Miembros de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe de Ecuador y su presidenta, Alexandra Narváez Umenda, fueron víctimas de graves amenazas, como respuesta a un reciente operativo realizado contra la minería ilegal en territorios indígenas. Los hechos fueron reportados esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

El 9 de octubre, cincuenta comuneros de la guardia indígena realizaron un trabajo de control territorial, en cumplimiento de las decisiones de la asamblea. Durante el recorrido encontraron campamentos destinados presuntamente a la minería ilegal. Aunque no había personas, sí encontraron motores y mangueras. Estos equipos fueron incinerados de inmediato, al ser considerados como una amenaza contra los ríos y bosques.

A los dos días de estas diligencias, dos personas vestidas de civil y con armas de fuego acudieron a la vivienda de un comunero y le exigieron la devolución de los motores. Otros tres desconocidos llegaron a la comunidad por la tarde e informaron pertenecer a “una estructura armada de crimen organizado», según una alerta pública de la organización indígena.

Además de agredir a un comunero, estas personas amenazaron con atacar a sus familias y quemar sus viviendas. También lanzaron amenazas directas contra la dirigente Narváez y su familia, pues la responsabilizan por las últimas acciones de control y vigilancia.

En las siguientes horas, la comunidad fue hostigada y hubo sobrevuelos con un dron. El tema fue puesto de conocimiento del gobernador de Sucumbíos y la Policía Nacional. La única respuesta fue, según informan, la presencia breve de un oficial que se retiró sin establecer contacto con las autoridades comunales y solo se entrevistó con personas ajenas, quienes le refirieron que en el lugar apenas hubo un supuesto conflicto vecinal.

Reporte ante la comunidad internacional

“Las instituciones no contestan; entonces no hay ninguna garantía”, comentó al respecto Narváez, en comunicación telefónica con Mongabay Latam. La presidenta comunal detalla que anteriormente hubo otras amenazas procedentes de actores vinculados con la minería ilegal y también son estigmatizados por el Estado. Fue por ello que decidieron trasladar el tema a la comunidad internacional.

El miércoles 14, la comunidad envió un escrito a la CIDH con el pedido para que exhorte al Estado de Ecuador a “adoptar medidas inmediatas, eficaces y culturalmente adecuadas para prevenir nuevos ataques, garantizar la seguridad de las familias y asegurar que las autoridades indígenas
puedan ejercer libremente sus funciones”.

En simultáneo, la dirigencia remitió un documento a la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU pidiendo que inste a las autoridades competentes a realizar las investigaciones para esclarecer las amenazas y proteger a las víctimas y testigos.

*Imagen principal: Acciones de monitoreo que realizaron los comuneros el 9 de octubre. Foto: cortesía de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe 

Cada vez son más las especies amazónicas —y en mayor cantidad— que se ofrecen a la venta al otro lado del planeta dentro del comercio de mascotas exóticas del Sudeste Asiático, según reporta la colaboradora Gloria Dickie para Mongabay.

En los últimos dos años, Scott Roberton, director del programa contra el tráfico de vida silvestre de la organización estadounidense Wildlife Conservation Society, ha observado un incremento en la llegada de especies latinoamericanas a los mercados tailandeses. Allí, hacinadas en recintos reducidos junto a animales domésticos, se pueden encontrar ejemplares de titíes, monos capuchinos, capibaras, tortugas matamata y peces amazónicos poco comunes.

Esta cadena de suministro puede originarse en lo más profundo de la selva y suele confluir en centros neurálgicos como Iquitos, en Perú, informa Dickie. Desde Colombia, Brasil y países vecinos, los animales capturados de manera ilegal son transportados por los ríos amazónicos hacia territorio peruano, donde la corrupción y el tráfico ilegal —apoyados en el uso de documentación fraudulenta— permiten blanquear especímenes extraídos de su hábitat natural para hacerlos pasar como ejemplares criados en cautiverio aptos para el comercio legal.

Para llegar a los mercados asiáticos, los animales procedentes de Sudamérica deben soportar extenuantes vuelos con múltiples escalas que superan las 25 horas. Este comercio se ve impulsado, además, por las redes sociales que conectan a compradores y vendedores a escala global, de acuerdo con Neil D’Cruze, investigador de vida silvestre.

“El puesto del mercado es en realidad solo la parte visible de una cadena de suministro mucho más larga”, explicó D’Cruze. “Y, cada vez más, esa cadena de suministro física se cruza con un mercado digital global capaz de conectar a vendedores y compradores separados por miles de millas”.

Roberto Vieto, asesor de bienestar animal de la organización World Animal Protection, afirmó que este comercio inflige dolor y sufrimiento a los animales, y advirtió que muchos de ellos mueren durante el trayecto debido al confinamiento y al estrés extremo.

Aunque se desconoce cuántos animales perecen durante el traslado, un informe de la Unión Europea sobre tráfico de fauna silvestre determinó que el 70 % de los animales silvestres muere dentro de las seis semanas posteriores a su captura.

En el mercado Chatuchak de Bangkok, las condiciones de hacinamiento, el calor sofocante y la cercanía a los puestos de comida elevan los riesgos de bioseguridad y el contagio de enfermedades zoonóticas. Pese a las críticas internacionales y a un incendio ocurrido en 2024 que provocó la muerte de más de 1000 animales, las operaciones en este tipo de mercados continúan.

El artículo original fue publicado en Mongabay. Puedes revisarlo aquí.

Imagen principal: una compradora camina por el mercado Chatuchak con un mapache como mascota. Foto: cortesía de Gloria Dickie.

En 2022, los cazadores furtivos se llevaron 14 rinocerontes blancos de granjas privadas en Namibia (África) en seis semanas, por lo que los propietarios comenzaron a cortarles los cuernos. Una de las hembras tenía un cuerno de 86 centímetros de largo. Su dueño, Jaco Muller, confesó que casi lloró cuando se lo quitaron. «Es un animal magnífico», dijo. «Pero por su bien, es lo mejor».

El rinoceronte descornado redujo los motivos de los cazadores furtivos para matarlo. Para Muller, ver un animal de estos sin cuernos era preferible a encontrar uno muerto.

La idea de criar rinocerontes surgió a partir de un proyecto escolar de su hijo cuando tenía 15 años. En 2010, Muller transformó el criadero familiar de antílopes en lo que más tarde sería el Rhino Momma Project.

Muller creía que criar más rinocerontes blancos (Ceratotherium simum), mantenerlos en condiciones seguras para que se reprodujeran y luego repoblar podría ayudar a salvar la especie. Por eso creó un programa de cría con una granja de custodia y la organización sin fines de lucro Help Our Rhinos Now (HoRn).

La primera cría nació en 2013. Para 2025, el proyecto se había convertido en uno de los mayores criaderos de rinocerontes de Namibia.

Kifaru Lodge, que Muller inauguró en 2018, generó ingresos gracias a los turistas, que sirvieron para cubrir los gastos de seguridad y el cuidado de los rinocerontes.

Muller también apoyó la legalización del comercio de cuerno de rinoceronte. Su argumento era que la prohibición permitía a los delincuentes obtener ganancias mientras los propietarios de granjas y los grupos conservacionistas pagaban por la seguridad. Comparó la recolección de cuerno con el esquileo de ovejas: el animal sobreviviría, el cuerno volvería a crecer y un mercado regulado podría financiar la protección.

“En estos momentos, solo los cazadores furtivos ganan dinero con los cuernos”, dijo en 2025. Ese argumento fue, y sigue siendo, controvertido. Los opositores cuestionan si un comercio legal facilitaría el blanqueo de cuernos de rinoceronte cazados furtivamente o aumentaría la demanda. Para Muller, el caso se basaba en la economía de un programa de cría: los cuernos eran valiosos y proteger a los animales resultaba costoso.

Consideraba que los rinocerontes también necesitaban poblaciones fuera de Namibia. En una decisión controvertida en 2024, 42 rinocerontes blancos del Kifaru Lodge fueron exportados a Texas.

Muller solía sobrevolar la reserva. El 19 de septiembre de 2026, a los 53 años, falleció cuando la aeronave que piloteaba se estrelló mientras monitoreaba a los rinocerontes y los rebrotes de incendios forestales. Para entonces, la idea del proyecto escolar ya se había convertido en una manada de rinocerontes: el proyecto había registrado 197 nacimientos desde el nacimiento de la primera cría en 2013.

El artículo original fue publicado en inglés por Rhett Ayers Butler en Mongabay. Puedes revisarlo aquí.

*Imagen principal: Jaco Muller. Foto: cortesía del Proyecto Rhino Momma

La Comisión de Constitución del Senado en Perú debatirá este jueves 15 de octubre una nueva versión de predictamen para otorgar facultades legislativas al gobierno de Keiko Fujimori. El texto enfrenta cuestionamientos de orden político y constitucional, al incluir materias que ya habían sido descartadas en la Cámara de Diputados. Uno de los puntos sensibles es la reincorporación de cambios legales que podrían afectar los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

La Cámara de Diputados ya aprobó una propuesta legislativa para que el Ejecutivo dicte normas solamente sobre seguridad y la emergencia por el fenómeno de El Niño. Este texto no incluía asuntos sobre medioambiente o pueblos indígenas.

Pero este jueves, la Comisión de Constitución del Senado revisará un texto distinto. El presidente de este grupo, el fujimorista Carlos Mesía, distribuyó una versión que incluye dos artículos con menciones a los pueblos indígenas.

El artículo 2.2.8 plantea otorgar facultades legislativas sobre expropiación de predios para proyectos de infraestructura. Y el artículo 2.2.10 contempla medidas para agilizar la liberación de interferencias para la ejecución de obras. En ambos se hace mención al respeto de los derechos de los pueblos indígenas u originarios.

Simplificación y expropiaciones

Consultada sobre el tema por Mongabay Latam, la senadora peruana Ruth Luque expresó su preocupación por el artículo 2.2.8. “Esta disposición pretende autorizar al Ejecutivo para modificar normas sobre adquisición, expropiación, saneamiento y transferencia de predios para proyectos de infraestructura. Estamos hablando de facultades amplias que no se limitan expresamente a las obras necesarias para atender el fenómeno de El Niño”, advirtió.

Según observa Luque, la redacción general de este artículo no genera garantías para la protección de los derechos territoriales colectivos y el Gobierno podría “apartarse de obligaciones constitucionales e internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas”.

Guisela Loayza Álvarez, asesora legal de Cuencas Sagradas, una alianza de 25 organizaciones indígenas de Perú y Ecuador, considera que este artículo representa un peligro porque básicamente tiene fines de simplificación.

“El Gobierno busca facilitar expropiaciones y eso es lo que más nos preocupa. Se piensa ejecutar o regularizar proyectos de inversión como carreteras de distintas magnitudes, bajo la declaratoria de necesidad pública, así como proyectos de servicios públicos como en telecomunicaciones”, explicó.

Richard O’Diana Rocca, abogado del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), advirtió que el artículo 2.2.10. genera una bandera roja de alerta, debido a que muchos proyectos de infraestructura como los helipuertos, carreteras o puentes se ejecutan “sin proteger al medioambiente y generan el desplazamiento de pueblos indígenas u originarios”.

*Imagen principal: Derechos de los pueblos indígenas de Perú nuevamente bajo amenaza. Foto: cortesía IDL

Mientras la reñida contienda presidencial brasileña entre el presidente Lula y el senador de ultraderecha Flávio Bolsonaro espera la segunda vuelta, el 25 de octubre, el panorama hasta ahora preocupa a autoridades y especialistas ambientales.

Según los resultados de la primera vuelta del 4 de octubre, al menos siete de los nueve estados amazónicos de Brasil quedarán en manos de políticos de derecha alineados con Flávio Bolsonaro , del Partido Liberal (PL). Ellos son Otaviano Pivetta (del Partido Republicanos, en Mato Grosso), Dr. Daniel (del Partido Podemos, en Pará), Marcos Rogério (del PL, en Rondônia) y Arthur Henrique (también del PL, en Roraima). Todos ellos manifestaron su apoyo a la candidatura del senador Flávio, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) — actualmente preso por un intento de golpe de Estado en 2022.

En Acre, Mailza Assis (del PP) y Alan Rick (Republicanos), ambos alineados con los Bolsonaro, competirán en segunda vuelta. En Tocantins se enfrentarán Professora Dorinha (Partido União Brasil) y Vicentinho Júnior (PSDB). En Amapá, el gobernador electo, Dr. Furlan (PSD), de derecha, hasta ahora no ha manifestado públicamente su apoyo a Bolsonaro, aunque su candidatura cuenta con el respaldo del PL.

Las dos excepciones son Maranhão, donde el gobernador electo, Eduardo Braide (PSD), ha mantenido hasta ahora una posición neutral; y el estado de Amazonas. Este último —el más grande de Brasil— es el único estado amazónico en el que un oponente al bolsonarismo tiene posibilidades de triunfar: el senador Omar Aziz (PSD), aliado de Lula, se enfrentará el 25 a Professora Maria do Carmo, candidata del PL. Aziz  encabezó la primera vuelta con el 40,63 % de los votos válidos.

Aunque tiene el respaldo del gobierno de Lula, Aziz votó a favor del “Proyecto de Ley de la Devastación, llamado así por flexibilizar las normas de licenciamiento ambiental. Además, también respalda la explotación petrolera en la  desembocadura del Amazonas y la pavimentación de la BR-319, una obra cuestionada por especialistas por sus impactos ambientales

Adriana Ramos, directora ejecutiva del Instituto Socioambiental (ISA) en Brasil, advierte que los cambios en el mapa político reavivan “la expansión de actividades ilícitas, la presencia del crimen organizado y el descontrol en la explotación de recursos naturales” que marcaron el Gobierno del padre Jair Bolsonaro

“El predominio de aliados de los Bolsonaro (…) refuerza una postura de negacionismo climático y de desmantelamiento de las estructuras e instituciones de control ambiental”, afirmó.

Para Eloy Terena, ministro de los Pueblos Indígenas de Brasil (MPI), el avance del bolsonarismo en la región favorece la llegada de líderes “que tienen como objetivo principal relativizar la legislación ambiental, lo que implica abrir estos territorios a la explotación económica”.

El artículo original se publicó en Mongabay Brasil, puede leerlo aquí

En el parque nacional Virunga, al este de la República Democrática del Congo (RDC), la gorila de Grauer (Gorilla beringei graueri) Lulingu fue reintroducida en 2024. En mayo de 2026, la hembra dio a luz a una nueva cría, un acontecimiento que genera esperanza en el futuro de la especie y despierta un gran entusiasmo entre los conservacionistas que trabajan en la zona.

“Tanto la cría como la madre se encuentran perfectamente bien. Realmente nos hace muy felices. Estamos orgullosos de ella, es también en parte nuestro éxito. Imagínese: la conocimos cuando era bebé, la vimos crecer, rehabilitarse y ahora es madre”, relató por vía telefónica a Mongabay Jackson Kabuyaya Mbeke, director en la RDC del Gorilla Rehabilitation and Conservation Education Center (GRACE).

Lulingu llegó a GRACE, santuario de fauna silvestre de 16 hectáreas, en 2016, cuando apenas tenía 18 meses de edad. Había sido rescatada de una red de tráfico ilegal de especies por el Instituto Congoleño para la Conservación de la Naturaleza (ICCN) y la ONG Gorilla Doctors. En el santuario contó con espacio suficiente para socializar y jugar en un entorno similar a su hábitat natural, bajo la atenta mirada de hembras que actuaron como madres adoptivas. Posteriormente, fue reintroducida en su entorno natural cerca del monte Tshiaberimu, en un sector remoto del parque nacional Virunga.

“El propósito de nuestro santuario es acoger a los gorilas rescatados, pero también cuidarlos hasta que puedan ser liberados en la naturaleza. El hecho de que Lulingu haya tenido una cría es una señal de que se adaptó bien a la vida silvestre”, explicó Kabuyaya Mbeke.

El gorila de Grauer, también conocido como gorila oriental de planicie, es endémico de los bosques tropicales del este de la RDC. Se trata del primate más grande de la Tierra, aunque su hábitat sufre una reducción constante debido al conflicto armado, la deforestación y la minería. En 2016, la especie pasó a estar clasificada como En Peligro Crítico en la Lista Roja de la UICN tras décadas catalogada como En Peligro. Los conservacionistas calculan que el 77 % de la población ha desaparecido desde 1994, al pasar de una estimación de 16 900 individuos a 3800 para 2015. Por ello, cada nuevo nacimiento resulta decisivo para la supervivencia de la especie.

“Gracias a este éxito, ahora estamos evaluando si reintroduciremos más gorilas en la naturaleza. Estamos en la fase preparatoria”, afirmó Kabuyaya Mbeke.

El artículo original fue publicado en Mongabay. Puedes revisarlo aquí.

Imagen principal: Lulingu, gorila de Grauer, sostiene a su nueva cría. Foto: cortesía de GRACE Gorillas.