La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó al Estado peruano por la ausencia de medidas concretas para proteger a las mujeres indígenas que defienden sus territorios frente al avance de las economías ilegales en la Amazonía. El pronunciamiento se produjo luego de escuchar los testimonios de cinco lideresas indígenas durante una audiencia realizada en Washington D. C., en el marco del 196.º Periodo de Sesiones del organismo.
Durante la audiencia ‘Situación de las mujeres indígenas defensoras en contextos de economías ilegales’, representantes de organizaciones amazónicas denunciaron el incremento de amenazas, violencia y criminalización asociadas al narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de tierras.
Uno de los testimonios más contundentes fue el de Olivia Bisa Tirko, lideresa del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra, quien afirmó que «el Estado peruano no está preparado para salvar la vida de una defensora amenazada. Solo actúa para levantar los cadáveres o cuando ya estamos silenciados o desaparecidos».
Las lideresas insistieron en que las mujeres indígenas enfrentan riesgos diferenciados que no reciben una atención adecuada por parte de las autoridades. En ese sentido, Teresita Antazú López, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), señaló que buscan «abrir un espacio de comprensión para los pueblos indígenas, y en especial para las mujeres que somos afectadas en nuestros territorios».
Kelly Valera Silva, de la Organización Regional de Guardia Indígena del Pueblo Shipibo (ORGI), denunció que el liderazgo femenino aumenta el riesgo de agresiones. «Venimos a recordarles que la violencia no afecta igual a hombres y a mujeres. A nosotras nos discriminan por asumir liderazgo, salir de casa y alzar la voz. Lo vivimos con nuestra hermana Débora Guimaraes, quien fue amenazada con ser violada. Aunque denunciamos el caso ante la Fiscalía, el caso fue archivado. Por eso le pedimos al Ministerio de la Mujer trabajar con nosotras».
Matut Impi Ismiño, vicepresidenta del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), advirtió que más de 500 concesiones mineras otorgadas en territorio awajún han facilitado el ingreso de terceros y el aumento de la violencia sexual, la trata de personas y los contagios de VIH en comunidades indígenas.
Tras las exposiciones, la comisionada Marion Bethel manifestó que la CIDH ha documentado un aumento de los riesgos para las personas defensoras en Perú y cuestionó la respuesta estatal. «Escucho que hay voluntad en el papel, pero no escucho nada basado en algo concreto», afirmó al pedir información sobre acciones específicas para enfrentar la tala ilegal y el narcotráfico.
En la misma audiencia, el comisionado Riyad Insanally expresó preocupación por las denuncias de abandono estatal y consideró insuficiente el actual Mecanismo Intersectorial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, al señalar que no aborda la erradicación de las economías ilegales.
*Imagen principal: la audiencia ante la CIDH se realizó en la ciudad de Washington D. C. Foto: cortesía IDL
Créditos
