Durante el primer semestre de 2026, la violencia selectiva en Colombia ha cobrado la vida de 59 personas defensoras de derechos humanos. Doce de las víctimas eran líderes indígenas, mientras que 39 eran dirigentes comunales, comunitarios y campesinos, según un informe presentado esta semana por el Sistema de Información sobre Agresiones a Personas Defensoras de Derechos Humanos del Programa Somos Defensores.
El reporte documentó 401 agresiones de distinta índole contra defensores en la primera mitad del año, lo que representa un incremento en comparación con los 342 hechos registrados en el mismo período de 2025. Si bien la cifra de asesinatos muestra una reducción frente a los 78 homicidios cometidos en el primer semestre del año anterior, determinadas formas de agresión experimentaron un aumento, como las amenazas, que se elevaron de 175 a 242 casos.
Líderes indígenas
Entre los doce líderes indígenas asesinados en 2026 se encuentra Belarmino Guejía Dizú, del pueblo nasa. El 22 de febrero, un desconocido acudió a su vivienda ubicada en una zona rural del municipio de Cajibío, en la región del Cauca, y le disparó siete veces frente a su madre y a su hermana. Antes de abandonar el lugar, el delincuente le tomó una foto con un celular.
Otra de las víctimas es José Albino Cañas Ramírez, conocido en el municipio de Riosucio, Caldas, como defensor de los derechos territoriales. Fue asesinado el 16 de febrero con varios disparos. La lista también incluye a una mujer: Omaira Pancho Sanza falleció el 22 de junio, tras ser atacada con arma de fuego por un desconocido, en Inzá, Cauca.
También fue asesinado el líder indígena y ambientalista Milton Cerquera, quien solía acompañar iniciativas en el cuidado del agua, los ríos y los ecosistemas, dice el informe. El 18 de junio participaba en una comitiva para capturar a personas acusadas de abigeato y fue atacado con arma de fuego en Puracé, Cauca.
Demandas para el Gobierno
El informe del Programa Somos Defensores concluye que el repunte de agresiones durante el primer semestre de 2026 estuvo vinculado con la agudización del clima político y electoral por los comicios legislativos y presidenciales. La proliferación de discursos de odio y la estigmatización contra los procesos sociales incidieron en la vulnerabilidad de las personas defensoras en los territorios.
Las organizaciones exigen la implementación de un nuevo modelo de protección consensuado con las organizaciones sociales, en el marco de un proceso judicial que concluyó con un fallo que declara el «estado de cosas inconstitucional», por la reiterada vulneración de derechos de los defensores y líderes sociales.
Otra exigencia es el desmantelamiento efectivo de las estructuras criminales y el cese de narrativas hostiles que deslegitiman la labor de quienes defienden el territorio.
Lista de víctimas
*Imagen principal: Colombia es el país más letal para ejercer la defensa del territorio y el ambiente, de acuerdo a Global Witness y otras organizaciones. Foto: cortesía CRIC
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