el mundo, pero a nivel subnacional es aún mayor”.
Conoce aquí todos los detalles de la conferencia sobre combustibles fósiles
Este artículo fue publicado por Steven Grattan en Associated Press
Imagen principal: una piscina de desechos de hidrocarburos junto a mecheros. Foto: cortesía UDAPT
Una expedición científica realizada a lo largo de toda la costa argentina reveló que los ecosistemas marinos profundos del país son mucho más biodiversos de lo que se pensaba. Durante la misión, liderada por investigadores argentinos a bordo del buque R/V Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute, se identificó el mayor arrecife conocido de coral Bathelia candida, se localizaron ambientes de filtraciones frías ricos en compuestos químicos y se registraron al menos 28 especies que podrían ser nuevas para la ciencia.
El recorrido se extendió desde Buenos Aires hasta áreas mar adentro frente a Tierra del Fuego. En ese trayecto, el equipo encontró extensos complejos arrecifales y una abundante variedad de organismos, entre ellos gusanos, erizos de mar, caracoles marinos y anémonas.
La jefa científica de la expedición, María Emilia Bravo, de la Universidad de Buenos Aires y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (Conicet), destacó que el nivel de biodiversidad observado superó ampliamente las expectativas iniciales. “Ver toda la biodiversidad, las funciones ecosistémicas y la conectividad desarrollándose juntas fue increíble. Abrimos una ventana hacia la biodiversidad de nuestro país solo para descubrir que aún quedan muchas más ventanas por abrir”, dice.
Uno de los hallazgos más relevantes fue un arrecife de Bathelia candida de al menos 0,4 kilómetros cuadrados, una superficie cercana al tamaño de la Ciudad del Vaticano. Este coral de aguas frías crea refugio para peces, crustáceos y pulpos. Además, los investigadores detectaron arrecifes de esta especie 600 kilómetros más al sur de lo que se conocía hasta ahora.
La expedición también documentó por primera vez en Argentina una “caída de ballena” en aguas profundas, a 3 890 metros de profundidad. Estos sitios se forman cuando el cuerpo de una ballena muerta llega al fondo marino y se convierte en fuente temporal de alimento para distintas especies, como tiburones, cangrejos y pulpos.
Otro registro que destaca fue el de una rara medusa fantasma, una especie de aguas profundas que puede alcanzar la longitud de un autobús escolar. Asimismo, cerca de Tierra del Fuego, en la Fosa de Malvinas, los científicos observaron antiguos jardines de coral chicle (Paragorgia arborea) entre grandes esponjas a 3 000 metros de profundidad.
Uno de los objetivos de la misión era localizar filtraciones frías, zonas donde el metano y otros compuestos químicos emergen desde el lecho marino y sostienen comunidades de microorganismos y fauna. El equipo halló una filtración activa de un kilómetro cuadrado con una amplia concentración de almejas quimiosintéticas.
Durante la expedición también se detectó basura marina, como redes de pesca, bolsas plásticas y una cinta VHS con etiqueta en coreano.
*Imagen principal: peces juveniles nadan alrededor de la campana de una Stygiomedusa gigantea, comúnmente conocida como medusa fantasma gigante, que los pilotos de ROV filmaron a 250 metros de profundidad. Foto: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute
La cuarta reunión de la Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe -conocido como Acuerdo de Escazú– se realizará del 21 al 24 de abril en Nassau, capital de Bahamas.
Se trata de la primera vez que este órgano, cuya Secretaría es ejercida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, celebra su más importante encuentro bienal en un país caribeño, subregión que acumula la mayor cantidad de naciones adscritas al primer tratado ambiental continental, ya que que 10 de sus 19 Estados Partes pertenecen al Caribe.
El objetivo principal será dar seguimiento a las decisiones de la COP 3, realizada en Santiago de Chile en 2024, y avanzar en otros asuntos relativos al acuerdo, como el registros de emisiones y transferencia de contaminantes y la participación del público en los procesos de toma de decisiones relativos a proyectos y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente.
Además, se debatirá sobre un plan de acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales y sobre la transversalización de la perspectiva de género en la implementación del Acuerdo de Escazú. También, sobre el acceso a la Justicia en asuntos ambientales y la cooperación regional para la implementación.
El Acuerdo de Escazú ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe y hasta el momento cuenta con 19 Estados Partes: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Dominica, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Trinidad y Tabago y Uruguay.
El Acuerdo fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y entró en vigor el 22 de abril de 2021. Está abierto a la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de los 33 países de América Latina y el Caribe.
*Imagen principal: la cuarta conferencias de las partes del Acuerdo de Escazú se realizará del 21 al 24 de abril en Nassau, capital de Bahamas. Foto: cortesía Congreso de Colombia
Autoridades mexicanas reconocieron que el derrame de hidrocarburos ocurrido al inicio de febrero en el Golfo de México fue provocado por la fuga de un oleoducto en la zona Abkatun-Cantarell y no por emanaciones naturales (conocidas como chapopoteras), como originalmente plantearon.
En una conferencia de prensa del Grupo Interinstitucional encargado de la atención al derrame, los secretarios de Estado informaron que con apoyo de científicos y especialistas se analizaron más de 70 imágenes satelitales, sobrevuelos e inspecciones submarinas para confirmar el origen de la contaminación y que terminó dispersándose por casi 1000 kilómetros de costa en el Golfo de México.
Esto coincide con análisis satelitales de científicos y organizaciones ambientales consultadas por Mongabay Latam, quienes advirtieron que el origen de las emanaciones detectadas entre febrero y marzo estaban más asociadas a los ductos petroleros que a las chapopoteras.
El director general de la empresa estatal de Pemex (Petróleos Mexicanos), Víctor Rodríguez Padilla, explicó que el derrame se originó por una fuga de 36 pulgadas en infraestructura submarina destinada al transporte de crudo que tardó cerca de 48 horas en detectarse.
En conferencia de prensa, el directivo dio a conocer irregularidades al interior de Pemex sobre la operación de los barcos en la zona del derrame, las cuales no fueron reportadas en su momento.
“Analicé personalmente las bitácoras de ocho barcos, de esos reportes obtuve datos y hechos de los cuales no fui informado”, excusó Rodríguez.
Pemex informó que por estos hechos el subdirector de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental; el coordinador de control marino, derrames y residuos; y el líder de derrames y residuos de Pemex fueron separados del cargo y están bajo investigación.
Además, dijo que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por supuestas irregularidades por las obras de reparación que no fueron reportadas a los altos mandos y por la fuga que había sido negada sistemáticamente por la empresa.
Incluso, agregó que una de las irregularidades denunciadas fue la decisión de “no cortar el flujo en su totalidad para limitar la duración y la magnitud del derrame”, pues el cierre de la válvula se hizo 8 días después de detectar la fuga.
El Grupo Interinstitucional también dio a conocer el establecimiento definitivo del Observatorio Permanente del Golfo de México, integrado por las mismas instituciones y la comunidad científica, con el objetivo de monitorear posibles derrames, generar alertas tempranas y fortalecer la prevención en la región.
Lee más sobre las causas del derrame en el Golfo de México en esta nota de Mongabay Latam.
*Imagen principal: Autoridades federales reconocieron lo que científicos y ambientalistas habían advertido: el derrame provino de infraestructura petrolera. Foto:Oceana / Félix Márquez
