- El gobierno de Brasil anunció un importante giro en su política de construcción de megarrepresas en la Amazonía Brasileña, en respuesta a la intensa resistencia de los ambientalistas y grupos indígenas. Los expertos ven otras causas.
- El declive de la influencia política de las grandes empresas de construcción de Brasil causado por la investigación de corrupción del caso Lava Jato podría ser la principal causa del cambio en la política. También influye el estado deprimido de la economía de Brasil, que hace poco probable que el gran banco de desarrollo de Brasil (BNDES) invierta en esos proyectos multimillonarios.
En una jugada sorpresiva, el gobierno brasileño ha anunciado que la era de construcción de megarrepresas en el Amazonas, muy criticada por ambientalistas y grupos indígenas, está llegando a su fin. “No tenemos prejuicios contra los grandes proyectos [hidroeléctricos], pero tenemos que respetar las opiniones de la sociedad, que los ve con restricciones”, dijo Paulo Pedrosa newspaper secretario ejecutivo del Ministerio de Minas y Energía al diario O Globo.
Según Pedrosa, Brasil tiene potencial para generar 50 gigavatios más de energía para 2050 con la construcción de nuevas presas pero, de este total, solo el 23 por ciento estaría libre de afectar de alguna forma tierras indígenas, quilombos (comunidades establecidas por esclavos fugitivos) y áreas protegidas de forma federal. El gobierno, dice, no tiene valor para librar esas batallas.
Pedrosa añadió: “Tampoco estamos dispuestos a emprender acciones que enmascaren los costes y riesgos [de los proyectos hidroeléctricos]”. Esta afirmación parece referirse a las acciones de gobiernos anteriores, sobre todo el de la presidenta Dilma Rousseff y el Partido de los Trabajadores (PT), que hizo difícil evaluar los gastos reales e impactos ambientales de las grandes presas, como Belo Monte en el río Xingú. Solo después de la construcción de esa presa en particular se reveló el enorme coste real que conllevaba —económico, social y ambiental.
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Esa es solo una de las razones por las que estos megaproyectos se encontraron con una tormenta de protestas cada vez más intensa. Por ejemplo, en 2016, después de muchas manifestaciones por parte de grupos indígenas, IBAMA, la agencia ambiental, suspendió la construcción de una gran presa en el río Tapajós —São Luiz do Tapajós— que habría inundado parte del territorio indígena mundurukú de Sawre-Muybu. Sin embargo, como el gobierno nunca canceló la presa de forma oficial, los indígenas y los ambientalistas llevan tiempo temiendo que el proyecto se reactive en cualquier momento. No obstante, según O Globo, el Ministerio de Minas y Energía ha anunciado que “no luchará más por el proyecto [São Luiz do Tapajós]”.
“No creo que se construyan más grandes presas hidroeléctricas”, dijo Mauro Maura Severino, profesor de energía eléctrica en la Universidad de Brasilia. “Brasil debería avanzar hacia la energía limpia, como la solar y la eólica”.
João Carlos Mello, de Thymos Energia, una empresa de consultoría, está de acuerdo: “El futuro está en la energía renovable, como el viento y presas mucho más pequeñas. La tendencia irá hacia la generación de energía mucho más cerca de donde se consuma”.
No es por el medio ambiente
Aunque la administración de Temer no lo ha dicho, los expertos afirman que no hay duda de que la dura realidad económica ha tenido un papel principal en este giro radical. En el pasado, el gran banco de desarrollo brasileño, BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), subvencionaba megarrepresas con miles de millones de dólares, canalizando el dinero a través de empresas nacionales, que se volvieron poderosas como consecuencia. Por ejemplo, Eletrobras, la compañía de servicios más grande de América Latina, posee el 49,98 por ciento de Belo Monte. Furnas, suministradora de energía regional y filial de Eletrobras, es dueña del 39 por ciento del proyecto hidroeléctrico Santo Antônio y, a través de sus filiales, del 40 por ciento de la presa de Jirau —ambos grandes proyectos polémicos construidos en el río Madeira.
Sin embargo, en agosto del año pasado Temer sorprendió al mercado al anunciar la privatización de Eletrobras. Edvaldo Santana, el antiguo director de ANEEL (la agencia nacional de energía eléctrica), dijo: “La privatización de Eletrobras es un factor relevante [en el cambio de política respectiva a las megarrepresas]. Ni Belo Monte ni Santo Antônio ni Jirau habrían existido —o habrían tardado mucho más en construirse— de no ser por Eletrobras” y la infusión de dinero del BNDES.
El clima político de Brasil también ha cambiado desde el apogeo de la construcción de megapresas con los presidentes Lula y Rousseff. Para 2016, por ejemplo, cuando Mongabay escribió una serie de artículos sobre el BNDES y sus presas del Amazonas, no pudo encontrar a nadie (ni siquiera un ingeniero o un experto en energía) que defendiera la presa Belo Monte. Aunque pocos querían hablar de forma oficial, muchos estuvieron de acuerdo en que la única razón por la que Belo Monte se estaba construyendo era que el gobierno del PT necesitaba un gran proyecto de construcción con el que el partido pudiera pagar a las grandes empresas de construcción, como Odebrecht, por las ingentes cantidades que les habían proporcionado en contribuciones ilegales para la campaña electoral.
Esos acuerdos ya no son posibles gracias al escándalo de corrupción Lava-Jato que ha tenido un gran alcance y ha atrapado a una amplia franja de la élite política y empresarial de Brasil, como altos cargos de importantes empresas de construcción. Las investigaciones aún se están llevando a cabo.
En 2016, Felício Pontes, fiscal del MPF en el estado de Pará, dijo a Mongabay: “El factor que explica la opción irracional de las estaciones hidroeléctricas en el Amazonas es la corrupción. En otras palabras, la planificación energética en Brasil no se trata como un asunto estratégico relacionado con el futuro de la nación sino, al menos desde la época de la dictadura militar, como una fuente de dinero para las empresas de construcción y los políticos. Creo que, hasta que no se expongan y resuelvan estas cuestiones, seguiremos teniendo presas caras e ineficientes que tienen un grave impacto social y ambiental en la Amazonía”.
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Signo de esperanza en medio de amenazas
El cambio en la política de presas hidroeléctricas del gobierno anunciado esta semana seguramente será saludado como un signo de esperanza entre los ambientalistas y grupos indígenas. Sin embargo, los expertos avisan de que hace falta un cambio de políticas estratégicas mucho más grande en cuanto a la planificación de infraestructura y la agroindustria antes de que se pueda considerar que el Amazonas está a salvo de una deforestación significativa..
En los últimos 18 meses, la bancada ruralista, el grupo de presión rural en el Congreso, ha obtenido victoria tras victoria, lo que ha llevado a políticas que benefician a la agroindustria mientras amenazan unidades de conservación y territorios indígenas. Parece que ese impulso se intensificará en lo que queda hasta las elecciones presidenciales de octubre. Por ejemplo, todavía se habla de un proyecto muy perjudicial para el medioambiente que podría convertir la cuenca del río Tapajós en una vía navegable industrial, dragando sus afluentes y eje principal y dinamitando sus rápidos.
Las presas hidroeléctricas han causado grandes daños a las comunidades indígenas y tradicionales y al medioambiente, pero solo son una de las muchas amenazas para el Amazonas: las nuevas carreteras, vías férreas, canales acuáticos, minas y otra infraestructura representan una gran destrucción. Aunque el recién anunciado cambio en la política hidroeléctrica es importante, los expertos están de acuerdo en que se necesitan cambios importantes antes de que se pueda hablar de avance real en la conservación de la Amazonía brasileña.
Imagen principal: Foto cortesía de Amazon Watch
