El pasado diciembre, Lima acogió la cumbre climática de la COP20 en la que anunciaba sus renovadas credenciales verdes para los dignatarios de cerca de 200 países. El presidente peruano Ollanta Humala pidió a la asamblea abandonar las erradas comparaciones pasadas entre “crecimiento económico o conservación del planeta”, afirmando que ambas son posibles.
La charla global se produjo inmediatamente después del innovador pacto de protección forestal de Perú con Noruega y Alemania. El pacto de conservación forestal suponía el compromiso del presidente Humala para convertir en neutral el carbón de Perú para 2021. En efecto, los europeos accedieron a pagar por mantener los árboles de la nación en pie. Humala afirmó que el acuerdo era “un gran avance en la comprensión de la visión de desarrollo libre de deforestación y está comprometido firmemente a implementar sus estipulaciones de forma eficaz”.
Pero incluso habiéndose vuelto Perú un amigo ecológico para la comunidad internacional, parece que está yendo contra su propio medio ambiente y su gente, con nuevas megapresas agresivas y grandes proyectos de extracción mineral. En el vestíbulo del Palacio del Congreso y en las profundidades del Ministerio de Agricultura, los legisladores han estado también ocupados debilitando sistemáticamente la legislación ambiental y creando leyes arcaicas de uso del terreno —todas ellas en detrimento del medio ambiente y en benefició de las corporaciones regionales e internacionales.
El poder de los reguladores ambientales se ha visto reducido y la legislación ambiental debilitada por una serie de leyes nuevas. El proyecto de ley fue aprobado el pasado año, mientras Humala se preparaba para su Conferencia sobre cambio climático con el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon.
En su mayoría, las estrategias de legislación y regulación nacional de Perú han pasado desapercibidas, aunque no totalmente. Son testigos de ello dos informes recientes. El primero, titulado “El litigio estratégico en defensa del ambiente y los pueblos indígenas” es un tomo considerable de 254 páginas redactado por el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible (IDLADS), una organización de interés público con sede en Lima.
Numerosas páginas han sido dedicadas a un montón de nuevas leyes hostiles par el medioambiente. Se centran principalmente en el Paquetazo 2014, un gran número de leyes que, entre otras cosas, corta las alas al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), regulador ambiental del país. Perú ha cambiado también la manera en que se manejan los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para hacerlos menos eficaces como instrumentos para proteger áreas delicadas.
“Ahora las compañías de extracción no van a tener ningún descuido”, decía Domenica Daniela Villena Delgado, abogada del IDLADS.
El segundo informe resume las conclusiones de su largo título: “Deforestación por definición: El Gobierno Peruano Fracasa al Definir Bosques como Bosques, Mientras que la Expansión del Aceite de Palma y la Influencia Malasia Amenaza el Amazonas”. El informe ha sido redactado por la Agencia de Información Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés) con sede en EE UU. Se trata de un grupo de investigación que destaca cómo una extraña noción del uso de la tierra permite a los reguladores definir bosque primario como terreno agrícola que puede ser deforestado para plantaciones de aceite de palma, cacao y otros cultivos.
“Cuando hablas con el gobierno y preguntas por qué aprueban esto, te contestan que ellos no aprueban la deforestación”, explicaba Julia Urrunaga, directora del programa de EIA de Perú con sede en Lima. “Ellos no lo llaman ‘deforestación’, lo llaman ‘de-bosquización’ —usando un sinónimo para el término español ‘floresta’ (bosque). El término bosque podría traducirse como ‘madera’ o ‘bosque de árboles’”.
“Es muy exasperante”, decía Urrunaga.
Motivados por la inversión extranjera, el gobierno peruano se preparó para eliminar todos los impedimentos ambientales en 2013. Este proceso, que el IDLADS llama “flexibilización”, incluye un giro de 180º a las leyes, en un concepto de “silencio administrativo” para un EIA. Anteriormente, si los reguladores se negaban a conceder el sello de aprobación para un EIA, el proyecto era efectivamente rechazado. Ahora, si los reguladores no presentan objeciones en un periodo de tiempo, los promotores pueden seguir con el plan y hacer lo que les plazca. Por silencio se entiende aprobación tácita.
El Paquetazo, oficialmente Ley 30320, se presentó en 2014. Tal y como el informe del IDLADS comenta, los oficiales peruanos no estaban muy contentos con la fuerza de la protección ambiental de la OEFA en años previos, especialmente con sus significativas multas en 2013 contra Plurispetrol Norte, filial peruana de la compañía petrolífera argentina Plurispetrol.
La nueva ley coarta considerablemente la capacidad del OEFA para recaudar mediante multas sobre compañías culpables de infringir leyes ambientales. “La idea era claramente esposar, deshabilitar o desactivar el OEFA en su papel de supervisión para el cumplimiento de las obligaciones ambientales y sociales por parte de las compañías”, declara el informe del IDLADS.
Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura –que decide si un bosque se convierte en plantación– estaba planeando reinterpretar las leyes de uso del terreno de manera que pudieran pasar de manera oficial las protecciones forestales. Mediante un falso concepto de “Mejor capacidad de uso territorial” (BLUC, por sus siglas en inglés), los oficiales del ministerio emplean ahora una definición “que solo incluye características de terreno y clima e ignoran la presencia de árboles vivos”, según un informe del EIA. En otras palabras, el futuro de un trozo de tierra queda determinado por su valor para hacer crecer algo en ella, no el valor de la biodiversidad del bosque tropical que puede estar ocupando ese espacio.
Esta “irracional definición” lleva a menudo a la validación de estudios BLUC que declaran que tierras de bosque primario son en realidad más productivas para la agricultura, incluyendo tierra que había sido previamente clasificada como forestal o zona protegida por el gobierno bajo métodos oficiales”, según redacta el informe.
Entre los principales beneficiarios de estas leyes se encuentran dos grandes productores de aceite de palma: el Grupo Romero, un conglomerado peruano, y el Grupo Melka, una oscura red de empresas que parecen proceder de Malasia. “Estos potentes actores económicos ya han adquirido decenas de miles de hectáreas de bosque natural intacto primario en el Amazonas peruano para la expansión del aceite de palma”, declara el informe del EIA.
Perú también sufre la misma debilidad institucional que se extiende por los estados sudamericanos, junto con los Estados Unidos. “Tenemos un montón de leyes en Perú, pero muchas de ellas no se cumplen”, decía Carlos Llerena, profesor de gestión de cuencas e hidrología forestal en la Universidad Nacional La Molina en Lima.
Tal y como Llerena sugiere, muchas leyes orgánicas quedan sin materializarse ni cumplirse —ya sea por falta de poder político o por recursos. “La última ley forestal hizo de la reforestación una prioridad máxima. Pero no derivaron ni un céntimo a la causa”, decía Marc Dourojeanni, consultor semirretirado con una larga carrera en el plano ambiental, incluyendo un periodo como primer director del departamento ambiental del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En lo que se refiere a la producción de aceite de palma, el fracaso del estado por definir y hacer cumplir los derechos de tenencia de propiedades sale a la luz. Las plantaciones deben ser remitidas a zonas de tierra ya deforestada. Pero sin títulos de propiedad claros, esta estrategia es imposible, destacaba Dourojeanni.
“¿Por qué existen planes de deforestación para plantar aceite de palma cuando ya hay tierra despejada para ello?, preguntaba retóricamente Dourojeanni. “Porque no sabes quiénes son los propietarios y no sabes si alguien puede aparecer con un título de propiedad del terreno”.
Añadió que esa “informalidad es una medida dada la falta de lógica del gobierno. No puedes levantar un país sin saber a quién pertenece la tierra”.
Luchando con cada informe, el IDLADS y su equipo de abogados de interés público han estado dirigiendo un reto contra los cada vez más débiles estándares ambientales. El informe resalta una serie de demandas que la organización ha archivado en un esfuerzo por revertir la tendencia.
Al final, Humala no sacó tanto provecho de la COP20 como él podía haber esperado —la cumbre fue claramente un fracaso. Ahora que la luz comienza a brillar en la agenda de legislación y regulación de deforestación de su administración nacional, el presidente peruano corre el riesgo de perder todas sus credenciales.