Un informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos volvió a encender las alarmas sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia. El organismo verificó 972 homicidios entre 2016 y 2025.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó como “desgarrador” que el país siga siendo uno de los más peligrosos del mundo para ejercer la defensa de los derechos humanos. Si bien reconoció avances del Gobierno en materia de protección, subrayó que las medidas siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema.
La ONU identificó un incremento progresivo de los asesinatos desde 2016, cuando el Estado colombiano firmó el Acuerdo de Paz con la entonces guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según el informe, en ese año se registraron 61 casos, mientras que entre 2019 y 2021 la cifra se mantuvo en alrededor de 100 anuales. El pico más alto ocurrió en 2022, con 117 homicidios.
Además de los asesinatos, las amenazas y los ataques continúan siendo una forma sistemática de violencia contra los defensores. Desde 2022 se han documentado más de 2000 agresiones, principalmente amenazas. Sin embargo, la ONU advierte que estas cifras podrían ser solo una parte del total real, debido a la falta de un sistema unificado de registro.
“Aunque estas formas de violencia son menos visibles que los homicidios, resultan efectivas para el silenciamiento y desestructuración de los procesos organizativos en defensa de los derechos humanos”, señala la ONU.
El organismo explica que la violencia responde a causas estructurales: la presencia de conflictos armados, la expansión de economías ilícitas —como el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas—, la débil institucionalidad en zonas rurales y altos niveles de impunidad.
Estas condiciones afectan especialmente a líderes comunitarios, integrantes de juntas de acción comunal, defensores ambientales, líderes campesinos, activistas LGBTIQ+ y representantes políticos locales, según el organismo internacional.
El impacto es particularmente grave en pueblos indígenas, donde la violencia busca desarticular procesos organizativos mediante asesinatos, amenazas y control territorial. Según la ONU, estos ataques no solo afectan a individuos, sino que debilitan la cohesión social y la gobernanza en amplias regiones del país.
Ante este panorama, Naciones Unidas instó al Estado colombiano a fortalecer políticas públicas de protección, actualmente fragmentadas, y a avanzar en investigaciones que permitan sancionar a los responsables. De no abordar las causas de fondo, advierte el organismo, la violencia seguirá teniendo efectos devastadores sobre la defensa de los derechos humanos en Colombia.
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Este artículo fue publicado en Associated Press
*Imagen principal: velorio de dos habitantes indígenas awá, en Nariño, Colombia. Foto: cortesía Asociación Minga
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