Colombia impulsa desde hace varios años un tratado global jurídicamente vinculante para regular la trazabilidad de los minerales críticos, una iniciativa que busca enfrentar los graves impactos socioambientales generados por la minería en todo el mundo. La propuesta fue uno de los ejes centrales de la séptima Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-7), celebrada en diciembre pasado en Nairobi, pero terminó enfrentando fuertes resistencias políticas y económicas.
Junto con Omán, Colombia presentó un proyecto que proponía establecer mecanismos internacionales de trazabilidad y debida diligencia en las cadenas de suministro de minerales, con el fin de controlar su origen, prevenir daños ambientales y reducir la violencia asociada a la extracción.
Sin embargo, varios Estados miembros se opusieron a la iniciativa, lo que derivó en una resolución no vinculante y mucho menos ambiciosa, enfocada únicamente en promover el diálogo y la cooperación internacional en gobernanza minera y recuperación de recursos a partir de residuos y relaves. La trazabilidad, considerada clave por expertos, quedó fuera del acuerdo final.
Según analistas, las preocupaciones sobre la seguridad nacional y el desarrollo económico influyeron en la decisión de descartar un tratado vinculante.
La necesidad de un sistema de trazabilidad se vuelve cada vez más urgente ante el aumento acelerado de la demanda de minerales destinados a las tecnologías renovables y a la industria militar. Este crecimiento ha intensificado problemas como la deforestación, la contaminación de ríos, el despojo de tierras indígenas y la expansión de economías ilegales. No obstante, establecer controles efectivos resulta complejo debido a la fragmentación de las cadenas de suministro, la debilidad institucional y la falta de capacidades técnicas en muchos países.
Pese al revés en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, organizaciones sociales y algunos gobiernos aseguran que continuarán promoviendo un tratado global sobre trazabilidad en futuras cumbres, con la esperanza de que la Asamblea de 2027 reabra el debate y siente las bases para una gobernanza minera más responsable.
Julia Peña, del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales, señala que para prevenir y mitigar los impactos socioambientales de la minería es fundamental un acuerdo internacional que incluya mecanismos de trazabilidad y debida diligencia a lo largo de toda la cadena de suministro de minerales.
Imagen principal: la salmuera se evapora en piletas en las instalaciones de la planta de extracción de litio de la empresa SQM Lithium, cerca de Peine, Chile, el martes 18 de abril de 2023. Foto: cortesía de AP Photo/Rodrigo Abd
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