A finales de enero, ((o))eco partió en una expedición periodística al estado brasileño de Pará, con el objetivo de comprender los orígenes y los principales efectos del llamado TAC de la Carne, el acuerdo del Ministerio Público Federal con los grandes frigoríficos que operan en la Amazonía, que los obligó a combatir la deforestación en las haciendas de donde compraban el ganado para sacrificarlo. A pesar de ser un asunto a primera vista infructuoso, su investigación revela trazos sugerentes del crecimiento de la ganadería en Pará, la principal causa de derribo del bosque en el estado. Nuestro equipo encontró personajes que recuerdan a la década de los 70 y 80, en que el gobierno brasileño incentivó la ocupación de la Amazonía a través de la deforestación; conoció la cultura distinta de los inmigrantes que colonizaron el sudeste del estado de Pará; y reveló como la acción de un intrépido fiscal del Ministerio Público estimuló la adopción de un programa tan eficaz, que se convirtió en una de las principales herramientas para buscar la deforestación cero en la Amazonía.
Abrazado a una carabina
Era un día de verano, en 1995, época de lluvia en la Amazonia, cuando Jordan Timo llegó al garimpo (zona de minería) de Pontal, en la región de São Félix do Xingú, luego de dos días recorriendo 100 km por mal llamados caminos, llenos de barrizales. Viajaba con un amigo y socio en la aventura en un pequeño camión Kia 4×4. En la carrocería llevaba una vaca viva. Cuando llegamos, mató a la vaca con un tiro en la cabeza y negoció su carne a cambio de oro. En esa época, las actividades de la región eran la minería y la deforestación para extraer maderas nobles, como la caoba. Aún en la fase de apertura de sus propias tierras, Jordan descubrió un garimpo cercano llamado Pontal, que en la época de lluvias, por la dificultad de acceso, no conseguía un suministro regular de comida. Así, ideó el esquema de intercambio de vacas por oro.
La expedición implicaba una noche en la corruptela –nombre genérico para las villas cercanas a la zona minera. Dormía con un ojo abierto en el balcón de la tienda de Boca de Oro, un personaje local folclórico, con su propio oro guardado en un tubo de película fotográfica colocado en el bolsillo de la camisa. Esas noches se abrazaba a una carabina Winchester y mantenía una pistola .380 en la cintura; y rogaba que las rutinarias peleas de borrachos marcadas por gritos de mujer y eventuales tiroteos no le llegaran. Cada expedición a Pontal rendía el valor de ocho vaquillas. La aventura valía la pena.
Batalla en la Amazonía
A los 26 años y con tres años de graduado en la Universidad Federal de Minas Gerais, en octubre de 2007, Daniel César Azeredo Avelino llegaba a Belém. Ya era fiscal del Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil y traía como experiencia una estadía de un año en Brasilia y otra de seis meses en Santarém, estado de Pará. El equipo de la fiscalía de Belém tenía nueve miembros, distribuidos en los “oficios” –segmentación por tema de los procesos destinados a cada fiscal. Azeredo escogió el tema de medio ambiente, o sea, los asuntos referentes al tema estarían bajo su cuidado. De su temporada en Santarém, concluyó que la “cuestión criminal, corrupción en órganos públicos, todo en la Amazonía acaba conectado al medio ambiente”, y el peor problema era la deforestación.
Las formas tradicionales de combate a la deforestación usadas durante dos décadas no funcionaban. “De nada servía ir al campo, multar al estanciero. Eso no causaba efecto práctico ni daba miedo”, dice Azeredo. “La multa acababa siendo cobrada a un testaferro o el verdadero propietario escondía el patrimonio colocándolo en nombre de la mujer, de los hijos”. Faltaba una manera de sacudir la cadena de la ganadería y el fiscal soñaba en grande, quería impactar la deforestación en toda la Amazonia.
Su primer paso fue estudiar las causas detrás de la devastación del bosque. Los especialistas apuntaban a la ganadería como la mayor culpable. Un trabajo de la ONG Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon) mostró que la pecuaria era la responsable del 80 % de la deforestación total de la Amazonía brasileña. “Estuvimos un año y medio investigando transacciones comerciales de la cadena de la pecuaria hasta conseguir probar que el ganado producido en áreas deforestadas ilegalmente en la región era comercializado en San Pablo, Río de Janeiro, en los grandes centros del país”, dice Azeredo. “Y también estaba siendo exportado y utilizado por grandes compañías del mundo entero”.
La etapa siguiente fue demandar a los ganaderos y frigoríficos que comercializaban ganado ilegal que se habían encontrado. Además, el MPF encaminó a más de 200 redes de supermercados una “Recomendación” –término técnico para la advertencia que antecede a un proceso judicial– para no comprar esa carne. “Les dijimos: mire, su proveedor tiene carne y cuero [procedentes] de deforestación, de trabajo esclavo, no tiene licencia ambiental o está en territorio indígena. Y la legislación prevé responsabilidad solidaria [el supermercado se convierte en cómplice del crimen al comprar de estos proveedores]. Entonces, usted debe adecuar su cadena de proveedores”, dice Azeredo. Los grandes supermercados aceptaron la exigencia del MPF, pero argumentaron no tener los medios para controlar quién actuaba de forma irregular.
Ahí fue cuando Azeredo tuvo la idea que hasta los adversarios más férreos reconocieron como brillante. El estado de Pará tiene cerca de 250 mil estancias y existen centenares de redes de supermercados con más de 80 mil comercios distribuidos en el país. Sin embargo, en la cadena de producción de la ganadería en el estado, el vínculo entre las dos puntas son apenas algunas decenas de medianos y grandes frigoríficos, responsables de sacrificar los animales y distribuirlos. Empresas como JBS, Bertin (que luego fue comprada por JBS), Marfrig y Minerva. El plan del fiscal fue transformarlas en guardas contra la deforestación.
Migrantes
Desde la década de los 70, la ganadería atrajo a Pará a personas de los estados sureños de Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, y más tarde, de Goiás, Mato Grosso, San Pablo y Minas Gerais. El estado de Pará tiene un área de 1 247 955 kilómetros cuadrados, 3,5 veces el tamaño de Alemania. Hoy, el rebaño ganadero supera 19 millones de cabezas, más que dos vacas por cada uno de sus ocho millones de habitantes. El municipio con el mayor rebaño es São Félix do Xingú, que pasó de 22,5 mil cabezas en 1980 a 2,2 millones en 2014.
Carlos Xavier, 61 años, natural del estado de Bahía, ganadero y presidente de la Federación de Agricultura y Pecuaria de Pará (FAEPA), sentencia: “El ganado colonizó Brasil, al ganado se lo arrea, no necesita de carretera ni de logística”. En la hora en que el gobierno del país invitó al brasileño bajo el lema ‘integrar la Amazonia para no entregarla’, en que el llamado era ‘hombre sin tierra para tierra sin hombre’, fue ahí, dice Xavier, “que todos vinimos acá”.
Mauricio Fraga Filho, 48 años, creció pasando sus vacaciones en las estancias del padre, en el sudeste de Pará, en los municipios de Xinguará y Eldorado dos Carajás. La historia de la familia se repite en la región. Comenzó en 1973, cuando su padre vendió tierras en Baurú, estado de San Pablo, para multiplicarlas en el norte. El padre nunca dejó San Pablo, desde donde administraba las haciendas con la ayuda de visitas mensuales. Contrariamente, a Mauricio siempre le gustó vivir en el sudeste de Pará, donde se mudó y vivió durante cinco años luego de terminar los estudios de veterinaria. Volvió a San Pablo cuando los hijos entraron en edad escolar. Con los hijos ya crecidos, se mudó con la esposa nuevamente allá.
“En general, lo que llega primero es la explotación de la madera”, dice Fraga, “pero aquí [en la región] era un polo de castaña. Después vino el ganado, y comenzó la deforestación y la siembra de pasturas. El ganado es mucho más rentable que la castaña”. Las tres haciendas de propiedad del padre, que todavía funcionan, suman 27 mil hectáreas y tienen el equivalente en ganado a la población de una pequeña ciudad. A lo largo del año, su rebaño varía entre 30 y 40 mil cabezas.
Jordan Timo, con 46 años, aquel que cambiaba vaca por oro, es ingeniero agrónomo de la Universidad Federal de Lavras, estado de Minas Gerais. Se graduó en febrero de 1994, y dos semanas después, llegaba a la región de São Félix do Xingú para cuidar las tierras de la familia. Su ciudad natal es Teófilo Otoni, Minas Gerais, donde su padre era funcionario del Banco de Brasil y también dueño de una estancia. Él lo convenció a cambiar su área en Minas Gerais, de 450 hectáreas, por otra casi ocho veces mayor, de 3500 hectáreas, en la “frontera de Pará” –como hasta hoy son llamadas las áreas en que la selva es tumbada y apropiada.
En la década de los 90, cuenta Jordan, “en São Félix do Xingú, los estancieros se unían para contratar peones para deforestar y abrir estancias en la selva amazónica”. Cada estanciero iba a las pensiones de la ciudad que abrigaban a ese personal, que venía en general, del noreste del país. Como ellos se endeudaban por hospedaje, la contratación incluía pagar las deudas, un adelanto llamado “abono”, lo que sellaba sin retorno el acuerdo de trabajo. Jordan cuenta que los peones eran llevados a un galpón cuidado por guardias, donde pasaban a dormir y comer hasta que el número deseado de peones fuera alcanzado, cuando, entonces, eran conducidos a un barco que iba dejando los subgrupos a orillas del río Xingú, cercanos a las áreas de cada contratante. “Era lo que hoy se llama trabajo análogo a la esclavitud”, dice Jordan. “Pero sin ese esquema, los peones huían con el abono. No había otra manera”.
El enlace de los frigoríficos
La idea del fiscal Daniel Azeredo era simple y eficaz. El MPF había encontrado frigoríficos del estado que compraban ganado de deforestación y ha aplicado multas que totalizan millones de dólares. Otro instrumento de presión aún más potente era el miedo de comprar carne ilegal por parte de los grandes supermercados, como Pão de Açúcar y Walmart. Antes que ser procesados, preferirían evitar la carne de Pará, lo que sería un golpe tal vez fatal para sus frigoríficos. Por fin, Azeredo y el MPF se beneficiaron de la presión que Greenpeace ejercía en Europa sobre marcas multinacionales, como Adidas o McDonald’s, que compraban grandes cantidades de cuero y carne. La campaña de Greenpeace llamada “Farra del Buey” (Juerga del Buey) advertía contra el uso de materias primas provenientes de ganado de deforestación en la Amazonía. El miedo al daño que podría causar a sus reputaciones llevó a estas marcas a también amenazar con dejar de proveerse en la región. Así, cuando Azeredo ofreció un acuerdo conocido como TAC de la Carne (TAC es la abreviatura de la expresión jurídica “Término de Ajuste de Conducta”), los grandes frigoríficos capitularon y firmaron. Gracias al TAC, ellos se convirtieron, entonces, en los responsables por el control de los ganaderos que usaban como proveedores.
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A cada transacción, los frigoríficos deberían garantizar que el productor de quien compraban cumplía con cinco condicionantes: no constar en la lista de embargos y multas ambientales del Ibama; no tener áreas deforestadas detectadas por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales; haber realizado su Catastro Ambiental Rural (CAR); tierras no sobrepuestas a áreas protegidas o tierras indígenas; ni constar en la lista de exploradores de trabajo esclavo del Ministerio de Trabajo.
El rol de exigencias parecía una tarea de gigantes y, para muchos, una exigencia injusta. En la práctica, funcionó con facilidad y a bajo costo. A esa altura, Jordan Timo había creado una consultora, Apoio, que trabaja para los frigoríficos haciendo el servicio de monitorear las exigencias del TAC de la Carne en las haciendas de ganado. Instalada en dos pequeñas salas en Redenção, su empresa es capaz de ejercer ese control en minutos para siete frigoríficos clientes, a un costo de 1 real (moneda brasileña), cerca de $0,30, por cabeza, o 0,05 % del valor del animal. Hay otras empresas que realizan el mismo servicio, como Terras, una start-up creada por investigadores de la ONG Imazon. Lo que hacen estas consultoras es usar softwares que buscan bancos de datos públicos y verifican si el ganadero en cuestión falla en alguna de las condiciones del TAC. Si fallan, adiós, disminuye a una fracción su posibilidad de vender el ganado. Este productor tendrá que valerse del mercado informal o recurrir a un número cada vez menor de frigoríficos que se arriesgan a comprar ganado ilegal. De las dos formas, es un mal negocio, porque obtiene un precio más bajo por el ganado.
Los dolores de la ley
Azeredo recuerda un encuentro en vísperas de la firma del TAC, una mañana de junio de 2009, que mostró cómo asumir responsabilidades ambientales estaba lejos de la rutina de las empresas. Él y sus colegas del MPF se reunieron con un grupo de abogados del frigorífico Bertin. Durante la conversación, para alegría de los abogados, los fiscales propusieron un acuerdo. Ellos, de la Bertin, ya tenían en mente el concepto del TAC, pero no por escrito. Los abogados del frigorífico se dispusieron a esperar el texto del acuerdo. Pasaron el día en el edificio de la fiscalía, en Belém. “Al final de la tarde, les entregamos la propuesta”, dice Azeredo. “Ellos ya estaban preparando el poder para firmarla, pero quedaron sorprendidos con los términos propuestos y retrocedieron”. Azeredo recuerda que el repudio inicial fue contra el acuerdo completo y no contra un punto específico.
Maurício Fraga recuerda bien el impacto inicial del acuerdo: “el TAC vino sin aviso previo, de una sola vez, y creó una serie de dificultades”. Fraga cuenta que perdió una venta para un gran exportador por una falla en el monitoreo, un “falso positivo”, que detectó deforestación en tierras adyacentes como si fueran las suyas.
En 2009, Jordan Timo era uno de los líderes ruralistas más elocuentes contra las medidas del gobierno que cerraban el cerco contra los deforestadores. “Yo estaba en contra, porque no me parecía correcto. El gobierno quería una cosa sofisticada del productor, pero no era capaz de dar nada a cambio, ni siquiera realizar la regularización agraria de las propiedades”, dice. Él continúa indignado con lo que considera ineficiencia dramática de los órganos ambientales y agrarios, pero, ahora trabaja contra la deforestación y gana dinero con eso.
Uno de los actuales clientes de Jordan es el frigorífico Río María, de porte mediano, que sacrifica 400 cabezas de ganado al día y que está ubicado en el municipio del mismo nombre, vecino a Redenção. Antes de comprar cada lote de animales, Río María espera el veredicto del programa de computador de la empresa de Jordan. Para intentar burlar la ley, hay ganaderos que dividen sus propiedades para excluir pedazos donde hubo deforestación. No obstante, como los límites de cada estancia deben ser declarados, cuando cambian es señal de que algo está mal, y así, no hay negocio.
Hay veces en que el sujeto es vetado sin tener culpa. Jordan cuenta el caso de una gran estancia en el municipio de Bannach, con cerca de 4000 hectáreas, donde había un área remota montañosa y cubierta de bosque. Detrás había otra propiedad. Este vecino desmontó cerca de 10 hectáreas de bosque ajeno, y causó un perjuicio inesperado al primero. Cuando éste intentó vender su ganado, fue impedido por el frigorífico. Para acceder al lugar deforestado, el ganadero necesitaba manejar 40 km. Él ni sospechaba de la deforestación ilegal en sus tierras, pero el satélite no quiso ni saber y el frigorífico prefirió no arriesgarse.
Brechas
“El TAC de la Carne obtuvo una victoria importante, pero aún parcial, contra el ganado de la deforestación”, dice Paulo Barreto, investigador del Imazon. Junto a Holly Gibbs, investigadora de la Universidad de Wisconsin, realizó un análisis de los efectos que la medida provocó. El estudio usó como muestra cuatro grandes frigoríficos del grupo JBS, en el sudeste del estado de Pará. Uno de los resultados muestra que, antes del TAC, sólo el 2 % de los proveedores de estos frigoríficos tenían Catastro Ambiental Rural, contra un 96 % luego del acuerdo. De la misma forma, el número de estancias proveedoras que presentaban deforestación cayó de un 36 % a un 4 %.
Sin embargo, Barreto alerta de las brechas y los varios tipos de fraude que debilitan el TAC. “Los frigoríficos principales no controlan aún las llamadas estancias de cría, que producen los terneros y los venden a las estancias de engorde. Los frigoríficos compran de las haciendas de engorde”. Además, según el investigador, hay fraudes como desvíos a frigoríficos que aún no verifican sus compras; o el llamado ‘lavado’, que ocurre cuando estancias con deforestación repasan su ganado a haciendas dentro de la ley, que, a su vez, venden sin problemas a los frigoríficos. El próximo paso para perfeccionar el TAC de la Carne es encontrar mecanismos para cerrar estas grietas.
A pesar de que los productos indirectos aún no están controlados y puede haber posibilidades de fraude, el TAC de la Carne es exitoso. Tras ser pionero en Pará, este tipo de acuerdos se diseminó por los estados de la Amazonía, donde 342 frigoríficos ya los firmaron. La única excepción es el estado de Roraima, donde ningún acuerdo fue firmado.
Mientras tanto, la región sudeste de Brasil, donde se encuentran San Pablo y Río de Janeiro, permanece ajena a los cambios que ocurrieron en el norte. De regreso a Río, sede de los periodistas de ((o))ec0, al conversar con una amiga, se dio el siguiente diálogo:
– ¿Qué fueron a hacer en la Amazonía, entraron a la selva, navegaron por algún gran río?
– No, visitamos estancias ganaderas y grandes frigoríficos.
– ¿Cómo, acaso hay vacas en la Amazonia?
