En el último informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), se identificó la existencia de 92 784 hectáreas de hojas de coca cultivadas en Perú durante el 2023.. El 71% de dicha extensión se encuentra en áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento, en territorios indígenas, bosques de producción permanente y concesiones forestales, zonas consideradas especiales por tener una categoría de protección.

Esta situación ha incrementado la violencia en los territorios de las comunidades indígenas y caseríos colindantes a las zonas protegidas de la Amazonía, y sus habitantes viven cercados por el narcotráfico y sus vínculos con la minería ilegal.

El director del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, Nicolás Zevallos Trigoso, destaca que para la protección de las comunidades indígenas se debe pensar en el desarrollo integral del territorio con el objetivo de contrarrestar las actividades ilegales.

—¿A qué se debe la presencia de cultivos ilícitos en zonas como las áreas naturales protegidas, territorios indígenas o concesiones forestales?

—Hay que analizar el asunto de los cultivos ilegales a partir de la lógica de la oportunidad delictiva. Entender que estas actividades ocurren cuando hay una enorme oportunidad posible y un objetivo posible. En esa línea hablamos de zonas donde es factible la presencia de cultivos porque son los territorios adecuados en términos geográficos, climáticos y demás asuntos. Además porque están cerca o articuladas con algunos circuitos de comercio ilegal.

El segundo asunto tiene que ver con autores motivados y eso tiene que ver también con el punto anterior, pero, además, hay que considerar como tercer factor, y tal vez uno de los más importantes, la ausencia del Estado, la ausencia de la vigilancia. La dificultad que existe para poder controlar y vigilar esos lugares es una cuestión que es un asunto extenso conocido.

Por un lado, porque son zonas muy complejas, muy difíciles de acceder en términos geográficos, pero por otro lado porque los cuerpos de seguridad no cuentan necesariamente con los materiales, con los recursos para poder desplegar un control sincero. Entonces esas áreas terminan siendo espacios donde hay mucha posibilidad y mucha oportunidad para poder llevar a cabo los cultivos ilegales.

—En los últimos años, las comunidades indígenas han sido víctimas de un incremento feroz de la violencia asociada a economías ilegales, no sólo al narcotráfico, sino también a la minería ilegal. ¿Qué vínculos existen entre estas distintas mafias de crimen organizado en el territorio?

—Hay que pensar que las amenazas que se dan sobre las comunidades indígenas tienen mucho que ver con la presencia de diversos mercados ilegales. La cocaína es uno de ellos, sin duda alguna, pero también en esas zonas tiene presencia la minería ilegal y la madera ilegal.

Por ende, al ser ellos (las comunidades indígenas) una barrera, una especie de resistencia a la presencia y expansión de colonos dedicados a actividades ilegales, terminan siendo las principales víctimas en tanto se oponen o limitan o tratan de dificultar que ese tipo de actividades se desarrollen. Lo que hay que entender aquí es que no se trata de mercados que operan de forma aislada. El narcotráfico financia la minería ilegal, pero que además viene aparejado otros fenómenos delictivos también complejos como la trata de personas, la operación laboral, el sicariato, la extorsión, en fin, es clave que entendamos que estas actividades no operan en el vacío, ni operan aisladas, sino terminan confluyendo en torno a todo lo que puedan extraer de la riqueza de un espacio.

—Las poblaciones amazónicas, los líderes indígenas denuncian que no ha habido una respuesta efectiva del Estado ante esta situación. ¿Qué es lo que no está haciendo el Estado y qué debería hacer con urgencia?

—He encontrado muchos casos donde los líderes indígenas han denunciado las situaciones de violencia que están viviendo. Pero la respuesta que efectivamente están recibiendo por parte del Estado es, lamentablemente, muy escasa, cuando llega. Y ahí hay varios niveles de discusión. Un nivel mucho más operativo, inmediato, tiene que ver con los mecanismos posibles de protección, que lamentablemente se enfrentan en algunos casos, con un asunto de voluntad política, pero por otro lado, un asunto también operativo, en el que es bien complicado y bien costoso poder desplegar mecanismos de protección en algunas zonas de la Amazonía, porque están en lugares de muy complicado acceso.

—Diversos estudios e investigaciones señalan que en verdad estamos hablando de una crisis regional que no puede resolverse sólo con estrategias nacionales. Las rutas del narcotráfico atraviesan toda la cuenca Amazónica. Lo que pasa en Colombia, Ecuador, Bolivia y Brasil nos afecta. ¿Cuál es el rol del Perú en estas nuevas dinámicas de crimen organizado en la región?

—Perú, en la región, se ubica en una posición estratégica clave, en tanto es el piloto logístico hacia el Pacífico. Y eso ayuda, por un lado, a que sea una de las rutas más viables posibles para poder exportar varios de los productos que se producen en la Amazonía de forma ilegal. No solamente la cocaína, también el oro y también la madera. Es un asunto que nos pone en una posición geopolíticamente estratégica, incluso para la actividad criminal.

Pero en segundo orden hay que sumar también que progresivamente se ha ido desregulado el control y la vigilancia que hemos organizado en las actividades ilegales, lo cual genera un ambiente favorable para este tipo de actividades delictivas. Entonces termina siendo lo que llamamos, muy coloquialmente, una especie de paraíso para el actor criminal, en tanto sus actividades ocurren en zonas que tienen poca vigilancia y poco control, y los mecanismos de regulación en torno a las actividades económicas ilegales son cada vez menos eficaces. En este momento es imposible pensar en hacer frente a la economía ilegal y al narcotráfico sin pensar, no solamente en escala regional, sino en escala global.

Porque los productos que producimos ilegalmente en Perú no se consumen en Perú, se consumen en Europa, se consumen en Asia, se consumen en Estados Unidos, se consumen en algunas partes de Sudamérica, pero no son mayormente consumidos en el caso peruano. Además hay que considerar que el segundo elemento ya de escala regional, implica que esa producción fluye con mucha facilidad entre las fronteras de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, casi sin ningún control, porque son fronteras muy porosas. Entonces en ese contexto Perú aparece como un espacio de amplia oportunidad, pero incluso en esa discusión es necesario que el trabajo sea sí o sí articulado, por lo menos de forma estrecha y cercana con los países con los que nos encontramos en la zona amazónica.

—Una de las mayores preocupaciones en la Amazonía es cómo proteger a líderes indígenas, propietarios de concesiones forestales, activistas víctimas de esta violencia. Hay protocolos gubernamentales pero no parecen funcionar ¿Qué se puede hacer?

—El asunto es un asunto de fondo, que no tiene que ver solamente con proteger inmediatamente a los líderes indígenas de sus comunidades, sino con cómo el Estado tiene la posibilidad de acercarse a estos territorios y generar proyectos de desarrollo sostenible, proyectos de desarrollo que permitan que la comunidad viva, no de la ilegalidad, sino que pueda vivir de actividades económicas, agrícolas, turísticas, servicios, lo que sea oportuno en cada territorio, que permita competir de forma adecuada con las actividades económicas ilegales. Y aparejado de ello también la importancia de que tengamos en esas zonas presencias efectivas de servicios públicos.