- Un nuevo informe revela que, en el 2021, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (CFI, brazo crediticio del Banco Mundial para el sector privado) otorgaron multimillonarios préstamos a Pronaca, una de las empresas más grandes de Ecuador, para expandir sus granjas de cerdos y pollos en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Hay quejas sobre el manejo ambiental de la industria desde hace por lo menos dos décadas.
- Comunidades indígenas tsáchilas y organizaciones ambientalistas aseguran que no se hizo consulta previa, que se desconocen los detalles sobre la expansión de las operaciones de la empresa, que no hay solicitudes de permisos ambientales y que no hay datos sobre el adecuado manejo de desechos para evitar la contaminación del agua y el aire.
Las comunidades indígenas tsáchilas de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en Ecuador, llevan más de dos décadas denunciando la contaminación del aire y de varios de sus ríos por cuenta de los desechos generados por las granjas de pollos y cerdos de Pronaca, empresa ecuatoriana dedicada a la producción de alimentos y una de las cinco compañías más grandes del país.
Hoy uno de los temas que más les preocupa es que, a pesar de las constantes denuncias, desde el 2004 la empresa ha recibido 170 millones de dólares de la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo crediticio del Banco Mundial para el sector privado, y 50 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Las comunidades han denunciado que el aire y los ríos Pove, Peripa y Chigüilpe han sido contaminados por residuos animales, que han perdido territorio con la expansión de la empresa y que nunca se les ha aplicado la consulta previa, libre e informada. “Como comunidad ya no podemos hacer todas nuestras actividades diarias, no podemos pescar, ni nos podemos bañar en el río. Nuestros espacios culturales se sienten cerrados. Nosotros decimos basta, queremos conservar nuestra forma de vida y si nos quitan el agua, nos quitan la vida”, dice Byron Calazacón, vocero de la nacionalidad indígena tsáchila.
El pasado 5 de junio, la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones de Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA) publicó el informe Impactos ambientales y sociales de las inversiones del BID Invest y la CFI en las operaciones de Pronaca en Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador. Allí examinaron los efectos de las granjas industriales de Pronaca sobre los recursos naturales y las comunidades locales e indígenas de la provincia, y cómo los créditos otorgados por la CFI y el BID no habrían tenido en cuenta sus propias normas ambientales y sociales a la hora de otorgar los préstamos.
Dos décadas de reclamos no escuchados
Pronaca es la cuarta corporación más grande del país y, según cifras del Banco Central del Ecuador en 2022, representó más del 17 % del PIB ecuatoriano en el 2018. Los productos de origen animal representan el 87 % de sus ventas de productos alimenticios de consumo y, a su vez, la empresa es la mayor productora porcina y avícola. Según la Memoria de Sostenibilidad 2022 de la compañía, Pronaca opera 59 granjas industriales de cerdos, aves de corral, ganadería y cultivo, y 18 plantas de procesamiento en todo Ecuador. Aproximadamente la mitad de las operaciones porcinas y avícolas se encuentran en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, muy cerca de varias comunidades indígenas empobrecidas.
La empresa ha acudido varias veces a la CFI y al BID para solicitar préstamos para sus operaciones, los cuales han sido otorgados a pesar de las denuncias de los indígenas tsáchilas sobre la contaminación del aire y de varios ríos. Organizaciones ambientalistas han señalado que los créditos han sido otorgados sin los análisis ambientales y sociales correspondientes.
Una de las principales preocupaciones del informe de CEDENMA es que, en marzo de 2021, Pronaca recibió un crédito de 50 millones de dólares de la CFI “para un programa de inversión 2020-2022 orientado a mejorar la eficiencia y ampliar la capacidad de sus fábricas de piensos (alimento seco que se le da al ganado), granjas porcinas e instalaciones de procesamiento de carne de cerdo y aves de corral”. Tan solo cinco meses después, la empresa recibió otro préstamo de 50 millones, pero esta vez por parte del BID Invest, con el cual la compañía podrá, entre otras cosas, “incrementar la producción de pollos y cerdos, dada su mayor capacidad instalada”.
Natalia Greene, vicepresidenta de CEDENMA, asegura que “estos dos créditos se otorgaron durante la pandemia y sin una visita previa al territorio debido al COVID-19, a pesar de que su objetivo era la expansión de las actividades de la empresa”.
Para Greene, el problema es que Pronaca ha sido denunciada por afectaciones sociales y ambientales desde hace décadas por las comunidades indígenas tsáchilas de Santo Domingo. Incluso, hay un pleito judicial que no se encuentra resuelto, por lo que consideran que el otorgamiento de créditos para ampliar la producción avícola y porcina atenta contra los derechos de los indígenas.
En el 2008, miembros de las comunidades locales, entre ellas indígenas tsáchilas, acudieron ante la Corte Constitucional para presentar una acción de protección para detener la construcción de seis nuevos biodigestores que Pronaca estaba instalando para procesar el metano procedente de sus explotaciones porcinas intensivas. La demanda señalaba los impactos negativos sobre la flora, la fauna y los sistemas acuáticos superficiales y subterráneos. Los demandantes argumentaban que las acciones de la empresa violaban sus derechos constitucionales a la salud y a un medio ambiente seguro y limpio.
En el 2009, el juez denegó la solicitud de detener la instalación de los biodigestores, pero reconoció los graves problemas sociales y de contaminación ambiental causados, por lo que ordenó la creación de una comisión para supervisar las actividades de Pronaca, con especial atención en la eliminación de residuos y el consumo de agua.
Esa comisión se integra por el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Salud, el Gobierno provincial y municipal de Santo Domingo de los Tsáchilas, las Juntas Administradoras de Agua y la Defensoría del Pueblo. Esta última entidad debe coordinar la comisión para que se haga una evaluación integral de la contaminación de las zonas aledañas a las operaciones de la empresa.
Sin embargo, esta comisión solo se ha reunido una vez y la evaluación integral no se ha realizado debido a que el Estado alega falta de fondos para llevarla a cabo, “a pesar de que esta evaluación ha sido una de las principales demandas de las comunidades afectadas”, dice el informe de CEDENMA. Además, según representantes de las comunidades afectadas, ningún miembro de la comunidad estuvo presente en la única reunión que tuvo la comisión.
“Nunca se hizo un análisis interdisciplinario e interinstitucional para monitorear la calidad del agua y de dónde vienen las fuentes de contaminación. Solo hubo unos informes muy generales del Gobierno Provincial de Santo Domingo, donde se dijo que se necesitan más ejemplos de análisis de metales pesados, de coliformes fecales, etcétera, y que estos estudios tienen que ser tomados no solamente en las aguas superficiales, sino también en las aguas profundas, porque la contaminación se filtra y mucha de la gente de la provincia consume agua de pozo. Pero estos estudios no se han hecho y no se ha continuado con esta comisión”, dice Xavier León, miembro del staff en América Latina de la organización GRAIN, uno de los diversos colectivos y organizaciones que apoyan el caso de los tsáchilas contra Pronaca.
León ha seguido el caso desde hace más de 10 años y también comenta que el otorgamiento de los créditos por parte de la CFI y el BID no contó con un análisis riguroso de la situación que se vive en la provincia, pues se hubiera hecho evidente que hay una falta de control ambiental en las entidades fiscalizadoras. “En algunos aspectos la competencia en lo ambiental está en el Gobierno Autónomo Descentralizado [GAD] de Santo Domingo de los Tsáchilas y en otros está en el Ministerio de Ambiente. Hasta hace unos tres años sólo había dos inspectores ambientales en la provincia y nunca se ha registrado alguna sanción específica a estas actividades de crianza intensiva, ni se han hecho los análisis al agua”, menciona León.
Mongabay Latam se comunicó con el GAD de Santo Domingo de los Tsáchilas y con el Ministerio de Ambiente para conocer si han realizado inspecciones a las actividades de Pronaca, si han encontrado irregularidades y si han emitido sanciones, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta por parte de las entidades.
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La polémica con los multimillonarios préstamos
¿Por qué gran parte de las granjas de Pronaca se ubican en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas?
Xavier León considera que hay dos razones importantes. La primera es que al tener granjas intensivas de cerdos y pollos se necesita mucha agua y esta provincia cumple con ese requisito. “Muchas de las granjas están a menos de 300 metros de los cauces de los ríos”, dice León y asegura que la otra razón es porque la provincia está en el centro del país y comunica bastante bien con otras regiones, “lo que le permite a la empresa una distribución rápida de sus productos”.
Estas características convierten a Santo Domingo de los Tsáchilas en una zona importante para la expansión de las operaciones de la compañía, algo que, según el informe de CEDENMA, preocupa a poblaciones campesinas e indígenas. Natalia Greene destaca que “para nuestra sorpresa, prácticamente nadie en el territorio conocía sobre estos créditos [los de la CFI y el BID en 2021] ni sabían que eran para una expansión de actividades de la empresa. Nosotros, a pesar de hacer mucha investigación en línea con los documentos que están públicos sobre el tema de los créditos, no conocíamos exactamente el objeto de estos. Tuvimos que tener varias conversaciones con ambas entidades financieras para contar con más información”.
El informe manifiesta que los indígenas no fueron consultados ni informados por la empresa sobre su intención de expandirse en la zona. Tampoco fueron consultados por la FCI y el BID antes de que otorgaran los créditos.
En una carta, el BID le dijo a CEDENMA que durante la estructuración del crédito se realizó una “debida diligencia legal” donde se analizaron todos los casos, denuncias y procesos ambientales, sociales y laborales que Pronaca tenía en dicho momento. Así mismo, el banco aseguró que durante una visita de supervisión que se realizó en abril de 2022, se llevaron a cabo varias reuniones, entre ellas con entidades gubernamentales, “en donde se constató que los casos y denuncias ambientales de la empresa están en proceso de cierre y no se contempla un riesgo ambiental o social significativo. Igualmente, durante dichas reuniones se confirmó que, hasta ese momento, no existe un proceso administrativo de cobro, sanción o clausura hacia la empresa”.
Para Greene, el problema es que en ningún momento se reunieron con las comunidades ni indagaron a fondo sobre el proceso judicial de 2008-2009 en contra de Pronaca.
“Las comunidades no saben nada de lo que está pasando en su territorio. No creemos que los bancos multilaterales de desarrollo estén siguiendo sus rigurosas políticas ambientales y sociales”, asegura Kari Hamerschlag, directora adjunta de Alimentación y Agricultura en Friends of the Earth, una red internacional de organizaciones medioambientales con presencia en 74 países.
En respuesta oficial a Mongabay Latam, la CFI indicó que ellos fomentan el crecimiento económico sostenible en Ecuador mediante el financiamiento y la movilización de capital para proyectos del sector privado. “Pronaca ha sido cliente de CFI desde 2004, y nuestros esfuerzos han ayudado a la empresa a mejorar sus estándares ambientales y sociales para ser consistentes con los Estándares de Desempeño de CFI, las directrices de ambiente, salud y seguridad del banco y las buenas prácticas de la industria en sus fincas e instalaciones de procesamiento”.
La corporación financiera también aseguró que siempre le pide a sus clientes que construyan protocolos sólidos de bioseguridad, salud animal y sistemas de gestión en línea con pautas internacionales aceptables.
Este medio también se comunicó con el BID para preguntarle por los criterios ambientales y sociales con los que otorgaron su crédito, pero hasta el momento de publicación de este reportaje no se tuvo respuesta.
Otro de los temas que destaca el informe de CEDENMA es que la empresa no solicitó nuevas licencias ambientales o modificación de las actuales para expandir sus operaciones, además que no se conoce dónde, cómo y en qué número de hectáreas piensan expandir sus granjas o sus plantas de procesamiento. Esto a pesar de que tanto las comunidades como CEDENMA les han hecho estas preguntas a la empresa en varias ocasiones y desde hace varios meses.
“Desde 1998 Pronaca ha venido a posicionarse muy cerca del territorio de la comuna Peripa. Llegó como una empresa fantasma y sólo hasta el 2004 obtuvo la licencia ambiental, es decir, en Santo Domingo de los Tsáchilas no hay un buen control ambiental. Como nacionalidad tsáchila vamos a llegar hasta la última instancia para mitigar la contaminación en nuestros pueblos”, asegura Byron Calazacón, vocero de la nacionalidad indígena tsáchila, y agrega que la empresa nunca ha dialogado con las comunidades sobre las actividades que realiza en el territorio.
León comenta que cuando Pronaca llegó al territorio, hace más de 20 años, empezó a operar sin hacer consulta previa y sin contar con los permisos ambientales, los cuales, según dice, obtuvo varios años después. El temor actual de los tsáchilas es que esto se repita con la expansión de actividades. “No tuvieron ninguna sanción ni se les obligó a implementar alguna medida de reparación para las cuencas hidrográficas o para las comunidades a pesar de empezar a operar sin los permisos. En la actualidad están ejerciendo la misma estrategia. El temor es que esta expansión se haga ilegalmente y luego se pretenda legalizar sin que haya alguna sanción o compromiso por parte de la empresa”, asegura León.
Mongabay Latam se comunicó con Pronaca para conocer su versión sobre el destino que están teniendo los 100 millones de dólares en préstamos que obtuvo en el 2021 y por las afirmaciones de las comunidades sobre la falta de consulta previa y de buen manejo de los desechos de sus granjas de cerdos y pollos. Hasta el momento de publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.
En cuanto a la contaminación del agua, el informe destaca que CEDENMA realizó una ronda de análisis del agua en abril de 2022 que incluyó muestras del río Peripa, cerca de las granjas de Pronaca y de las comunidades indígenas de la zona, así como muestras de áreas más alejadas para poder compararlas. “Los resultados muestran una alta contaminación por bacterias coliformes totales en el río Peripa, en seis de las ocho muestras de las zonas más cercanas a las plantas de Pronaca y las comunidades indígenas […] La proximidad a la ciudad y la temporada de lluvias hacen difícil llegar a conclusiones definitivas sobre la fuente de contaminación. Pero el patrón encontrado en las pruebas fue notable y debe ser examinado y estudiado más a fondo”.
Byron Calazacón le pide a las autoridades ambientales ecuatorianas que hagan un monitoreo a la contaminación de los ríos ya que, aunque también hay desechos provenientes de otras industrias y del desarrollo urbano de la ciudad de Santo Domingo, Pronaca sería uno de los principales responsables. “Desde que las granjas llegaron no hemos podido tomar agua de los ríos y la pesca y el turismo están muy afectados”, asegura Calazacón.
*Imagen principal: Foto de referencia. Granja de cerdos en los EE. UU. de la Agencia de Protección Ambiental a través de Wikimedia Commons (Dominio Público).
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