La propuesta de reforma a la Ley de Glaciares en Argentina ha desatado un amplio rechazo en sectores ambientales, científicos y sociales, que advierten sobre los riesgos que implicaría para las principales reservas de agua del país y para ecosistemas de alta fragilidad. El proyecto, impulsado por el gobierno de Javier Milei, plantea flexibilizar las restricciones para facilitar el avance de la actividad minera en zonas periglaciares.
Aunque la iniciativa ingresó a debate en la Cámara de Diputados, aún debe atravesar una instancia clave: una audiencia pública prevista para los días 25 y 26 de marzo. Este proceso, que ya suma más de 60 000 personas inscritas, busca garantizar la participación ciudadana en una discusión que podría tener impactos ambientales significativos.
La convocatoria responde a obligaciones establecidas en la Constitución argentina, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, que exige mecanismos abiertos e inclusivos en la toma de decisiones sobre temas ambientales.
En medio del debate, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) publicó un informe titulado “10 mitos y falacias sobre la Ley Nacional de Glaciares”, en el que cuestiona los argumentos que buscan defender la reforma del Gobierno. Uno de los puntos más controvertidos es la afirmación de que la minería no afectaría a estos ecosistemas. Según el documento, las técnicas extractivas previstas implican el uso de explosivos que pueden destruir tanto glaciares como áreas periglaciares, provocando daños irreversibles.
“Se vuelan los glaciares y el ambiente periglacial con explosivos para extraer los minerales que se encuentran debajo de ellos. Por ende, el daño es irreversible”, se lee en el documento.
El informe detalla que “una vez destruido un glaciar, no hay ninguna posibilidad de recomponerlo». «Su destrucción es para siempre. Por ello es que necesitamos más que nunca apelar a un principio básico: proteger los glaciares y el ambiente periglacial es proteger el agua, las cuencas y el futuro de toda la nación; en definitiva, es proteger la vida”, sostiene el documento.
Especialistas consultados por Mongabay Latam coinciden en que la reforma podría comprometer el acceso al agua de más de siete millones de personas que dependen de cuencas andinas. Además, alertan sobre un posible retroceso en la protección ambiental en un contexto de creciente presión sobre los recursos naturales.
“La minería degrada los glaciares como reservas de agua dulce, afectando no solo la función ambiental, sino la que cumplen las áreas periglaciares en el suministro de agua dulce para asentamientos humanos o actividades productivas”, señaló el diputado Esteban Paulón, del bloque Unidos, a Mongabay Latam.
*Imagen principal: en los glaciares de San Juan se evidenció presencia de actividad minera que afecta los recursos hídricos de la zona. Foto: cortesía Martín Katz/Greenpeace
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