Desde el domingo 15 de enero de 2023, se desconoce el paradero del defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes Gasca y del líder comunitario Antonio Díaz Valencia. Ese día el vehículo en el que viajaban fue atacado en la zona limítrofe de los estados de Michoacán y Colima. Horas antes, ambos habían encabezado una asamblea en San Miguel Aquila, comunidad indígena nahua, en la que informaron sobre los avances legales de una denuncia que tenían en los tribunales agrarios.
San Miguel Aquila se ubica en la sierra michoacana, cerca de los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Manzanillo, Colima. En el territorio de la comunidad indígena se encuentra uno de los principales yacimientos de hierro en México. Ahí funciona el complejo minero operado por la empresa Ternium, una de las principales productoras de acero en Latinoamérica.
Sin embargo, las diferencias entre los habitantes y la empresa siempre han estado latentes. En diciembre de 2011, bloquearon las instalaciones de la mina para exigir que la empresa pagara una cantidad justa por la explotación del metal. Tres meses después, Ternium se comprometió a pagar 3.8 dólares por cada tonelada de hierro extraída. En ese entonces, se decidió que 465 comuneros, que integraban el padrón de la comunidad agraría, recibieran el pago mensual de la mina.
Pero en 2019, un grupo minoritario de comuneros reeligió de forma fraudulenta a los integrantes del comisariado, órgano de representación que por ley deben tener las comunidades agrarias. Este era el caso que Lagunes y Díaz habían llevado hasta los tribunales. Luego de cuatro años, por fin se iba a realizar una elección limpia del comisariado y este estaría al servicio de la comunidad y no de la minera como venía sucediendo. La desaparición de sus defensores cambió el panorama.
Lea el artículo completo para conocer tres detalles clave del caso Ricardo Lagunes y Antonio Díaz.
La minería ilegal ha dejado a una comunidad dividida en Napo. En Río Blanco, esta actividad ha involucrado desde familias de la zona que operan algunas concesiones sin permisos, hasta un alcalde local y a una empresa que no tiene como fin la actividad minera sino la construcción de carreteras.
De acuerdo con el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés), en enero de 2023 la expansión de la superficie minera en el sector Huambuno incrementó en un 86 % con respecto al mismo mes de 2022. Entre enero de 2022 y enero de 2023 se destruyeron 110 hectáreas de selva y zonas agrícolas, esto es el doble de lo que se registró en el emblemático caso de Yutzupino.
Para muchas personas en la región, en Huambuno se está realizando un ecocidio. Sin embargo, hasta el momento no hay importantes operativos en esa zona, y ya no llegan los ministros, ni los policías, ni los militares. Quienes denuncian viven entre amenazas.
La Agencia de Regulación Minera realizó 348 operativos contra la minería ilegal en todo el país en el 2022. De esos, sólo 20 fueron en Napo, a pesar del crecimiento desbordante de los frentes mineros en esta provincia. La cifra total de controles es 17 % menor que 2019, año en el que se realizaron 418 operativos a nivel nacional.
Desde Bogotá, el biólogo, doctor en Ciencias Biomédicas y director científico del Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras (ProCAT), José Fernando González-Maya, se dedica a la protección del tigrillo lanudo, una especie local de Colombia. Ha liderado una investigación sobre la distribución de la especie en el país, publicada en la revista científica Plos One.
González-Maya destaca que la especie no se limita a las zonas boscosas alejadas, sino que también se encuentra en la ciudad. En Bogotá, por ejemplo, se han reportado avistamientos de tigrillos en la carrera Séptima, una concurrida vía que atraviesa la ciudad. Desde 2010, ProCAT ha recibido informes de tigrillos que han atacado gallinas en los cerros cercanos a Bogotá.
Pese a los riesgos que enfrenta el pequeño gato silvestre por la pérdida de su hábitat en Colombia, González-Maya asegura que la especie tiene una ventaja en la región Bogotá y sus afueras. Sin la presencia de pumas ni jaguares, el tigrillo es el predador tope en la zona. Para González-Maya, la conservación del tigrillo implica cuidar los bosques y páramos que rodean a Bogotá y le proveen el agua. En Colombia, el mayor riesgo son las manadas de perros ferales o asilvestrados, que han crecido en tamaño debido a la negligencia, representando una amenaza significativa para el tigrillo. En este tema también falta más investigación.
