En febrero y en menos de una semana, ocurrieron dos derrames de petróleo en la Amazonía norte de Perú, que afectaron a 700 familias indígenas y contaminaron el río Nieva, en la región Amazonas. Solo en la selva peruana se han registrado 831 derrames de petróleo en un periodo de 26 años, entre 1997 y 2023, según el último informe “La sombra de los hidrocarburos”, de Oxfam Perú y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Pese a que estos derrames son constantes, hasta ahora el Estado peruano no ha logrado remediar ni una de los 3341 pasivos ambientales y 188 sitios impactados en el país. El Oficial en Derechos Territoriales e Industrias Extractivas de Oxfam en Perú, Miguel Lévano, explica que pese a que el país tiene normas que regulan la compensación al daño ambiental, hacen falta capacidades técnicas de las instituciones para cumplir con los plazos establecidos.

— ¿En qué está fallando el Estado peruano frente a los constantes derrames?¿Por qué es un problema que sigue presentándose cada año?

—Sí, está fallando la intervención del Estado. Primero por no tener un buen sistema de prevención y ordenamiento territorial. El sistema de prevención para estas situaciones tienen que ver con evaluar el estado de las instalaciones petroleras, evaluar la capacidad de las empresas para darle mantenimiento a sus ductos, entre otros. Estamos teniendo un problema con los contratos o con las empresas que incumplen, que tienen incumplimientos graves o sistemáticos de la normatividad ambiental. No se están, por ejemplo, suspendiendo sus contratos. Deberíamos suspender a las empresas que continuamente vienen afectando el ambiente con estas emergencias ambientales.

—PetroPerú, administradora del Oleoducto Norperuano, sostiene que los derrames han sido provocados por cortes intencionados en la tubería que transporta el crudo, lo que ha generado doce derrames de petróleo desde 2023. Las comunidades indígenas son las más afectadas y a la vez acusadas de generar este daño, ¿en quiénes debería recaer esta responsabilidad? ¿Cuál es el estado actual de las tuberías de crudo?

—Durante 2017 hubo continuos titulares ante las situaciones de derrames donde también se señalaba que los responsables de los derrames eran principalmente comunidades indígenas en la zona de la Amazonía. Sin embargo, cuando hicimos el primer estudio, eso demostró que en realidad solo menos de un tercio de los derrames petroleros eran causados por terceros. Dos terceras partes eran responsabilidad de las propias compañías.

Es lo que corrobora también el último estudio que señala que las fallas operativas, las fallas a la hora de funcionar, a la hora de trabajar corresponden al 48 % del total de estos derrames, casi la mitad son por fallas de las empresas y 25 % por corrosión, es decir, por instalaciones a las que no se les están dando mantenimiento, que no se está evaluando para ver cuál es el estado y tomar medidas preventivas para evitar que esa situación pueda generar un nuevo derrame petrolero.

—Mongabay Latam reveló que hasta 2023 había en Perú al menos 3341 sitios considerados como pasivos ambientales y “sitios impactados”. Algunos de sus pasivos son de años recientes. ¿Por qué el Estado no ha podido hasta el momento remediar un solo pasivo y cómo impacta a las comunidades que viven alrededor de esas bombas de tiempo?

—Lamentablemente tiene que ver, primero, por el desconocimiento, la falta de capacidad en términos de los procesos de remediación. Hace muy poco llevamos a cabo un proceso de definición de las pautas que debería tener el Estado para poder realizar un proceso de remediación ambiental. No había claridad, no había conocimiento técnico de cómo hacerlo, cómo asegurar que no solamente es un asunto de echarle tierra encima al petróleo y se acabó, sino porque eso, a la larga, con la lluvia y otros elementos, puede volver a aflorar. Entonces se tiene que tener una serie de elementos técnicos y esos no los están manejando las entidades del Estado.

¿Y por qué está sucediendo? Porque, lamentablemente, hay todavía dificultades incluso en la supervisión ambiental. Los dos organismos fiscalizadores, que son Osinergmin y OEFA, tienen divergencias a la hora de identificar una situación de afectación ambiental. Además, regularmente las zonas que registran un derrame son reportadas por organizaciones locales, las mismas comunidades indígenas.

—En el caso específico de Loreto son 188 sitios impactados en las cuatro cuencas: Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón. ¿Tener esta normativa especial para tipificar estos daños ambientales críticos ha servido para acelerar la remediación ambiental en esta región de la Amazonía?

—En 2015 se aprobó una norma, un fondo de remediación para el caso específico de estas zonas que mencionas en Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, sobre todo en las tres primeras cuencas. Ese fondo hace un diagnóstico para tener claridad de cuáles son los sitios impactados que deben ser priorizados para la remediación.

Esta remediación ha empezado en 2024, o sea casi nueve años después de que se aprobara ese fondo de remediación y que se iniciara este proceso. Entonces la normatividad ayuda. Tener un marco específico que define funciones, que como en este caso, por lo menos permite que se empiece con las zonas más afectadas.

Tener ese tipo de marco es fundamental. Sin embargo, el problema es la eficiencia. No puede ser que tengan que pasar nueve años para que recién se empiece a remediar estas zonas impactadas.

—Hemos visto que incluso algunos de los derrames más recientes ocurren sobre o cerca de sitios impactados o con pasivos ambientales, ¿cómo afecta un nuevo derrame a un lugar donde aún hay una deuda ambiental?

—Lamentablemente, gran parte de los lugares donde han sido impactados, donde ha habido derrames, donde se han dado emergencias ambientales, son zonas en las que las empresas usualmente aplican una ruta sencilla, pagar la multa que le aplica el organismo fiscalizador, pero no necesariamente remediar. Porque les sale más barato a estas empresas pagar la multa que remediar. Entonces, lamentablemente, por eso sucede que tenemos zonas impactadas, afectadas con derrames, que vuelven a ser afectadas en zonas cercanas o incluso en el mismo lugar porque no se han dado procesos de remediación adecuados.

O sea, como mencionaba, que no sea solamente echarle tierra para tapar y no se vea, sino que sea una recuperación del ecosistema más o menos a como estaba antes del derrame. No se está verificando eso. Se está dejando que sea a criterio de la empresa.