- En 2009, durante unas protestas por terrenos en disputa, un reconocido opositor a las minas y líder de la comunidad Maya Q’eqchi’, llamado Adolfo Ich, fue asesinado; otro Maya Q’eqchi’, Germán Chub, recibió un disparo y quedó paralizado de la cintura para abajo; y varios residentes de la comunidad resultaron heridos.
- El Ministerio Público de Guatemala acusó a Mynor Padilla —el gerente de seguridad de la mina Fénix en la época de las protestas— de homicidio y lesiones. Padilla sostuvo su inocencia durante todo el juicio.
- El jueves 6 de abril, una jueza en Puerto Barrios absolvió a Padilla y ordenó su liberación inmediata. Además, instruyó al Ministerio Público para que levantara cargos penales contra quienes habían acusado a Padilla.
Los residentes de una comunidad indígena, que buscaban justicia por un ataque en Guatemala, sufrieron un revés importante el pasado 6 de abril: una jueza en la ciudad costera caribeña de Puerto Barrios absolvió al antiguo gerente de seguridad de un proyecto minero de los cargos de homicidio y lesiones.
El 27 de septiembre de 2009, hubo una protesta en las cercanías del proyecto de minería de níquel Fénix, ubicado en las afueras de la ciudad El Estor, sobre la costa norte del lago de Izabal. Las manifestaciones se desencadenaron por temor a desalojos en Las Nubes y en otras comunidades Maya Q’eqchi’ circundantes, involucradas en una disputa de tierras con la empresa minera.
En medio de las protestas, un reconocido docente y líder comunitario Maya Q’eqchi’ —llamado Adolfo Ich—, que se oponía a la mina, fue golpeado y atacado con un machete, recibió un disparo y resultó muerto. Otro Maya Q’eqchi’, Germán Chub, recibió un disparo y quedó paralizado de la cintura para abajo. Varios residentes de Las Nubes fueron atacados y resultaron heridos a lo largo de la ruta, donde ocurrieron las protestas, según los querellantes.
En ese entonces, Mynor Padilla, un excoronel, era el gerente de seguridad de la mina Fénix. Según testigos oculares y la Fiscalía, Padilla en persona mató a Chub, participó del ataque donde murió Ich, y también fue responsable de las acciones de otros miembros de la seguridad de la empresa. Justo antes de recibir los disparos, Ich estaba en su casa, y Chub estaba jugando al fútbol en el campo cerca de las instalaciones de la empresa, según planteó la Fiscalía.
Un juez libró una orden de arresto contra Padilla después de los ataques de 2009, pero recién fue detenido en 2012. Quedó detenido sin fianza por homicidio en el caso de Ich, por lesiones gravísimas en el caso de Chub, y por lesiones graves en los casos de los heridos en Las Nubes. El juicio comenzó recién en 2015.
Padilla sostuvo su inocencia durante todo el juicio. Su defensa siguió la postura de Hudbay Minerals —una empresa con sede en Toronto— que, por aquel entonces, era la empresa matriz de Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), dueña y operadora de la mina Fénix. Hudbay presenta en su sitio web una versión muy diferente a la de la Fiscalía respecto de los hechos ocurridos.
Según Hudbay, el conflicto se originó como resultado de la presencia de ocupantes ilegales en terrenos de la empresa y del consecuente desalojo por parte del Gobierno. Según el sitio web de Hudbay, en septiembre de 2009, unos manifestantes robaron armas de la Policía, abrieron fuego contra personal de CGN y atacaron propiedad construida por la empresa, inclusive viviendas y un hospital. También agrega que cinco miembros del personal de seguridad de CGN fueron heridos. La versión de Hudbay de los hechos no confirma ni niega que Padilla u otro miembro del personal de seguridad o de la empresa hayan disparado a alguien, pero sostiene que “tanto el personal de seguridad de CGN como otro personal de seguridad mostraron un extraordinario control y actuaron en defensa propia”.
Padilla rechazó amablemente una entrevista con Mongabay después de la absolución, pero se detuvo para posar para una fotografía junto a su familia a la salida del tribunal. La CGN no respondió a un pedido de comentarios.
Hudbay Minerals no respondió a reiterados correos y llamados en busca de comentarios sobre la absolución de Padilla o sobre si la empresa pagó los honorarios de sus abogados defensores guatemaltecos. El abogado canadiense John Terry testificó en favor de Padilla en 2015 y declaró que Hudbay lo había contratado y había pagado sus honorarios.
“No diremos nada que pueda ser distorsionado en Internet o utilizado para interferir con la presunción de inocencia del señor Padilla ni con su derecho a un juicio justo”, comentó el director de comunicaciones corporativas, Scott Brubacher, a The Toronto Star el año pasado, cuando se le consultó si la empresa había pagado los honorarios de los abogados guatemaltecos de Padilla.
Independientemente de quién haya pagado los gastos, el equipo defensor preeminente de Padilla ha tenido un historial escabroso: uno de los abogados de Padilla, Francisco Palomo, había participado del equipo defensor de Efraín Ríos Montt, un exgeneral condenado por genocidio por las masacres durante un conflicto armado entre 1960 y 1996. En junio de 2015, Palomo fue asesinado de un disparo en la ciudad de Guatemala, supuestamente en relación con el crimen organizado. En febrero de 2016, otro de los abogados de Padilla, Frank Manuel Trujillo, fue acusado de soborno, tráfico de influencias, y otros cargos en conexión con un golpe importante a la corrupción que, en 2015, había culminado con la renuncia y el arresto del presidente guatemalteco Otto Pérez Molina y de otros funcionarios de alto rango.
Reacción frente a la sentencia
Después de dos años de audiencias judiciales en su caso contra Padilla, Chub conocía bien la ruta. El día 6 de abril por la mañana, luego de haber elegido las mejores calles por donde circular en la silla de ruedas, cruzó las pocas cuadras hasta los tribunales de Puerto Barrios después de haber desayunado con un grupo de personas de comunidades Maya Q’eqchi’ y de la capital. Dos jóvenes lo subieron por las escaleras de los tribunales hasta el segundo piso para aguardar la sentencia.
“Estoy bien por fuera, pero por dentro, no sé —comentó Chub a Mongabay dentro de la sala mientras aguardaba que comenzara la audiencia. Esperaba una condena, pero no estaba seguro—. De adentro me va a destrozar (sic)”, señaló respecto de la posibilidad de absolución que finalmente se hizo realidad dos horas más tarde.
En cuanto llegó la jueza, todos lo que no formaban parte del caso salieron en fila por la puerta. En febrero de 2016, la jueza implementó una medida inusual: ordenó que el resto del juicio se celebrara a puertas cerradas, aduciendo que ella y los querellantes habían recibido amenazas. Los querellantes y testigos Q’eqchi’ habían denunciado amenazas e intimidaciones, pero no solicitaron la medida ni estuvieron de acuerdo con esta, ya que impedía la presencia de los medios y hasta de los veedores gubernamentales de derechos humanos mientras la corte estaba en sesión.
Angélica Choc, viuda de Ich y una de las seguidoras más fervientes de Chub, es querellante adhesiva, pero no pudo concurrir a los tribunales el 6 de abril por razones de salud. Choc, una mujer sin pelos en la lengua a la hora de pedir justicia en el caso del homicidio de su marido, abandonó su casa y la comunidad por su propia seguridad, después de un ataque en septiembre de 2016, en el que dos tiradores no identificados dispararon contra la casa donde ella y dos niños pequeños estaban durmiendo.
Patricia Quinto, de Puerto Barrios, participó junto con los fiscales en su calidad de abogada de Choc. En una entrevista con Mongabay en tribunales, después de la absolución de Padilla, expresó su consternación por el resultado y sus consecuencias.
“Desde mi punto de vista, [la jueza] tuvo en cuenta los argumentos presentados por la Defensa. En ningún momento tuvo en cuenta los argumentos que presentamos como querellantes”, sostuvo Quinto.
“La sentencia estará firme en diez días. La jueza le dio libertad inmediata a él. No esperó que estuviera firme la sentencia”, indicó, y agregó que los jueces suelen esperar hasta después del periodo breve de apelación de la sentencia antes de ordenar la liberación de los acusados detenidos.
Lo que más le molesta a Quinto es que su clienta Angélica Choc y otros testigos clave (incluidos los hijos de Choc) pasarán de ser víctimas a ser acusados. Como parte de la sentencia, la jueza Ana Leticia Peña ordenó levantar cargos penales contra ellos por obstrucción de la justicia y perjurio. Una vez que la sentencia quede firme, el Ministerio Público —el mismo que inició la causa contra Padilla— recibirá instrucciones para abrir causas contra Choc y contra los otros, según informó Quinto.
“La credibilidad en el sistema de justicia es, podría decirse, casi nula por parte de los indígenas. Y con esto, como que se confirma la falta de credibilidad. Continúa, y quizás esa brecha se va a hacer más grande y los indígenas no van a creer en el sistema de justicia porque, después de haber sido víctima, ahora Angélica Choc será procesada”, afirmó Quinto.
Las demandas continúan en Canadá
El fallo de hace unos días pudo haber sido un golpe para los querellantes Maya Q’eqchi’ y el resto de la comunidad, pero no son los únicos que buscan justicia en Guatemala. Tres demandas relacionadas contra Hudbay Minerals continúan en Canadá. Choc y Chub presentaron cada uno una demanda relacionada con los ataques del 27 de septiembre de 2009, y 11 mujeres Q’eqchi’ también presentaron una demanda por la que reclaman que fueron víctimas de una violación en grupo por parte de las fuerzas de seguridad de la mina Fénix y del Gobierno durante un desalojo en 2007 de terrenos disputados entre las comunidades y la empresa minera.
Un estudio jurídico con sede en Toronto —Klippensteins, Barristers & Solicitors— representa a los demandantes Q’eqchi’ ante el Tribunal Superior de Ontario en los tres casos. Los intentos anteriores de víctimas de otros países de buscar justicia en Canadá por violaciones a los derechos humanos supuestamente cometidas por empresas mineras canadienses en el exterior han sido fallidos en su gran mayoría. Los tres casos guatemaltecos establecieron un precedente importante en 2013, cuando la jueza Carole Brown, del Tribunal Superior de Ontario, determinó que los casos podían pasar a juicio en Canadá.
A los abogados canadienses no les perturba la absolución de Padilla en Puerto Barrios. “Lamentablemente, esta absolución en Guatemala es lo que siempre esperamos y predijimos —afirmó Murray Klippenstein, uno de los abogados que lleva los casos canadienses, el 6 de abril en una declaración”.
“El sistema jurídico guatemalteco es corrupto y obtener justicia allí es, desafortunadamente, imposible, en especial contra grandes intereses corporativos internacionales como Hudbay —señaló Klippenstein—. Por eso es que la mejor oportunidad de Angélica y de Germán de obtener justicia contra Hudbay siempre ha sido en los tribunales canadienses”.
Rosa Elbira Coc también espera una victoria en los tribunales canadienses. Coc es una de las 11 mujeres Q’eqchi’ que son demandantes en la tercera causa canadiense por violación en grupo, supuestamente cometida por la Policía y por los miembros de seguridad de la empresa minera. El 6 de abril fue a los tribunales para apoyar a Choc, a Chub y a los demás, y le disgustó que Padilla pudiera salir por la puerta principal.
“Siento una tristeza porque él salió libre y nosotros los indígenas nos quedamos así. No debe ser así”, comentó Coc a Mongabay el 6 de abril, durante una entrevista afuera del estudio jurídico de Quinto, después de la sentencia.
“Nosotros tenemos que seguir adelante. No vamos a dejar callados (sic) —declaró en un español vacilante, un idioma que comenzó a aprender hace poco—. Nosotros estamos siguiendo con esa justicia. Tenemos que seguir adelante. Aunque hay lucha y hay pruebas, pero tenemos que salir en adelantes (sic)”.
