El Tribunal Constitucional de Chile impugnó la norma que establecía el derecho a una indemnización fiscal a privados ante la anulación de permisos ambientales que formaba parte del proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, conocido como la megarreforma del presidente José Antonio Kast.
En el marco de una megaproyecto de reforma del Estado, el Gobierno impulsa una norma para que las empresas que pierdan sus licencias ambientales por decisión de la Justicia, ante incumplimientos, contaminación e impactos socioambientales, puedan reclamar al Estado chileno una indemnización monetaria para recuperar los gastos incurridos durante el proceso de evaluación ambiental, salvo que la revocación sea por haber aportado información falsa.
Los artículos 12 y 13 del proyecto de ley establecían el derecho a indemnización ante la anulación judicial firme de una Resolución de Calificación Ambiental. El Tribunal declaró la inconstitucionalidad íntegra de ambos.
“Se trata de una decisión relevante, porque este tipo de mecanismos podía debilitar la capacidad de los tribunales para controlar la legalidad de las autorizaciones ambientales y generar incentivos para mantener vigentes permisos que posteriormente fueran considerados ilegales, puesto que la alternativa era que el costo de esas decisiones recayera sobre toda la ciudadanía”, explicó en un comunicado Roxana Núñez, abogada de Greenpeace y especialista en Incidencia de Campañas.
Los magistrados también acogieron el requerimiento respecto del artículo 5, que modifica la Ley 20.434 sobre relocalización de concesiones de acuicultura. El Tribunal Constitucional confirmó que las micro-relocalizaciones de centros salmoneros no pueden quedar fuera de la evaluación ambiental.
“La decisión del tribunal confirma que una distancia de hasta 350 metros no puede, por sí sola, ser utilizada para presumir que un nuevo emplazamiento no tendrá impactos ambientales. Como planteamos ante el Tribunal, en los fiordos y canales de la Patagonia esa distancia puede implicar condiciones ambientales completamente distintas y modificar los impactos de una actividad sobre el ecosistema”, afirmó Núñez.
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*Imagen principal: el gobierno de Kast ha impulsado medidas que organizaciones ambientales y científicas consideran un retroceso en la protección ambiental. Foto: cortesía Pablo Hidalgo
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