- Son cinco las zonas de la Amazonía peruana donde poblaciones insatisfechas siguen exigiéndole al gobierno central una remediación ambiental adecuada, según los especialistas y líderes consultados.
- Miles de barriles de crudo se han derramado por una falta de control estatal en el proceso de extracción y porque el Oleoducto Nor Peruano no recibe el mantenimiento necesario, según expertos.
Miles de barriles se han derramado desde que en 1970 el gobierno peruano comenzara a licitar diversas concesiones a lo largo y ancho de la Amazonía peruana. “En los últimos años, se han ido reconociendo diversos derrames petroleros, pero no porque recién sucedan, han pasado desde los setentas, sino porque las organizaciones indígenas ahora disponen de la tecnología celular con fotografías y videos que nos permiten registrar la contaminación que tenemos desde hace años”, señala a Mongabay Latam Teddy Guerra Magin, Apu de la comunidad nativa de Nuevo Andoas en la región de Loreto, una de las comunidades afectadas directamente por la contaminación producida en el lote petrolero 192.
El lote 192 y los cuatro ríos contaminados
Ubicado en la región de Loreto, el lote 192 está situado en un terreno donde confluyen las cuencas de los ríos Marañón, Tigre, Corrientes y Pastaza. Las riveras de los ríos citados son el hogar de diversas comunidades indígenas que suman una población de más de 10 000 personas pertenecientes a los pueblos ashuar, quechua, kukama y awajún, entre otros.
Hasta hoy son tres empresas las que han explotado petróleo en el lote 192: la Occidental Petroleum Company fue la primera en 1970, le siguió los pasos la transnacional Pluspetrol en 2000 y finalmente en 2014 asume la operación del lote la Pacific Energy. Según información publicada por Pluspetrol, existen más de 2000 sitios impactados por derrames petroleros, además de la contaminación por los desechos tóxicos abandonados al aire libre. Por su parte, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha señalado que existen más de 90 sitios contaminados producto de los más de 40 años de actividad petrolera.
“Todos esos sitios no han sido remediados, ninguno. Por eso hemos comenzado un proceso de lucha por la remediación ambiental total, pero también por la exigencia de la titulación de las siete comunidades quechuas afectadas directamente por la contaminación ambiental del 192. Si tuviéramos el título de propiedad colectivo ninguna empresa vendría a hacer lo que quiera en nuestro territorio”, señala el Apu de la Federación Indígena Quechua del río Pastaza (Fediquep), Aurelio Chino. Los líderes indígenas de las otras tres cuencas coinciden con lo dicho por el Apu de la Fediquep.
El proceso de diálogo con el gobierno ha dado como resultado la elaboración de tres actas de compromiso que abordan temas pendientes como la titulación de tierras, la inversión en agua y saneamiento, la remediación ambiental, así como el cumplimiento del derecho a la consulta previa que exigen las poblaciones indígenas para futuras empresas que manejen la concesión del lote 192, según el informe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (ONDS) y reportes recientes de la Defensoría del Pueblo.
Dichos compromisos y acuerdos están por escrito en el acta de Lima (10/3/2015), el acta de Teniente López (24/9/2015) y el acta de José Olaya (4/11/2015). Según el mismo reporte de la ONDS, solo se ha cumplido de forma parcial el compromiso de colocar fuentes de agua potable en las comunidades nativas. “Si no cumplen el resto de compromisos, tomaremos medidas de fuerza”, advierte el Apu Aurelio Chino.
Es exactamente la vía que han tomado algunas de las comunidades que viven alrededor del Lote 8, quienes iniciaron sus acciones de protesta el 1 de setiembre al bloquear el acceso que utilizan regularmente las embarcaciones que surcan el río Marañón.
Las protestas en el lote 8
En el lote 8, ubicado también en la región de Loreto, 29 comunidades pertenecientes a los pueblos indígenas ashuar, kukama y urarinas, han reunido a más de 2000 indígenas para impedirle el paso a las embarcaciones que trasladan petróleo a la empresa Electro Oriente, que es la responsable de generar energía eléctrica para abastecer de este servicio a ciudades amazónicas como Iquitos y Yurimaguas. Además bloquearon el paso para que los empleados de la empresa Petroperú no pudieran llegar a la Estación 1 ubicada en la comunidad de San José de Saramuro.
El motivo de la protesta de los miles de indígenas es la remediación ambiental total por los constantes derrames en el lote 8 producto de la actividad petrolera y la no aplicación del derecho a la consulta previa cuando del ingreso de empresas extractivas se trataba. Ya van más de 2 semanas de huelga y de la toma de la base petrolera.
La comunidad de Saramurillo fue la que promovió la toma de las instalaciones petroleras y la que poco a poco ha ido convocando más adeptos, pese a que las organizaciones indígenas como Fediquep y la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat) no han apoyado la protesta por no “haberse coordinado previamente” y no considerarla “estratégica para la vía de diálogo con el Gobierno”, según comunicados oficiales de ambas organizaciones.
“La protesta es indefinida y continuará hasta que el mismo presidente y las máximas autoridades de los ministerios vengan a conversar. No es posible que sigamos aguantando tanto abuso y contaminación”, dijo vía telefónica el coordinador quechua de la protesta, José Fachín, de la Organización Interétnica del Alto Pastaza (ORIAP).
ORIAP acaba de enviar un comunicado a la Defensoría del Pueblo, en donde señala que Petroperú en represalia a la protesta y al bloqueo en el río Marañón ha cortado la energía eléctrica, el agua potable e incluso no ha dejado cruzar hacia a la escuela a los niños de la comunidad nativa Los Jardines, quienes debían pasar por el campamento petrolero para llegar a su centro de estudios.
En el caso del lote 192 y el lote 8 los reclamos se centran, sobre todo, en la necesidad de una eficiente remediación ambiental por los derrames de petróleo ocurridos y por los desperdicios tóxicos producidos como parte de la explotación petrolera.
Sin embargo, en otras zonas de la Amazonía peruana también hay casos en los que las comunidades reclaman por los derrames del crudo debido a la falta de mantenimiento del Oleoducto Nor Peruano que lo transporta. Con el tiempo este se ha corroído y sus fisuras han originado fugas del hidrocarburo. Así sucedió en el río Morona a comienzos de este año.
Morona: una bomba de tiempo
El 3 de febrero de este año se produjo un derrame de petróleo a la altura del km 206 del Oleoducto Nor Peruano en el distrito de Morona, provincia del Datem del Marañón, en la región de Loreto. Se calcula que 1000 barriles de petróleo afectaron los suelos y los cuerpos de agua. Fue el segundo derrame del 2016, el primero ocurrió en el distrito de Barranca. “No se ha establecido ningún tipo de mesa de diálogo para remediarlo. Son 30 km de territorio amazónico contaminado”, señala Renato Pita, vocero de las organizaciones indígenas Fediquep y Acodecospat.
Fueron 22 comunidades nativas afectadas por el derrame de petróleo, sin embargo, el proceso de diálogo solo se ha dado con la comunidad nativa de Mayuriaga, las 21 restantes no fueron consideradas, explica Pita. “Desde febrero no ha habido ningún tipo de atención a las comunidades, la limpieza que ha hecho Petroperú es solo una limpieza superficial, solo recojo del crudo, pero no ha iniciado ningún proceso de remediación”, dice el vocero de las organizaciones indígenas.
Incluso, mediante la promulgación del Decreto Supremo 012-2016-PCM, se declaró en estado de emergencia dicha zona. La medida terminó en julio y aún no finaliza el proceso de remediación, según precisan fuentes locales, como el Apu Wrays Pérez, presidente del Gobierno Autónomo Wampis, pueblo indígena localizado en las riveras del río Morona. Pérez asegura que siguen esperando que el gobierno inicie un proceso de diálogo para no poner en marcha medidas de fuerza.
Cuninico y San Pedro: dos caras de la misma moneda
El derrame de petróleo en la quebrada de Cuninico se dio en julio de 2014, mientras que el de la comunidad nativa de San Pedro se dio en noviembre del mismo año, a escasa distancia del primero. Si bien ambos ocurrieron en meses diferentes, la causa fue la misma: la falta de mantenimiento del Oleoducto Nor Peruano, cuya corrosión originó los derrames, según Petroperú.
En el caso de Cuninico fueron más de 2500 barriles de petróleo los que afectaron el área y en San Pedro más de 7000. Ambos lugares son territorio del pueblo kukama. En un video de Alerta Amazónica de una visita fechada al 5 de setiembre del presente año, dos años después de la tragedia, se puede observar a dos rayas muertas en el río Cuninico. “Continúa la contaminación, los peces están muertos”, dice César Mozambite, miembro de la comunidad nativa del mismo nombre.
“Tanto en el caso de Cuninico como en San Pedro no hubo mesa de diálogo, pero la remediación está pendiente. En el caso de Cuninico hay un juicio pendiente por medida correctiva. Hay una falta de remediación, no se cumplieron la medidas correctivas impuestas por OEFA, pese a que les dieron seis meses de tiempo a Petroperú para cumplirlas. Imagínate que se invirtieron 40 millones de soles en ese proceso de remediación que no ha finalizado. Al menos en Cuninico hubo un proceso sancionador, incumplido, pero lo hubo. En el caso de San Pedro no hubo nada”, explica a Mongabay Latam el abogado en derecho ambiental e indígena, Juan Carlos Ruíz Molleda.
Hasta el momento no hay ninguna protesta activa, pero la falta de remediación podría producirla, según Ruíz Molleda.
La Amazonía parece ser una bomba de tiempo y las comunidades indígenas esperan que se inicie un proceso de diálogo. “Yo solo espero que el nuevo Gobierno quiera conversar porque el pasado no ha hecho nada”, enfatiza el Apu Aurelio Chino de Fediquep.