Imaginen un área equivalente a la ciudad de Cali o más de 50 veces el distrito limeño de Miraflores, esa es la magnitud de la pérdida de bosques causada por el narcotráfico y la minería dentro y alrededor de 30 áreas protegidas de la Amazonía de Colombia y Perú. Estamos hablando de más de 51 mil hectáreas arrasadas, de 21 parques y reservas afectados por cultivos ilícitos de coca y 16 por la minería.

Lo más preocupante de este escenario es la violencia causada por estos delitos ambientales: asesinatos de defensores ambientales y líderes indígenas, presencia de grupos armados ilegales, trata de personas y amenazas contra guardaparques y comunidades.

La invasión de la minería

Esta actividad ha arrasado con33 113 hectáreas dentro y alrededor de 16 áreas protegidas de Colombia y Perú hasta el 2022. El equivalente a más de 41 mil canchas de fútbol. El análisis detectó, específicamente, 680 hectáreas perdidas dentro de parques y reservas, y 32 433 hectáreas en las zonas de amortiguamiento y espacios aledaños. En estos espacios, además, se identificaronun total 1157 puntos de extracción ilegal de oro: 201 en Colombia y 956 en Perú. Los datos muestran con claridad cómo el círculo de devastación se va estrechando y penetrando los espacios protegidos.

En Perú, la minería ilegal arrasó hasta el 2022 con los bosques de cinco áreas naturales protegidas: la Reserva Nacional Tambopata (525 hectáreas), el Parque Nacional Bahuaja Sonene (31 hectáreas), las Reservas Comunales El Sira (7,8 hectáreas) y Amarakaeri (5,4 hectáreas), y la Reserva Nacional Alpahuayo Mishana (5 hectáreas). Mientras que en Colombia, la devastación se puede observar a gran escala en los límites de la Reserva Nacional Puinawai (93 hectáreas) y el Parque Nacional Natural Río Puré (13 hectáreas).

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