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La cementera que dividió a la comunidad indígena de Perugachi

  • Este tipo de industria "produce bastante material particulado (polvillo), que es uno de los principales causantes de enfermedades respiratorias”, sostiene Alexander Naranjo, investigador de la ONG Acción Ecológica.
  • La Contraloría determinó en una auditoría hecha entre enero de 2008 y mayo 2012 que las partículas de polvo sobrepasaban los límites permisibles y que había un manejo inadecuado de desechos.
  • La cementera perteneció a Lafarge hasta 2014, año en que fue vendida a Unacem Ecuador. “Trabajamos con el máximo respeto por el bienestar de las futuras generaciones, cumplimos con la ley y aplicamos los principios del desarrollo sostenible”, indica el actual dueño.

Los últimos estudios de la Organización Mundial de la Salud, publicados el pasado mes de septiembre, indican que nueve de cada 10 personas en el mundo respiran aire contaminado. O dicho de otra forma: el 92 por ciento de la población mundial vive en lugares donde los niveles de calidad del aire exceden los límites permisibles. Y a simple vista y respirando profundo, la comunidad indígena de Perugachi, en el corazón de los Andes ecuatorianos, parece ser parte de esa estadística. La razón es sencilla: en el centro de lo que es ahora un pueblo gris, con escasos pobladores, están ubicadas unas máquinas que producen cemento. Son moledoras, hornos gigantes, que trabajan casi sin descanso. Esa presencia, que se siente en la brisa, mantiene enfrentado actualmente a un grupo de pobladores con la empresa Unacem (Unión Andina de Cementos) y antes con Lafarge. La situación no es nueva, viene desde hace al menos 30 años. Muchos ya se acostumbraron, otros no.

Perugachi es una comunidad demasiado pequeña como para hacer noticia. No está registrada en Wikipedia, no aparece en los mapas. Geográficamente está ubicada a dos horas y media de Quito ─unos 200 kilómetros─  y a media hora de la conocida ciudad de artesanías indígenas Otavalo, en la provincia andina de Imbabura.

Nadie recuerda con exactitud cuando llegó a este sitio rodeado de montañas la primera fábrica de cemento. Unos dicen que fue hace 30 años, otros 35. Lo cierto es que los primeros reportes de problemas que se pueden encontrar publicados  datan del 2005. En ese tiempo los reclamos giraban en torno a la poca ocupación laboral que la empresa generaba en la zona. Hasta hubo una paralización de la carretera. Treinta indígenas cargados de palos cerraron el paso para exigir trabajo. Se quejaban que la mano de obra contratada provenía de otros sectores y eso era, para ellos, una injusticia. Nadie hablaba en esos momentos de contaminación alguna.

Acá se pide trabajo porque eso hace falta. Las pocas familias de Perugachi viven –muchos lo ponen en pasado, vivían─ de la agricultura, algo de ganado y otro tanto de las manos, la albañilería. Es un sector pobre, en donde una familia sobrevive con los 366 dólares mensuales que equivalen al sueldo básico y, a veces, ni eso. Tal vez por eso aquí cada vez son menos. Actualmente se dice que no llegan a ser ni 300 familias. Y en medio de todo eso funciona una cementera que, paradójicamente, está acostumbrada a manejar cifras grandes. Su producción anual de cemento alcanza los 1,4 millones de toneladas.

El grupo de comuneros de Perugachi que sigue exigiendo alguna compensación a la cementera. Otro grupo apoya el trabajo de la fábrica. Foto de Alfonso de la Torre.

Actualmente, un pequeño grupo de comuneros de Perugachi está en abierta disputa con la empresa cementera que hasta 2014 era propiedad de la multinacional francesa Lafarge. Ese año se concretó un negocio por 517 millones de dólares que trajo como resultado un nuevo dueño: la empresa peruana Unacem. No se trata únicamente de Perugachi de donde provienen los reclamos. También hay quejas del sector Quinde Talacos, Quinde La Libertad y Quinde km 12. Quienes protestan hablan de contaminación del aire, de los ríos y afectación a la naturaleza por la explotación de las montañas.

Mala relación
Los reclamos se agudizaron en 2007, siguieron en 2009 y se complicaron más en 2011. Lo que tenía como objetivo específico la exigencia de una compensación que permita la reubicación de las pocas casas que seguían siendo afectadas por el trabajo de la cementera debido a la contaminación y a daños en estructuras, terminó convirtiéndose en acusaciones de sabotaje y terrorismo según la ley ecuatoriana vigente ese momento.

En octubre de 2011, un grupo de personas decidió cerrar el ingreso a la cantera principal de donde se extrae el material primario para hacer cemento. Todo terminó con la intervención de la policía, la detención de los cabecillas de la protesta  y hasta el hallazgo de armas. El juicio penal fue inminente.

Decir que había delitos de terrorismo en Ecuador para esas fechas sonaba como una exageración. Por eso los detenidos recuperaron su libertad y la causa penal no prosperó. Eso les permitió armar su contraataque: presentaron una denuncia por daño moral en contra de los directivos de Lafarge, que tras un largo proceso y en acción extraordinaria, fue desechada por la Corte Constitucional en julio de este año.

Las quejas de los comuneros
Silvio Ruiz es un hombre de hablar pausado y tono bajo. No parece tener las características propias del líder de una protesta, pero ha tomado la bandera de esta causa. Desde 2007 es quien ha puesto su firma en las exigencias primero contra Lafarge y hoy contra Unacem. Ruiz asegura que con el cambio de propietarios de la cementera no ha variado el panorama y que la nueva empresa que asumió la operación de la planta mantiene las malas prácticas que fueron identificadas por la Contraloría General del Estado en una auditoria ambiental realizada entre enero de 2008 y mayo de 2012.

La lista de quejas es larga. El aire que respiran es el primero de sus reclamos. Ruiz presenta informes del Ministerio de Salud Pública que indican que las enfermedades respiratorias alcanzan el primer lugar de las estadísticas oficiales con la gente del sector, especialmente en Selva Alegre. El estudio se realizó entre 2008 y 2011 a partir de cifras presentadas por los subcentros de salud de Gualsaquí, Quichinche y Selva Alegra, y forma parte del examen que realizó la Contraloría.

Eso solo puede obedecer a una causa, dice Silvio Ruiz: el polvo. Un polvo que en realidad son partículas de cemento que van a dar al interior del cuerpo de quienes lo respiran.

Hay daños evidentes en las paredes de algunas casas vecinas de la fábrica de cemento. Sus dueños dicen que es por las fuertes vibraciones. Foto de Alfonso de la Torre.

Luego viene el asunto de las casas. Muchas están cuarteadas en su interior y por afuera. Son construcciones de por sí frágiles, con estructuras físicas que solo resisten hasta lo que les dio la pobreza para reforzarlas. Las vibraciones originadas en la fábrica, que funciona a pocos metros de distancia, afectan. Como afecta el ruido a quienes viven en esas casas.  Silvio es, de quienes reclaman, el más experimentado. Los demás se limitan a escucharlo, a apoyarlo moralmente. Algunos avalan papeles poniendo su huella dactilar porque no saben escribir.

“Es una problemática muy grande que las cementeras operen en centros poblados”, sostiene Alexander Naranjo, investigador de la ONG Acción Ecológica. “Esto debería ser prohibido”, añade en conversación con Mongabay Latam. Según explica Naranjo, quien ha participado en estudios de calidad del aire, “cada ciudad debería tener planes de manejo ambiental y dentro de su lógica de crecimiento, debería mantenerse lo más apartado posible de las cementeras o las cementeras deberían irse”, pues este tipo de industria «produce bastante material particulado (polvillo), que es uno de los principales causantes de enfermedades respiratorias”. Naranjo indica que  dependiendo de las condiciones climatológicas y meteorológicas, la contaminación puede tener un mayor o menor alcance, “pero no cabe duda de que una cementera sí genera un impacto grande en la salud”. El investigador añade que el de Perugachi no es un problema aislado y que un caso similar se da en la ciudad de Azogues (provincia de Cañar) donde opera la cementera Guapán.

El material extraído de las canteras permanece a cielo abierto. Foto de Alfonso de la Torre.

Lafarge: un accidente y dos muertes
El 21 de abril de 2012 alrededor de las 10:30 de la mañana se produjo un accidente en la concesión minera Selva Alegre, la cantera de donde extrae el material la cementera. Al pie de la montaña, en el talud de acopio donde los obreros recuperan la roca trasegada, dos personas que manejaban maquinaria fueron aplastadas por una roca gigante. Un día después, la autoridad de control minero suspendió las operaciones en la zona.  Los representantes de la concesión explicaron que los obreros, por motivos desconocidos, traspasaron la zona identificada como de exclusión. Aseguraron que en charlas diarias se les había explicado a todos los empleados que no podían ingresar a esa área.

La Agencia de Regulación y Control Minero estableció en su informe, cinco días después del hecho, que la causa preliminar del accidente fue “el no respeto de la zona de exclusión por parte de los operadores y caída de una enorme roca debido a generación de fracturas no visibles debido a infiltración de agua proveniente de las intensas lluvias desde enero de 2012”. El 14 de mayo, menos de un mes de ocurrido el accidente, la cantera volvió a ser habilitada para los trabajos de extracción.

La auditoría ambiental realizada por la Contraloría dio como resultados conclusiones muy distintas a las establecidas por la autoridad de control minero.  “En las visitas técnicas efectuadas, se constató que el sistema de explotación de la mina Selva Alegre no identificaba ninguna zona de seguridad o exclusión. La zona de riesgo no fue delimitada”, dicta parte del informe.

Esta omisión implicaba, según la Contraloría, un inminente peligro que no fue establecido por la autoridad de control minero. En la investigación realizada, comuneros dijeron que hacía 10 años la roca que cayó estaba descubierta, lo que era motivo de su preocupación. La Contraloría determinó que “a pesar de los peligros existentes, se continúa trabajando de la misma forma y no existe documento que demuestre la existencia de la zona de exclusión en la parte baja de la mina Selva Alegre”.

Esta auditoría ambiental es la última realizada por la Contraloría del Ecuador y generó expectativas en parte de la población de la zona.

El Ministerio del Ambiente es el primero que recibe llamados de atención de la Contraloría por no haber controlado el manejo de los desechos peligrosos de la cementera. También se le observa a la ministra Marcela Aguiñaga haber aprobado la auditoría ambiental y renovado la licencia respectiva, dejando de lado los impactos ambientales que encontró la Contraloría. Por ejemplo, en los monitoreos del aire realizados en julio de 2012, se detectó que las partículas de polvo sobrepasaban los límites permisibles.

En total, la Contraloría mandó a realizar 35 exámenes de laboratorio. Y estableció que las muestras de agua, emisiones gaseosas, calidad de agua, ruido ambiental superaban los límites máximos permisibles, los cuales no fueron observados ni evaluados por la autoridad ambiental.

Algunas consecuencias expone también la Contraloría. Según el informe enviado por el hospital de Otavalo, el incremento de enfermedades respiratorias en Selva Alegre, zona de la cantera, fue de casi el 800 % entre 2008 y 2011: de 184 a 960 en esos años. Las cifras actuales de la situación no se han presentado.

El municipio de Otavalo también fue observado por la Contraloría, “al no disponer que se efectúen monitoreos de la calidad del aire en las comunidades del área de influencia de la empresa Lafarge Cementos S.A., lo que originó que se desconozcan los niveles de afectación a los pobladores”. Y la respuesta del alcalde Mario Conejo fue reveladora: no lo hicieron por las limitaciones técnicas, tecnológicas, físicas y económicas de la municipalidad.

¿Qué dice Unacem sobre los reclamos?

Mongabay Latam contactó vía correo electrónico con Unacem para preguntar sobre las acciones emprendidas para disminuir los efectos de la contaminación en la zona y el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Contraloría tras la auditoría ambiental de 2012, cuando la cementera pertenecía a Lafarge, pero los representantes de la empresa prefirieron no contestar directamente a estas interrogantes.

A cambio, enviaron información oficial de las cosas que hacen. “En Unacem Ecuador trabajamos con el máximo respeto por el bienestar de las futuras generaciones, cumplimos con la ley y aplicamos los principios del desarrollo sostenible”, comienza su exposición.

Control de emisiones: En 2015, las emisiones de CO2 por tonelada de cemento alcanzaron los 506.46 kilogramos, un 3 % menos que el promedio de los últimos tres años.

Ecología industrial: En 2015, recibimos la máxima certificación como Empresa Eco-Eficiente de parte del Ministerio del Ambiente. Eso, por la reducción de combustible fósil, reducción de consumo de mineral de hierro y reducción del consumo de energía eléctrica.

Uso de agua: El 100 % de las aguas provenientes de procesos industriales son tratadas por nuestras plantas de tratamiento que incluyen procesos físicos y biológicos, lo que permite que 43 % del total utilizado sean reciclados y reusados al año, 88 % del cual es devuelto a la naturaleza.

Biodiversidad: Unacem no tiene operaciones en o cerca de áreas protegidas o de gran valor para la biodiversidad; sin embargo gestiona dos áreas con el fin de salvaguardar su integridad biológica.

En julio de 2015 iniciamos los trabajos de rehabilitación del talud en nuestra concesión minera de Selva Alegre, una vez que la actividad de trasiego fue suspendida definitivamente en 2014 gracias al inicio de operaciones del Proyecto Quinde. Al cierre de 2015, 11 000 metros cuadrados se habían intervenido mediante la colocación de una geomembrana que permitirá la recuperación progresiva de la capa vegetal de la montaña.

Luego viene la firma de convenios con las directivas de las comunidades. Eso incluye la entrega de obras: un coliseo deportivo que beneficia a 1000 personas, que costó US$ 154 000; obras de agua potable, alcantarillado y otro coliseo, que costaron “más de US$ 200 000”; becas, capacitación, atención de salud y un centro infantil que no fueron cuantificados en dinero.

La casa comunal de Perugachi fue construida por Unacem. Es una de las obras de compensación que presenta la empresa. Foto de Alfonso de la Torre.

No se dice nada respecto del reclamo de un grupo de moradores de las comunas, ni sobre si podrían llegar a algún tipo de acuerdo con quienes mantienen sus quejas. Y silencio respecto a la auditoría ambiental.

Sobre ese último punto, Mongabay Latam se contactó con el Ministerio de Ambiente a fin de conocer si vigiló el cumplimiento de las recomendaciones de Contraloría, que justamente encomendó a esa cartera de Estado controlar que entonces Lafarge cumpla con una serie de requerimientos a fin de no continuar afectando al medio ambiente y la comunidad. Pero pese a recibir una primera contestación en la que se indicó que se estaba gestionando el pedido, no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Entrando en detalles, Contraloría interpeló al Ministerio de Ambiente “por no exigir al titular minero el empleo de métodos, equipos y tecnologías que prevengan y mitiguen daños a los recursos naturales y a la comunidad aledaña, y no disponer que se realice la mitigación de afectaciones al aire en las operaciones de explotación del mineral”. Además le llamó la atención “por no evaluar ni sancionar a la empresa Lafarge Cementos S. A., y sus filiales; al haber afectado el derecho a la salud y a un ambiente sano de las comunidades del área de influencia, permitiendo emisiones de ruido y material particulado que superan los límites máximos permisibles”.

Pedro Torres Perugachi tiene su casa frente a la cementera. Enseña el polvo acumulado encima de su casa. Foto de Alfonso de la Torre.

Que la cementera Lafarge haya sido comprada por Unacem no exime a la actual empresa de la responsabilidad por pasivos dejados por su antecesora, comenta en diálogo con Mongabay Latam el abogado ambientalista Pablo Piedra. Según explica, a menos que Lafarge haya resuelto satisfactoriamente todas las observaciones hechas por la Contraloría y exista un informe del Ministerio de Ambiente que dé cuenta de ello, la empresa no podría desmarcarse del asunto. Por lo tanto, Unacem tendría que hacerse cargo. “Que la nueva empresa pueda decirle a Lafarge ‘es que no me pusiste al tanto del problema’ es un asunto entre ellos, pero con la naturaleza, el Estado y la comunidad debería responder la nueva empresa”, indica.

“En principio, la nueva empresa no puede eludir responsabilidades por el solo hecho de ser nueva”, continúa Piedra, quien asesora al grupo ambientalista Yasunidos. “Hay un hilo de continuidad y ese hilo de continuidad permite a los perjudicados reclamarle a esta nueva empresa los pasivos”, concluye el abogado.

Fausto Panamá, presidente de la Comuna de Perugachi, respondió vía telefónica a Mongabay Latam que quienes reclaman son un grupo pequeño que no colabora en nada con las necesidades de la comunidad. Se trata, dijo Panamá, de personas que no representan nada y que se han convertido en un problema para la zona. Cuando se le preguntó si era cierto que él trabajaba también, como muchos otros de la comuna, en Unacem, colgó el teléfono. Y no volvió a contestar.

El investigador de la ONG Acción Ecológica Alexander Naranjo asegura que existe mucho desconocimiento de los impactos que la exposición por contaminación del aire trae tanto a pobladores como a trabajadores de cementeras. Para él, lo principal es que en el corto plazo se realicen estudios diarios por parte de la empresa y de la autoridad ambiental, tanto en la zona como en lugares más alejados.