El gobierno de Keiko Fujimori ha remitido al Congreso peruano una solicitud de facultades para legislar en distintas materias. Si bien el proyecto principal es genérico, la exposición de motivos que acompaña la iniciativa da mayores luces y deja en claro que el Ejecutivo incluye en su agenda la modificación de normas ambientales específicas. Una de ellas es la Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP), con el fin de promover la inversión privada en el subsector hidrocarburos.
El Ejecutivo expone como problema la caída de las inversiones, principalmente en la etapa exploratoria, e identifica a “la tramitología como uno de los principales desincentivos a la inversión en el subsector”. También pone en discusión la actual Ley de Protección de Pueblos Indígenas que prohíbe otorgar “derechos que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales”.
Bajo este marco, el gobierno de Fujimori apunta a modificar la normatividad y el objetivo concreto es la reducción física de determinadas áreas protegidas “cuando resulte necesaria la ejecución de proyectos determinados declarados de necesidad pública e interés nacional, entre ellos las actividades de exploración y las explotación de hidrocarburos”, según se lee en el documento enviado al Congreso.
Punto de inflexión
José De Echave, economista y experto en temas ambientales de CooperAcción, advierte que Perú entraría a un “punto de inflexión” si el Congreso otorga facultades para realizar estas modificaciones. “Entraríamos a una suerte de tendencia regresiva en materia ambiental, lo cual es tremendamente preocupante”, alerta.
El especialista explica que en Perú hay una enorme presión de los gremios privados para ingresar a la cuenca de Madre de Dios. Si bien la propuesta normativa apunta al subsector hidrocarburos, De Echave precisa que la norma abriría las puertas a “varios tipos de extractivismo, incluyendo la minería informal e ilegal”.
César Ipenza, abogado ambientalista, explica que actualmente no se puede desarrollar ni extraer recursos en áreas protegidas, como los parques nacionales. Sin embargo, “desde hace meses, desde el Congreso, en alianza con PerúPetro y el Ministerio de Energía y Minas, pretendieron modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas para permitir la extracción de gas en el Parque Nacional del Manú y en el Parque Nacional Bahuaja Sonene”.
Para Ipenza, modificar la normatividad actual sobre las Áreas Naturales Protegidas sería un grave retroceso. “Se pretende flexibilizar el marco jurídico para fortalecer intereses que no necesariamente terminan beneficiando al país, sino a un determinado sector”, apunta.
La senadora peruana Ruth Luque, de la oposición, informó a Mongabay Latam que hay un grupo de parlamentarios que están en contra de otorgar facultades en materia ambiental. “Hemos conformado un Frente Multiparlamentario por un Desarrollo Sostenible y en este espacio sí compartimos la preocupación por no modificar la ley de Áreas Naturales Protegidas», adelantó.
*Imagen principal: el Parque Nacional Bahuaja Sonene, en Perú, está en la mira del sector extractivista. Foto: Daniel Rosengren/FZS Perú