- El informe denominado “En terreno peligroso” señala que murieron 185 líderes ambientalistas en el mundo en el 2015.
- Brasil encabeza la lista con la alarmante cifra de 50 defensores del medio ambiente y la tierra asesinados.
- La causa principal de las muertes en América Latina son los conflictos ambientales generados alrededor de las industrias extractivas.
Cada semana del año 2015 murieron tres personas en el mundo tratando de proteger el medio ambiente y su derecho a la tierra, según la organización Global Witness. Hoy sabemos que más de la mitad de los asesinatos ocurrieron en Latinoamérica y que los 4 países de la región que encabezan la lista son: Brasil con 50 personas; Colombia con 26 personas; y Perú y Nicaragua comparten el mismo lugar con la cifra de 12 personas.
Según el informe “En terreno peligroso”, la cifra de víctimas mortales ha superado la de los años anteriores. Sin ir muy lejos, 69 muertes más que en el 2014. Se indica también en el documento que las muertes se han producido por los conflictos socioambientales surgidos en sectores extractivos como la minería, la agroindustria, la industria maderera y los proyectos hidroeléctricos.
“Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la gente que en ella vive”, dijo Billy Kyte, encargado de campañas de Global Witness.
Los pueblos indígenas son los más afectados
Global Witness menciona en su informe que 67 de los dirigentes asesinados, un 40 % del total, pertenecen a las poblaciones indígenas. Las razones de su vulnerabilidad están relacionadas con su aislamiento geográfico y la lucha constante por defender sus territorios de las empresas interesadas en sus recursos naturales.
Lo que también señala el estudio es que los Estados apoyan muy poco a los pueblos indígenas en esta defensa de sus tierras que pone en peligro sus vidas, incluso resalta que las autoridades permiten los abusos contra esta población. Los expertos de Global Witness han hallado 16 casos documentados en los que los gobiernos, aliados con intereses empresariales, han protegido a los responsables de algunos asesinatos: 16 casos relacionados con grupos paramilitares, 13 con el ejército, 11 con la policía y 11 más con guardas de seguridad privados.
Cada una de estas historias, según el informe, brinda pocos indicios que demuestren el interés del Gobierno por investigar los crímenes y llevar a la justicia a los culpables. “Lo que implica claramente que el Estado o las empresas están relacionados con los asesinatos”, apunta la investigación.
“Se cree que aquellos que son críticos con proyectos extractivos son terroristas, eso no puede ser, así se cierra el diálogo. Los asesinatos en América Latina y el mundo demuestran que hay poco espacio para opiniones diferentes, por ejemplo, en los pocos casos que se llegan a llevar a juicio no hay abogados defensores de los dirigentes ambientales”, dijo a Mongabay, Ximena Warnaars, coordinadora del programa amazónico de EarthRights International.
Entre los casos representativos que recuerda la especialista en conflictos ambientales en América Latina se encuentran el enfrentamiento de comunidades campesinas contra la empresa Newmont y su proyecto minero Conga en la región de Cajamarca del Perú. Este proyecto contaminaría lagos que son la fuente de agua de los comuneros. También la lucha de mujeres indígenas en Ecuador contra la extracción petrolera que afectaría el entorno ambiental.
Cuatro historias trágicas
“Cada vez es más común que las comunidades que toman cartas en el asunto se encuentren en el punto de mira de la seguridad privada de las empresas, las fuerzas estatales y un mercado floreciente de asesinos a sueldo. Por cada asesinato que documentamos, hay muchos otros que no se denuncian”, explica Kyte de Global Witness.
Frente a este panorama, hemos querido recordar algunos de los casos más emblemáticos ocurridos en los últimos dos años. Se trata de crímenes que si bien han llegado a ser denunciados públicamente, no han logrado encontrar justicia.
País: Perú.
Líder ambientalista: Edwin Chota.
Año: 2014
Entre las víctimas indígenas se recuerda la historia del líder peruano Edwin Chota, quien fue asesinado en setiembre del 2014 por traficantes ilegales de madera. Chota murió defendiendo los bosques de su comunidad de Alto Tamaya Saweto, localizada en el límite entre la región amazónica de Pucallpa y el Brasil. Hasta el momento no se ha capturado a los culpables.
País: Brasil
Líder ambientalista: Isidio Antonio.
Año: 2015
En Brasil, el país con más muertes de dirigentes ambientales en América Latina, encontramos la tragedia del campesino Isidio Antonio, quien falleció en el 2015. Antonio perdió la vida al enfrentar a un grupo de terratenientes que querían explotar la madera de los bosques pertenecientes a su comunidad de Vergel, en el estado de Maranhão. Pese a las constantes denuncias que realizó ante la policía, nunca se le asignó una protección inmediata ni se investigó su muerte.
País: Honduras
Líder ambientalista: Berta Cáceres.
Año: 2016
Uno de los casos más recientes es el de la dirigente hondureña Berta Cáceres, quien fue asesinada en marzo de este año por oponerse a la construcción de una represa hidroeléctrica en su país. La defensa de su territorio puso en riesgo la seguridad de su familia y acabó con su propia vida. Lo más preocupante es que ahora Ana Mirian Romero, reciente ganadora del premio Front Line Defenders 2016, ha asumido la tarea de Cáceres y hoy su vida y la de su familia se encuentran en peligro.
País: Colombia.
Líder ambientalista: Ofelia Mosquera.
Año: 2015
Colombia, un país que sufre por la amenaza de las guerrillas y de los grupos paramilitares, fue testigo de la historia de Ofelia Mosquera Úsuga, abogada y funcionaria de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), quien apoyaba a los alcaldes de las zonas de El Chocó y El Urabá en la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La funcionaria fue asesinada de dos disparos en la cabeza y la policía continúa investigando los procesos de tierras en los que participó para poder hallar al culpable.
Ante este escenario trágico en América Latina, la organización internacional Global Witness recomienda a los gobiernos aumentar la protección de los activistas de la tierra y el medio ambiente; investigar los delitos, incluyendo a los autores intelectuales además de los asesinos; defender el derecho de las comunidades campesinas y nativas de negarse a proyectos industriales en sus tierras; y, por último, solucionar otros problemas que refuerzan la violencia contra los líderes como la corrupción y el desarrollo de actividades ilegales en sus tierras.