Tan solo un 1,4% del cuarenta por ciento correspondiente los 509 millones de hectáreas clasificadas como “propiedad rural” en Brasil pertenece a terratenientes, revela un nuevo análisis conducido por un grupo de ONG brasileñas.
Este estudio, publicado en una serie de infográficos y gráficos en republicadosruralistas.com.br, muestra que sólo un pequeño sector de terratenientes continúa ejerciendo el control sobre grandes extensiones de terreno a pesar de los grandes esfuerzos dedicados para conseguir una distribución más equitativa de las tierras.
El tres por ciento de los terratenientes, registrados en el Instituto nacional para la colonización y la reforma agraria (INCRA), controla el 55 por ciento del terreno rural del país. Mientras tanto la cifra de propietarios de pequeños terrenos, la cual resulta el 86% del total de propiedades registradas, controla únicamente un 21% del terreno rural. Los autores del análisis comentan que estos datos obtenidos sugieren que “el poder y el dinero están más concentrados que nunca en manos de unas pocas familias”. Además, estos señalan la existencia de un prominente grupo de legisladores en Brasil que tiene intereses de carácter agro-industrial y está presionando para que se suavicen algunas leyes medioambientales como también regulaciones que hoy en día permiten a las comunidades indígenas llevar a cabo proyectos que perjudican sus tierras.
“Estos legisladores lideran la batalla para debilitar los derechos de los indígenas sobre los terrenos en Brasil, mientras que a la vez previene a las comunidades quilombola, descendientes africanos en Brasil, de obtener unos derechos hasta ahora tratados de manera elusiva, aunque fueran reconocidos hace 25 años”, describía una declaración tomada durante este proyecto. Esta misma fue respaldada por el Greenpeace de Brasil, el Instituto Socioambiental (ISA), Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), Conselho Indigenista Missionário (CIMI) y el Conselho Indigenista Missionário (CTI).
Grandes extensiones de propiedad rural en el Amazonas brasileño.
Esta iniciativa afirma que la presión política ejercida por los intereses agro-industriales juntamente con la falta de apoyo de la comunidad internacional complica esta situación para los indígenas y las comunidades tradicionales en Brasil a la hora de implementar proyectos de conservación que resulten cualificados para recibir compensaciones por el carbono por parte del programa Reduciendo las emisiones de la deforestación y la degradación (REDD+).
“Los bosques quedan fuera de los objetivos fijados contra el cambio climático así que los poderes agro-industriales en Brasil y sus líderes políticos saben que ahora nadie está mirando”, se mencionó en el proyecto.