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Manifestante indígena asesinado por agresores enmascarados en Panamá a raíz de una represa condenada por la ONU

Barro Blanco hydroelectric dam under construction. Photo courtesy of Robin Oisín Llewellyn.
Represa hidroeléctrica Barro Blanco en construcción. Cortesía de Robin Oisín Llewellyn.


Un indígena Ngäbe de Panamá, Onésimo Rodríguez, quien se oponía al proyecto de la represa hidroeléctrica Barro Blanco, fue asesinado durante la tarde del pasado viernes por cuatro hombres enmascarados. Su cuerpo fue arrojado a un arroyo cercano donde fue encontrado al día siguiente.



Onésimo Rodríguez fue atacado junto con un compañero en Las Nubes, después de asistir a una manifestación en Cerro Punta, Bugaba, en contra de la represa. Su compañero, cuya identidad se mantiene reservada por razones de seguridad, fue herido de gravedad, pero logró escapar y lo están atendiendo en la comunidad indígena local. El Movimiento 10 de Abril (M-10), un movimiento de protesta indígena, había anunciado en un comunicado de prensa reciente que consideraba al gobierno holandés y a los bancos asociados, FMO (un banco nacional de inversiones holandés) y DEG (un banco de inversiones alemán), «responsables por el impacto social y medioambiental, por el impacto a los derechos de los indígenas y por la represión que la gente está sufriendo por parte del gobierno panameño» como consecuencia de la represa.



Las manifestaciones de indígenas y medioambientalistas locales en contra de la represa financiada por Holanda y Alemania han vuelto a producirse en las últimas semanas ya que el proyecto ha continuado a pesar del tan ansiado informe de las Naciones Unidas que falló a favor de la comunidad indígena sobre la ilegalidad de la represa. La construcción ya ha avanzado lo suficiente como para elevar el nivel del río Tabasara, lo que amenaza con inundar tierras y pueblos Ngäbe cuando lleguen las lluvias dentro de tres meses. Estas mismas comunidades quedarán hundidas en un embalse de 258 hectáreas si se completa la represa.



A principios de mes, manifestantes indígenas bloquearon el acceso al lugar de construcción antes de ser dispersados con gas lacrimógeno. Luego, el 19 de marzo de 2013, alrededor de 150 policías aparecieron en una vigilia de 30 manifestantes en Vigui, cerca de la represa, y dispararon perdigones, balas de goma y arrojaron gas lacrimógeno. Los manifestantes huyeron hacia las colinas circundantes.




Ítalo Jiménez, presidente del M-10, junto al límite del área anexa de la Comarca Ngäbe-Bugle, que quedará bajo agua a causa de la represa. Cortesía de Robin Oisín Llewellyn.

El proyecto de la represa fue el reclamo principal de las manifestaciones indígenas que cerraron la ruta panamericana en 2012. El gobierno ordenó a la policía disolver las manifestaciones, hecho que lograron mediante el uso de balas reales, y así mataron a tres personas y, presuntamente, violaron a hombres y mujeres que participaban de la protesta. Estas protestas concluyeron con acuerdos de paz según los cuales el impacto del proyecto de Barro Blanco sería evaluado por un equipo de investigación de las Naciones Unidas. El informe presentado por las Naciones Unidas resolvió en contra de la empresa encargada del proyecto, GENISA, y sus patrocinadores, FMO y DEG, al confirmar que el embalse proyectado dejará bajo agua a las poblaciones y tierras Ngäbe.



El territorio indígena afectado es un anexo de la Comarca Ngäbe-Buglé, protegida por la Constitución del país y por compromisos internacionales sobre derechos indígenas firmados por Panamá (así como también por, algo inusual para un país europeo, Holanda). Los indígenas solo pueden ser despojados de sus territorios mediante un consentimiento libre, previo e informado, algo que no se cumplió en Barro Blanco ya que las comunidades indígenas amenazadas de Nuevo Palomar y Kia han rechazado categóricamente dejar de oponerse al proyecto. Las casas de madera de los Ngäbes que viven a lo largo del río Tabasara tienen carteles pintados que dicen «¡No a la Represa!», algo que han expresado sistemáticamente a las autoridades públicas y a las internacionales.



El asesinato de Onésimo Rodríguez pone en duda la conducta de los bancos FMO y DEG por continuar financiando la represa. La constructora de esta represa, GENISA, ya se vio obligada a cancelar su solicitud de fondos al Banco Europeo de Inversiones (BEI) cuando se enteró de que el BEI pensaba visitar a las comunidades afectadas. Sin embargo, GENISA y el FMO se defienden al hacer referencia a un acuerdo del concejo regional local —el congreso regional de Kadriri— para apoyar el proyecto a cambio de un pago de US$45 000 a dicho congreso, una votación que, según miembros del M-10, estaba asegurada mediante pagos hechos a los participantes.




Rana azul del Tabasara (Craugastor tabasarae) en peligro crítico de extinción. Cortesía de Robin Oisín Llewellyn.

GENISA argumenta que el consentimiento fue dado al repartir fotos de líderes del M-10 hablando en contra de la represa durante una presentación de la empresa en la ciudad (no indígena) de Tolé en febrero de 2008, sin mencionar que los indígenas no estaban invitados al acto y que se enteraron por casualidad. Cuando llegaron, se les negó la entrada y el alcalde de la ciudad amenazó con intervención policial. GENISA también hizo circular fotos de una reunión entre el M-10, GENISA y el gobierno. El M-10 recibió una oferta de 2 centavos por metro cuadrado de terreno (un centavo menos de lo que presuntamente se les ofreció a los propietarios de terrenos no indígenas afectados por el proyecto) y una advertencia de que si rechazaban la oferta, se apropiarían de sus tierras.



Cuando se le consultó sobre cómo el FMO había decidido que tenían el consentimiento de los indígenas afectados —dada la aparente oposición unánime expresada a los periodistas que llegaban hasta el valle de Tabasara—, el vocero Paul Hartogsveld dijo que ellos habían «asignado expertos independientes para controlar el proyecto». Se negó a revelar la identidad de la consultoría, pero afirmó que la decisión del FMO de financiar el proyecto se debe en parte a sus investigaciones y en parte a las de dichos expertos. El experto independiente del FMO y el del DEG es Mauricio Inostroza de la consultora Hatch. Cuando se le preguntó si informaría al DEG y al FMO que los habitantes indígenas del valle de Tabasara habían negado su consentimiento libre, previo e informado a Barro Blanco, respondió: «No fuimos contratados para hablar con los medios de comunicación en nombre de nuestro cliente, DEG & FMO. Nuestro mandato es brindar pericia técnica según los estándares de la Corporación Financiera Internacional al desarrollo del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco en Panamá. Les recomendamos contactarse con DEG & FMO para más comentarios”.



La represa ha unido a medioambientalistas locales y activistas indígenas: los medioambientalistas expresan consternación porque la población indígena que vive de la agricultura y de la pesca quedará desplazada por un embalse emisor de metano. La rana azul del Tabasara (Craugastor tabasarae), endémica del valle y considerada en la actualidad en peligro crítico de extinción, también se verá amenazada por este desarrollo.



Además de destruir bosques y poblaciones, el embalse dejará bajo agua una serie de rocas cubiertas de petroglifos que son importantes para la cultura Ngäbe, y un árbol zapote de importancia cultural en Kia. Bajo este árbol, un aldeano religioso recibió lo que entendió como el significado de tres letras de la escritura antigua grabadas en las rocas de la Comarca. Para el pueblo Ngäbe, el mensaje apareció para cumplir una profecía de la religión indígena Mamatata, cuya profetisa Adelia Atencio había afirmado que quien siguiera y obedeciera a Dios lograría comprender, leer y escribir el texto grabado en las piedras de su territorio. Con la comprensión de los tres petroglifos, las comunidades locales dedujeron el significado del resto y el aldeano dirige en la actualidad una escuela donde enseña la lengua indígena Ngäbere mediante el alfabeto renovado. Pero la escuela también quedará bajo agua por el embalse.




Escuela donde se enseña la lengua Ngäbere con el alfabeto Ngäbere renovado. Cortesía de Robin Oisín Llewellyn.

Las represas hidroeléctricas han proliferado en Panamá en respuesta a una fijación de límites máximos e intercambio de derechos de emisión de carbono y a una especulación sobre la energía propuestas por la ONU luego de completar la red eléctrica mesoamericana, pero el hecho de que los proyectos de represas no consiguieran, ni siquiera buscaran, el apoyo necesario de aquellos a quienes afectan ha desarrollado una firme oposición a la energía hidroeléctrica. La ONG ambientalista panameña Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) presentó en 2008 una apelación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la represa Chan-75 en la provincia de Bocas del Toro, donde argumentaba que se violaban leyes nacionales e internacionales al no solicitar el consentimiento libre, previo e informado de aquellos indígenas que serían desplazados.



El gobierno panameño ignoró la subsiguiente orden de la comisión para suspender la construcción de represas. Cuando el caso llegó a la Corte Interamericana, el gobierno argumentó con éxito que el proyecto no tendría un impacto negativo sobre ninguna comunidad porque ya había sido completado. Chan-75 estuvo hace poco en las noticias cuando un equipo de filmación de Al-Jazeera grabó al gobierno mientras inundaba el valle sin avisarles a los habitantes indígenas. El director de ACD, Osvaldo Jordan, concluye que mientras las compañías hidroeléctricas como AES intentan vender «la idea de que es energía limpia y que contribuye a mitigar el cambio climático…», mucha gente «desconfía cada vez más de todo esta presión hidroeléctrica». A fines de 2012, cuando la frustración aumentaba por la construcción de la represa, el presidente del M-10, Ítalo Jiménez, anunció: «Nuestra comunidad envía un mensaje al mundo: el banco holandés y el alemán han recibido cartas nuestras, pero con el tiempo el mundo sabrá sobre nosotros cuando nos golpeen o asesinen».



Su preocupación también la comparte el abogado panameño Félix Wing, quien lleva el caso y pide suspender la construcción de la represa. Él sostiene que «la policía ha reaccionado con más violencia contra los indígenas, por ejemplo durante las manifestaciones de [2012], de la que hubiera utilizado contra otros grupos».



Por su parte, el FMO sostiene que financia emprendedores de países en desarrollo porque cree que «un sector privado próspero impulsa el progreso económico y social», pero muchos se preguntan qué progreso puede alcanzarse sin antes resolver las objeciones legales a sus inversiones.





Ngäbe sobre rocas que contienen petroglifos, en el río Tabasara. Las rocas quedarán bajo agua como consecuencia del embalse. Cortesía de Robin Oisín Llewellyn.