- El 5 de noviembre de 2015, se colapsó un dique de contención de una mina de hierro, propiedad de la empresa Samarco, una empresa conjunta de Vale y la australiano-británica BHP Billiton, y envió una riada de lodo tóxico al río Doce, lo que contaminó todo lo que encontró a su paso hasta el océano Atlántico.
- La catástrofe contaminó el agua potable de miles de personas que viven en las comunidades ribereñas, destruyó el sustento de los pescadores y los pequeños mineros de oro, arruinó las actividades recreativas de los niños de la región y perturbó vidas por toda la región.
- Los críticos dicen que las respuestas gubernamentales y corporativas han sido lentas y desiguales en su efectividad con la ayuda que llega para algunos de los afectados, mientras que las necesidades de otros, en gran medida, han sido ignoradas.
- Un fuerte movimiento de base ha surgido, con muchos grupos nuevos y otros ya existentes, que llevan a cabo una amplia variedad de acciones, incluidas la fundación de una estación de radio y un periódico para informar sobre la crisis, actos de desobediencia civil, talleres informativos y manifestaciones e, incluso, un grupo que estudia soluciones sostenibles a largo plazo.
El sonido de trenes es parte del ruido ambiental diario en el valle del río Doce de Brasil. Enormes trenes de mercancías van de arriba a abajo a lo largo del valle cada hora aproximadamente, día y noche, con la línea entre Minas Gerais, un estado en el sureste de Brasil y el puerto de Vitoría en la costa atlántica, para transportar más de 10 millones de toneladas de bienes y mercancías cada año.
Vale, el gigante de la minería brasileña que recibe su nombre por este mismo valle, depende de ese ferrocarril para enviar su mineral y otros productos. Así que cuando Neto Barros, el alcalde de Baixo Guandu, una ciudad de unos 32 000 habitantes en la ribera del río Doce, ordenó bloquear las vías, tanto la gente como los medios de comunicación lo notaron.
Este desafiante acto de desobediencia civil llegó como respuesta a la inacción corporativa después del derrumbamiento del dique de Fundão que vertió 50 millones de toneladas de mineral de hierro y residuos tóxicos en el río Doce, mató a 19 personas y contaminó los 853 kilómetros (530 millas) del río. La ruptura contaminó el agua potable y las tierras de labranza con lodo, destruyó la pesca y otros medios de subsistencia y privó a los niños de actividades exteriores como nadar y navegar.
“El dique [de Fundão] rompió el 5 de noviembre y no aparecieron el 6, 7, 8 o 9. No enviaron ninguna señal”, le dijo Barros a Mongabay. El “ellos” al que se refiere es la empresa responsable por el vertido: Samarco, una empresa conjunta entre dos potencias mineras Vale y la australiano-británica BHP Billiton.
Barros necesitaba urgentemente una reunión con los directivos de Samarco y de Vale para mostrarles el impacto que estaba teniendo en su ciudad la ruptura del dique de Fundão y para determinar qué estaban haciendo las empresas al respecto. Una orden judicial forzó al alcalde a quitar los tractores que bloqueaban la vía ferroviaria a las pocas horas del bloqueo, pero dice Barros que, al día siguiente, los representantes de Samarco llegaron al ayuntamiento.
Para entonces, el alcalde Barros ya había tomado la iniciativa y protegido a los habitantes de Baixo Guandu del río peligrosamente contaminado al cambiar el suministro de agua del municipio del río Doce a un afluente que también pasa por la ciudad.
Esta acción independiente, tomada a raíz de la ruptura del dique, es solo una de las muchas respuestas que llegan de la gente que se ha movilizado a todos los niveles de la sociedad brasileña por la catástrofe medioambiental —un desastre que muchos de los habitantes del lugar dicen ha tenido una reacción gubernamental y corporativa lenta y mediocre.
Los movimientos comunitarios de Río Doce se organizan
Aproximadamente seis meses después del bloqueo de Barros, unas 40 organizaciones diferentes de la sociedad civil y movimientos sociales, tales como el Movimiento de Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués) y el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), organizaron una caravana para viajar por toda la región afectada por el vertido de lodo de la mina de Samarco.
Cuatro grupos diferentes recorrieron tramos separados del valle, para recoger testimonios sobre las formas en las que el barro tóxico estaba afectando a la población y sus comunidades. La caravana culminó en dos días de talleres, paneles y manifestaciones en la ciudad Gobernador Valadares, una ciudad de más de 260 000 habitantes.
En otra acción independiente, un grupo de científicos está analizando su segunda ronda de muestras de agua del río Doce para determinar qué hay ahora en el agua exactamente. Una razón para esta investigación es una falta de confianza básica en el gobierno y en las corporaciones mineras. La agencia del medio ambiente brasileña, IBAMA, confía en las muestras y los análisis de agua suministrados por Samarco.
En este contexto, los esfuerzos de comunicación de los movimientos base han sido vitales en la organización de las personas para que se expresen, compartan sus experiencias y decidan las próximas acciones.
Un grupo ha establecido una estación de radio de emergencia, Radio Brota, para informar sobre la crisis y sus consecuencias, mientras que la Arquidiócesis Católica en Mariana, una ciudad cercana al dique colapsado, ha organizado un periódico que se centra en los supervivientes locales, llamado A Sirene (La Sirena). El nombre del periódico se refiere irónicamente a la sirena del sistema de alarma que no sonó cuando rompió el dique y la gente se vio obligada a correr para salvar la vida.
Morgana Maselli, portavoz de la caravana que recorrió la región del río Doce en abril, dice que lo que, realmente, más se necesita es un foro regional permanente que pueda celebrar debates y los planes para acciones futuras. “Un foro que una todas las conversaciones sobre el río Doce sería una buena manera de unificar las luchas porque una cosa que notamos a lo largo del camino es que había un esfuerzo por parte de Samarco, Vale y BHP para individualizar las negociaciones”, dijo Maselli. “Todas las formas de negociación colectiva han sufrido una gran presión por parte de la industria minera, así que es importante unificar las luchas”.
En Mariana, que tiene 58 000 habitantes y se encuentra cerca del río, los residentes han realizado una acción simbólica: el 5 de cada mes, un grupo se reúne para activar una sirena durante un minuto para recordar la catástrofe y aquellos que perdieron la vida.
También en Mariana, donde la minería constituye la mayoría del presupuesto de la ciudad, un grupo llamado Fica Samarco (Samarco, Quedate) se formó poco después de la catástrofe. Está presionando a la empresa para que siga operando en la zona. En junio, el alcalde de Mariana se reunió con el presidente interino de Brasil, Michel Temer, para solicitar que Samarco sea autorizado para volver a los negocios.
Incluso a veces el apoyo a Samarco se traduce en un antagonismo contra los sobrevivientes de la catástrofe. “Estamos experimentando mucha discriminación”, dice Neuza da Silva Santos, que vivía en la ciudad de Bento Rodrigues situada justo debajo del dique y que fue devastada por una inundación de lodo tóxico. “Algunas personas dicen que es culpa nuestra. Otros dicen que construimos debajo del dique, pero no [la ciudad de] Bento [Rodrigues] llevaba ahí 300 años —más de 300 años— y la empresa ha estado trabajando allí durante [solo] 40 [años] más o menos”.
Inmediatamente después de la inundación, la ciudad de Mariana se convirtió en sinónimo de la catástrofe, hasta el punto de que una famosa actriz brasileña con el mismo nombre apareció en anuncio de servicio público en el que instaba a la gente a “recordar Mariana.”
La respuesta de Samarco
Los sobrevivientes de Bento Rodrigues han estado recibiendo ayuda financiera de Samarco a través de un sistema de tarjeta de débito desde la catástrofe. Sin embargo, esas tarjetas han creado tensión en las comunidades río abajo donde algunas personas afectadas por el vertido reciben fondos de la empresa mientras que otros no, sin una distinción claramente definida para explicar la diferencia.
Seis meses después de que Bento Rodrigues fuese destruida por la avalancha de lodo, los sobrevivientes de la ciudad votaron una nueva ubicación, que Samarco ha accedido a construir como parte de la campaña de recuperación.
“Aunque no podemos devolver las vidas que se perdieron, seguimos centrándonos en asegurar el apoyo a las familias y comunidades afectadas por esta tragedia”, dijo Dean Dalla Valle, alto directivo de BHP en Brasil para hacer frente a la catástrofe en un comunicado.
Como el río Doce suministra agua potable para la mayoría de los poblados a lo largo de su curso, Samarco también ha estado suministrando agua en algunos lugares, como la comunidad indígena Krenak cerca de Resplendor, aproximadamente a unos 40 kilómetros (25 millas) río arriba de Baixo Guandu.
A finales de abril, la empresa anunció que dejaría de suministrar agua a Regência, una comunidad pesquera y turística en la desembocadura del río Doce en el océano Atlántico. Esta decisión provocó que los resistentes organizasen un bloqueo en el pequeño y unido pueblo de 800 habitantes. El anuncio de Samarco catalizó una reunión en la plaza principal de Regência donde los residentes decidieron impedir que los empleados de Samarco dejaran la zona con un bloqueo de la única carretera que sale del pueblo. Los residentes, que hicieron turnos alternativos, mantuvieron la carretera cerrada durante diez días hasta que la empresa accedió a reunirse con ellos, aunque para entonces una orden judicial había forzado a Samarco a revertir su decisión de no suministrar agua.
Maselli dice que, a menudo, las comunidades urbanas más grandes han sido pasadas por alto en las negociaciones de la empresa sobre quien ha sido afectado por la catástrofe. Inmediatamente después del accidente minero, el alcalde de Governador Valadares dijo que Samarco no estaba suministrando suficiente agua para sus casi 300 000 habitantes.
Según Maselli, el suministro de agua no es el único problema, dice que el tratamiento y la pureza de algunas de las aguas ofrecidas a los residentes de Samarco están siendo cuestionados. “Todavía no hay una garantía de la calidad de esta agua”, declara. “Recopilamos muchas historias de gente que están teniendo afecciones cutáneas, problemas estomacales debido a este agua tratado del río”.
“Esto [el posible agua pobremente tratado] puede causar enfermedades silentes en 5, 10, 15 años”, argumentó el alcalde Barros. “Las personas que contaminaron el agua deberían ser tratados como criminales y tienen que suministrar el agua, cueste lo que cueste”.
Los suministros de agua de la comunidad no son lo único que se perdió con la catástrofe. Los pescadores locales no pueden pescar en el río, que no solo les ha costado su medio de subsistencia, sino también, a menudo, una importante fuente de alimento para la familia. El valle Río Doce también es el hogar de buscadores de oro tradicionales que batean en el río en busca del mineral. La corriente embarrada con sedimento tóxico les ha dejado sin una fuente de ingresos.
La respuesta gubernamental y corporativa
En marzo, el gobierno federal de Brasil y los estados de Minas Gerais y Espirito Santo, ambos afectados por la catástrofe, firmaron un acuerdo con Samarco, Vale y BHP Billiton para crear una fundación que gestionará 4,4 mil millones de reales brasileños para la recuperación ambiental y el desarrollo económico durante los próximos tres años. Sin embargo, el Ministerio Público de Brasil, una agencia de vigilancia del poder judicial, protestó la estructura de la fundación al decir que aquellas personas afectadas por la catástrofe no habían tenido participación en el acuerdo como exige la ley.
“Es un acuerdo que se alcanzó entre… las empresas y el gobierno”, dijo el fiscal federal, Edmundo Antonio Dias Netto Junior, a Mongabay. Aunque supuestamente se creó un consejo de la fundación para invitar a la participación local, los puestos comunitarios del consejo no tienen ningún poder de decisión, dicen los críticos.
“La fundación sirve de escudo contra las responsabilidades de las empresas y del gobierno, tanto federal como estatal, con respecto a aquellos afectados por la catástrofe”, afirma Dias Netto Junior. El fiscal cree que la fundación está diseñada para desviar la atención del papel de las empresas en el accidente: “Es un tipo de ingeniería [promocional] que, en cierto sentido, pone a las empresas al margen y fija la atención en la fundación”.
Demandas y acuerdo
A principios de mayo, la fiscalía que enfatizó que el gobierno no había asumido la responsabilidad por sus propios errores en la catástrofe, interpuso un pleito de 44 mil millones de dólares contra los gobiernos federal y estatal y las tres empresas implicadas. Una demanda del pleito es que los gobiernos estatal y federal busquen alternativas económicas a la minería para reducir la dependencia de la región en la industria.
Sin embargo, la fuerza de ese pleito fue potencialmente minada dos días más tarde cuando se anunció un acuerdo que verá a Samarco, BHP y Vale pagar unos 20 mil millones de reales brasileños (5,6 mil millones de dólares), estimados por el gobierno, a lo largo de 15 años para cubrir los daños y repararlos.
Dias Netto Junior ve este acuerdo como una maniobra para evitar que las comunidades o individuos afectados por el accidente presenten demandas independientes. El fiscal también argumenta que el gobierno federal tiene conflictos de interés en lo que se refiere a la ruptura del dique, ya que posee acciones privilegiadas en Vale, que era propiedad del gobierno hasta 1997. Estas acciones dan al gobierno brasileño poder sobre las actividades de la empresa.
La fiscalía no es la única que plantea dudas. El 8 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó una queja contra Brasil por 13 casos de violaciones de derechos humanos relacionados con la minería, incluido la ruptura del dique de Fundão.
Respuestas innovadoras y duraderas de los grupos de base
Un grupo que surgió de la catástrofe es la Aliança Rio Doce (Alianza de Río Doce). El grupo ha realizado varios viajes a lo largo del río desde el accidente minero, con paradas en las comunidades para discutir lo que se ha hecho hasta ahora, lo que no se ha hecho y lo que se necesita.
El núcleo de la alianza se formó originalmente por una circunscripción insólita —practicantes de la permacultura y artistas de São Paulo— pero desde entonces se ha expandido para incluir a personas de una variedad de orígenes. El enfoque de la permacultura a la recuperación en casos de catástrofe defendido por el grupo fomenta el desarrollo de modelos autosuficientes y ambientalmente sostenibles para el suministro y producción de agua, energía y alimento en el valle del río Doce.
En un soleado viernes por la tarde a finales de abril, el grupo trajo a un payaso que tocaba el acordeón a una escuela pública en Regência, donde invitaron a los niños a jugar un juego educacional sobre el río y la catástrofe. También hubo talleres de pintura, malabarismo y siembra.
El grupo también aprovechó para arreglar la cisterna de agua de la escuela, que recoge el agua de la lluvia para usarla en su jardín o para limpiar. Desde la catástrofe, la comunidad y la escuela han dependido de agua que transporta Samarco en camiones cisterna.
Luceli Gonçalves Rua, una maestra, dijo que apreciaba los esfuerzos creativos colectivos. “Los talleres son excelentes. Están colaborando [con nosotros] con la oferta de un espacio recreacional para los niños”. Apunta que la respuesta a la catástrofe oficial se ha centrado muy poco en los daños sufridos por los niños. “[Se han] quedado completamente sin actividades de relajación. Todo lo que [les queda] es un campo de fútbol. Eso es todo. ¿Qué hacían antes? Nadaban en el río; nadaban en el mar; iban de pesca con sus padres, pero eso ahora es imposible”.
Para Felipe Pinheiro, uno de los organizadores de la Alianza Río Doce, los esfuerzos en Regência son un modelo para otros proyectos que son necesarios por toda la región afectada por la catástrofe.
“Entendimos la realidad de la comunidad [de Regência], y también construimos algunas asociaciones, así que ahora podemos hacer cosas”, dice. Las esperanzas colectivas para ampliar pronto su impacto, los debates recientes con un profesor de la Universidad Federal de Ouro Preto y los posibles planes para establecer un curso de permacultura que serviría a 900 profesores de 200 escuelas son parte del programa de Escuelas Sostenibles del gobierno federal.
Debates para ayudar a determinar lo que quiere y necesita la comunidad para el futuro son una parte crítica del proceso en curso de curación, dice Pinheiro. “[N]uestro sueño para Regência es encontrar un lugar para debatir y determinar lo que quiere la gente para los próximos 30 a 50 años para la comunidad”.