En el 2020, cuando empezó la pandemia, la deforestación de especies maderables de la Amazonía peruana alcanzó 200 000 hectáreas de bosque, un récord en la historia del país. Pese a que el delito se sanciona con cárcel de entre 4 y 7 años, las cifras siguen siendo altas, devastando territorios indígenas y áreas de conservación en el Perú.

Wendy Pineda, especialista en tecnología geoespacial de Rainforest Foundation US explica que las comunidades indígenas son las más vulnerables en la cadena del tráfico de madera, porque llegan a ser estafados por los traficantes y sancionados por el Estado al ser los titulares de los permisos forestales.

—¿Cuáles son las especies maderables más traficadas de la Amazonía de Perú?

—Frecuentemente podemos ver por los ríos amazónicos el movimiento de cargas de capironas y de capinuris, maderas que, en este momento, tienen mayor demanda de extracción local por su uso como triplay. Los habilitadores forestales, principalmente los ilegales, están abocados a encontrar estos árboles y negocian con las poblaciones locales cada árbol completo por 15 o 20 soles (entre 4 y 5,5 dólares).

Hasta hace algún tiempo también había demanda de poblaciones de shihuahuacos. Muchas comunidades documentan que han recibido presión para la extracción de esta madera.

—Se estima que el 85 % de la madera ilegal que se extrae en el Perú tiene como destino el mercado local y solo 15 % es para exportación. ¿Cómo llega a blanquearse esta madera para llegar al mercado?

—Tenemos diversas modalidades operando, cada una más creativa que la otra. Una de las que más vemos es la extracción de árboles de bosques sin títulos habilitantes y luego los operadores pueden utilizar títulos de una ubicación geográfica distinta para lavar esta madera. Es decir, hacerla pasar como si hubiese sido talada en un área con autorización de aprovechamiento forestal.

Otra modalidad, que es un poco más difícil de identificar, es cuando utilizan un título habilitante para respaldar las operaciones en un ámbito específico, aunque estos árboles en aprovechamiento no provengan exactamente del polígono que ha sido autorizado. Identificar este blanqueo de madera requiere el uso de tecnologías de georreferenciación.

Estos incumplimientos no sólo se dan a nivel de ubicación geográfica, sino también por tipo de especies o cantidades de individuos forestales. Por ejemplo, podemos ver muchísimas sanciones relacionadas con la tala de árboles semilleros.

Hemos visto también en zonas de frontera otro tipo de modalidades, como la del 50 % y 50 %, donde los operadores madereros les ofrecen a las comunidades o poblaciones rurales talar y aserrar la madera con buenos equipos.

El talador se queda con el 50 % de la carga forestal. A la comunidad le entregan el otro 50% de la madera aserrada, para que la puedan utilizar o vender a otros interesados. Para los madereros ilegales es mucho más fácil movilizar la madera en tablones y no en troncos completos.

—La deforestación y la tala ilegal afectan gravemente a las comunidades indígenas de la Amazonía. ¿Cuáles son las principales amenazas que ha detectado?

—Quizás la que más me impacta desde el punto de vista social es el incremento de la vulnerabilidad de las comunidades indígenas cuando son sancionadas económicamente. Es decir, aquellas comunidades que no han logrado controlar sus títulos habilitantes.

Hay que comprender que muchas de estas comunidades rurales todavía no cuentan con las capacidades instaladas para desarrollar un verdadero control de sus títulos. No cuentan con la tecnología y capacitación en georreferenciación para identificar la ubicación de sus árboles. Y, por tanto, son un blanco fácil de estafa por parte de los acopiadores y de los intermediarios de estas cadenas de aprovechamiento forestal.

Estas comunidades, que se encuentran dentro de los principales grupos de pobreza del país, no tienen tanto dinero para pagar estas multas, que son bastante altas. Además, las multas traen otro tipo de consecuencias, como que no pueden acceder a programas de beneficio del gobierno mientras estén multadas.

—¿Cuál debe ser la estrategia del Gobierno para combatir eficazmente este delito?

—Siempre hablamos de que la inversión en la prevención es mejor que las actividades correctivas. Hablamos de la importancia de mantener el fortalecimiento a los organismos y autoridades que velan por la supervisión de los recursos forestales.

Esto puede implicar el incremento de presupuestos para supervisiones previas al aprovechamiento forestal. Asegurarnos de esta forma que los árboles de los planes operativos realmente existan. También debe haber una evaluación de la capacidad real de los responsables de las operaciones de los títulos habilitantes. Desde las comunidades rurales que operan estos títulos habilitantes, hasta las empresas que terminan comprando esta madera.

Además, implementar sanciones reales para los intermediarios, como los regentes forestales, porque en este momento, tal como está funcionando el esquema, las sanciones desempoderan a aquellos que son dueños de los bosques. Ellos son finalmente los actores más vulnerables de la cadena de trazabilidad forestal.

Imagen principal: Diariamente salen cienos de toneladas de madera de la Amazonía peruana. Foto: Max Cabello Orcasitas