- Más de 230 organizaciones y colectivos convocaron a un paro nacional ambiental el pasado sábado 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.
- El asesinato de líderes ambientales, la no ratificación del Acuerdo de Escazú, el posible retorno de la aspersión con glifosato, la deforestación en la Amazonía y la llegada del fracking a Colombia, son algunas de las razones que llevaron a miles de personas a las calles de más de 15 departamentos del país.
“Agua sí, fracking no”, gritaron al unísono miles de personas este sábado en Puerto Wilches, Santander, el municipio del norte de Colombia en el que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) quiere realizar los primeros dos proyectos piloto de investigación de fracturación hidráulica en el país, una polémica técnica de extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. “Seguimos firmes y no nos van a intimidar, el pueblo se respeta. (…) Quieren venir a jugar con nuestro territorio y no lo vamos a permitir”, vociferó Jorge Cobos, uno de los líderes de ese territorio, en una transmisión en vivo del Movimiento Nacional Ambiental.
Ese tipo de arengas se escucharon en más de 15 departamentos de Colombia y no eran solo sobre el fracking. Eran voces de descontento que se unían para reclamar también por el asesinato de defensores ambientales, la no ratificación del Acuerdo de Escazú, el posible retorno de la aspersión con glifosato, el incremento de la deforestación en la Amazonía, el desconocimiento estatal de las consultas populares y las intenciones de desarrollar megaproyectos mineros en territorios como el Suroeste antioqueño, Cajamarca (Tolima), el Paramo de Santurbán y la Sierra Nevada de Santa Marta.
Esas fueron las razones que llevaron a que más de 230 organizaciones, colectivos y movimientos ambientalistas convocaran a un Paro Nacional Ambiental el pasado 5 de junio, en el marco del Día Mundial de Medio Ambiente y del paro nacional que empezó desde el 28 de abril en Colombia.
“El paro nacional discute ese modelo económico que reproduce una enorme desigualdad, entonces lo que nosotros buscamos es ambientalizar esos pliegos. (…) Las comunidades quieren decidir sobre lo que ocurre en sus territorios. Necesitamos que nos tengan en cuenta y que pensemos más en el futuro que en el presente”, le dice Catalina Caro, antropóloga y coordinadora del área de minería de la organización Censat Agua Viva, a Mongabay Latam. El ambientalismo colombiano quiso silenciar el ruido de los últimos días y recordarle al país que el medio ambiente es transversal a todo y es la casa de la humanidad en la que se reproduce la vida. “Ese es nuestro mensaje —agrega Caro—, debemos discutir un modelo que es depredador de la vida”.
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Lecciones del paro 21N
Los ambientalistas se sienten en una especie de ‘déjà vu’. Hace más de año y medio, el 21 de noviembre (21N) de 2019, también hicieron movilizaciones para exigirle al Gobierno Nacional la defensa del agua, la vida y los territorios; los mismos temas que nuevamente los llevan a las calles del país. En esta ocasión hicieron plantones, siembras de árboles, velatones, marchas carnaval, pintura de murales y ollas comunitarias que tenían como objetivo reivindicar los procesos colectivos.
Las expectativas que tienen no son muchas, pues creen que el Gobierno no tiene intenciones verdaderas de diálogo. “En el 2019, el Gobierno hizo lo que quiso y se inventó la Conversación Nacional para quitarle oxígeno al paro, en ese momento una parte del ambientalismo creyó en la buena voluntad, pero quedó comprobado que no había interés”, explica Carlos Andrés Santiago, integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking, una unión de organizaciones que lideró las movilizaciones de este sábado. Una muestra de la falta de compromiso del presidente Iván Duque, dice Santiago, es que convoca a conversaciones a los jóvenes que no están en las calles ni en las primeras líneas de protesta.
La desconfianza parece tener sus razones. El gran logro del paro de 2019 para el sector ambiental fue el compromiso del presidente Duque de firmar el Acuerdo de Escazú, el tratado ambiental internacional más importante en América Latina y el Caribe que busca proteger a los defensores ambientales y garantizar el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. Hasta el año pasado todo parecía marchar bien. El mandatario firmó el tratado en diciembre de 2019 y luego, en julio de 2020, presentó el proyecto de ley ante el Congreso de la República y destacó la urgencia de ratificarlo. Sin embargo, durante casi un año los debates en el legislativo se han aplazado. “El presidente envió el proyecto para dejarlo morir”, insiste Carlos Andrés Santiago.
El Acuerdo de Escazú entró en vigor en 12 países de la región desde el pasado 22 de abril. Si bien Colombia podría subirse en cualquier momento a ese tren, el abogado Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública (MASP) de la Universidad de los Andes, considera que la no ratificación demuestra actualmente “la incapacidad de acordar mínimos acuerdos sobre democracia y justicia ambiental” en el país.
“Es imposible conservar la naturaleza sin considerar a la gente, ello implica considerar los derechos humanos y, precisamente, eso es lo que hace Escazú. […] Se sigue en el paradigma que considera la protección ambiental como enemiga del crecimiento o desarrollo económico. Un paradigma que contradice toda la evidencia científica y que va en contra de la vida misma. […] Estamos perdiendo la oportunidad de un desarrollo económico justo, equitativo y más respetuoso con la naturaleza”, manifiesta Madrigal.
De acuerdo con el Atlas de Justicia Ambiental, Colombia es el tercer país con más conflictos ambientales de la región (130), después de Brasil (172) y México (162). Y es también la primera nación del mundo donde más se asesinan defensores ambientales —con 64 casos en 2019, según la organización Global Witness— y defensores de derechos humanos —con 177 casos en 2020, según el análisis global de la organización Front Line Defenders—. Ante los evidentes problemas, lo que haría el Acuerdo de Escazú es, en síntesis, ordenar la casa, establecer unas reglas mínimas para fortalecer la justicia ambiental y crear un nuevo pilar de la democracia que busca garantizar la protección de líderes y lideresas, uno de los principales clamores del paro nacional. Este miércoles 9 de junio, en las Comisiones Segunda del Senado y la Cámara de Representantes, habrá una audiencia pública en la que se reabrirá el debate de la ratificación.
Sin embargo, la prevención con el Gobierno no es solo por la no ratificación del tratado internacional. Otros de los compromisos del paro nacional de 2019 fueron declarar la Emergencia Climática a nivel nacional y combatir la deforestación en la Amazonía. La primera no se materializó, confirma el abogado Madrigal; y la segunda ha tenido acciones poco contundentes, según dice Robinson Mejía, ingeniero forestal y presidente del comité ambiental de Cajamarca (Tolima). “Lo único que han hecho es criminalizar a algunos campesinos —añade Mejía—, pero los grandes capitales siguen llegando allá y deforestando de una manera impresionante”.
Solo entre enero y abril del 2020, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) registró 75 031 hectáreas deforestadas en la Amazonía. Es decir, en tres meses se deforestó el equivalente a casi toda el área de Singapur, un país asiático que alcanza los 750 kilómetros cuadrados.
La pérdida de bosque en esos tres meses del año pasado equivale al 76 % de toda la deforestación en la Amazonía durante el 2019, año en el que se perdieron 98 256 hectáreas de bosque, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Aunque ya está terminando el primer semestre del 2021, el Ideam aún no ha dado a conocer la cifra de deforestación en Colombia durante el 2020.
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Consultas populares, fracking y glifosato
En 2013, la población de Piedras, en el departamento del Tolima, dijo “No” a la extracción minera en su municipio. Lo hizo a través de una consulta popular, un mecanismo de participación que convoca al pueblo para pronunciarse sobre temas que afecten a su territorio. Aunque Piedras tomó una decisión, “tanto el Gobierno como las empresas vienen adelantando una serie de acciones para desmontar todo el sustento jurídico que garantiza que la ciudadanía pueda decidir que se haga o no una actividad minera. Hace unos meses, tras una demanda de [la minera] AngloGold Ashanti, un fallo del Tribunal Administrativo del Tolima dijo que el acuerdo que implementaba la consulta de Piedras había perdido su forma ejecutoria”, explica Robinson Mejía, y agrega que actualmente cursan varias demandas del mismo carácter contra el acuerdo de la consulta popular de Cajamarca, también en Tolima. En otras palabras, en 2018 la Corte Constitucional prohibió la consulta popular como mecanismo para oponerse a proyectos extractivos pero, ahora se quiere eliminar el poder vinculante de las consultas realizadas antes de que el alto tribunal tomara esa decisión.
Tanto Robinson Mejía, como Catalina Caro y Carlos Andrés Santiago, consideran que los procesos de licenciamiento ambiental desconocen las dinámicas locales y pasan por encima de las poblaciones. Creen que hay megaproyectos que, de aprobarse, abrirán autopistas gigantes para que empresas extranjeras sigan degradando los territorios.
“Parte de los debates que tenemos en el tema minero es que estos proyectos se están yendo a fronteras ambientales que son muy frágiles e importantes para el equilibrio y los flujos vitales. ¿Cómo es posible que al Gobierno se le ocurra poner una mina en un páramo, que es un ecosistema que resguarda el agua, que es fundamental para la reproducción de la vida?”, cuestiona Catalina Caro. Se refiere, entre otras, al interés de la empresa Minesa por hacer minería en el Páramo de Santurbán, ubicado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander.
Además de las consultas populares y los megaproyectos, hay otros temas en los que el sector ambiental es radical: la prohibición del fracking y el “No” al retorno de la aspersión con glifosato. Sobre el primero, el Consejo de Estado se encuentra definiendo su posición frente al marco normativo que regula la explotación de yacimientos no convencionales en Colombia. Actualmente hay dos proyectos piloto que se realizarán en Puerto Wilches, Santander, y que avanzan en su fase previa: el levantamiento de información.
“El presidente que habla en otros países y se autodenomina líder en la lucha contra el cambio climático, no parece el mismo que está acá. Él no puede hablar de disminuir emisiones [de gases de efecto invernadero] cuando el fracking como técnica, está documentado científicamente, emite altas cantidades de metano, que es un gas más tóxico y más dañino en un horizonte de 20 años que el CO2. Tiene mayor efecto de calentamiento”, argumenta Carlos Andrés Santiago.
De acuerdo con Greenpeace, el fracking, además de requerir más de 3,6 millones de galones de agua para la fracturación de un solo pozo, utiliza químicos altamente tóxicos, que pueden contaminar las fuentes de agua y los campos agrícolas. Mongabay Latam buscó al Ministerio de Ambiente para hablar sobre cada una de las peticiones del Paro Nacional Ambiental, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.
El retorno de la aspersión con glifosato en cultivos de uso ilícito también es un tema inamovible de la agenda. Para los ambientalistas ya están confirmados los graves efectos que el herbicida —considerado como probablemente cancerígeno para la Organización Mundial de la Salud— produce en los seres vivos y en el medio ambiente. Esas consecuencias, creen ellos, no se resolverán con un Plan de Manejo Ambiental en el que insiste el Gobierno.
“Aunque por ahora el regreso de la aspersión aérea se encuentra parada, no quiere decir que no volverá. Así que por eso nos mantenemos firmes”, puntualiza Catalina Caro, destacando que de esa decisión dependerá la forma en que el Gobierno trabajará con las comunidades cocaleras. La idea, dice ella, es que se haga como se pensó en el Acuerdo de Paz: fortaleciendo los puntos de justicia ambiental y social.
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La ciudadanía ya no confía
La ciudadanía que salió a las calles pide coherencia. Los líderes y expertos consultados por Mongabay Latam consideran que las decisiones del Gobierno van en contravía de los compromisos climáticos que Colombia se ha planteado. En diciembre pasado, el país actualizó las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), es decir, esos compromisos voluntarios con los que Colombia aportará para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París de 2015. Algunas metas son disminuir en un 51 % las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir la deforestación a 50 000 hectáreas/año a 2030. Objetivos ambiciosos que, para los entrevistados, serán difíciles de alcanzar con las decisiones que toma actualmente el presidente Duque.
“Estamos comprometiéndonos con muchas cosas en las NCD, pero no se avanza. Al país llega dinero para la conservación de la Amazonía, pero a la vez en estos territorios hay alta exploración y explotación minera. Son discursos esquizofrénicos. (…) Yo no digo que cerremos los pozos mañana, pero sí que tratemos de ir haciendo una transición ecológica que igual tocará hacerla”, argumenta Margarita Flórez, directora de la Asociación Ambiente y Sociedad, a Mongabay Latam.
Lo mismo considera la antropóloga Catalina Caro: “mientras países europeos están en el proceso de desestimulación del uso de carbón, de transición energética, en Colombia se quiere seguir explotando carbón, pero además se están abriendo proyectos de termoeléctricas para quemar carbón. Es absurdo”. Para ambas, el debate no es solo de una transición energética, sino de una transición socioecológica que requiere de transformaciones en las formas de producción, de consumo y de obtención de la energía.
“En Colombia hay un desgaste de las normas, un desgaste de las actuaciones judiciales y administrativas y, por ende, hay una enorme desconfianza de la ciudadanía. Mi invitación —propone Margarita Flórez— es a que miremos desapasionadamente los temas, pongamos indicadores, grupos de veedurías en los departamentos y trabajemos en conjunto. Que la NDC sea un esfuerzo de voluntades del sector público, del privado y de la sociedad civil para hacer compromisos que podamos cumplir”.
Los ambientalistas tienen claro que en el fondo de la protesta social de la última década en Colombia hay una variante ambiental. Así que, en el marco del paro nacional, seguirán con asambleas y movilizaciones de todo tipo. No se han reunido con el Gobierno, pero tampoco tienen muchas expectativas de que eso ocurra. “Es complicado negociar porque este es un Gobierno sordo”, dice Catalina Caro. Las demás organizaciones consultadas opinan lo mismo. Lo cierto es que entre menos atención les preste el presidente Iván Duque, más dispuestos estarán en volver a las calles y dejar los temas sobre la mesa. Ese fue el camino que escogieron el 5 de junio para recordarle al país que la mejor forma de celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente es exigiendo su protección.
*Imagen principal: Murales como este fueron realizado en algunas calles de las principales ciudades de Colombia. Foto: Comité Santurbán.
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