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Quince años después de que comunidades indígenas de Guatemala fueron desalojadas a la fuerza de sus tierras ancestrales, el caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que podría establecer la responsabilidad del Gobierno y ordenar medidas de reparación.
El 28 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó haber tramitado la denuncia ante la Corte IDH, por este caso que involucra a 14 comunidades mayas Q’eqchi’ de Alta Verapaz, cuyos integrantes fueron desalojados de sus tierras para dar paso a plantaciones de caña de azúcar.
Según el documento, las disputas en el territorio se remontan al menos a 2005, cuando empresas privadas comenzaron a comprar tierras indígenas que los mayas Q’eqchi’ habían ocupado por siglos. El Gobierno no había otorgado títulos adecuados a las comunidades, lo que generó incertidumbre sobre el derecho de propiedad.
En 2011, tras varios años de protestas, un tribunal autorizó el desalojo de las 14 comunidades indígenas, cuyos habitantes se habían negado a abandonar sus tierras.
Esos desalojos se ejecutaron «de manera violenta y con un uso desproporcionado de la fuerza», señala el informe de la CIDH y subraya que las autoridades no investigaron la ocupación histórica de las tierras por parte de las comunidades ni los impactos sociales y culturales de su desplazamiento.
En mayo de 2013, durante el desalojo de 95 familias en la finca Río Polochic, en Panzós, cinco indígenas fueron heridos a bala y tuvieron que ser trasladados a un hospital.
Por esa misma época, según la CIDH, el Gobierno autorizó la expansión de plantaciones de caña de azúcar sin consultar a las comunidades ni realizar estudios de impacto ambiental. Esta actividad provocó la destrucción de cultivos tradicionales.
Reparación y retorno seguro
«El cultivo de caña de azúcar provocó el desplazamiento y la pérdida de cultivos de arroz, maíz y frijol que sustentaban la salud y la seguridad alimentaria de la población indígena maya Q’eqchi’, además de afectar considerablemente el medio ambiente», señala la CIDH en su informe, tramitado el 17 de septiembre.
La CIDH solicitó a la Corte que ordene al Gobierno de Guatemala reparar los daños ocasionados a los integrantes de las comunidades. También pidió que el Estado garantice el «retorno seguro» de las poblaciones desplazadas a sus tierras y acceso a alimentos, agua potable y vivienda.
La CIDH plantea que el Estado también debe delimitar los territorios y otorgar títulos de propiedad colectiva a las 14 comunidades, además de desarrollar un marco jurídico que garantice los derechos ancestrales.
– Este artículo fue publicado en inglés en Mongabay. Puedes revisar la versión completa aquí.
*Imagen principal: trabajadores cortan caña de azúcar en un campo cercano a Retalhuleu, Guatemala. Foto: Rodrigo Abd/AP