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Inversores arriesgan miles de millones al no tener en cuenta posibles conflictos por las tierras

Un nuevo informe advierte que los conflictos por la tierra plantean un riesgo grave, y a menudo no tenido en cuenta, para proyectos de desarrollo en las economías de mercados emergentes. Las comunidades indígenas tienen derecho a casi un tercio de todas las tierras otorgadas en concesiones de tierras comerciales en 12 países analizados en el estudio, una situación que ha dado lugar a numerosos conflictos evitables y que podría poner en peligro la viabilidad financiera de las inversiones en sectores como el minero, el agrícola y el silvícola en África, Asia y Latinoamérica.



El Proyecto Munden, una empresa de consultoría nombrada por la Iniciativa para la Defensa de los Recursos Humanos en EE.UU. para llevar a cabo el estudio, analizó más de 153 millones de hectáreas de concesiones en Argentina, Brasil, Camboya, Camerún, Chile, Colombia, Liberia, Indonesia, Malasia, Mozambique, Perú y Filipinas.



Al utilizar tecnología cartográfica basada en un Sistema de Información Geográfica (SIG), el informe identificó 3.750 concesiones comerciales que se superponen con las tierras indígenas, abarcando un total de 48,4 millones de hectáreas. En total, el estudio determinó que el 31% de todas las concesiones del uso de las tierras se solaparon con las reclamaciones de tierras comunitarias en los 12 países estudiados (en torno a una de cada tres hectáreas con licencia para el desarrollo).



Estas afirmaciones contradictorias conllevan el potencial de miles de millones de dólares en pérdidas económicas, tanto para los inversores como para los países que otorgan concesiones. Sólo en el sector agrícola, un valor de producción de 5 mil millones de dólares es ya un riesgo, según el informe. La mayor parte de este riesgo provenía de Argentina, donde el 84% de las concesiones nacionales de soja coinciden en parte con las reivindicaciones de tierras comunitarias, lo que podría dar lugar a una pérdida del valor de producción de unos 4,6 mil millones de dólares.




Aldeana en Perú




Otros sectores dependientes de las tierras también afrontan problemas similares. En Filipinas, un conflicto de tierra vinculado al proyecto minero de Tampakan, que se prevé que añada un 1% al PIB, pone en riesgo unos 5,9 mil millones de dólares de inversión. El estudio también muestra que el 83% de las concesiones madereras de Camerún se superponen con los bosques comunitarios. Esto crea en el sector de la madera del país un potencial de pérdidas de beneficios igual a un 0,4% del PIB.



Las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria mundial y la demanda de materias primas y biocombustibles han dado lugar en los últimos años a una oleada de inversiones dependientes de las tierras en los mercados emergentes. La investigación indica que los conflictos vinculados a los recursos naturales se están convirtiendo en algo cada vez más común, según el informe del estudio.



Muchos gobiernos todavía no han asignado plenamente las reivindicaciones de tierras indígenas y las concesiones de subvenciones sin tener en cuenta quién vive en las tierras o si las comunidades apoyan el desarrollo planificado. Mientras tanto, los concesionarios, de acuerdo al informe, o bien tienden a asumir que el gobierno ya ha llegado a un acuerdo con la población local, o se basan en planes de compensación «a menudo mal construidos» para «apartar a estos habitantes a un lado.”



El Proyecto Munden expone que los conflictos vinculados a la superposición de las reivindicaciones de tierras pueden poner fin a proyectos de desarrollo o aumentar los costes de funcionamiento de hasta unas 29 veces más de lo esperado. Las empresas involucradas en conflictos de tierras con las comunidades pueden afrontar desafíos legales nacionales o los procedimientos en los tribunales internacionales de derechos humanos, la alteración física de las operaciones por las comunidades afectadas o los problemas de relaciones públicas que perjudican su capacidad para hacer negocios en otros lugares.



Dada la falta de información sobre el derecho natural sobre la tierra, el informe también aclara que los riesgos identificados a través de los datos del SIG son sólo «la punta del iceberg.» La superficie total de las tierras de concesión que se superpone con las demandas indígenas (y el potencial de pérdidas financieras) es probablemente mucho mayor que las cifras presentadas en el informe, según predijeron los autores.



La superposición de concesiones también pone en riesgo a las comunidades, y las amenazas a la población local pueden originar que los conflictos por las tierras se vuelvan violentos. Andy White, coordinador de Derechos y Recursos, dijo el jueves en un comunicado de prensa que mientras que los desarrolladores y los inversores vean que los beneficios caen en picado, «las comunidades que viven en las tierras en cuestión se enfrentarán a distintos desafíos como la pobreza, el hambre y el desarrollo invasor que amenaza con obligarles a irse de sus tierras».



“Los conflictos que a menudo se generan son evitables,” añadió Andy.




Las plantaciones de palma son a veces fuente de conflictos en Indonesia y Malasia.




Los riesgos relacionados con la tenencia de las tierras son más graves por el hecho de que las pólizas de seguro por riesgo en general no protegen a los inversores frente a los conflictos de tenencia. El nuevo informe tiene como objetivo proporcionar un marco financiero y asegurador que pueda usarse para evaluar el riesgo de tenencia de la tierra.



Dado que las empresas no pueden confiar en las pólizas de seguro para compensarlos por las pérdidas relacionadas con los conflictos de tierras, el informe sugiere tomar una serie de trámites para ayudar a evaluar y mitigar los riesgos, tales como la realización de evaluaciones de riesgo locales que tracen un mapa de las tierras comunitarias y considerar el posible impacto ambiental del proyecto, como el estrés financiero que se aplicaría a los recursos hídricos.



Teniendo en cuenta el contexto nacional (la corrupción, las leyes sobre la tierra, la frecuencia de los conflictos violentos en el país o la frecuencia de superposición de concesiones con las tierras tradicionales) también ayudaría a las empresas a evaluar los riesgos, según el informe, mientras la adopción de políticas operativas que involucren a las comunidades locales podría ayudar a asegurar que los proyectos se realicen sin problemas.



«El riesgo financiero que supone la tenencia insegura de la tierra no se ha examinado anteriormente de forma sistemática,» dijo Lou Munden, director ejecutivo del Proyecto Munden, en el comunicado de prensa del jueves.



“La oposición legal, civil y a veces violenta hacia los proyectos puede afectar a la rentabilidad, lo que desventaja a las poblaciones locales,” añadió. “Sin embargo, esta causa cada vez más frecuente de desorganización no figura en las metodologías de las agencias de calificación o las compañías de seguros, y es pasada por alto en los modelos de valoración utilizados para examinar el riesgo de inversión.”



“En la actualidad, los inversores y los operadores que desean evaluar y gestionar el riesgo de tenencia de la tierra tienen muy pocos datos disponibles, lo que ha generado un debate muy emotivo en torno al tema», dijo Munden. “Al adoptar un enfoque cuantitativo que utiliza la cartografía SIG, podemos comenzar a adoptar un enfoque más pragmático con vistas a evitar conflictos por la tenencia de la tierra que rara vez beneficia a alguna de las partes involucradas.”



El informe «Capital Global, Concesiones Locales: un Examen Orientado a los Datos del Riesgo de Tenencia de Tierras y Concesiones Industriales en las Economías de Mercados Emergentes», fue publicado para que coincidiera con una conferencia internacional sobre derechos sobre la tierra comunitaria y los recursos, el cual reunió a empresas, gobiernos, ONGs y líderes de comunidades locales y grupos indígenas para debatir sobre cómo fortalecer la tenencia de la tierra. La conferencia tuvo lugar del 19 al 20 septiembre en Interlaken, Suiza, y fue organizada por la Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI), la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC), Oxfam, Helvetas Swiss Intercooperation, y la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.