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Mineros indígenas: sus líderes amenazados en Colombia tras un asesinato

  • Fernando Salazar Calvo, un miembro activo y portavoz de una asociación de mineros indígenas artesanales en el Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta de Colombia, fue asesinado el 7 de abril de 2015.
  • La asociación y otros líderes indígenas han estado luchando para evitar la minería destructiva de las compañías y los grupos armados ilegales en el resguardo.
  • Nadie ha sido arrestado en relación con el asesinato de Salazar Calvo.

Los mineros indígenas a pequeña escala y las autoridades tradicionales del oeste de Colombia se enfrentan a amenazas en el velatorio del líder local asesinado la pasada primavera.

El 7 de abril de 2015, Fernando Salazar Calvo recibió disparos mortales en la puerta de su casa por parte un asaltante desconocido. Era un miembro activo y portavoz de la Asociación de Mineros del Resguardo Indígena de Cañamomo Lomaprieta (ASOMICARS). Nadie ha sido arrestado en relación con el asesinato de Salazar Calvo.

A doscientas treinta millas al oeste de Bogotá, el resguardo se solapa con los municipios de Ríosucio y Supía en el departamento de Caldas. Gobernado por una corporación de autoridades indígenas conocido como cabildo, las 18,8 millas cuadradas del territorio colectivo son el hogar de 23.000 personas en 32 comunidades. Es uno de los más de 20 resguardos que pertenecen a la gente indígena Embera Camí, quienes están entre los más de 100 grupos indígenas del país. La agricultura es la principal actividad económica en los resguardos, pero para algunos lugareños, la minería artesanal es otra actividad de sustento importante desde hace más de 500 años.

Fernando Salazar Calvo en una fotografía de junio de 2014. Fue asesinado el 7 de abril de 2015, aparentemente relacionado con su trabajo por mantener el control indígena sobre las actividades mineras del Resguardo Indígena de Cañamomo Lomaprieta al noroeste de Colombia. Fotografía de: Viviane Weitzner / Programa para las Poblaciones Forestales.

Los dirigentes locales de Embera Chamí y ASOMICARS han trabajado durante años para regular la minería a pequeña escala controlada por indígenas en el Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta y su trabajo se ha visto como un modelo en otras comunidades indígenas y afrodescendientes. Como otras muchas zonas ricas en reservas del país, el resguardo está bajo amenaza por agentes externos. Estos incluyen grupos armados ilegales y compañías mineras interesadas en las considerables reservas de oro del resguardo, y ASOMICARS y los líderes de Embera Chamí han estado luchando por mantenerles fuera del control de las operaciones mineras.

El día del asesinato de Salazar Calvo, él y el presidente de ASOMICARS, Fabio Moreno, pasaron la mayor parte del día juntos atendiendo a reuniones y visitas a la comunidad. En las dos semanas previas, ambos habían sido amenazados por unos desconocidos y les habían pedido que dejaran de involucrarse en el control de la minería indígena de la zona. A las cuatro horas de separarse, Salazar Calvo fue asesinado. Moreno dice que oyó la noticia cuando llegó a casa.

“Es duro ahora”, dice Moreno a mongabay.com en una entrevista telefónica. Lleva escondiéndose cerca de cuatro meses, desde la noche del asesinato de Salazar Calvo. Ha visto a su familia esporádicamente y le han aconsejado que no fuera a casa por ahora por su propia seguridad. “Todo el mundo tiene miedo” dice.

 

¿Quién puede trabajar en las minas de las tierras indígenas?

Los resguardos indígenas en Colombia son algo parecido a las reservas de los Estados Unidos de América. Creados bajo leyes coloniales, los resguardos aislaron a los indígenas en porciones de sus territorios ancestrales, dejando las tierras restantes a la colonización y extracción de recursos. No obstante, en muchos casos, los territorios se convirtieron en fortalezas para las autoridades indígenas tradicionales y de autogobierno.

Una panorámica de las montañas sagradas para el grupo indígena Embera Chamí en el Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta. Se cree que las montañas tienen grandes depósitos de oro y han sido sobrevoladas por compañías buscadoras sin el consentimiento de las autoridades indígenas, según Viviane Weitzner, consejera política de la ONG Programa para las Poblaciones Forestales. Fotografía de: Viviane Weitzner / Programa para las Poblaciones Forestales.

La Constitución colombiana de 1991 reconoce a los cabildos y los derechos de las autoridades indígenas para ejercer jurisdicción en sus territorios según sus normas y costumbres tradicionales. La Constitución también establece que las autoridades indígenas son responsables del diseño de las políticas de desarrollo económicas y sociales. Las autoridades del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta han hecho progresos importantes en este sentido, desarrollando un marco regulatorio para las actividades mineras a pequeña escala de los residentes.

En la práctica, sin embargo, los dirigentes de Embera Chamí como Moreno están siendo acosados por su implicación en el control de la minería en el Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, según ellos y las organizaciones medioambientales y de derechos humanos, y no se está haciendo mucho para evitar más derramamiento de sangre.

“Me han dado un chaleco antibalas y un teléfono. Esas son las medidas de precaución que han tomado”, dice Moreno. El gobierno le entregó los artículos tras el asesinato de Salazar Calvo pero no tiene más noticias de ningún progreso de las investigaciones del asesinato, amenazas o informes de grupos armados que entran en el terreno del resguardo.

A pesar del miedo extendido, ASOMICARS y los dirigentes de Embera Chamí continúan controlando las actividades mineras locales de su jurisdicción. “Los guardas [indígenas] continúan vigilando. Cuando van a hacer algún control, siempre enviamos guardas. Si antes enviábamos dos o tres, ahora enviamos diez”, dice Moreno.

Los miembros de Guardía Indígena acompañan a oficiales del Resguardo en una inspección de la mina de oro a pequeña escala en el terreno del resguardo. Fotografía de: Viviane Weitzner/Programa para las Poblaciones Forestales.

Los Embera Chamí estaban comprometidos con la minería de oro artesanal antes de que llegaran los europeos y mucho antes de la constitución del estado colombiano. La minería a pequeña escala en el Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta está ahora regulada por autoridades indígenas que también desarrollan los protocolos y normas que necesiten consulta y consentimiento de la población local para cualquier actividad de terceras partes en el territorio colectivo.

Entrada a una mina de oro indígena en el Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta. Los indígenas han estado gestionando la minería de oro a pequeña escala en el área durante más de 500 años. Fotografía de: Viviane Weitzner / Programa para las Poblaciones Forestales.

La minería artesanal a pequeña escala está sujeta a una serie de restricciones y normas en lo que se refiere a quién, cómo, dónde se puede explotar la minería y la cantidad a extraer. Se requiere una gestión medioambiental y previsión de cierre de minas, y normativas medioambientales y de trabajo que protejan a la gente, los terrenos y las fuentes de agua.

“El uso de mercurio, cianuro o cualquier otra sustancia química venenosa en el proceso del oro que ponga en peligro la salud humana o los procesos de la naturaleza dentro del territorio está prohibido,” según el artículo 33 de la Ley del 17 de julio de 2011 que regula la minería en el Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta.

En otra resolución del año siguiente, del 13 de marzo de 2012, las autoridades tradicionales Embera Chamí declararon el territorio vetado a la minería de media y gran escala. En la década previa a la resolución, el gobierno colombiano unilateralmente otorgó concesiones mineras en el territorio de los Embera Chamí. Las compañías mineras multinacionales como AngloGold Ashanti, con sede en Suráfrica, manifestaron interés y llevaron a cabo exploraciones en la zona, incluyendo dentro del resguardo. A pesar de la resolución, las concesiones mineras se sobreponen con las tierras del resguardo. El gobierno colombiano no reconoce la propiedad y el control indígenas de los recursos del subsuelo.

“Tan solo emitiendo concesiones ya se están violando toda una serie de derechos humanos del resguardo, porque emitir concesiones bajo las leyes nacionales e internacionales debería hacerse con la consulta y el consentimiento de los Embera Chamí, algo que no se ha hecho en el caso del resguardo o de otras áreas en Colombia por este asunto,” dice Viviane Weitzner a mongabay.com. Un consejero político del Programa para Poblaciones Forestales, un grupo de abogados con sede en Reino Unido, que lucha por los derechos de las comunidades forestales. En la actualidad Weitzner está trabajando con los Embera Chamí y otros mineros artesanales descendientes indígenas y africanos en Colombia.

Un mapa del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta muestra que la mayoría del territorio indígena ha sido solicitado para concesiones mineras. Fotografía de: Viviane Weitzner/Programa para Poblaciones Forestales.

“El resultado es una situación donde hay un aumento de conflictos porque hay compañías e individuos a quienes se les ha emitido estas concesiones y que piensan que están en su derecho de explorar en la zona,” dice.

El estado colombiano y los Embera Chamí tienen posiciones muy distintas en lo que se refiere a quién pertenecen los recursos subterráneos, dice Weitzner. “Hay una tensión constante entre el estado y sus políticas en cuanto a toma de decisiones sobre los recursos en el resguardo, y el resguardo, por su parte, se considera legítimo a la hora de decir qué hacer con los recursos de sus propios territorios.”

 

Debilitando la autodeterminación

El estado colombiano y las compañías mineras no son los únicos agentes externos interesados en las riquezas minerales del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta. “La zona se ha visto afectada por grupos paramilitares y bandas criminales que entran y salen del territorio para darse a conocer, y quienes puede que estén tras las amenazas que los líderes están recibiendo en estos momentos,” dice Weitzner.

Un estudio del 2014 realizado por la oficina del Defensor del Pueblo del gobierno colombiano descubrió que las “bandas criminales” — grupos armados ilegales, a veces con vínculos a organizaciones paramilitares y tráfico de drogas— estaban operando en un 15 por ciento de los municipios del país, y en 27 de sus 32 departamentos.

También en 2014, como parte de su sistema de prevención por las posibles violaciones de los derechos humanos, la Oficina del Defensor del Pueblo emitió una alerta detallada sobre los riesgos a los que se enfrentan los dirigentes de los territorios Embera Chamí. La actividad paramilitar en los departamentos vecinos “se está expandiendo en los municipios de Riosucio y Supía como zona estratégica importante para el desarrollo de actividades tales como la extorsión, el control de minería ilegal y disputas por el control de las rutas de tráfico de drogas que atraviesan el oeste de Caldas” según el aviso.

“Así, tanto los grupos armados ilegales como las compañías ven los recursos del resguardo tan importantes como para potenciar sus actividades, bien si es por el beneficio de los accionistas en el caso de las compañías que intentan vender buenas expectativas a una compañía mayor, bien en el caso de grupos armados ilegales, para limpiar su dinero y potenciar sus actividades,” dice Weitzner.

Aclarar los diferentes y dudosos responsables con un interés en los recursos minerales es un reto, dado que a menudo están conectados entre sí. Hay casos documentados de compañías mineras que facilitan apoyo logístico y financiero a grupos paramilitares de derechas para proteger los intereses de las compañías en Colombia.

Un cartel con la imagen de Salazar Calvo cuelga en el municipio de Riosucio el 11 de abril, fecha de la manifestación por su asesinato. Fotografía de: Viviane Weitzner/Programa para Poblaciones Forestales.

En el Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, lo que prevalece es la autodeterminación de la gente, según Weitzner. “Hay una serie de diferentes amenazas que están presionando a la gente del resguardo y los Embera Chamí. Esencialmente, creo que el hecho de que se autogobiernen implementando sus propias políticas y sus propias normas y reglas en la minería de sus tierras parece ser una amenaza para distintas partes,” dice.

La presión ha sido constante desde el asesinato de Salazar Calvo en abril. “Hay impunidad, ahora mismo. No sabemos quién mató a Fernando Salazar y creemos que no se está haciendo lo suficiente para asegurar una investigación rigurosa para que esto no vuelva a ocurrir,” dice Weitzner.

Al ser contactada por este tema, la Oficina del Defensor del Pueblo no dio detalles sobre la investigación del asesinato de Salazar Calvo y las continuas amenazas a otros dirigentes locales. La agencia del estado está trabajando actualmente para que se siga el procedimiento del informe del sistema preventivo de alerta del 2014, según escribió un funcionario que trabaja para la oficina regional de la Oficina del Defensor del Pueblo en un correo electrónico a mongabay.com. “La información de la que dispone la Oficina del Defensor del Pueblo hasta la fecha, es confidencial,” según el funcionario.

A menos que cambie algo, Fabio Moreno no puede volver a casa por razones de seguridad. Sin embargo, él continúa su trabajo como presidente de ASOMICARS con gran riesgo, para proteger el colectivo de las tierras de Embera Chamí y los recursos, dice. Moreno señala que no puede asegurar quién es responsable por el asesinato de Salazar Calvo y por las amenazas que él y otros están recibiendo, pero que sí está seguro del motivo. Tanto si son grupos paramilitares, bandas criminales o compañías mineras los que están detrás de la violencia, el motivo presumiblemente es el interés en los recursos minerales del resguardo, indica.

“Lo que quiere esta gente es que los procedimientos desaparezcan, que la organización no intervenga en el tema de la minería… así las compañías pueden venir”, dice.

El 11 de abril, protestantes enfadados por la muerte de Salazar Calvo, muchos de ellos mineros indígenas, se manifiestan por las calles de Riosucio. Fotografía de: Viviane Weitzner/Programa para Poblaciones Forestales.