- Familias de San Marcos empezaron a ser presionadas por los representantes de la empresa en 2006 para que vendiesen sus tierras y sus granjas, después de que se elaborase el plan de la mina.
- Las estrategias del gobierno, que apoya a la empresa con el uso de la fuerza, arrestos, demandas y acoso, y la falta de un consentimiento previo informado, también han sido usados con anterioridad en conflictos con otros proyectos de minería multinacionales.
- Tanto los residentes locales como los científicos internacionales están preocupados por la posible contaminación de los recursos hídricos por parte de la Mina Mirador.
Los desalojos
Al borde de un gran claro debajo de las escarpadas cumbres boscosas de la Cordillera el Condor de Ecuador, en la provincial de Zamora Chinchipe, Luis Arévalo sujeta un resto de una cortina manchado de barro mientras se encuentra en las ruinas de lo que había sido su casa durante 40 años. “La pared estaba aquí”, dijo, “y la puerta ahí”. A unos pocos metros, Heydi Alvarez y su pequeña hija pasan por debajo de una gran señal naranja que pone “Propiedad en Servidumbre Minería en Favor de Ecuacorriente SA.” En la distancia, una docena de hombres, mujeres y niños buscan sus pertenencias personales en las pilas demolidas de barro y escombros de lo que había sido la comunidad de San Marcos.
“Vinieron a las 4 de la mañana”, le dijo Alvarez a una comisión de derechos humanos que investiga el desalojo forzoso de dieciséis familias que tuvo lugar el 30 de septiembre: “Había ingenieros de la empresa, alguien del gobierno y mucha policía. Sacaron todas nuestras cosas, las amontonaron en un camión, luego derribaron la casa”. En las laderas de arriba, una cicatriz naranja muestra donde se ha deforestado el bosque para construir carreteras; justo fuera de la vista, la empresa minera china, EcuaCorriente SA está empezando a excavar un inmenso pozo a cielo abierto para la que será la primera mina de metal a gran escala de Ecuador, la Mina de Cobre Mirador. En unos pocos años, el lugar donde ahora se encuentra Alvarez estará cubierto por un embalse de 200 hectáreas y 65 metros de alto que contendrá los residuos tóxicos, semilíquidos que serán generados por la concentración del mineral del cobre extraído de la mina.
San Marcos era una comunidad pequeña fundada en 1983 por colonos, en lo que, históricamente, era territorio de varios clanes Shuar –los habitantes indígenas originarios del Condor–. Para dejar espacio para el embalse de relave de la Mina Mirador, San Marcos ha sido nivelado en una serie de expulsiones forzadas y voluntarias de sus residentes, casas y construcciones comunitarias que empezó en 2009. Su propia existencia es ahora cuestionada. Federico Auquilla, el antiguo Viceministro de Minas que ahora es un consejero para EcuaCorriente, dice que San Marcos nunca existió, que era solo un barrio del cercano Tundayme. Alvarez y su hermana, Jeny, dicen que ellas vivieron en San Marcos durante muchos años, que sus padres eran del pueblo.
Los depósitos de cobre de Mirador fueron identificados por primera vez a mitad de los años 90 por la empresa Billiton Ecuador VA, con base en Canadá, durante una serie de exploraciones llevadas a cabo a lo largo del angosto espinazo de la Cordillera del Condor, desde Zamora Chinchipe hasta Morona Santiago. En 2003, los derechos minerales y las concesiones mineras para el depósito del Mirador fueron transferidos a EcuaCorriente SA, una subsidiaria ecuatoriana de Corriente Resources que fue comprada en 2010 por el consorcio chino CRCC-Tongguan Investment.
Las familias de San Marcos empezaron a ser presionadas por representantes de la empresa para vender sus tierras y sus granjas en 2006, después de que se elaborase el plan de la mina. Aunque Correa, el nuevo Presidente electo, suspendió la exploración minera y el desarrollo del Proyecto Mirador y otras concesiones por todo el país en 2007, según los habitantes locales, así como las organizaciones de derechos humanos Comisión Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador o CEDHU y la Federación Internacional de Derechos Humanos, o FIDH, EcuaCorriente continuó con la adquisición de tierras en el área de San Marcos, a menudo a través del uso de amenazas y presiones, a pesar de la suspensión legal de sus concesiones
La aprobación de la Nueva Ley de la Minería en 2009 fue seguida, rápidamente, por la aprobación de una evaluación de Impacto Ambiental revisada (EIA, por sus siglas en inglés) para el Proyecto Mirador y la adquisición de tierras en la comunidad de San Marcos se multiplicó. Según la CEDHU hubo muchos problemas con la forma en la que EcuaCorriente compró las tierras durante este periodo, incluida la ausencia del gobierno como mediador entre la empresa y los ciudadanos, la compra de tierra por debajo del precio de mercado y el desplazamiento de familias que no poseían la propiedad de sus tierras, incluidas varias familias indígenas Shuar.
Para marzo de 2012, cuando el Presidente Correa firmó el contrato de minería con EcuaCorriente, muchas familias de San Marcos habían, o bien vendido sus tierras, o sido expulsados a la fuerza. Pero entre 2013 y 2014, algunas de las familias desplazadas cuyas disputas no habían sido resueltas, decidieron regresar, reconstruir sus casas de madera, plantar jardines y crear un vivero comunitario para los árboles nativos. A pesar de estos esfuerzos, la fuerza de seguridad privada de EcuaCorriente y la policía local derribó la iglesia y la escuela en San Marcos en mayo de 2014. Han continuado con los desalojos forzosos de las familias. Dieciséis familias fueron desalojadas el 30 de septiembre, 2015, y más recientemente, una de las últimas casas, donde Julia Ordoñez había vivido durante más de 40 años, fue derrumbada antes del amanecer del 16 de diciembre. Varias personas han sido arrestadas y acusadas de allanamiento y sabotaje.
Aunque Mirador es la primera mina a gran escala que se construye en Ecuador, las estrategias del gobierno, que apoya a la empresa con el uso de la fuerza, arrestos, demandas y acoso, y la falta de un consentimiento previo informado, también han sido usados con anterioridad en conflictos con otros proyectos de minería multinacionales. Uno de los conflictos más prolongados ha sido la lucha de las comunidades de campesinos en el Valle de Intagcontra una serie de corporaciones decididas a extraer cobre en el bosque nuboso alrededor del valle. Esfuerzos bien organizados pararon con éxito el desarrollo de una mina por parte de una empresa japonesa, entonces canadiense, pero ahora el gobierno ecuatoriano ha creado una colaboración con el gigante chileno Codelco y ha desplazado un gran número de policías a la pequeña comunidad de Junín.
Derechos humanos e inquietudes medioambientales
Las cuestiones de los derechos humanos que rodean el Proyecto Mirador están estrechamente ligadas a cuestiones medioambientales. La constitución ecuatoriana establece que el acceso a agua potable es un derecho humano básico, pero tanto los residentes locales como los científicos internacionales están preocupados por la posible contaminación de los recursos hídricos por la Mina Mirador. Según la EIA para el Proyecto Mirador y la propia evaluación de EcuaCorriente, es probable que la mina genere ácido en la roca estéril, el pozo y el relave a través de un proceso llamado drenaje ácido de minas.
Según E-Tech International, una organización técnica sin ánimo de lucro con base en los EEUU que hizo un análisis independiente de la EIA para la Mina Mirador, no hay ningún plan para mitigar el riesgo de formación de ácido y posible ruptura del embalse de relave. “Los planes de la mina que hemos visto para la mina Mirador incluyen dejar los residuos en la superficie del suelo. Tenemos que asumir que estos materiales se dejaran en la superficie para siempre y estarán filtrando agentes contaminantes, por lo menos, durante siglos”. La científica principal de E-Tech, la Dra. Ann Maest, dijo que ella no vio “ningún plan para la construcción de una planta de tratamiento y no está incluido en la garantía financiera (para el cierre de la mina). Esto es esencial en una mina como esta, con el alto potencial de contaminación de aguas y elevadas precipitaciones”.
Incluso es de una mayor preocupación medioambiental el embalse de relave de 200 hectáreas programado para ser construido sobre San Marcos y sus campos y sus viviendas de los alrededores, directamente sobre el Río Quimi. Según E-Tech International, el mismo EcuaCorriente dio una clasificación de riesgo Muy Alto al embalse de relave, con posibilidad de “impactos medioambientales adversos y pérdida de vidas” si fallan los diques que contienen los residuos. Los estudios de EcuaCorriente afirman que, en caso de ruptura del dique, los relaves solo podrían derramarse en el Río Quimo, y no entraría en el Río Zamora a su confluencia solo varios kilómetros río abajo. Pero modelos independientes mostraron que el residuo tóxico definitivamente entraría el Zamora y viajaría rápidamente al Río Santiago, unos 80 kilómetros río abajo.
El desastre humano y medioambiental que dejo a 12 personas muertas y 19 desaparecidas después de que el embalse de relave de la mina de mineral de hierro de Samarco en Brasil colapsase el mes pasado proporciona un ejemplo trágico de los riesgos que presentan estos embalses, como el que está planeado construir para la Mina Mirador.
Hace poco, en una entrevista, Federico Auquilla, un consejero de EcuaCorriente SA que había servido como Viceministro de la Minería, dijo que tanto EcuaCorriente como el gobierno están tomando muy seriamente el reciente fallo en Brasil. También añadió que el Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador ha enviado a un equipo a Brasil para conocer la causa del fallo del dique. “No sé si [Brasil] será capaz de recuperar el entorno después del fallo del dique, pero me siento bien porque todo lo que escapó, todos los líquidos [del relave] habían sido neutralizados, sin productos químicos”. Sin embargo, expertos en Brasil rebatirían esa declaración, después de encontrar elevados niveles de hierro, aluminio, mercurio, arsénico y cromo en el Río Doce.
El biólogo Dr. Juan Guayasamin, de la Universidad Tecnológica Indoamerica, en Ambato, ha participado en expediciones científicas en la Cordillera del Condor y tiene una visión diferente para el Condor. Con la mayor parte del bosque primario todavía intacto, cree que toda la zona debería ser declarada parque nacional. Guayasamin dice que es muy probable que el Condor contenga el mayor número de especies endémicas en el país, con muchos todavía por descubrir. “Ni siquiera sabemos lo que tenemos, que riquezas se esconden ahí [el Condor], cuántas especies hay en la región”.
El geólogo Pablo Duque, de la Escuela Politecnica Nacional, una prestigiosa Universidad en Quito, dice que debido al bajo porcentaje de cobre en el depósito Mirador “tendrán que quitar una gran cantidad de piedra para obtener una cantidad muy pequeña de mineral. Evidentemente, como consecuencia, el daño medioambiental será enorme”, argumenta.
El legado de José Tendetza
Solo a unos diez minutos de viaje con mucho traqueteo de Tundayme y a unas pocas millas río abajo de donde estará ubicado el embalse de relave, los hermanos Carlos y Alfonso Tendetza se encuentran delante de sus casas de madera en la comunidad Shuar de Yanua (anteriormente llamada Etsa). “Siempre hemos vivido aquí, este es el territorio de nuestros abuelos y de los abuelos de nuestros abuelos”. Esta familia Shuar dice que nunca perdonaran a la compañía minera, incluso mientras admiten que el Proyecto está avanzando y no veían cómo podrían pararlo.
En noviembre de 2014, desapareció su hermano José, un declarado opositor al Proyecto Mirador. Su cuerpo, con las manos atadas, fue encontrado flotando en el Río Zamora por trabajadores de la mina y lo enterraron en una tumba sin identificar sin avisar a su familia. Una autopsia independiente reveló que había sido golpeado y la causa de la muerte fue estrangulación, no ahogamiento. Un año después, se ha progresado muy poco con el caso y los sospechosos señalados no han sido arrestados. Alfonso Tendetza dice que no pierde la paciencia y culpa a EcuaCorriente por la muerte de su hermano. Tanto él como su hermano Carlos dicen que continuarán oponiéndose a la mina, aunque varios miembros de la familia trabajan para la empresa. Alfonso teme por su propia seguridad después de lo que le pasó a su hermano y dice que, ahora, rara vez sale de la comunidad.
Aunque la Mina Mirador está programada para empezar a procesar mineral de cobre en 2018, otras comunidades locales Shuar continúan insistiendo en que la empresa se vaya de lo que ellos dicen es su territorio. Tomás Jimpikit, el presidente de la Asociación Shuar de Bomboiza un poco más al norte, fue arrestado junto con otros cinco activistas Shuar durante un bloqueo en Agosto de la carretera principal cerca del proyecto Mirador. “El gobierno dice que esos minerales producirán riquezas que traerán desarrollo. Pero las consecuencias serán terribles –se contaminarán los ríos, no habrá peces, veremos problemas sociales como el crimen–”, dijo Jimpikit.
