- La Fiscalía Penal de Ucayali y la Policía Anticorrupción allanaron la Dirección Regional Agraria y detuvieron a su director y otro funcionario por el delito de banda criminal relacionado con entrega ilegal de predios.
- El esquema de tráfico de terrenos en esa región involucra a funcionarios, jueces, empresarios y supuestos agricultores.
- Mongabay Latam sobrevoló la zona de Nueva Requena y Curimaná y constató cómo este mecanismo ilegal que acaba de ser puesto en evidencia por la Fiscalía, ha promovido la destrucción de los bosques.
En la región Ucayali todos hablan del tráfico de tierras. Es un tema presente en las conversaciones, sobre todo cuando se habla del avance a pasos agigantados de la deforestación. Ucayali es considerado una de las zonas con mayor deforestación en la Amazonía peruana, según informes del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). Siempre se ha dicho, además, que en esta apropiación irregular de grandes extensiones de bosque, algunas incluso del Estado, participan empresarios, madereros ilegales y traficantes de terrenos coludidos con funcionarios corruptos. Y ayer se comprobó que este mecanismo ilegal sigue más vigente que nunca.
Un operativo realizado en Pucallpa por personal de la Policía Anticorrupción y de la Tercera Fiscalía Penal de Coronel Portillo de Ucayali llegó hasta las instalaciones de la Dirección Regional de Agricultura (DRAU) para allanar esta dependencia del gobierno regional.
El primer detenido fue Isaac Huamán Pérez, la cabeza de esta dirección. Y el siguiente en la lista fue Christopher Hernández Larrañaga, director de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria (Disafilpa), según informó la Fiscalía.
Leer más: Perú: indígenas en contacto inicial sufren por contaminación de mercurio
Con las manos en la masa
De acuerdo con la orden judicial, a la que tuvo acceso Mongabay Latam, ambos funcionarios están denunciados por “titular de manera ilegal predios de dominio de comunidades nativas y del Estado a favor de familiares de trabajadores de la dirección regional de agricultura y de alcaldes del departamento de Ucayali”.
Los delitos por los que han sido acusados son dos: por formar parte de una banda criminal —cuando dos o más personas que se unen para cometer ilícitos de forma concertada— y contra la administración pública en la modalidad de encubrimiento real y personal.
Además de la incursión en las oficinas de la DRAU —donde se incautaron documentos, planos, computadoras y cualquier información que ayude en la investigación—, los fiscales también allanaron las viviendas de los inculpados, pues se sospecha que los funcionarios esconden allí expedientes que sustentaban la entrega de propiedades de manera irregular y que se declaró perdida hace un tiempo en la dirección de agricultura, según habría informado un testigo protegido a la Fiscalía.
En la resolución que sustenta la diligencia fiscal, se detalla la existencia de un mecanismo ilegal del cual forman parte trabajadores de la Disafilpa, ingenieros y técnicos coludidos para falsificar documentos y elaborar expedientes con datos falsos que son remitidos a las dependencias que se encargan de la titulación “con pleno conocimiento del Director Regional de Ucayali y del jefe de la Disafilpa”.
En el documento se explica también que los predios se entregan a personas que nunca estuvieron en la zona y que los terrenos entregados pertenecen a comunidades nativas y bosques de producción permanente (BPP), así como áreas de conservación regional que son vendidas a empresas extranjeras para la siembra de palma y cacao.
Leer más: Oro, madera y religión: amenazas para pueblos indígenas aislados en Colombia
Métodos tramposos para entregar las tierras
Son muchos los casos que evidencian cómo se han estado entregando ilegalmente los terrenos del Estado y los bosques en la región Ucayali. Y todas estas historias tienen un denominador común: la emisión ilegal de constancias de posesión o títulos de propiedad por la Dirección de Agricultura y sus filiales en las provincias.
En setiembre del 2017, Mongabay Latam estuvo en Nueva Requena cuando seis personas fueron asesinadas en un confuso conflicto de tierras dentro de un Bosque de Producción Permanente (BPP) que involucró traficantes, inmigrantes de otras regiones, posesionarios, empresarios, autoridades del gobierno regional y jueces. La noticia de ese momento develó detalles del intrincado mecanismo de usurpación y tráfico de tierras que agobia a esta región con altos índices de deforestación en Perú.
En ese momento, el director de Agricultura se refería a la necesidad de que por lo menos 300 000 hectáreas de BPP dejen de serlo y se declaren aptos para la agricultura, la ganadería o la agroforestería.
Ahora, un año después de la investigación de Mongabay Latam, regresamos a Ucayali y encontramos que las formas de subastar los terrenos al mejor postor se han multiplicado.
Un nuevo informe de la Contraloría General de la República, basado en revisión de datos históricos y catastrales de los terrenos ubicados en el Centro Poblado Menor Esperanza, ubicado en el distrito de Nueva Requena, grafica cómo se han titulado predios con información falsa.
El gerente Regional de Control Ucayali, Gerald Luis Flores Morán, explicó a Mongabay Latam el mecanismo que se utilizó en este caso para inscribir de manera irregular en registros públicos más de 6000 hectáreas de terrenos del Estado. “En Esperanza se han otorgado títulos cuyos linderos habían sido declarados falsos con anterioridad”.
Una inspección de 203 predios realizada en la zona en 2016 ya daba cuenta de que por lo menos 128 terrenos, con una extensión total de un poco más de 4000 hectáreas, habían sido adjudicados ilegalmente basados en información falsa. “En esa zona no existían carreteras de penetración y muchos de los predios estaban sobre cuerpos de agua”, explica Flores, quien alude a los terrenos que se superponían con la laguna llamada Cochanía, y situados en lugares inaccesibles.
La partida de estos 128 títulos quedó anulada y todo el procedimiento fue observado. Sin embargo, tiempo después, estos mismos predios formaron parte de un nuevo informe de la Dirección de Agricultura para solicitar su inscripción en Sunarp a nombre de la DRAU, para luego ser entregados a agricultores.
Sobre este segundo intento de legalizar lo ilegal actuó la contraloría. En el informe se señala que 75 predios —sobre alrededor de 2000 hectáreas— de los 203 han sido inscritos en registros públicos. El problema es que los límites de estos son falsos, pues colindan con aquellos que han sido anulados que tienen el mismo problema de información. El procedimiento ha sido observado. Los documentos perdidos a los que se refiere la Fiscalía en su resolución pertenecen justamente a este caso y son parte central de su la investigación.
Otra irregularidad que ha encontrado la Contraloría en esta titulación se refiere a quienes se han beneficiado con la misma. Según el informe, “el diagnóstico catastral —base para la titulación— contiene información de posesionarios que no acreditarían el cumplimiento de los requisitos señalados en la normativa”. Es decir, los dueños de estos predios no han demostrado vivir en el lugar por un plazo mínimo de un año como solicita la ley. Varios de ellos quizá sean trabajadores o familiares de autoridades regionales y municipales, como indica la denuncia que ha llevado a prisión al director de Agricultura.
Hace unos días, el gerente Regional de Control Ucayali explicó, además, que el informe de la Contraloría era una advertencia a las autoridades regionales para que subsanen el problema, pero que, de no haber solución, en el 2019 se realizaría una auditoría. Sin embargo, el allanamiento de ayer en las oficinas regionales cambia totalmente la situación.
Leer más: Indígenas en aislamiento en Venezuela: bajo el asedio de mineros, enfermedades y guerrilla
Volando sobre la deforestación
Mientras tanto, desde el aire, es posible ver el paisaje desolador de la devastación en Ucayali. Mongabay Latam pudo participar en un sobrevuelo organizado por la Fuerza Aérea del Perú (FAP), hace una semana, y observar cómo la pérdida de bosques solo confirma el impacto de un mecanismo ilegal que operaba impunemente.
Un bosque herido, con grandes espacios deforestados, con cultivos de palma y arroz que se van expandiendo sobre esos territorios de la Amazonía peruana que alguna vez albergaron miles de árboles y que ahora están desapareciendo.
El sobrevuelo, como parte de la Operación Harpía 4 ejecutada por personal del Centro de Vigilancia Nacional y Amazónico (Cevan) de la FAP, se realizó en dos sectores; Nueva Requena, en la provincia de Coronel Portillo; y en Curimaná, en Padre Abad. Corresponde a los denominados bosques de producción permanente (BPP).
Precisamente en Nueva Requena, el mismo lugar en el que asesinaron en el 2017 a seis personas por un conflicto de tierras, la deforestación no se ha detenido y se evidencia en los parches de terreno despejado que se ven con claridad desde lo alto.
El caso más emblemático ha sido el de Plantaciones Ucayali y Plantaciones Pucallpa —ahora Ochosur U y Ochosur P— que arrasaron con casi 13 000 hectáreas de bosque primario. Esos terrenos deforestados fueron incluidos en el sobrevuelo de la FAP, grandes extensiones devastadas que fueron manejadas por una empresa de propiedad del estadounidense Dennis Melka, quien justamente adquirió uno de los terrenos del Estado a través de la Dirección Regional Agraria.
El gerente de la Contraloría de Ucayali señala que se está evaluando hacer una nueva revisión de todas las constancias de posesión y los títulos que se comercializaron en aquella oportunidad. “Queremos saber qué pasó y cómo llegaron estas constancias a manos de la empresa”.
Durante el vuelo, las imágenes de la deforestación y las plantaciones de palma y arroz se repetían en todo el bosque. Inmensas cuadrículas de hectáreas inundadas con sembríos de arroz y filas con plantas de palma aceitera de distinto tamaño se veían desde la avioneta C26-B en la que viajábamos y que mediante una cámara FLIR ubicada en la parte baja de la nave, graba y fotografía la selva.
Según el portal Geobosques, del Ministerio del Ambiente, la pérdida de superficie boscosa en Ucayali alcanzó la cifra de 29 611 hectáreas en el 2016. Este es el registro más actualizado que figura en la website.
Un reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), publicado hace un mes, indica que la deforestación por cultivos de palma aceitera en las regiones de Ucayali y Loreto alcanzó las 31 500 hectáreas desde el año 2000 hasta la actualidad. La preocupación aumenta porque —según una publicación periodística— la Junta Nacional de Palma Aceitera del Perú (Junpalma) tiene como meta alcanzar las 250 000 hectáreas de sembríos de palma aceitera para el año 2028, “con el fin de cubrir todo el mercado nacional”.
Leer más: La deforestación en Brasil alcanzó su nivel más alto en los últimos diez años
Tierra de nadie
La solicitud para sobrevolar la zona provino de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali y la filial de Ucayali de la Contraloría de la República.
Según el fiscal José Guzmán Ferro, de la Primera Fiscalía Especializada del Medio Ambiente de Pucallpa, “en esa zona han conjugado todas las ilegalidades”.
Guzmán revela que, actualmente, una modalidad muy usada por los traficantes de tierras en esa región consiste en crear asociaciones agrícolas que agrupan a decenas de socios, quienes en la mayoría de los casos no son agricultores ni viven en la zona. Incluso figuran funcionarios del Estado, como ahora lo ha confirmado la investigación de la fiscalía penal.
Estos socios acceden a terrenos que se reparten en “mesa”, dice Guzmán. Es decir, que la entrega de los predios se definía en la Dirección Regional Agraria, a través de la Disafilpa —oficina encargada del catastro de la región. Luego se procedía al desbosque con lo que quedaba sellado el cambio de uso de suelo, requisito necesario para que se obtenga un certificado de posesión.
En este esquema ilegal entran todos —asegura Guzmán— empresarios poco honestos de palma aceitera y arroz, funcionarios, jueces y personas contratadas para internarse en los bosques como si de campesinos se tratara.
Los arroceros son actores recientes. Sin embargo, existen versiones que aseguran que el arroz es solo una cobertura para quienes están interesados en sembrar palma en los bosques.
Una fuente del gobierno regional, que prefiere mantenerse en el anonimato, le dijo a Mongabay Latam que existe una lucha encarnizada entre grandes capitales por expandir sus dominios en los bosques de Ucayali. La evidencia —comenta— es que los desbosques se hacen con maquinarias que cualquier campesino de bajos recursos no podría costear.
Dennis Verde, ingeniero forestal y consultor de la FEMA y la Contraloría para evaluaciones catastrales, explica que además de la palma, la coca es otro cultivo que se está extendiendo en la región y que en toda esa maraña de disputa por los bosques se esconden también los intereses del narcotráfico. “Sabemos que existen cultivos de coca en Nueva Requena y en Curimaná. Creo que con los sobrevuelos de la FAP podremos identificar mejor que sucede en los bosques”.
El General FAP José Miguel Davis Molina, jefe del Comando de Control Aeroespacial (Comca) y responsable de las cuatro operaciones Harpía, sostiene que los esfuerzos del Cevan por visibilizar los problemas de la Amazonía continuarán durante el año 2019. Sin embargo, considera que se requiere un monitoreo permanente de lo que sucede en el país y que ello se puede lograr a través del Sistema de Vigilancia Nacional (Sivan), un mecanismo que permitiría, en tiempo real, observar todo nuestro territorio. “Tenemos que aspirar a más, a concretar este sistema de monitoreo permanente. Para ello se requiere la integración de esfuerzos de todos”.
La lucha de las comunidades nativas
En este esquema, las comunidades nativas se enfrentan también a la pérdida de sus territorios. Santa Clara de Uchunya es, quizá, el emblema de la pelea para no quedarse sin tierras.
Desde hace varios años mantiene un conflicto con Ochosur P (ex Plantaciones Pucallpa) porque acusan a la empresa de haberse instalado en la zona de ampliación de su territorio. Por ese motivo, la cantidad de tierras solicitadas para sumarlas a la comunidad se ha visto reducida.
Un informe de la Contraloría explica que sobre el territorio que ya había sido aprobado para la ampliación de Santa Clara de Uchunya, se entregó una constancia de posesión de manera irregular. Un caso más que demuestra cómo se manejan las tierras en Ucayali.
El 6 de diciembre de este año, el presidente de esta comunidad, Carlos Hoyos, junto con una delegación del pueblo shipibo se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, para denunciar sus problemas territoriales y otras amenazas que afectan los miembros de su comunidad.
Mongabay Latam llamó en más de una oportunidad a Ulises Saldaña, representante de ambas empresas Ochosur, para preguntarle sobre el caso de Santa Clara de Uchunya, cuántas personas se han unido a este proyecto y cuántas hectáreas ya han sido sembradas con esta planta. Sin embargo, en todos los casos nos postergó la entrevista en dos oportunidades.
El caso de Santa Clara de Uchunya no es el único en el que existe una comunidad indígena de por medio defendiendo su territorio. Jorge Pérez, tesorero de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau), menciona también que las comunidades Flor de Ucayali, Cashibai y Korin Bari son las tres que tienen mayores problemas con la tala ilegal y el narcotráfico. “Flor de Ucayali es la más amenazada. Su territorio ha sido invadido por narcotraficantes”.
Con el operativo de ayer de la Policía y la Fiscalía se abre un nuevo capítulo en el complejo esquema de tráfico de tierras que impera en Ucayali. Por ahora, los primeros en la lista han sido los funcionarios regionales que abusando de su posición crearon un sistema corrupto para entregar los territorios amazónicos. Falta aún llegar a empresarios, traficantes, jueces y todos los que de una u otra manera ven en los bosques de Ucayali un botín para su propio beneficio.
Foto portada: José León / Diario Ímpetu
