La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó en Panamá los testimonios de representantes de seis países que denunciaron daños vinculados a operaciones de empresas mineras canadienses en América Latina, entre ellos cuatro supuestos ataques contra defensores ambientales. La audiencia, que se realizó el 27 de octubre, buscaba examinar las obligaciones de Canadá en el impacto de sus empresas extractivas en el exterior.

Canadá alberga a cerca de la mitad de las empresas mineras y de exploración mineral en el mundo que cotizan en bolsa.

Marco Manobanda, piscicultor indígena de Las Naves, en Ecuador, afirmó que la mina de cobre y oro El Domo, propiedad las empresas Silvercorp Metals Inc. y Salazar Resources Ltd., con sede en Vancouver, provoca deforestación y contaminación del agua. Denunció, además, presencia militar, amenazas y allanamientos. Según los activistas, en junio de 2025 el ejército y la policía dispersaron con gases lacrimógenos y balas de goma una protesta pacífica.

Desde Colombia, Mayerly López habló de las amenazas contra quienes protegen el páramo de Santurbán de las actividades de extracción de oro de Aris Mining Corporation en el proyecto Soto Norte; y dijo que, en panfletos, los defensores son vinculados con grupos armados. Global Witness contabilizó 39 asesinatos de defensores ambientales en Colombia en 2025.

Otros testigos expusieron su preocupación por la actividad minera en México, Panamá, República Dominicana y Argentina.

La audiencia ocurrió unos cuatro meses después de que el gobierno de Canadá eliminó la Oficina del Ombudsman Canadiense para la Empresa Responsable (CORE), creada para investigar las denuncias de abusos de los derechos humanos y daños ambientales en el extranjero vinculados a empresas canadienses. Arturo Ezquerro-Cañete, coordinador del programa para América Latina de MiningWatch Canada, sostuvo que su reemplazo, el Punto de Contacto Nacional, “carece por completo de poder”.

En septiembre, Mongabay informó sobre el deficiente historial del Punto de Contacto Nacional de Canadá. Solo tres de los 33 casos que ha tramitado desde 2000 terminaron en acuerdos conjuntos formales, y los críticos aseguran que carece de la independencia y las facultades de investigación necesarias para descubrir abusos.

Los testigos de la sociedad civil pidieron a la comisión que recomiende al gobierno de Canadá adoptar una ley que obligue a las empresas a ejercer la debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambiente.

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Imagen principal: interior de la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Panamá. Foto: cortesía de Earthworks.

El uso de cianuro en la minería ilegal de oro en la Amazonía brasileña representa una nueva amenaza para las personas y los animales en el territorio indígena Raposa Serra do Sol. Este territorio, ubicado en el estado de Roraima, ha sido invadido por mineros ilegales que utilizan cianuro para extraer el oro del mineral triturado, dejando tras de sí estanques de agua contaminada con ese veneno.

En julio, la Policía Federal arrestó a dos hombres y les incautó aproximadamente 375 kilos de un compuesto químico con características similares al cianuro, así como 1250 kilos de carbón activado, otra sustancia utilizada en el procesamiento de oro en Roraima. Según la policía, las incautaciones están vinculadas a la minería ilegal de oro en el territorio indígena.

Un año antes, en julio de 2025, la Policía Federal clausuró un laboratorio ilegal en Boa Vista, la capital del estado, donde se encontraron rocas que se cree provenían de la minería de oro y zonas de agua contaminadas con cianuro.

En Brasil, el comercio de cianuro es controlado por el Ejército, lo que genera lagunas legales. Además de ser más accesible que el mercurio, ofrece a los delincuentes una importante ventaja en eficiencia: según la agencia ambiental de Brasil IBAMA, el método del cianuro permite recuperar oro con tasas superiores al 90 %, mucho más altas que el 30 % o 50 % que se obtiene con el mercurio.

Doce sitios contaminados

El creciente uso de cianuro en la minería ilegal de oro ha llamado la atención de la Fiscalía Federal, que recomendó la remediación ambiental urgente de varias zonas que se asemejan a estanques al aire libre contaminados con cianuro en el Territorio Indígena Raposa Serra do Sol.

En entrevista con Mongabay, el fiscal federal Alisson Marugal calificó la situación de «muy preocupante» y detalló que las operaciones en curso han identificado 12 sitios contaminados con cianuro en el territorio indígena.

Según diversas fuentes, niños indígenas participan en la trituración de rocas para extraer el oro obtenido de la mina mediante voladuras. En septiembre de 2025, medios de comunicación como G1 ya habían informado sobre estos problemas. En diciembre, las estimaciones publicadas por el Consejo Indígena de Roraima (CIR) indicaron que había aproximadamente 500 mineros ilegales en el territorio.

Aunque algunos indígenas han participado en la minería ilegal en el territorio Raposa Serra do Sol, la mayoría se opone a esta actividad, conocida localmente como garimpo, según declaró a Mongabay Amarildo Macuxi, coordinador general del CIR.

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*Imagen principal: En marzo, IBAMA desmanteló una operación minera ilegal en el territorio indígena Raposa Serra do Sol, en Roraima. El mineral es procesado con cianuro para separar el oro de otros minerales. Foto: cortesía IBAMA

Los elefantes y las ballenas cumplen funciones importantes en el ciclo del carbono y su recuperación podría tener beneficios para el clima. Sin embargo, todavía existe incertidumbre sobre cuánto carbono pueden almacenar, dónde lo hacen y en qué periodos. Así lo advierte un estudio publicado el 19 de octubre en la revista Current Biology, que alerta sobre los riesgos de presentar la restauración de grandes animales como una estrategia para combatir el cambio climático.

La investigación, liderada por Andrew Abraham, de la Universidad del Norte de Arizona, en Estados Unidos, revisó los conocimientos científicos sobre la relación entre estos animales y el almacenamiento de carbono. Los elefantes, por ejemplo, dispersan semillas y favorecen la recuperación de los bosques. Además, al controlar el crecimiento de la vegetación, podrían reducir el riesgo de incendios que liberan carbono. Sin embargo, también pueden destruir árboles con su alimentación.

En el caso de las ballenas, sus cuerpos almacenan carbono durante su vida y sus excrementos aportan nutrientes que favorecen el crecimiento del fitoplancton, organismos que absorben dióxido de carbono. Cuando mueren, sus cuerpos pueden hundirse en el océano y mantener parte de ese carbono fuera de la atmósfera.

Los autores consideran que recuperar las poblaciones de estas especies es fundamental para frenar la pérdida de biodiversidad y evitar extinciones. Sin embargo, advierten que promover estas iniciativas exclusivamente por sus beneficios climáticos es una estrategia de «alto riesgo».

Uno de los principales problemas es que los efectos de la recuperación de grandes animales podrían tardar entre 50 y 100 años en manifestarse. Además, vincular su conservación con créditos de carbono podría llevar a priorizar los beneficios climáticos sobre la salud de los ecosistemas.

Los investigadores insisten en que se necesitan más estudios y monitoreos a largo plazo para determinar cuánto carbono pueden capturar y almacenar los animales. Su recuperación puede contribuir a enfrentar las crisis de biodiversidad y clima, pero no sustituye la reducción urgente de las emisiones ni el abandono de los combustibles fósiles.

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Imagen principal: Rorcual aliblanco (Balaenoptera acutorostrata). Foto: corteasía de © Wayne y Pam Osborn vía iNaturalist (CC BY-NC 4.0).

El gobierno de Abelardo De la Espriella derogó en los últimos días la Resolución 961, que prohibía la megaminería y la explotación de hidrocarburos en la Amazonía, abriendo nuevamente la puerta a las concesiones extractivas en la selva.

La medida coincide con un acuerdo bilateral con Estados Unidos para explorar y exportar minerales críticos, recursos muy demandados para la transición energética de las potencias.

De acuerdo con el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, la razón para echar atrás esta medida fue que se expidió «sin culminar la consulta previa con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que podrían verse directamente afectadas».

En sus redes sociales, la ex ministra de Ambiente durante el gobierno de Gustavo Petro Irene Vélez denunció que derogar el decreto no es un tema de “incertidumbre económica”, sino una maniobra para entregarle a Estados Unidos los minerales que necesita, sacrificando el territorio.

“Si no reaccionamos, entregarán nuestra Amazonía al mejor postor”, advirtió Vélez. En tanto, organizaciones de la sociedad civil exigen que se restituya la resolución y lanzaron una petición para sumar apoyos, que será presentada ante las autoridades.

*Imagen principal: el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella. Foto: Ministerio de la Defensa de Colombia

Las ambiciones de Estados Unidos de explotar los fondos marinos se expanden rápidamente por los océanos, no solo en aguas bajo su propia jurisdicción, sino también en alta mar, la vasta extensión oceánica que se encuentra fuera de la jurisdicción de cualquier país. En la Zona Clarion-Clipperton del océano Pacífico (un extenso tramo del Océano Pacífico entre México y Hawai) un análisis de Mongabay revela que las empresas han solicitado a Estados Unidos, o ya han obtenido, derechos sobre áreas del lecho marino que equivalen aproximadamente a la mitad de la extensión que la comunidad internacional ya ha destinado a actividades mineras.

Los solicitantes estadounidenses no solo buscan derechos para explorar los fondos marinos profundos, sino que algunos también solicitan permisos de extracción comercial. Si la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. (NOAA) los aprueba, estos permisos permitirían a las empresas extraer y, eventualmente, vender los minerales.

Las empresas mineras de aguas profundas están interesadas en muchas partes del lecho marino internacional, pero el análisis de Mongabay se centró en la Zona Clarion-Clipperton (CCZ), que contiene grandes cantidades de nódulos polimetálicos.

El análisis de Mongabay reveló que los solicitantes estadounidenses buscan derechos sobre áreas del lecho marino que se superponen con áreas que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos ya ha contratado y áreas que mantiene en reserva para la minería futura y para beneficiar a los países en desarrollo.

«Demasiado peligrosa y destructiva»

Si la minería en aguas profundas llega a comenzar, Chris Robbins, director asociado de iniciativas científicas de Ocean Conservancy, afirmó que la industria podría tener un impacto sumamente negativo en las comunidades y los ecosistemas mismos.

«Estos ecosistemas de aguas profundas no están acostumbrados a perturbaciones masivas, que es precisamente lo que provocaría la minería submarina», declaró Robbins a Mongabay. Añadió que los ecosistemas de aguas profundas son como un «castillo de naipes», donde la pérdida de incluso unas pocas especies podría «potencialmente llevar al colapso de las redes tróficas o comunidades locales».

Arlo Hemphill, responsable del proyecto de la campaña de Greenpeace USA para detener la minería en aguas profundas, declaró a Mongabay que su organización plantea que ni Estados Unidos ni la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos deberían llevar a cabo actividades mineras en la CCZ ni en ningún otro lugar del océano. «La minería submarina no debería llevarse a cabo», dijo Hemphill. «Es demasiado peligrosa y destructiva, y no la necesitamos».

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*Imagen principal: un pepino de mar de aguas profundas entre nódulos polimetálicos en la zona Clarion-Clipperton. Foto: cortesía ROV GEOMAR/ROV KIEL 6000/GEOMAR

Usuarios indonesios de redes sociales —celebridades, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios— afirman que sus cuentas y publicaciones fueron restringidas o eliminadas tras hablar de los incendios forestales y la bruma que afectan al país desde hace meses.

El 15 de octubre, el Nalar Rawat Institute publicó en TikTok un video con imágenes satelitales de la NASA sobre el monóxido de carbono y un índice de contaminación de 1200 en la provincia de Kalimantan Central, cuatro veces el umbral de peligrosidad. El video, con 500 000 visualizaciones, fue eliminado por infringir las normas comunitarias. Su cuenta de Instagram fue suspendida, aunque la recuperó esa misma noche tras apelar ante Meta con ayuda de la organización de derechos digitales Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet).

Otros casos incluyen una publicación de International Animal Rescue Indonesia (YIARI). La ONG que rescata orangutanes y otros primates de los incendios señaló que la moderación de contenidos también la ha afectado. Una publicación de Instagram sobre el impacto del fuego en los loris lentos y su hábitat fue restringida y calificada de “contenido sensible”.

Remotivi, una ONG de monitoreo de medios, recibió 142 quejas verificadas entre el 1 de enero y el 15 de octubre; cerca del 85 % se vinculaba a solicitudes del ministerio y el resto, a infracciones de las normas de las plataformas. Su investigador Muhamad Heychael señaló que los datos sugieren que la moderación ocurrió cuando el Gobierno recibía fuertes críticas.

La ministra de Comunicación y Asuntos Digitales, Meutya Hafid, negó que el ministerio hubiera solicitado eliminar contenidos. Nenden Sekar Arum, de SAFEnet, afirmó que, aunque el Gobierno quizá no haya dado órdenes directas, hay que cuestionar “si la normativa vigente está empujando a las plataformas a restringir contenidos en exceso”. Hasta ahora no hay pruebas que vinculen los casos con una solicitud gubernamental. Meta y ByteDance no respondieron a las solicitudes de comentarios.

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Imagen del banner: un hombre pedalea en bicicleta entre la densa bruma causada por los incendios forestales en Palangka Raya, Kalimantan Central, Indonesia, el 23 de octubre de 2026. Foto: corteasía de AP Photo/Dias Gustrian.