La reciente sentencia de segunda instancia a 28 años y tres meses de prisión contra cuatro madereros de Ucayali por los asesinatos de cuatro líderes indígenas de la comunidad Alto Tamaya Saweto ha marcado un importante precedente legal en Perú.

Por primera vez el Poder Judicial reconoce la labor de los indígenas en la defensa de los derechos humanos y su relación con la naturaleza, en el marco de los crímenes contra Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo. Rocio Trujillo, defensa legal del caso Saweto, explica los alcances de esta nueva sentencia para los demás casos de criminalidad contra defensores ambientales.

—¿Qué es el caso Saweto?

—El caso Saweto implica el asesinato de cuatro líderes y autoridades indígenas ashénikas que pertenecían a la comunidad Alto Tamaya Saweto, muy cerca a la frontera con Brasil, y que fueron asesinados por las denuncias que ellos realizaban contra la tala ilegal, pero también por su lucha en titular su territorio. Pese a reiteradas alertas, el Estado no les otorgó la debida protección. Se trata de los líderes y autoridades indígenas Chota Valera, que era el presidente, Jorge Ríos Pérez, Francisco Pinedo Ramírez, y Leoncio Quintísima Meléndez. El 1° de septiembre [de 2014] se dirigieron a la comunidad brasileña para ver estrategias de defensa y fueron cruelmente asesinados.

Estos líderes indígenas lucharon por la titulación de su territorio. Las viudas, luego de 11 años de resistencia, este 25 de agosto recibieron la noticia de la sentencia que confirma la responsabilidad de los asesinos.

—¿Qué implica la sentencia para los otros defensores ambientales de Perú?

—Este es un precedente importante que nos permite visibilizar el movimiento y la resistencia de las viudas y la comunidad, que a pesar de las distintas trabas que han habido, van a marcar un paso importante para los demás casos de defensores indígenas asesinados. En total, aproximadamente, son 35 defensores indígenas [asesinados] y estos casos no deben quedar impunes. Es importante mencionar que este caso también genera un precedente de protección a los defensores y a los líderes indígenas que defienden su territorio y el ambiente.

La sentencia emitida en este caso en segunda instancia también señala de manera clara la calidad de estas personas que fueron asesinados, que eran líderes indígenas que defendían los bosques y el ambiente que es parte de su territorio.

—Si bien, los asesinatos de los cuatro líderes de la comunidad Alto Tamaya Saweto fueron de los más impactantes, ¿qué otros casos de homicidios de defensores ambientales están avanzando?

—Bueno, tenemos el caso, por ejemplo, del Apu Quinto Inuma, que fue asesinado en noviembre de 2023. Tenemos conocimiento por la defensa que está llevando el Instituto de Defensa Legal que ya se está también avanzando porque se encuentra en estos momentos en control de acusación.

Sin embargo, vemos que también todos estos casos solo se encuentran en la etapa de investigación fiscal. Todavía no se encuentra en la etapa de juicio oral. Saweto es el primer caso de muerte de un defensor ambiental que tiene una sentencia de segunda instancia, pero esperemos también que los demás casos de defensores indígenas puedan resolverse con prontitud y eficacia y se puedan sancionar a los responsables.

—¿Por qué los casos de juzgamiento demoran tanto cuando se trata de pueblos indígenas?

—Tenemos que entender que la lucha se está emprendiendo contra economías ilegales, contra organizaciones criminales que tienen mucho poder económico, que tienen también mucha injerencia en el Estado, hay mucha corrupción y vemos que, en efecto, lo que ellos buscan es archivar estos casos, que no se logre la justicia. Y también, como hemos visto en esta segunda etapa del caso Saweto, los abogados interpusieron una serie de trabas y obstáculos para quebrar el proceso. Por ello es que estos casos son tan importantes al igual que los familiares de los asesinados puedan ser acompañados por el movimiento indígena, por aliados, pero también difundir estos casos a través de los medios para que no puedan quedar impunes.

—¿Es el Mecanismo de Personas Defensoras de Derechos Humanos suficiente para proteger la vida de estos líderes?

—Realmente el mecanismo no ha sido eficiente. Sabemos que hay un problema respecto al tema presupuestal. Casi siempre cuando los líderes indígenas piden que el Estado vaya a sus territorios, siempre el pretexto es que no hay presupuesto.

Sin embargo, este tipo de mecanismos tiene que articular con las organizaciones indígenas, tiene que haber una mayor cooperación y un reconocimiento también al mecanismo de protección de los mismos pueblos. Ambos mecanismos, el mecanismo del Estado con el mecanismo de los pueblos, tienen que cooperar para poder lograr la verdadera protección de los líderes y autoridades indígenas que lamentablemente vienen siendo asesinados por la defensa de su territorio.