- ¿Por qué los dirigentes de la comuna indígena Tsáchila de Santo Domingo presentaron una denuncia en la Fiscalía?
- ¿Qué han hecho en los últimos tres años las principales autoridades ambientales de Ecuador, desde que se presentó públicamente el problema de contaminación?
El 18 de octubre del 2013, Gumersindo Aguavil, gobernador de la nacionalidad indígena de los Tsáchilas, se jugó una de sus últimas cartas. Se acercó al presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien estaba almorzando luego del desarrollo de uno de sus gabinetes itinerantes en San Miguel, provincia de Bolívar, y le explicó su preocupación: “Presidente, nos están matando”.
Correa hizo mención al sorpresivo encuentro en su enlace ciudadano semanal del día siguiente, realizado en la misma ciudad. Y dio detalles de la conversación. “Con lágrimas en los ojos me dijo que la contaminación de los ríos los está matando en Santo Domingo. Allí hay chancheras, avícolas, etcétera, que botan sus desechos a los ríos y eso causa graves estragos en la salud del pueblo tsáchila”.
La comunidad indígena de los Tsáchilas tiene ahora alrededor de 3000 integrantes. Es una nacionalidad con serias amenazas que ponen en riesgo la conservación de su identidad. La contaminación que soportan los ríos de los que ellos siempre se beneficiaron es una de ellas.
“Aquí están involucradas en la contaminación varias empresas, una de esas una gran empresa, de las mayores contribuyentes en tributos, con gran nivel de ventas, una empresa seria”, relató en el mismo informe semanal el presidente Rafael Correa, sin dar ningún nombre. “Pero no sé qué le está pasando a esta empresa con la falta de los cuidados ambientales”. Y dispuso que inmediatamente se conforme un equipo para que vaya al lugar, elabore un informe ambiental, adopte los correctivos necesarios y establezca las sanciones “de ser necesarias”. Correa no dio ningún nombre, pero el gobernador de los Tsáchilas sí lo hizo: “los mismos Pronaca de siempre”
Esa orden pública la dio el 19 de octubre de 2013. Seis días después, el 25 de octubre, técnicos del Ministerio del Ambiente ya tomaban muestras de los ríos para realizar los análisis respectivos. Parecía que las cosas iban a mejorar.
“Han fallado los controles del Estado. Debimos detectar a tiempo esta situación”, complementó a modo de autocrítica el mandatario de Ecuador.
Tres años después…
La ciudad de Santo Domingo, capital de la novel provincia ecuatoriana que tiene el mismo nombre, creada el año 2007, está ubicada en el centro de Ecuador. Conecta la sierra con la costa y es paso obligado de los camiones que movilizan la mercadería que llega a los puertos marítimos o de los víveres que se cultivan en los páramos de los Andes. Y por esa razón se ha convertido en un polo de crecimiento acelerado. Ahora ya son cerca de 400 000 habitantes. El detalle es que la ciudad creció sin un plan que la convierta en una urbe con todos sus servicios básicos satisfechos.
Las calles de Santo Domingo fueron el escenario de una inusual manifestación el 26 de septiembre pasado. Decenas de miembros de la comunidad de los Tsáchilas, cada vez menos visibles en la ciudad, protestaron con carteles y gritando reclamos. Una vez más, el tema era la contaminación. Los ríos y arroyos que atraviesan sus comunidades están muertos, decían, y con un río muerto de vecino, la comunidad sufre el riesgo de correr la misma suerte. Ese día, decidieron poner una denuncia en la Fiscalía del cantón por el delito de contaminación ambiental, tipo penal castigado por el Código Orgánico de la materia en Ecuador.
Al frente de la protesta estaba el gobernador de la nacionalidad, Javier Aguavil, quien reemplazó a Gumersindo, el hombre que pudo contar directamente el drama que sufren a Rafael Correa tres años atrás. La decisión radical de acudir a la Corte se dio, cuenta Javier Aguavil, porque en ese largo tiempo el problema no solo no se solucionó, sino que se agravó. En agosto y septiembre de 2016 fue motivo de reportajes en noticieros de televisión el que cientos de peces amanecieran muertos en los ríos que bañan las comunas Tsáchilas.
“Es curioso. El tema causa preocupación solo cuando aparecen peces muertos en los ríos. Y no toman en cuenta que nosotros dependemos de esos ríos donde mueren los peces”, dice Javier Aguavil, un joven gobernador de la comunidad que ahora tiene puestas sus esperanzas en él para que por fin se frene la contaminación.
La orden de Correa, cuenta Javier Aguavil, tuvo un efecto de impacto inmediato, pero no de una solución efectiva. Se movieron funcionarios, se elaboró un informe, se asignaron recursos económicos, pero todo sigue igual. Por eso decidieron acudir a la Fiscalía para que sea el Ministerio Público el que determine a los responsables.
Este no es un problema que se remonta al momento que dio la orden de intervención el presidente, en el cada vez más lejano 2013. Por lo menos lleva 20 años. Y no afecta únicamente a las comunidades de los Tsáchilas –siete en total– que han sido los primeros en movilizarse. Durante años, el desfogue de los desechos que genera una ciudad en constante crecimiento, iba a parar a los ríos. Era la solución más práctica a una necesidad que debió resolverse de otra manera.
¿Quiénes son los responsables?
Este es un problema de responsabilidades compartidas. De hecho, en Santo Domingo hay varias oficinas del Estado que dicen tener algo que ver con el control del ambiente. El municipio de la ciudad, por ejemplo, tiene su departamento de control ambiental. En el edificio del cabildo, ubicado en pleno centro de la ciudad, se puede ver en algunas paredes que se exhibe con orgullo la certificación ISO de calidad otorgado por una auditora de renombre internacional, por los buenos servicios que otorga a la ciudadanía este municipio. Cabe destacar que un servicio básico, como es el alcantarillado y procesamiento de desechos, no tiene calidad alguna. Casi no existe.
También la prefectura de la provincia tiene un departamento de control ambiental, al que la ley otorga toda la competencia para realizar el control de la contaminación en ríos. Cuando Mongabay Latam visitó Santo Domingo, esta oficina estaba cerrada porque sus empleados habían salido a una tarea externa, una inspección ocular en algún lugar lejano. Era viernes por la tarde. A los ciudadanos que acudieron no les quedó otra opción que volver otro día.
La prefectura realizó algunas acciones el pasado mes de septiembre, comenzando por un plan de mitigación en el río El Poste. Se tomaron muestras del agua, cuyos resultados definitivos no se han informado, y se ofreció reforzar los controles para evitar las descargas. Los datos preliminares, dados a conocer por el Departamento Ambiental, arrojaron que los desechos de hidrocarburos fueron la principal causa de contaminación y muerte de los peces en este río.
También existe la dirección provincial del Ministerio de Ambiente (MAE), una delegación en la que no sale ninguna información si no es autorizada desde el Ministerio central, en Quito. Es una dirección con bastante variación en su jefatura, pues han pasado cinco directores en los últimos años. Una tarea compleja, si se considera que una de las directoras, Belén Vivanco, fue declarada persona no grata por toda la comunidad de los Tsáchilas, quienes se reunieron en pleno para acordar tan negativa designación. Todo porque la funcionaria habría dicho que fueron los mismos indígenas quienes contaminaron los ríos por usar las sustancias ancestrales, según relató el gobernador de la comunidad Tsáchila. Cuando Mongabay Latam estuvo en la oficina del MAE en Santo Domingo, se indicó que cualquier declaración de la funcionaria debía ser solicitada por escrito, y se la daría una vez concedida la autorización desde Quito.
La gobernación, la oficina del gobierno en la provincia, también entra en el juego del control. Y hasta una Secretaría del Agua, responsable de garantizar la calidad para consumo humano del agua de los ríos.
En septiembre de 2016, el tema de la contaminación de los ríos y arroyos se reactivó por la aparición de peces muertos en las corrientes. También hubo una fuerte descarga en el río Salgana, proveniente del botadero de basura municipal. La directora del MAE puso una denuncia en la Fiscalía para que se determinen responsables.
Indios colorados en peligro
A los Tsáchilas, hasta no hace mucho tiempo, se les conocía en Ecuador como los indios colorados. La ciudad se llamaba, antes de ser declarada provincia, Santo Domingo de los Colorados, en honor a esta nacionalidad. Y se les denominaba así por utilizar el achiote para pintarse el cabello, una tradición que hasta hoy se conserva e identifica a los miembros exclusivos de esta comunidad, que hoy visten de la forma occidental o moderna, pero siempre llevando en su cabeza su marca de identidad.
En Chiguilpe, una de las comunidades afectadas por la contaminación de su río, del mismo nombre, los Tsáchilas luchan por mantener los vestigios de su cultura y tradiciones ancestrales, que siguen llamando la atención. Para eso se ha instalado un museo etnográfico, en el que Mateo Calazacón era su solitario guía el día que Mongabay Latam estuvo en el sitio, llamado a ser turístico. La realidad es que ya poca gente entra a estos caminos secundarios en busca de vivir los rituales que se promocionaban como sanadores de muchos males. Ha pasado, entre otros infortunios, que los baños en el río eran parte de la terapia sanadora. Y ahora, nadie se mete al río. Todos por aquí están conscientes de que hacerlo significaría terminar con hongos en su cuerpo, en el mejor de los casos. Eso han manifestado Magdalena Calazacón, de la comuna Tsáchila Peripa, y Rocío Gende, de la comuna San Miguel, que agrega que “si uno se baña en el río termina con ronchitas”. El médico Julio Correa, quien llegó a Santo Domingo hace 27 años, recuerda que los ríos eran limpios en esa época. Eran un atractivo turístico que ya no lo son más.
Mateo Calazacón enfrenta esa realidad y lo hace vestido como un tsáchila auténtico. Se pasa recorriendo el museo con los pocos turistas que van en busca de alguna aventura y terminan descorazonados por lo poco que queda de ancestral. Él recuerda que hace 20 años esto no era así y la diferencia que marca es el río: “Había río entonces”, dice como si la corriente de agua que se escucha en Chigüilpe fuera otra cosa.
El informe del Ministerio del Ambiente
Dada la orden del presidente Rafael Correa, las oficinas del gobierno se pusieron a trabajar. Resultado de eso es el informe técnico de inspección del Ministerio del Ambiente, que se terminó de elaborar el 12 de marzo de 2014, en base a inspecciones in situ hechas a 30 ríos, del 25 de octubre de 2013 al 14 de febrero de 2014.
Los resultados tienen un punto en común: los ríos están contaminados.
También aparecen responsables. Por ejemplo, el municipio de la ciudad que ubicó el botadero de basura cerca del río Blanco, por lo que Ambiente considera que la contaminación se da por los lixiviados de dicho botadero. Ese río contiene aceites y grasas, cianuro total, coliformes fecales, fenoles, tensoactivos y zinc. En el mismo río Blanco, aguas arriba, encontraron que dos plantas de faenamiento de pollos y cerdos, Aveproca y Frimaca, pertenecientes a la empresa más grande de criaderos de estos animales en Ecuador, Pronaca, tenían una piscina de tratamiento que desembocaba en el mismo río. El resultado es aceites y grasas, coliformes fecales, sulfuros, tensoactivos, oxígeno disuelto.
Mongabay Latam envió preguntas puntuales a la empresa Pronaca que tiene plantas de reproducción masiva de cerdos y pollos en la zona, para que exponga su versión sobre el resultado de este informe. La respuesta enviada por un representante de la empresa no se refirió al informe emitido por el ministerio, pero expuso que Pronaca “dispone de licencias ambientales de las plantas de faenamiento Aveproca y Frimaca, así como de los centros en los cuáles operamos, de igual forma cumplimos con la realización de auditorías ambientales y con los planes de manejo ambiental correspondientes”.
Sin hacer mención a la situación actual de los ríos, Pronaca destaca que cuentan con una estructura interna “de casi 100 colaboradores dedicados a tratar y velar por el cumplimiento de todos los aspectos ambientales” y la autoridad ambiental realiza visitas de inspección permanente, constatando el cumplimiento de los requerimientos de ley.
De las quejas de la comunidad indígena tsáchila y otros moradores de Valle Hermoso, no hacen ningún comentario. Resaltan que el Ministerio de Ambiente les ha otorgado 20 certificaciones ambientales Punto Verde por iniciativas de eficiencias de recursos, buenas prácticas ambientales y producción más limpia. “Hemos realizado a nivel nacional una inversión en gestión ambiental de USD 38 millones entre el período 2007 al 2016”.
El río Blanco es uno de los más grandes, pero existen otros afluentes que también tienen niveles de contaminación.
El Pove sirve para recolectar las descargas de aguas servidas de gran parte de los habitantes de Santo Domingo. Y luego este mismo río es usado por los Tsáchilas para el riego, dice el informe.
El Verde recibe las descargas de aguas servidas de ciertos barrios de la ciudad. El río Cecilia capta los lixiviados del botadero de basura municipal y después desemboca en el río Toachi.
El Chila Chico tiene en sus aguas coliformes fecales, hierro, fenoles, mercurio, tensoactivos y aluminio. Y sirve, dice Ambiente, “al igual que otros ríos de la ciudad para que los barrios, cooperativas y público en general descarguen sus aguas servidas, tiene olor nauseabundo y color verde oscuro”.
El caso del río Lelia es más preocupante, ya que de este se capta el agua para luego ser tratada en la empresa municipal y hacerla apta para consumo humano. A las orillas de este río se descubrió que dueños de fincas han instalado sus establos. Por consiguiente, los desechos de los animales van a parar al río mencionado.
Resultados parecidos hay respecto de los ríos Jíbaro, Code, Cheché, Soberano, Chinope, Peripa, Chila Grande, Chinope, Chigüilpe. Por el río Pupusa encontraron una faenadora de pollos que sin ningún tratamiento descarga los desechos de 3000 pollos diarios hacia una quebrada contigua.
El pasado mes de diciembre Mongabay Latam envió un correo electrónico a la sede del Ministerio de Ambiente, en Quito, pidiendo información sobre el seguimiento que hizo a su auditoría ambiental y las sanciones impuestas, pedidas por el presidente Correa en octubre de 2013, “en caso de ser necesarias”, pero no se obtuvo respuesta.
Valle Hermoso
Saliendo de Santo Domingo y tomando la carretera que conduce a Quito está el sector Valle Hermoso, un sitio de montaña verde y clima acogedor. Bañado por un río, por supuesto. Hace 20 años, la visión empresarial de algunos emprendedores los motivó a instalar en este lugar hosterías turísticas. La contaminación paulatina en el transcurso del tiempo hizo fracasar las iniciativas.
Uno de los frustrados fue el italiano Ilario Signori, que vio bajar el ritmo de su negocio a un paso acelerado: de 120 huéspedes que dice recibía, bajó a 70, 60, 50, 40… todo por la pésima fama que fue adquiriendo Valle Hermoso a partir de que en sus alrededores se instalaron fábricas de crías masivas de cerdos y pollos. En Santo Domingo hay más de treinta de estas fábricas y las quejas también vienen de ganaderos y dueños de otros negocios que intentaron ser turísticos.
El informe que no sirvió de mucho
La entrega del informe del Ministerio del Ambiente, hace tres años, resultó esperanzador para los Tsáchilas. Pronto se desilusionaron. Se conformó un comité integrado por varias instituciones del Estado para buscar soluciones definitivas a la contaminación de los ríos y la decisión política estaba tomada al más alto nivel.
¿Qué pasó en este tiempo? Se inició la construcción de la fase A del sistema de alcantarillado, por parte del municipio de Santo Domingo, que incluye tratamiento de los desechos. Solo esta primera parte demandará tres años de trabajos, informó un funcionario municipal, quien reveló además que algunas empresas mantienen sumarios en contra por hacer descargas directas, los que podrían culminar en multas y sanciones administrativas como la suspensión de permisos.
La prefectura, informó que el plan de mitigación del río El Poste, uno de los más afectados, no representa un plan de remediación definitiva, pues esta involucra acciones más complejas de largo alcance y plazo.
Todas las instancias
El tema de la contaminación de los ríos de Santo Domingo ya originó, en 2007, un juicio político en el parlamento ecuatoriano contra la ministra de Ambiente de entonces, Ana Albán. Lo impulsó la legisladora Dolores Padilla. Albán fue censurada, pero la censura no implicó su destitución y continuó en el cargo hasta que el presidente Correa así lo quiso. Padilla dijo a Mongabay Latam que los intereses económicos que predominan en Santo Domingo son “muy fuertes” y que su lucha política la llevó en forma solitaria. Cree que las cosas en esa ciudad están peor que antes.
Xavier León, integrante de la organización Acción Ecológica, ha seguido este tema desde el año 2000 y afirma que los ríos Blanco y Toachi son de los más contaminados, especialmente por las actividades agroindustriales. Todo este tiempo, dijo, los afectados han presentado denuncias en todas las instancias, sin resultados favorables. “De continuar esta situación, los ríos van camino a convertirse en vertedero de desechos. Aquí han prevalecido los intereses económicos a los intereses ambientales. En cuanto a los responsables, hay que diferenciarlos. Unas actividades contaminan más, otras menos. De eso debe encargarse la autoridad ambiental y establecer sanciones. Pero no lo ha hecho”.
Javier Aguavil puso la denuncia en la fiscalía el 26 de septiembre de 2016 y ahora espera la acción del Ministerio Público, que no demuestra ningún apuro. Recién se ha llamado a declarar a los denunciantes y todavía no se realiza ningún peritaje. “Llegamos a pensar que como hay autoridades involucradas en la falta de control, desde arriba están retrasando”, opinó. Por eso decidió acudir nuevamente donde el presidente Rafael Correa y le envió al Palacio de Gobierno gruesas carpetas llenas de documentos del caso para refrescarle la memoria y captar su atención.
Si lo consigue, será un mérito, considerando que a Rafael Correa le quedan cuatro meses de mandato.
