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Informe: La corrupción en Sarawak conduce a una generalizada deforestación y a continuas violaciones de los derechos indígenas

 Logging roads criss-cross Sarawak's forests. Photo courtesy of Google Earth.
Rutas madereras que cruzan los bosques de Sarawak. Fotografía por cortesía de Google Earth.


A finales del mes de marzo se cumplirán 30 años desde que Abdul Taib Mahmud accedió al poder en el estado malasio de Sarawak, en la isla de Borneo. Los ecologistas quieren aprovechar la ocasión, que ha coincidido con la revelación de nuevos escándalos, para recalcar la corrupción y el nepotismo que, según ellos, han caracterizado al régimen. Para el primer ministro Taib y su administración, estas acusaciones no son nuevas; sin embargo, un nuevo informe publicado por el grupo de apoyo a los derechos indígenas Bruno Manser Fund (BMF), junto al aumento de críticas por parte de medios de comunicación independientes, como el Sarawak Report y Radio Free Sarawak— añade más leña al fuego. El informe describe en detalle cómo el comercio de madera tropical en Sarawak ha hecho mella en los grupos indígenas, y cómo dicho comercio supone la tala de algunas de las selvas más grandes del mundo, con el consiguiente menoscabo a la población de Sawarak.


Con el consentimiento del gobierno, la tala desenfrenada empezó en la década de los 80 y ha continuado hasta el momento. A lo largo de este periodo, lo que tiempo atrás fueron extensiones de bosques verdes se ha convertido en un mero recuerdo: los ecologistas estiman que solo se conserva un 10% de los primeros bosques existentes. El 8% de los bosques aún conservados se encuentran en parques naturales, pero estas áreas protegidas se ven continuamente amenazadas por las talas ilegales, e incluso por concesiones gubernamentales. Mientras que, por una parte, la década de los 80 fue testigo de la reducción de los más ricos bosques, por otra parte, también fue testigo del aumento del número de compañías madereras, entre las que se incluyen Samling, Rimbunan Hijau, WTK, KTS, Shin Yand y Ta Ann. Durante las últimas tres décadas, la tala de árboles ha crecido exponencialmente; al mismo tiempo, han aumentado las operaciones comerciales madereras mundiales y el negocio se ha extendido a otras áreas, como la construcción y los medios de comunicación.


“Sin embargo, la trayectoria de diversificación e internacionalización por parte de [las compañías] va de la mano con la violación de los derechos humanos, el caciquismo político y la destrucción del medio ambiente en el país de origen o en cualquier otra parte del mundo” -escribe Daniel Faeh en su informe. Faeh, asistente de investigación en el Grupo de Geografía Económica de la Universidad de Berna, Suiza, es el autor del informe de la organización Bruno Manser Fund.


Con más de 526.000 hectáreas, Samling se ha convertido en la compañía maderera más grande de Sarawak. Esta empresa ha sido acusada de tala ilegal y destrucción medioambiental en el sureste asiático, el Amazonas y el océano Pacífico. La segunda compañía más grande de Sarawak, Rimbunan Hijua, también ha sido acusada de violar repetidamente los derechos humanos y de abusar de las comunidades indígenas. El grupo WTK, por su parte, ha sido acusado de tala ilegal en el Amazonas, y el grupo Ta Ann ha sido objeto de crítica por la tala de bosques vírgenes en Tasmania.


En Sarawak, la supervisión de estas actividades es prácticamente nula. Taib no solo es el primer ministro de Sarawak, sino que también posee el cargo de ministro de Urbanismo y Gestión de Recursos, que viene a significar, según el informe, que “[Taib] tiene el control absoluto sobre la distribución de licencias madereras y concesiones de tala, repartidas entre sus aliados, amigos, familiares, e incluso a sí mismo.



Plantación de palmas aceiteras en Sarawak, Malasia. Fotografía por cortesía de BMF

El cuerpo que regula la industria maderera, conocido como la Corporación de Desarrollo por la Industria Maderera de Sarawak (STIDC, por sus siglas en inglés), y cuyo presidente es Taib, también está involucrado en la tala de árboles. Apodado en el informe “el séptimo grupo maderero” de Sarawak, el STIDC se ha visto obstaculizado por los intereses de la competencia.


“El gobierno se ha convertido en una gran compañía maderera a través del STIDC” – dice el informe.



Muchas de estas compañías han extendido su influencia a través de la industria y los medios de comunicación; por ejemplo, el grupo KTS es propietario del Borneo Post, el diario en inglés con más tirada en Sarawak. Además, según el informe, todas las compañías guardan estrechos vínculos con Taib, su familia, sus consejeros, o con otros miembros del gobierno. De hecho, el Report Sarawak, una página web desarrollada por la periodista Clare Rewcastle, sostiene que Taib posee miles de millones de dólares en activos en el extranjero, conseguidos a través de pactos corruptos.


La mayor parte de los medios de comunicación de Sarawak guardan relación con el gobierno de Taib, mientras que los medios de comunicación independientes, como la Radio Free Sarawak (RFS), son hostigados por el gobierno en nombre de la seguridad nacional. Hasta la fecha, el gobierno ha ignorado la web Sarawak Report. Sin embargo, la RFS está siendo actualmente investigada por el estado, bajo la acusación de difundir “mentiras maliciosas”, según el diario Borneo Post.



No obstante, las víctimas más afectadas son las comunidades indígenas marginadas.



Deforestación, por parte de una compañía maderera, en los alrededores de un pueblo indígena penan, en la región de Baram, en Sarawak. Imagen por cortesía de la organización Bruno Manser Fund

“Hasta el momento, el caciquismo político aún promueve la destrucción de la selva de Sarawak, y las comunidades indígenas locales, como los penan, luchan por su legítimo derecho a la tierra” –afirma el informe.


Las comunidades indígenas de Sarawak han luchado (y perdido) durante décadas contra los abusos de las compañías madereras. Los bloqueos, las protestas y las acciones judiciales no han tenido éxito en el intento por salvar las tierras de las comunidades indígenas y, a menudo, dichas acciones provocan contraofensivas -ocasionalmente violentas, y a menudo dirigidas por la policía estatal- y la destrucción de hogares inocentes.


“Los seis grupos madereros más importantes están involucrados en actividades de tala ilegal en áreas de asentamiento de comunidades indígenas, lugares en los que los derechos aborígenes son sistemáticamente violados. Las actividades de tala en estas tierras no solo tienen un impacto negativo sobre la flora y la fauna, sino que favorecen la erosión del suelo, la sedimentación, la contaminación del aire y el agua y el aumento de inundaciones. Además, las comunidades locales sufren de marginación, privaciones, escasez de recursos y brutalidad policial”- afirma el informe.


Hoy en día, los planes de construcción de más de cien embalses en Sarawak amenazan los cada vez más escasos indígenas y bosques.



Máquinas excavadoras de la compañía Samling cerca de Ba-Jawi. Fotografía por cortesía de BMF.

El informe sostiene, además, que las compañías madereras que se desarrollaron a lo largo de la década de los 80 “controlan ahora otras importantes industrias de Sarawak”, como la pesca, la construcción y los medios de comunicación, además de exportar sus controvertidas prácticas comerciales al extranjero. Sin embargo, y a pesar de esperarse lo contrario, la disminución de terrenos boscosos por tala indiscriminada no ha debilitado al gobierno. Por el contrario, según el informe, el estado ha encontrado una nueva industria en la que “concentrar una vez más todo su poder”: el aceite de palma. El gobierno ha confirmado que pretende plantar dos millones de hectáreas de palma aceitera para 2020, incluso en zonas habitadas por indígenas.



“Sarawak es uno de los estados más ricos en recursos naturales de Malasia, que obtiene miles de millones de dólares en beneficios por la venta de madera y productos madereros, además de una cantidad similar por la venta de petróleo, gas natural y, recientemente, aceite de palma” – afirma el informe. “Sin embargo, el gobierno y las altas esferas políticas han fracasado en distribuir dichos beneficios entre el pueblo de Sarawak”.


La organización Bruno Manser Fund apela a las autoridades internacionales a investigar unas 30 corporaciones, sospechosas de tener vínculos con Taib o sus familiares, en Canadá, Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Hong-Kong y las Islas Vírgenes. Asimismo, exige a las autoridades que, bajo leyes antifraude, “congele los activos de la familia Taib para su futura restitución al pueblo de Sarawak”.



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