- Un servicio de evaluación de impacto ambiental (SEIA) más técnico y menos politizado, con estudios que garanticen la independencia de la información levantada, son algunos de los principales puntos que se espera obtener de la reforma al SEIA.
- Detener el tráfico de algas, avanzar en restauración de ecosistemas, lograr financiamiento para las áreas marinas protegidas e implementar y llevar a la práctica los acuerdos, leyes y reformas logradas en 2022 están también dentro de los principales retos.
Este 2023, Chile volverá a redactar una nueva constitución. Las reglas sobre cómo se abordará este nuevo proceso se acordaron tras casi 100 días de negociaciones que comenzaron luego del plebiscito de septiembre 2022, en el que se rechazó la primera propuesta. Diversos especialistas confían en que los temas de medio ambiente seguirán estando presentes en la discusión puesto que si algo quedó claro, aseguran, es que son clave en el debate público del país. Sin embargo, advierten que esta vez será necesario abordarlos en forma gradual, para conseguir el apoyo necesario.
Aunque probablemente el nuevo proceso constitucional marque la agenda ambiental de Chile, este año se deberán implementar varias reformas y leyes que se acordaron en 2022, para que no queden solo en el papel, sino que se traduzcan en mejoras efectivas. La Ley Marco de Cambio Climático, el Acuerdo de Escazú, la reforma al código de aguas, son algunas de ellas.
Además, uno de los principales retos de este año será trabajar en una reforma a la ley sobre bases generales del medio ambiente siendo el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental uno de los puntos que más expectativa suscita. También será clave seguir avanzando hacia la descarbonización de la matriz energética y hacer frente a problemas que requieren soluciones urgentes como son la deforestación y la extracción ilegal y tráfico de algas.
Estos son algunos de los desafíos ambientales de Chile para el 2023.
1. Reformar el servicio de evaluación de impacto ambiental
Uno de los principales desafíos para este año será la reforma a la ley sobre bases generales del medio ambiente que tendrá, entre otras cosas, que incorporar aspectos de la Ley Marco de Cambio Climático, que fue promulgada el año pasado, y del Acuerdo Escazú, que también fue ratificado en 2022. Uno de los puntos que más genera expectativas en esta reforma son las modificaciones que se puedan incorporar al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Uno de los puntos clave que plantean organizaciones medioambientales como Terram y FIMA, con las que el Ministerio de Medio Ambiente ya se ha reunido para recoger sus inquietudes, tiene que ver con la legitimidad de los estudios de impacto ambiental que presentan las empresas. La propuesta, explica Ezio Costa, director de FIMA, es que ya no sean las empresas titulares de los proyectos evaluados las que presenten los estudios y declaraciones de impacto ambiental, sino que sean consultoras independientes, pagadas por las empresas, las que lleven a cabo esos estudios.
Para que esa propuesta funcione, precisa Flavia Liberona, directora de Fundación Terram, tendría que haber un registro de consultoras acreditadas a las que se les adjudique al azar la elaboración de un estudio, porque “no puede haber relación directa entre el titular de un proyecto y la consultora y que la empresa pueda decidir a quién contrata”, explica la experta.
Al mismo tiempo, Liberona agrega que “tiene que haber un mecanismo de acompañamiento a las comunidades y a las organizaciones locales, que preste apoyo a quienes quieren hacer observaciones en un proceso de evaluación ambiental”.
En ese sentido, los especialistas también señalan que sería necesario revisar los plazos del sistema, puesto que “los tiempos con los que cuenta la empresa que conoce su proyecto, conoce su estudio, son mucho más favorables que los tiempos que tienen los servicios públicos y las organizaciones para revisar el documento en evaluación y poder hacer comentarios atingentes”, dice la directora de Terram.
Una de las críticas al SEIA es la politización de las decisiones, tanto de las Comisiones de Evaluación que deben calificar los proyectos a nivel regional, como del Comité de Ministros que debe resolver los recursos de reclamación.
Costa sostiene que “hay un acuerdo bastante amplio de que no debiera existir la instancia del Comité de Ministros, sino que una reclamación en contra de una aprobación o rechazo a un proyecto debería dirigirse directamente al Tribunal Ambiental”. Además, se espera que las Comisiones de Evaluación Ambiental sean un organismo más mixto entre autoridades políticas y autoridades técnicas.
Para Liberona también es clave que la reforma resuelva el hecho de que actualmente existen proyectos que, por ser anteriores al primer reglamento del SEIA, nunca fueron evaluados ambientalmente. “Eso debe ser subsanado, porque hoy día muchos focos de contaminación o deterioro ambiental tienen que ver con proyectos cuyas operaciones principales nunca han sido evaluadas ambientalmente”, dice.
Un ejemplo de esa situación es lo que ocurre en las comunas de Puchuncaví y Quintero, en donde 115 personas fueron intoxicadas en 2022 por un nuevo episodio de contaminación por emisiones provenientes del parque industrial instalado en la zona.
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2. Implementar leyes y acuerdos del 2022
Además de la reforma al SEIA y a la ley de medio ambiente en general, será importante que se vayan instalando las capacidades para implementar la Ley Marco de Cambio Climático tanto en los ministerios, como en los gobiernos regionales y en todas las municipalidades del país, asegura Marina Hermosilla, gerente de sustentabilidad de Fundación Chile.
Por ejemplo, deben crearse los consejos de cambio climático en los distintos gobiernos regionales y también en las municipalidades, para comenzar a trabajar en las estrategias que permitan avanzar hacia la carbono neutralidad y también hacia la adaptación, así como en los presupuestos necesarios para ejecutar dichas estrategias.
En cuanto al Acuerdo de Escazú, Liberona plantea la necesidad de que se mejore el acceso y la transparencia a la información creando, por ejemplo, un registro público de incumplimientos ambientales. Esa información, si bien está disponible actualmente, “está muy dispersa e inconexa”, señala la experta, “y para quien no está habituado a ocupar las distintas plataformas web de los servicios públicos con competencia ambiental le es difícil encontrar los incumplimientos ambientales de una empresa o procesos de sancionatorios”.
Uno de los temas en los que Chile puede comenzar a trabajar ahora que se ha ratificado el Acuerdo de Escazú, es la creación de un mecanismo del Estado para proteger a las defensoras y defensores ambientales. En opinión de Antonia Berrios, abogada de la ONG Fima, ese rol podría ocuparlo, por ejemplo, una defensoría del pueblo o de la naturaleza.
Una figura de este tipo se encuentra ya en varios países de Latinoamérica, pero en Chile está ausente y “lo que ocurre normalmente es que no hay acceso a la justicia realmente o los defensores ambientales tienen que hacerse cargo de su defensa asumiendo los costos económicos y humanos”, sostiene Berrios.
Este 2023 también tendrán que implementarse las reformas que se lograron acordar durante el 2022 para mejorar la gestión del agua. Se trata de un asunto clave en la adaptación climática de Chile que continuará siendo fuertemente golpeado por la sequía.
En opinión de Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, lo más urgente es establecer los reglamentos para implementar la reforma al código de aguas. Cabe recordar que en esta reforma no solo se establece que es deber del Estado garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento, sino que también se incorporan condiciones para la gestión sustentable del recurso, como la prohibición de utilizar aguas de áreas protegidas o excavar o romper glaciares para obtener agua de ellos.
Así mismo será importante avanzar en los planes estratégicos de cuenca que le permitirán al país contar con información actualizada de cada una de las 101 cuencas del país, respecto de su situación hídrica y de las proyecciones del recurso.
Para Hermosilla también sería ideal que se pudieran instalar los Consejos de Cuenca. Recordemos que en 2022 se creó el Comité Interministerial para la Transición Hídrica Justa que propondrá y ejecutará una hoja de ruta de corto, mediano y largo plazo para enfrentar la crisis hídrica. Parte del plan es conformar los Consejos de Cuenca, donde participarán representantes de todos los sectores relacionados con los usos del agua de una cuenca hidrográfica y que estarán orientados a promover una gestión coordinada e integrada del agua.
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3. Frenar la deforestación y restaurar los ecosistemas
La restauración de ecosistemas sigue siendo un punto débil en los progresos ambientales de Chile. “Estamos restaurando a velocidad muy pequeña: 1000 hectáreas por año cuando deberíamos estar restaurando a 20 000 hectáreas, precisó Ricardo Bosshard, director de WWF Chile. Se trata de un pendiente clave que es necesario atender para cumplir con las metas de carbono neutralidad y de adaptación al cambio climático, aseguran los expertos, puesto que la capacidad que tengan los bosques, turberas, humedales y otros ecosistemas para capturar CO2 de la atmósfera va a depender de qué tan sanos están.
Del mismo modo, la capacidad que tengan los chilenos para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, también depende de que la naturaleza pueda seguir otorgando sus servicios ecosistémicos, por ejemplo, el agua.
En ese sentido, uno de los principales desafíos que tiene el país, asegura Bosshard, es tener “un mapa de la restauración para saber dónde queremos invertir y cuánto va a costar. Son respuestas que en Chile necesitamos con urgencia porque vamos a seguir siendo altamente impactados por la crisis climática y la sequía, por lo tanto necesitamos los bosques y las cabeceras de cuenca para tener agua”.
Además, los expertos concuerdan en que es importante que en 2023 se vuelva a discutir un proyecto de ley que buscaba que las plantaciones forestales, que suman tres millones de hectáreas de monocultivos de pino y eucalipto, ingresen al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Dicho proyecto, que se había comenzado a discutir finalmente “quedó en nada”, asegura la doctora en ecología, Fernanda Salinas, a pesar de que la ciencia ya ha demostrado los impactos que tiene esta actividad sobre la disponibilidad de agua, la calidad del suelo y la propagación de incendios cada vez más frecuentes y más intensos.
El problema de los incendios es clave, asegura Antonio Lara, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile e investigador principal del Centro del Clima y la Resiliencia (CR2). Aunque estadísticamente lo que más se quema en los incendios forestales en Chile son las plantaciones de pino y eucalipto, el fuego se propaga muchas veces hacia el bosque nativo, asegura el investigador. Al quemarse, no solo la biodiversidad se destruye sino que se vuelve liberar a la atmósfera todo el CO2 que el bosque había logrado almacenar.
Tener más y mejores leyes para la industria forestal no es suficiente para proteger los bosques. Expertos aseguran que es necesario avanzar rápidamente hacia un ordenamiento territorial que detenga la amenaza que hoy representa la explosiva expansión demográfica en el sur de Chile.
Numerosas fueron las denuncias durante el 2022 por deforestación de bosque nativo con fines inmobiliarios. Y es que “a partir de la pandemia vino mucha gente a vivir al sur”, cuenta Lara, lo que disparó la compra y venta de terrenos. De hecho, la Superintendencia de Medio Ambiente inició en julio un proceso en contra de un proyecto que buscaba instalarse dentro del Parque Nacional Puyehue.
Además, “hay mucha especulación de tierra”, dice Lara. La forma en que se está dando es la siguiente: una persona compra una hectárea en cierta cantidad, después vende media hectárea en un costo que es hasta cinco veces más el precio en el que lo compró. “En un solo proyecto —señala Lara— pueden hacer 200 o 300 parcelas, es una locura, y después, cuando construyen los caminos y la gente empieza a hacer su casa, se deforesta”.
Expertos esperan que en 2023 se tomen medidas para ordenar el territorio. “Tienen que haber restricciones, no puede ser que quien sea hace lo que quiera”, dice Lara, quien advierte que ya hay quejas de comunidades rurales que sostienen que las cabeceras de las cuencas se están viendo alteradas por las urbanizaciones.
Otro importante desafío es la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) que se presentó en 2014 al Congreso, pero que sigue sin ver la luz. Uno de los principales problemas que este servicio busca resolver es la dispersión de la gestión de las áreas naturales protegidas del país que actualmente está en manos de diversos organismos. En ese sentido, el SBAP vendría a homogeneizar mejor las decisiones y lo que es más importante, aseguran los expertos, con una mirada integral de ecosistemas.
Además, actualmente la conservación de las áreas protegidas está a cargo de los mismos organismos que tienen como principal misión el fomento de explotaciones económicas de bosques y pesquerías: las áreas terrestres dependen de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), encargada de administrar la política forestal chilena, y las marinas dependen del Servicio Nacional de Pesca, dependiente del Ministerio de Economía, encargado de fiscalizar el cumplimiento de las normas pesqueras y de acuicultura. Entonces, “no hay ningún servicio que defienda la conservación de la biodiversidad y ese rol es tremendamente importante”, dice Salinas.
En 2022 el proyecto avanzó notoriamente al ser aprobado por la Comisión de Agricultura Silvicultura y Desarrollo Rural de la cámara de diputados. Expertos confían en que este 2023 el SBAP pueda finalmente concretarse.
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4. Avanzar en la descarbonización de la matriz energética
Es necesario seguir avanzando en regulaciones que permitan aprovechar toda la energía renovable no convencional que se está produciendo. Y es que aunque la cantidad de energía solar y eólica producida ya superó a la de carbón, buena parte de esa energía limpia está siendo desperdiciada puesto que no están habilitadas las condiciones para que el sistema eléctrico pueda dejar de depender de las energías fósiles.
En 2022 se proclamó la ley de almacenamiento y electromovilidad, un paso clave para resolver este problema. Ahora, dice Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, es urgente avanzar hacia la automatización del sistema eléctrico para que “se despache hasta la última gota de energía solar y eólica y después de que se acaben todas las renovables se empiece a despachar energía a gas y a carbón”.
Además, Larraín agrega que “es necesario dar más señales políticas que le demuestren al mercado que Chile tomó la decisión de avanzar en un 100 % hacia las energías renovables”. En ese sentido, la ley que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, que busca establecer la meta obligatoria de tener un 60 % de energías renovables no convencionales al año 2030, es una buena noticia y se espera sea promulgada durante el 2023.
Otra señal política sería ponerle fecha de cierre a las termoeléctricas (centrales de generación de energía en base a la quema de carbón) que aún no tienen programado el fin de sus operaciones. “Estamos esperando que le pongan fecha de cierre a las dos termoeléctricas que faltan (en el parque industrial Ventanas) y que son las que más contaminan porque son las más grandes”, dice Katta Alonso, presidenta de la organización Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero – Puchuncaví, que desde años pide el saneamiento de una de las zonas más contaminadas del país.
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5. Financiar las áreas marinas protegidas y detener el tráfico de algas
Una de las grandes deudas que tiene Chile con sus áreas naturales protegidas es la falta de financiamiento. “Solo las áreas marinas protegidas tienen un déficit de alrededor del 90 %. Eso es lo que falta para poder ejecutar una conservación efectiva”, asegura el politólogo, Eugenio Rengifo.
Para solucionar ese problema, en 2022 se creó Fondo Naturaleza Chile, una fundación público privada que busca movilizar financiamiento para la conservación de la biodiversidad terrestre y marina, y de la cual Rengifo es Director Ejecutivo.
El primer gran desafío de la fundación será comenzar a reunir este 2023, los 350 millones de dólares que cuesta implementar, en 10 años, su primer programa de áreas marinas protegidas.
Este programa fue elaborado a partir de un diagnóstico en el que participaron los ministerios de Medio Ambiente, Economía y Agricultura, además de organizaciones no gubernamentales como WWF, Oceana y WCS, y en el que se identificaron las principales amenazas de las áreas marinas protegidas, estrategias para hacerles frente, un modelo de gestión y de costos detallado de lo que se debe hacer en el territorio.
Con la implementación de este programa “quedaría un sistema de áreas marinas protegidas en red con todos sus planes de manejo, planes de gestión, elementos físicos para la fiscalización: lanchas, monitoreo satelital, espacios físicos en la costa, comunidades con gobernanzas bien establecidas y con financiamiento en el tiempo”, asegura Rengifo.
Para comenzar, Fondo Naturaleza Chile ya se adjudicó un financiamiento por tres años de la organización de conservación, Ocean Kind. Con ese financiamiento lo que se busca es “poner en red a todos los actores que están trabajando en los territorios, comunidades, gestores locales, autoridades, para trabajar coordinadamente, no duplicar esfuerzos y así poder postular juntos a fondos más grandes y establecer de esa manera un piso humano básico que nos dé el marco para la meta de los 350 millones de dólares”, explicó el director de la fundación.
Por otro lado, uno de los desafíos clave para poder resguardar efectivamente las áreas marinas protegidas sigue siendo retirar de ellas las concesiones salmoneras.
Una investigación de Mongabay Latam halló que 416 concesiones para criar salmones se encuentran al interior de espacios marinos que tienen alguna categoría de protección, a pesar de que la ciencia ha documentado ampliamente los impactos que esta actividad tiene en los ecosistemas marinos.
En mayo 2022, en una visita a la región de Magallanes, el presidente Gabriel Boric sostuvo que las empresas salmoneras “tienen que salir de las áreas protegidas”.
En opinión de Liberona, ya existen las condiciones para retirar algunas de las concesiones, puesto que “280 podrían estar en causal de caducidad”. En ese sentido, dice Liberona, “el gobierno tiene la posibilidad de avanzar”.
Por otro lado, detener la extracción y tráfico ilegal de algas sigue siendo uno de los desafíos más importantes para los océanos del país. Cada año en Chile se incautan cerca de 250 toneladas de algas. Además, “el tema ya ha avanzado a un problema de seguridad pública”, asegura Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana Chile. “Actualmente se están generando robos de alga seca o amenazas a extractores y recolectores legales, quienes son los principales afectados”, asegura la experta, por lo que “sumado a los efectos ecológicos que tiene la extracción ilegal, se le ha añadido una variable social compleja de trabajar”.
Este año también se espera que sea presentada una nueva ley de pesca que busca principalmente restablecer la confianza en la normativa que rige el sector pesquero. Cabe recordar que la actual ley de pesca fue tramitada en el contexto de uno de los mayores escándalos de corrupción política en la historia del país, por lo que el objetivo es que la nueva ley “se fundamente en estándares éticos que no pongan en duda su legitimidad”, sostuvo la subsecretaría de pesca.
* Imagen principal: Patagonia chilena. Foto: Lucas Zañartu-Oceana Chile.
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