- El presidente boliviano Evo Morales parece estar decidido a construir una carretera a través del corazón de un parque nacional, lo que pone en riesgo a un bosque tropical protegido y viola tierras indígenas.
- La administración afirma que los grupos ambientalistas bolivianos están financiados por el gobierno estadounidense.
- Japón, Perú, Sudáfrica y Kenia también afirmaron que las ONG ambientalistas son neocolonialistas y ecoimperialistas, además de una amenaza a la autonomía y a la prosperidad nacionales.
Más de cuatro años de un conflicto político esporádico llegaron a un punto crítico en junio de 2015, cuando el presidente Evo Morales anunció planes para reanudar la construcción de una polémica carretera que pasará directamente a través de un parque nacional y una reserva indígena protegida conocido como TIPNIS. La carretera propuesta atravesará el corazón de un millón de hectáreas de un bosque tropical altamente biodiverso en el que habitan especies protegidas y formas de vida ancestrales.
La construcción de la ruta se detuvo en 2011, cuando ONG ambientalistas y activistas indígenas anunciaron una marcha de protesta: recorrer en dos meses los 425 kilómetros que separan la ciudad amazónica de Trinidad y la ciudad capital de Bolivia, La Paz. La protesta, que atrajo a miles de manifestantes y la atención de los medios mundiales, obligó al gobierno a frenar el proyecto.
“La ruta, mis amigos, se realizará”, declaró Morales a un grupo de simpatizantes en una concentración el 5 de junio. Lo más notable de su declaración es que el presidente se tomó el tiempo para apuntar específicamente contra las ONG ambientalistas y protectoras de derechos indígenas que están en contra de la carretera y los acusó de estar “financiados por los EEUU”.
Ese es un argumento que contiene una pizca de verdad. A pesar de que algunas ONG en Bolivia reciben ayuda económica de los EEUU, no es el caso de muchas de las más encendidas opositoras de TIPNIS, explícitamente para evitar estos ataques del gobierno boliviano.
Tales acusaciones de Morales y el partido gobernante, que afirman que las ONG ambientalistas opositoras están bajo la influencia extranjera y el “ecoimperialismo”, se han multiplicado en los últimos años, mientras que el gobierno ha buscado equilibrar una economía que depende casi completamente en las rentas de las industrias para financiar programes sociales del gobierno. Este modelo económico está en conflicto con la necesidad de proteger los recursos naturales y con la demanda de más desarrollo sustentable y protecciones ambientales más fuertes, una visión y una agenda que muchas ONG han adoptado.
El anuncio de Morales sobre el TIPNIS llegó tan solo dos semanas luego de que el presidente firmara un decreto para autorizar la exploración internacional de petróleo y gas en áreas protegidas a nivel nacional, lo que permite a las compañías explotar combustibles fósiles en regiones biodiversas y en tierras indígenas protegidas.
Además llega luego de una gran conferencia agrícola patrocinada por el gobierno el pasado abril que impulsó la rápida expansión de soja y otros cultivos en detrimento del bosque tropical. Esa iniciativa se justificó con un llamado a establecer soberanía de alimentación autonóma como una forma de eliminar las históricas ataduras coloniales y de dependencia de alimentos extranjeros.
La retórica del ecoimperialismo
El presidente de izquierda de Bolivia, Evo Morales, y su partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS) llegaron al poder en 2005 por el voto de una izquierda unificada: diversos movimientos que se unieron para oponerse a la privatización y a las políticas económicas de libre mercado. Morales describió su victoria como una oportunidad para librarse del yugo de 500 años de colonialismo, lo que llevaría a grupos indígenas a ganar autonomía y reconocimiento significativo de su gobierno por primera vez.
Ese drástico cambio político estableció una nueva constitución que consagró los valores de izquierda, sentó las bases para el desarrollo económico controlado por el Estado para beneficiar a todos los bolivianos y reconocer a la “Madre Tierra” como un “sujeto colectivo de interés público”: una declaración que les dio a las ONG ambientalistas la esperanza de un lugar en la mesa de negociaciones que les fue negado por mucho tiempo.
Aunque Morales logró mucho de su mandato popular, muchos ambientalistas y aquellos que esperaban un nuevo y radical sistema económico se decepcionaron. Las ONG han presionado para lograr un cambio de dirección, mientras buscan una voz en el gobierno, una mejor administración y protecciones ambientales.
El MAS ganó importancia luchando contra los oponentes más arraigados y conservadores y las políticas económicas neoliberales impulsadas por poderes extranjeros. Para combatir la oposición más reciente de la izquierda, Morales y su partido han refinado una forma de retórica anticolonial, enfatizando la importancia de la autonomía boliviana. El presidente y su partido ahora callan las críticas señalando a los activistas y a las ONG ambientalistas como agentes inconscientes (o en ocasiones testarudos) del imperialismo extranjero, poniendo en peligro el derecho de Bolivia y del pueblo boliviano a elaborar su propia línea de acción para el desarrollo.
La desconfianza de algunas ONG ambientalistas y la consiguiente ofensiva contra ellos a menudo proviene de una frustración contra la antigua injusticia ambiental. Países en desarrollo como Bolivia, por ejemplo, llevan una carga mayor del impacto del cambio climático y son los que menos emisiones aportan. Los políticos bolivianos sostienen que los países ricos fueron capaces de industrializarse rápidamente y explotar exhaustivamente sus recursos naturales antes de darse vuelta y exigir límites a las emisiones de carbón y al desarrollo económico en países más pobres.
Otras veces, sin embargo, la crítica de la administración de Morales a las ONG ambientalistas o a la oposición indígena es un tipo de chivo expiatorio para desacreditar la crítica de proyectos de desarrollo a gran escala que causarían estragos en el ambiente y en las comunidades locales.
Los críticos señalan que el gobierno está dispuesto a aceptar la influencia extranjera de compañías multinacionales de petróleo, construcción de diques y minería, mientras que califican a las ONG internacionales como ecoimperialistas.
Argumentos en contra del ecoimperialismo
El vicepresidente de Morales, Álvaro García Linera, un intelectual de ascendencia europea que estudió en México y un socialista comprometido que luchó con rebeldes indígenas maoístas en el Ejército Guerrillero Túpac Katari a principios de los noventa, escribió en 2013 un tratado marxista que defendía la política de gobierno sobre el TIPNIS y establecía una justificación teórica para esta política y, de manera más general, para sus políticas sobre el uso de la tierra y los recursos naturales.
En la amplia crítica a intereses extranjeros y organizaciones ambientalistas sin fines de lucro que trabajan en la Amazonía el vicepresidente Linera define a las ONG no como “organizaciones no gubernamentales” sino como “organizaciones de otros gobiernos en territorio boliviano”.
El documento establece que el “pseudoambientalismo” o “ambientalismo para los pobres” de los opositores del proyecto del TIPNIS equivale a una manifestación sutil de colonialismo y es un producto del alcance imperial de los Estados Unidos. La administración de Morales ha sostenido por mucho tiempo que los EEUU estaban tratando activamente de ejercer su voluntad en Bolivia desde adentro, especialmente a través de la apropiación del dinero de la USAID (hasta que esa organización fue expulsada en 2013). Las ofensivas más recientes contra las ONG ambientalistas también se justificaron con esta percepción.
“¿Estamos nosotros, los bolivianos, teniendo problemas con la protección de la Madre Tierra?” pregunta Linera. “Probablemente. Pero son dificultades que nosotros mismos sabremos corregir; no aceptaremos jamás el principio de soberanía compartida en ningún pedazo del territorio boliviano. Quienes en este momento se oponen a la presencia del Estado en la Amazonia, en los hechos defienden la presencia norteamericana en ella. No existe punto intermedio: ese es el dilema en el que se juega hoy el destino del control sobre la región amazónica boliviana, peruana, ecuatoriana, colombiana, brasilera.”
Él da argumentos para “Bolivia para los bolivianos”, pero en la práctica, apoya los proyectos patrocinados por el gobierno de carreteras, energía y minería de corporaciones multinacionales con sede en China, Brasil y otros lugares, sin darle el mismo apoyo a ONG ambientalistas internacionales y locales ni a manifestantes indígenas.
Linera sostiene que el mundo en desarrollo no debería tener tanta responsabilidad de establecer protecciones ambientales como la Unión Europea o los Estados Unidos.
“Si las empresas europeas y el gobierno norteamericano están tan preocupados por el medio ambiente y la conservación de los bosques en el mundo. ¿Por qué no dejan de consumir madera y reducen drásticamente su industria automovilística y todo tipo de producción que emita CO2 al entorno?” escribe. “¿Por qué no dejan de importar minerales cuya producción contamina la naturaleza? ¿Por qué no dejan de importar alimentos cuya producción promueve la deforestación de millones de hectáreas de bosques? Si cerraran esos mercados, en breve reduciríamos drásticamente la deforestación y el calentamiento global, y no tendrían que responsabilizar a los países pobres —como ahora lo hacen— para que se hagan cargo ellos.”
Algunos críticos afirman que Linera tiene prejuicios en contra de los indígenas de las tierras bajas de Bolivia, quienes han luchado durante mucho tiempo por ser autónomos con respecto al Estado, un tema que él ignora en gran medida. El vicepresidente también hace caso omiso a los verdaderos impactos ambientales del desarrollo ilimitado (una importante degradación a largo plazo de los sistemas naturales y de la economía nacional) para obtener beneficios económicos de corto plazo.
“ “Evo Morales captó la atención internacional al hacer un fuerte reclamo discursivo de que el cambio climático mundial era el resultado de los pecados del capitalismo”, escriben Devin Beaulieu y Nancy Postero en un ensayo criticando a Linera. “Presentó a la ‘cosmovisión’ indígena como la alternativa: declaró que al considerar las nociones indígenas de reciprocidad y comunidad las sociedades podrían aprender a ‘vivir bien’ y de manera sustentable en lugar de tratar de vivir ‘mejor’ que otros a través de un mayor consumo”.
Beaulieu y Postero sostienen que las promesas de Morales a la mayoría indígena del país se negaron parcialmente por el imperativo contradictorio de redistribuir la riqueza del biocarbón de la nación para el bien de sus ciudadanos. “La participación indígena en el proceso de cambio…ha creado expectativas permanentes que van mucho más allá de la geopolítica pragmática de García Linera”, escriben. “Estas exigencias de alternativas continúan modelando el futuro, ya sea que García Linera lo reconozca o no”.
Linera también crítica a las ONG extranjeras por politizar la identidad indígena para promover objetivos ambientales. Sostiene que las ONG y los ambientalistas a menudo abordan siglos de temas de identidad complejos de manera desorganizada y crean dicotomías artificiales y simplistas dividiendo a los indígenas en dos clases: los “verdaderos” indígenas”, aquellos que cuidan el ambiente y viven en territorios protegidos, y los “malos” subindígenas, aquellos en favor de los proyectos de desarrollo. Prueba su punto señalando que muchas personas que apoyan la carretera del TIPNIS se identifican como indígenas y hablan lenguas indígenas. Asevera que las ONG y los activistas imponen definiciones estrictas de qué cuenta como indígena basándose en sus propios intereses y agendas.
Los argumentos de Linera plantean interrogantes interesantes sin respuestas inmediatas. ¿Una narrativa ambiental extranjera, promulgada en parte por ONG internacionales, ha ayudado a definir una identidad aborigen que es beneficial para los objetivos ambientales de esos grupos? ¿Estas ONG crearon, sin darse cuenta, un cisma entre las comunidades indígenas tradicionales que viven en territorios protegidos y los agricultores orientados hacia el mercado, quienes también hablan lenguas indígenas y celebran costumbres indígenas pero quieren mejorar su situación económica? En países de izquierda como Bolivia, en donde los gobiernos han nacionalizado muchas industrias y han empezado a redistribuir los beneficios del hidrocarbono y de la minería entre los pobres, ¿qué impacto podría tener el terminar prácticas de extracción en los programas contra la pobreza que mantienen a esos gobiernos en el poder?
Dejando de lado las cuestiones políticas, parece haber pocas dudas de que las esperanzas de Morales de revitalizar la moribunda carretera del TIPNIS enfrentarán una dura oposición de las ONG y los indígenas en los meses venideros. Mientras ese conflicto se enciende de nuevo, quizás también lo haga la retórica ecoimperialista.
Acusaciones ecoimperialistas dan vueltas alrededor del mundo
Morales y Linera no están solos en lanzar una fuerte retórica al movimiento ambientalista internacional. Se está convirtiendo en un argumento populista infalible para ganar apoyo público.
Japón denominó “ecoimperialistas” a las organizaciones ambientalistas internacionales por sus esfuerzos para prohibir la caza de delfines.
Perú llegó a acusar de “terrorismo” a los ambientalistas y a los indígenas que estaban en contra de los megadiques y los proyectos de megaminería.
Kenia trabaja para sancionar legislación que pondrá trabas a las ONG internacionales, cortando todo el financiamiento extranjero y cerrando potencialmente los programas ambientales y sociales en el país. El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, defiende esas políticas como una forma de proteger la seguridad nacional del país y preservar su autonomía contra los terroristas.
Sudáfrica sostuvo que los ambientalistas ricos internacionales que se oponen a una planta de carbón ignoran las necesidades de desarrollo del país. Y numerosos gobiernos criticaron los esquemas de comercio de carbón por ser formas de obligar a los países pobres a no desarrollarse, mientras que permiten a los países ricos a contaminar con impunidad.
Quienes critican al Programa Conjunto de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones provenientes de deforestación y degradación de los bosques, que opera en Brasil, Indonesia y otros países, afirmaron que la institución “permite a los poderosos países capitalistas mantener sus niveles actuales de producción, consumo y, por consiguiente, contaminación” y “le quita a las comunidades ‘tradicionales’…su autonomía en el manejo de sus territorios”.
Los movimientos de izquierda se posicionaron durante mucho tiempo como las fuerzas del imperialismo que todavía son fuertes en el mundo. Mientras que Bolivia y otros países de izquierda luchan contra los desafíos pragmáticos de poder y gobierno, todavía decidiendo cómo y si aprovecharse de sus recursos naturales, las ONG y los ambientalistas pueden verse lidiando con críticas de imperialismo que están más acostumbrados a hacer que a enfrentar.