- Una multitud de diferentes actores han saturado el comercio de carbono voluntario a medida que ha crecido su valor.
- Motivadas por el potencial de ganancias, la preocupación por el cambio climático o alguna combinación de las dos, estas empresas y organizaciones vinculan los créditos generados por proyectos, como los que encajan en el programa de conservación forestal conocido como REDD+, con compradores, a menudo empresas e individuos del norte global que buscan compensar sus impactos climáticos.
- Algunos grupos dicen que ayudan a cargar con el peso de tareas como el marketing para que las comunidades y el personal del proyecto sobre el terreno puedan centrarse en el “trabajo de cambio”.
- Sin embargo, otros, a veces denominados “vaqueros del carbono”, parecen estar interesados en el dinero que se puede ganar con el comercio de carbono. Algunos se han enfrentado a acusaciones como que no aportan la experiencia necesaria a su trabajo o que no informan adecuadamente a las comunidades locales sobre los proyectos previstos y los posibles peligros.
Este es el tercer artículo de una serie de cinco sobre los créditos de carbono y el mercado voluntario. Lea aquí la primera parte y la segunda parte.
LUMI, Papúa Nueva Guinea.— Cuando Andrea Babon se enteró de lo que una empresa llamada Kanaka Management Services (KMS) había estado haciendo en Papúa Nueva Guinea, se horrorizó ante la incoherencia aparente de sus planes. La consultoría de créditos de carbono, con sede en la India, había estudiado un proyecto de conservación forestal en la provincia de Oro que, según KMS, reduciría millones de toneladas métricas de sus emisiones anuales de carbono que luego podrían venderse como créditos a través del mercado voluntario de carbono.
“En base a la baja calidad de los documentos de su diseño del proyecto, me resulta difícil creer que sean promotores legítimos de proyectos de carbono”, dijo Babon a Mongabay en un correo electrónico. En 2022, la investigadora australiana y experta en el programa de conservación forestal conocido como REDD+ trabajó con colegas de Papúa Nueva Guinea y otros lugares para informar al gobierno de Papúa Nueva Guinea y de Verra, la certificadora de créditos de carbono más grande del mundo, los planes de KMS. Verra había incluido el proyecto en su página web como “Aprobación de registro y verificación solicitada”, una distinción que significa que el proyecto estaba —y todavía era así a finales de 2023— en revisión.
REDD+, abreviatura de reducción de las emisiones debidas a la deforestación y degradación forestal, es una estrategia de conservación forestal que, en una iteración, busca monetizar las emisiones de carbono “reducidas” como resultado de un proyecto. Se supone que parte del dinero se destina a apoyar el desarrollo económico de las comunidades que a menudo son las responsables de la gestión forestal sostenible o mejorada que lleva a esos ahorros de carbono.
Las críticas de Babon y sus colegas al proyecto de la provincia de Oro incluían cuestiones técnicas, por ejemplo, que los documentos del proyecto no identificaban cómo KMS abordaría la pérdida y degradación forestal en el área propuesta de 418 000 hectáreas. Esos detalles que faltaban ponían en duda que el proyecto realmente pudiese ahorrar los 800 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono durante los 100 años de vida del proyecto como afirmaba KMS. Demostrar esta “adicionalidad” en la reducción de las emisiones, a través de la conservación forestal, es una parte integral de cómo se valoran los créditos de carbono en el mercado voluntario.
El proyecto también puede provocar problemas a las comunidades en las inmediaciones, señalaron los comentarios, porque no está claro cómo o si KMS había informado a las comunidades locales sobre sus intenciones. Y Babon había notado que partes de la propuesta escrita de KMS hacían referencia a carreteras que no están presentes en el área del proyecto y ferrocarriles que no existen fuera de los yacimientos mineros en Papúa Nueva Guinea, como posibles impulsores de la deforestación. Dijo que sospechaba que KMS probablemente copió esta sección de una propuesta para un proyecto en una localización geográfica totalmente distinta.
“El documento del proyecto está mal escrito, es en gran medida incomprensible y carece de los detalles que permitirían una evaluación técnica adecuada del proyecto”, escribieron Babon y un colega en un análisis del proyecto en marzo de 2022.
KMS no ha limitado su trabajo a la provincia de Oro. Babon también encontró que tenía un segundo proyecto, aún más grande, en otra parte de Papúa Nueva Guinea. En ese caso, cubría partes de cuatro provincias distintas, pero, aun así, estaba plagado de problemas similares. Papúa Nueva Guinea tampoco es el límite de las ambiciones de la empresa. Ha estado trabajando en la República Democrática del Congo (RDC) en un proyecto que había sido rechazado por Verra, y en Zambia. Ambos proyectos en África también han generado preocupación por la experiencia de la empresa y por los derechos de la comunidad.
KMS no ha facilitado representantes para hablar con Mongabay, a pesar de repetidas solicitudes desde mayo de 2022, y la empresa no ha respondido a preguntas específicas sobre el proyecto.
La empresa es lo que se conoce como un proponente o promotor de proyectos. Algunos líderes en Papúa Nueva Guinea llaman a KMS y otras empresas similares “vaqueros el carbono”, y su trabajo llevó al país a instaurar, el 2 de marzo de 2022, una moratoria sobre todos los proyectos de REDD+.
Un diverso grupo de actores conecta estos proyectos de carbono sobre el terreno con compradores de créditos, cada crédito representa una tonelada métrica de dióxido de carbono. El mercado voluntario de carbono es una manera de canalizar fondos privados hacia la conservación forestal, dicen los partidarios. También dicen que se necesita urgentemente abordar el cambio climático, dado el paso de tortuga de las acciones llevadas a cabo por los gobiernos y un proceso separado respaldado por la ONU.
El valor del mercado voluntario no regulado creció hasta un máximo de aproximadamente 2 mil millones de dólares en 2021, según Ecosystem Marketplace, lo que supuso un incremento de cuatro veces en comparación con 2020. Ese aumento ha llevado a algunos observadores a expresar sus inquietudes sobre que la perspectiva de ganar dinero, en vez de una preocupación constante por mitigar el cambio climático o la protección forestal, haya atraído a alguno de estos actores a la contienda.
Otros grupos o individuos conocidos como intermediarios buscan proporcionar servicios como la monitorización forestal a través de satélites, o servicios de marketing que, en teoría, permiten a los ejecutores de proyecto en el terreno centrar la mayor parte de su tiempo en el trabajo de la conservación forestal.
El influjo de estos actores ha dificultado deducir, por ejemplo, qué porcentaje del valor del precio de un crédito va a la restauración forestal, evitar la deforestación y otras actividades destinadas a afrontar los preocupantes índices de emisiones y de pérdida forestal. La tendencia también ha expuesto los peligros de un mercado en gran medida no regulado, sobre todo para las personas con menor poder en el sistema que, no obstante, desempeñan un papel vital en cualquier solución basada en la naturaleza destinada a la mitigación del cambio climático.
Al mismo tiempo, ha surgido un coro de críticas en torno a si, como afirman, incluso los créditos REDD+ altamente promocionados en el mercado voluntario realmente reducen las emisiones de carbono.
Los actores en el mercado de carbono
A nivel global, los bosques tropicales gestionados por indígenas o miembros de la comunidad contienen más de la quinta parte del carbono forestal del mundo. Un estudio de 2020, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, encontró que los territorios indígenas y las áreas protegidas en la Amazonía contienen casi el 60 % del carbono en la región, pero sólo representan aproximadamente el 10 % de las emisiones.
Levi Sucre Romero, líder de la comunidad indígena bribri de Costa Rica y coordinador de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), señala en un ensayo no publicado y compartido con Mongabay que los pueblos indígenas y las comunidades locales (PICL) deberían beneficiarse de los proyectos relacionados con el carbono en sus tierras. Sin embargo, dijo que le preocupan los actores que conectan a estas comunidades con el mercado y las formas en las que pueden operar.
“En teoría, el mercado de carbono podría ayudar a mantener el carbono en nuestros bosques y fuera de la atmósfera, y sus ganancias podrían ayudarnos a avanzar en la tutela de los bosques”, escribió Sucre. “En cambio, estamos viendo extraños intermediarios que aparecen en nuestros territorios, hablan con la gente que no tiene una función de liderazgo, ofrecen falsas promesas y nos dicen ‘firma aquí’”.
El enfoque de KMS a la participación de la comunidad en torno a proyectos REDD+, previstos en la RDC, parece reflejar lo que describe Sucre, según informó Mongabay en 2022. Las comunidades afirmaban que recibieron escasos detalles de los representantes de KMS, quienes dedicaron entre 15 y 45 minutos a explicar el proyecto en cada comunidad. Los formularios que pedían a la gente que firmara estaban en inglés y francés, en una zona donde las tasas de alfabetización son bajas y la mayoría de los residentes hablan poco francés y nada de inglés.
Por otra parte, en el estado de Sabah, en Malasia, un grupo dirigido por una consultora australiana y una empresa de Singapur firmó un acuerdo con los líderes estatales para asegurarse los derechos de venta de créditos por el carbono y otro “capital natural” de 2 millones de hectáreas de bosques. Impertérrito ante la condena generalizada por parte de los grupos de derechos indígenas en Sabah y en el extranjero, por no incluir a las comunidades en el proceso de toma de decisiones, el proyecto sigue adelante, según Jeffrey Kitingan, viceministro principal de Sabah y el patrocinador más vocal del proyecto. Kitingan y sus asociados se han negado a hablar con Mongabay y responder a preguntas clave sobre el acuerdo a pesar de repetidas invitaciones.
La opacidad con que pueden operar los intermediaros en el comercio voluntario de carbono ha generado muchas críticas, principalmente porque las tarifas ocultas y las acciones en las ganancias de los proyectos que estos operadores desvían ocultan el verdadero valor del dinero que se destina a la acción climática. Determinar la proporción que realmente llega al trabajo que se supone que financia la acción climática, como abordar la deforestación, es un desafío, si no imposible, para muchos de los actores, dijo Gilles Dufrasne, líder de políticas para los mercados globales de carbono de la organización sin ánimo de lucro Carbon Market Watch, autor de un informe de febrero de 2023 sobre intermediarios.
“Es un poco loco que nadie está midiendo esto”, dijo Dufrasne a Mongabay. “No hay un número, ningún dato sobre cuánta financiación está realmente fluyendo hacia la acción climática”.
Alrededor del 90 % de los intermediarios no comparten lo que cobran o cuánto ganan de las operaciones de crédito. Las tasas medias para los intermediarios que informaron de lo que ganan fueron del 15,5 % por transacción, encontró Dufrasne. Sugirió que exigir una mayor transparencia podría mejorar la equidad en el mercado y la eficacia de los fondos que están destinados a la acción climática.
“Sin una mayor transparencia, se corre el riesgo de apostar por el caballo equivocado”, dijo. Eso podría significar que el mercado voluntario “podría no estar entregando tanta financiación [a la mitigación del cambio climático] como creemos”.
Un impulso a la innovación, pero ¿a qué precio?
A pesar de todas las reputaciones mancilladas de los intermediarios del mercado de carbono, hay operadores que están dispuestos a compartir lo que ven como valiosas adiciones al mercado.
Pachama, con sede en California y respaldada por inversores multimillonarios como Marc Benioff y Bill Gates, ayuda a grandes empresas a comprar créditos, a veces como una forma de compensar sus propias emisiones. Pachama también ha promovido bases de referencia dinámicas como una alternativa a los métodos actuales que dependen de las tasas de deforestación previstas a falta de un proyecto.
Los métodos para calcular el impacto de los proyectos varían considerablemente y son una cuestión fundamental por la cual el mercado voluntario y REDD+ han sido recientemente objeto de críticas. Una de las principales críticas ha sido que los promotores de los proyectos de REDD+ han tenido margen para elegir la metodología que se utiliza para calcular los impactos de su proyecto en la reducción de emisiones derivadas de la deforestación. Cuanto mayor sea la deforestación que predigan que habría ocurrido en ausencia de su proyecto, más efectivo parecerá su proyecto, y, por lo tanto, más créditos podrán vender. (El 27 de noviembre de 2023, la certificadora de créditos de carbono Verra actualizó su metodología REDD para proyectos que tienen como objetivo de evitar la deforestación “no planificada”, la pérdida forestal progresiva que tiene lugar a menor escala. El grupo con sede en Washington, D.C. dice que estos cambios ponen ahora a Verra a cargo del proceso de establecer la base de referencia).
Las bases de referencia dinámicas de Pachama se reevalúan a lo largo de la vida del proyecto. En contraste con los escenarios hipotéticos que se utilizan en la actualidad, la técnica consiste en hacer coincidir cada píxel en una imagen por satélite de un proyecto con un píxel en un área de control fuera de los límites del proyecto.
“En ese sentido se parece a un ensayo clínico, en que estamos intentado aislar el efecto del proyecto en relación con los cambios en el paisaje en general”, explicó a Mongabay Dick Cameron, vicepresidente de ciencia de Pachama. “Podría cambiar la forma en la que se hace la acreditación”.
El enfoque permitiría determinar cuántos créditos debería generar un proyecto sin las predicciones hipotéticas que han criticado los detractores de los mercados de carbono.
¿Por qué los mercados?
Los defensores del mercado voluntario de carbono a menudo citan la capacidad de dirigir dinero del sector privado hacia la conservación forestal como uno de sus principales beneficios, sobre todo dada la lentitud del sistema REDD+ de la ONU y los mercados “de cumplimiento” gubernamentales obligatorios enfocados en limitar las emisiones. A raíz del crecimiento del comercio voluntario de carbono, han surgido un grupo de empresas intermediarias en torno a la idea de actuar inmediatamente para abordar la severidad de la crisis climática.
Respira International, con sede en Londres, tiene como objetivo reunir la experiencia financiera y de conservación forestal. Respira fue cofundada por la profesional de las finanzas Ana Haurie en 2019. Uno de los principales objetivos de la empresa es ayudar a los proyectos a conseguir financiación por adelantado para su trabajo. Respira ayuda a facilitar los acuerdos “off-take” a largo plazo para estos proyectos, esencialmente compromisos para comprar los créditos que en última instancia genere el proyecto.
Haurie, también directora ejecutiva de Respira, dijo que el trabajo para abordar la deforestación y las reducciones asociadas en las emisiones es crítico y urgente.
“Si no hacemos nada para detener las tasas de deforestación”, dijo Haurie, “[vamos] a tener un reto mayor al que hacer frente.
“Estas reducciones están teniendo lugar ahora mismo”, añadió, “y sin demanda de esas reducciones, entonces, ¿cuál es el incentivo? No hay ninguno”.
En otro lado del espectro se encuentran empresas como Everland, con sede en Estados Unidos, que asume las tareas de marketing y comunicación de los proyectos REDD+ en todo el mundo. En teoría, al asumir esta carga permite a los operadores del proyecto centrarse en su labor de conservación y el trabajo comunitario que generará los créditos de carbono.
Josh Tosteson, director general de Everland, dijo que es primordial que el dinero llegue al terreno.
“La mayoría sustancial del dinero tiene que fluir a las partes interesadas que tienen voz y voto en lo que ocurre en el bosque”, dijo Tosteson en una entrevista. “Esa es la conclusión”.
Aun así, dijo que los intermediarios pueden jugar un papel importante, sobre todo en un momento en que las elevadas críticas del mercado voluntario están dando lugar a una mayor volatilidad.
“Los intermediarios financieros a menudo tienen mala fama”, dijo. Sin embargo, añadió, “una de sus principales funciones, y esto es cierto en todos los mercados, es absorber el riesgo de mercado”.
¿Cuánto valen los servicios?
La mayoría de los intermediarios afirman exigir un precio “justo” por sus servicios. A menudo es más difícil encontrar lo que ellos consideran justo y algo que los intermediarios parecen reacios a compartir, como descubrió Gilles Dufrasne en su informe de febrero para Carbon Market Watch.
Los términos del acuerdo de capital natural en Sabah estipulaban que la empresa de Singapur, Hoch Standard, obtendría el 30 % de los ingresos brutos del proyecto, a pesar del hecho de que el acuerdo requiere que el estado de Sabah asuma la mayoría de los costes de gestión, según un análisis de la sociedad civil y grupos de investigación. En el caso de Hoch Standard y su socio australiano, Terra Australia, no está claro qué riesgo asumen estas empresas. Los críticos del acuerdo dicen que el estado de Sabah y su población son quienes más van a perder si el acuerdo se tuerce.
Los detalles sobre la distribución de ingresos salieron a la luz sólo después de que se filtrara una copia del documento a finales de 2021. No incluía detalles cruciales, tales como dónde se encontraban los bosques cuando se firmó en octubre de 2021, y hasta el día de hoy los autores no han compartido esa información.
La forma en que se deberían dividir los ingresos de las ventas de créditos de carbono se ha convertido en otra pregunta importante para las organizaciones que trabajan con los proyectos de conservación forestal de REDD+ de las comunidades. En Papúa Nueva Guinea, Jim Thomas, director general de la ONG Tenkile Conservation Alliance (TCA), ha recibido numerosos ruegos por parte de los promotores de proyectos de carbono que prometen grandes beneficios financieros para las comunidades en los Montes Torricelli, donde la TCA ha trabajado durante las últimas dos décadas.
Mucha gente en estas comunidades ha oído hablar de las posibilidades de los acuerdos de carbono, y dicen que están intrigados por un sistema que podría ayudar a bloquear la presión constante para talar sus tierras. La presión para talar los valiosos árboles de madera dura de la región y despejar la tierra para cultivos como la palma aceitera se ha cerrado alrededor del área del proyecto de la TCA.
“El carbono detiene todo esto”, dijo en una entrevista Lawrence Yanamba, director de una escuela primaria de la comunidad de Muku. Añadió que la financiación del carbono podría ser un camino “más seguro, sano y rico” para estimular el desarrollo de su comunidad.
En las aldeas donde trabaja la TCA, los bosques siguen siendo sorprendentemente frondosos y albergan un creciente número de canguros arborícolas, algunos en peligro crítico de extinción. Partes de estos bosques también siguen siendo los lugares que funcionan como jardines, para extraer materiales de construcción y medicinas que sustentan a la población que ha vivido allí durante generaciones.
Thomas se mostró escéptico de los llamados promotores “vaqueros”. Sin embargo, al igual que Yanamba, ha estado interesado en encontrar una manera de ayudar a las comunidades en la región a beneficiarse económicamente desde la aparición de REDD+.
Un grupo de posibles inversores propuso llevarse entre el 30 % y el 50 % de las ventas de créditos de carbono durante los 30 años de vida del proyecto en los Montes Torricelli, pero Thomas dijo que sus propios cálculos a grandes rasgos sugerían que TCA, una organización sin ánimo de lucro, podría gestionar las tareas administrativas de marketing de los créditos de carbono y canalizar los fondos devuelta a las comunidades por una fracción de esa cantidad.
CIFOR-ICRAF, una organización global de investigación y desarrollo ha sido contactada por promotores con condiciones similares en los bosques tropicales donde opera la organización, según dijo el director de operaciones Robert Nasi, pero ha sido reacia a trabajar con empresas que cobrarían tarifas elevadas cuando el único valor de añaden sería encontrar a alguien que compre los créditos que generan las comunidades y la organización.
En tales casos, “encontraremos los compradores nosotros mismos”, dijo a Mongabay en una entrevista.
* Imagen principal: Mujeres confeccionan faldas utilizando hierba en la provincia de las Tierras Altas del Sur de Papúa Nueva Guinea. Imagen de Rita Willaert vía Flickr (CC BY-NC-SA 2.0).
La historia original fue publicada en inglés en Mongabay.
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