El futuro de los créditos de carbono forestales y los mercados voluntarios

Este es el quinto artículo de una serie de cinco sobre los créditos de carbono y el mercado voluntario. Lea aquí la primera parte, la segunda parte, la tercera parte y cuarta.

Según la opinión de muchos expertos y observadores, el mercado de carbono voluntario enfrenta un conjunto de posibilidades divergentes para su futuro y un cambio rotundo parece inminente después de que críticas del enfoque alcanzaran un punto máximo en el año 2023.

Entre esas preocupaciones, es posible que las opiniones nunca hayan estado tan polarizadas, en especial en lo relacionado con los créditos derivados de los proyectos de carbono forestal.

Hay quienes afirman que el comercio es una parte fundamental para detener las temperaturas en aumento y la deforestación. Señalan que conduce fondos muy necesarios hacia la protección de bosques. Otros juran que es una distracción que obstruye el progreso hacia un futuro de emisión cero.

Estos oponentes de los mercados de carbono afirman que el proceso para calcular créditos de los proyectos de carbono forestal es fundamentalmente defectuoso, porque incentiva el exceso de crédito que resulta de inflar tanto el riesgo de deforestación y la eficacia de proyectos destinados a abordarla. Lo que es más, sostienen los críticos, todo el sistema permite que los mayores emisores, la mayoría en el norte del mundo, tercericen su acción climática a países de bosques tropicales menos industrializados.

Si bien hay muchos tipos de proyectos, el subgrupo más grande está clasificado como REDD+, cuyas siglas en inglés significan “reducción de emisiones de la deforestación y la degradación forestal”. Los proyectos REDD+ tienden a enfocarse en los enormes sumideros de carbono disponibles en bosques tropicales y representan aproximadamente un cuarto de todos los créditos de carbono emitidos, según el the Berkeley Carbon Trading Project.

Informes del periódico británico The Guardian, el Die Zeit de Alemania y la organización periodística sin fines de lucro SourceMaterial, en enero de 2023, pusieron en duda los beneficios climáticos de una mayoría abrumadora de créditos REDD+. Los análisis materializaron preocupaciones de larga data y, al hacer esto, impulsaron un cambio en la manera en que se perciben los créditos y la idea de compensar las emisiones.

Compañías importantes como EasyJet, Nestlé y United Airlines se están retractando de compensar sus huellas de carbono al invertir en estos tipos de créditos. Han expresado preocupaciones sobre la integridad de los créditos y parecen temer las acusaciones de ecoimpostura. En mayo, Delta Airlines recibió una demanda por afirmar ser “la primera aerolínea carbono neutral del mundo”. Las compañías que continúan apuntando a la neutralidad basada en compensación se exponen a las críticas. Tomemos como ejemplo a Apple con su reloj de serie 9, que afirma ser carbono neutral.

Notablemente, la Iniciativa de Integridad del Mercado Voluntario del Carbono (Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative, VCMI), una organización internacional sin fines de lucro, hizo un llamado a apartarse de las afirmaciones de neutralidad de carbono basadas en compensaciones, a favor de enmarcar inversiones en créditos de carbono como contribuciones para la mitigación climática más allá de sus esfuerzos para descarbonizar operaciones.

En medio de esta agitación, los precios de créditos en el mercado voluntario han caído de forma drástica y las proyecciones indican que el mercado no alcanzará el valor máximo que alcanzó en 2021 de dos mil millones de dólares.

“Estas diversas controversias y artículos que han sucedido recientemente parecen haber causado en verdad un problema [para los mercados voluntarios]. Espero que eso sea un incidente pasajero”, dijo Edward Mitchard, un ecologista y fundador de la compañía Space Intelligence, con sede en Reino Unido, que proporciona datos y mapeos a proyectos basados en la naturaleza, además de a Verra, la certificadora de créditos de carbono más grande del mundo. “El mercado de soluciones basados en la naturaleza sigue creciendo, pero definitivamente parece que muchos proyectos de REDD [y] desarrolladores de proyectos de REDD están teniendo muchos problemas en este momento”.

Mitchard dice que imagina un futuro más optimista para los mercados y uno que es más esperanzador para el planeta: ese “incidente” se desvanece, el mercado y los organismos de certificación como Verra apuntalan la confianza mejorando la contabilidad del carbono, y los mercados de carbono voluntarios y REDD+ continúan siendo, como él lo ve, vías fundamentales para financiar la conservación forestal.

Quienes proponen los créditos basados en bosques fomentan una estrategia integral y sostienen que la regulación débil relacionada con el cambio climático, por parte de los gobiernos, significa que los mercados, con las imperfecciones que puedan tener, son una de las pocas herramientas disponibles ahora.

“Nosotros debemos hacer todo”, dijo Mitchard. Frente a la deforestación en curso, agregó: “Cada granito de arena que puedas aportar para mejorar las políticas actuales vale la pena”.

Eso significa aprovechar REDD+ y los créditos de carbono que produce, dijo Josh Tosteson, presidente de Everland, una compañía con sede en Estados Unidos que proporciona mercadotecnia y otros apoyos para proyectos de REDD+.

“No hay cálculos que te lleven a la estabilización climática sin poner fin a la deforestación”, afirmó Tosteson. “No hay otro mecanismo, en verdad, que los mercados voluntarios de carbono en este momento que te lleven hacia allí”.

Mitchard sostuvo que si el mundo puede alcanzar el objetivo de poner fin a la deforestación para 2030, podría cambiar el rol del mercado. Por supuesto, es un gran “si”, mientras que la deforestación continúa con rapidez: un estudio reciente halló que nos estamos atrasando en las reducciones necesarias para poner fin a la pérdida de bosques para el final de la década.

Aun así, poner fin a la deforestación significaría un cambio de foco para el comercio voluntario. Hoy, el debate gira en torno a si el foco debería estar en evitar la deforestación en bosques actuales, lo cual llevaría a cálculos complicados —y algunos, dicen, dudoso— para determinar cuántas reducciones de emisiones se pueden vender como créditos, o en eliminar el carbono mediante la restauración de tierras degradadas y la replantación de bosques. Los ecologistas insisten en que, si bien ambas estrategias son importantes, proteger lo que queda de bosques tropicales es imperioso, y eso ofrece apoyo a los proyectos REDD+ que buscan mantener en pie a los bosques y reducir emisiones. Son sumideros importantes de carbono y también proporcionan hábitat para la biodiversidad, regulan climas locales y regionales y apoyan a las comunidades. Además, restaurar un bosque a su salud plena puede llevar muchas décadas, si no es que más.

Si se puede poner fin a la deforestación para el final de la década, el foco podría cambiar a la restauración. Eso incluiría plantar árboles y ayudar a los ecosistemas forestales degradados a recuperarse. A su vez, eso llevaría a cálculos más sencillos de cuánto carbono extraen esas áreas de la atmósfera. Al mismo tiempo, la asequibilidad y la eficiencia en aumento de aplicaciones tecnológicas como la captura directa de carbono en el aire podría impulsar su utilidad como soluciones climáticas.

Según investigaciones recientes, debemos reducir las emisiones de carbono y hacerlo de manera rápida si queremos que el mundo logre el objetivo de mantenerse debajo del aumento de 1.5° grados Celsius (2.7° grados Fahrenheit) de la temperatura mundial sobre niveles preindustriales establecidos en el acuerdo climático de París de 2015. Eso comienza con poner fin al uso de combustibles fósiles, afirmó Mitchard.

“Lo más grande que debemos hacer para la crisis climática es pasar nuestros sistemas de energía a carbono cero”, agregó.

El acuerdo final de la reciente conferencia climática de la ONU (COP28) en Dubái incluyó un llamamiento a la “transición para dejar atrás los combustibles fósiles”. Fue la primera vez que las reducciones de combustibles fósiles se mencionaron en un acuerdo climático de la ONU, pero no alcanzó el nivel de exigir una “eliminación gradual” que los científicos y activistas afirman que es necesaria para evitar los peores efectos del cambio climático.

Sin embargo, la realidad puede llevar a algo completamente distinto para el mercado voluntario.

“El lugar en donde estamos en 2023 es un punto de inflexión para el futuro del rol de mercados de carbono en la mitigación climática general”, sostuvo Frances Seymour, quien era una distinguida investigadora principal en el World Resources Institute en el momento en el que habló con Mongabay.

La pregunta ahora es qué rol tendrán los mercados voluntarios y los créditos de carbono y si pueden proporcionar un puente a un futuro sin deforestación.

“Un precio por los bosques”

¿Cuánta deforestación puede frenar en verdad REDD+?

“No resolverá la deforestación por sí solo”, indicó Mitchard.

Según una estimación reciente de la Energy Transitions Commission, una coalición de líderes de energía, se necesitarían 130 mil millones de dólares en un estipendio anual con el objetivo de poner fin a la deforestación para 2030. Incluso, los partidarios reconocen que los 5.2 mil millones de dólares destinados a REDD+ desde 2008 equivalen a poco más que una gota pequeña en ese gran cubo de lo que se necesita.

“La pérdida de bosques en sí misma es un problema singular que exige una atención enorme”, indicó Tosteson a Mongabay. “Necesitamos ampliar las inversiones en recursos más de diez veces en este momento”.

A pesar de sus imperfecciones, REDD+ y el mercado de carbono voluntario han cambiado la conversación de una que ve a los bosques simplemente en términos de su “valor liquidado” para madera, tierras de cultivo o pasturas, dijo Toby Janson-Smith, director de desarrollo de programas e innovación en Verra.

“Al poner un precio a los bosques en pie, se cambia fundamentalmente el paradigma con todos los actores de países y en todo el paisaje”, afirmó. “Eso incluye a gobiernos, comunidades indígenas, propietarios privados de tierras y otros”.

Cuando aparecieron los informes dirigidos por The Guardian a principios de 2023, los proyectos REDD+ que suministraban al mercado voluntario ya estaban en medio de una transición.

Específicamente, estaban lidiando con cuadrar los créditos vendidos de estos proyectos individuales con esfuerzos a nivel nacional para reducir las emisiones de carbono. Entre las iniciativas claves del Acuerdo de París estaba codificar la importancia de contribuciones determinadas a nivel nacional, los objetivos de reducción de emisiones a los que se comprometen los países que firmaron el acuerdo en su camino hacia el cero neto.

Otra parte fundamental del Acuerdo de París es el artículo 6, el cual permite el comercio de créditos para gases de efecto invernadero entre países. Muchos ven esta inclusión como apoyo para REDD+, lo cual permite a los países ricos compensar sus propias emisiones desmedidas, mientras financian conservación en países con bosques y a menudo menos industrializados. Pero, ¿qué sucede cuando los créditos se venden a un comprador externo? ¿Tanto el comprador como la fuente de los créditos pueden contar esas reducciones de emisiones?

A pesar de que el Acuerdo de París de 2015 se enmarcó como una unión fundamental en la lucha mundial contra el cambio climático, no resolvió este problema de doble contabilización, según un comentario reciente en la revista científica One Earth. Los autores señalan que los “intercambios entre privados no requieren que el país anfitrión del vendedor haga un ajuste correspondiente”, como se prevé en el artículo 6.4 del acuerdo. Eso llevará de forma inevitable a una contabilización doble, con una sola tonelada métrica de CO2 equivalente que reclaman tanto el país de origen como el comprador, sostienen los críticos.

El enfoque jurisdiccional

Muchos de quienes participan en REDD+ afirman que avanzar hacia créditos jurisdiccionales podría ayudar a aliviar el problema de la contabilización doble. Seymour dijo que es un problema que surgió cuando REDD+ apenas comenzaba en la conferencia climática de la ONU de 2007 en Bali, Indonesia (actualmente trabaja en la oficina del enviado presidencial especial para el clima en Estados Unidos, aunque sus opiniones no necesariamente son las del gobierno de Estados Unidos o el enviado presidencial especial). El objetivo desde el principio fue crear sistemas de contabilidad de REDD+, además de sus salvaguardas, en torno a jurisdicciones, como países o estados y provincias grandes.

Pero el llamamiento a “actividades de demostraciones” generó una reacción en cadena que llevó a más proyectos REDD+ que comenzaron a suministrar créditos de carbono al mercado voluntario, sostuvo. Al mismo tiempo, un sistema respaldado por la ONU y financiado por países del norte del mundo, como Noruega y Alemania, se enfocó en pagos basados en resultados. Ambos sistemas afirmaron estar trabajando hacia los objetivos de REDD+, lo que causó confusión.

A fines de 2022, el país sudamericano de Guyana vendió 750 millones de dólares en créditos de carbono a Hess, una compañía petrolera con sede en Estados Unidos.

“Sostendría que fue solo con la emisión de diciembre de [2022] que estos dos mundos comenzaron a cruzarse, donde tuvimos una emisión con base en mercados de un crédito a escala jurisdiccional”, afirmó Seymour. Los cálculos para los créditos usaron un estándar conocido como TREES, cuyas siglas en inglés significan Estándar de Excelencia Ambiental REDD+, desarrollado por una organización llamada Architecture for REDD+ Transactions (ART), en la cual Seymour fue presidenta de la junta cuando habló con Mongabay (ya no ocupa ese puesto).

Cuando la COP28 comenzó, Costa Rica y Ghana anunciaron la venta de 60 millones de dólares en créditos jurisdiccionales REDD+ para varias entidades corporativas importantes, inclusive McKinsey, Bayer y la Walmart Foundation, que son parte de la Coalición LEAF, una asociación pública-privada con el objetivo declarado de poner fin a la deforestación para 2030.

“Un problema que sigue sin resolverse es qué se hace con el legado de todos estos proyectos y la llegada de créditos a escala jurisdiccional”, expresó Seymour.

Abordar los proyectos desde un nivel nacional es visto por algunos como un antídoto para el problema de la doble contabilidad. También significa abordar problemas como las fugas, un término que se refiere al desplazamiento de la deforestación. Por ejemplo, si las actividades de un proyecto REDD+ ralentizan la pérdida de bosques y eso solo causa que los productores agropecuarios deforesten otra área de tierra cercana que anteriormente no había estado bajo la amenaza de la deforestación.

Dichas preguntas han llevado a tensiones entre los dos sectores de REDD+, como si solo pudiera ser uno o el otro. Pero esa no es la manera en que Seymour lo ve.

“Muchas personas malinterpretan que, si eres un defensor para créditos a escala jurisdiccional, eso significa que eres antiproyectos”, explicó. “No, necesitamos proyectos. Necesitamos inversiones basadas en lugares en actividades. Es solo que deben estar alineadas en un sentido contable y programático con la escala jurisdiccional”.

Tosteson dijo que los proyectos tienen un registro de seguimiento más fuerte en este movimiento y podrían ayudar a apuntalar el enfoque jurisdiccional.

“[El enfoque jurisdiccional] no es en verdad un modelo probado, mientras que el modelo de intervención de proyecto está bien probado. Está bien establecido y bien demostrado”, afirmó, “así que la integración de los dos modos en nuestra opinión es en verdad el camino a seguir”.

En paralelo, los países en sí mismos han tomado pasos para ganar más control sobre los proyectos dentro de sus fronteras. Indonesia, la República Democrática del Congo y Mozambique han aprobado leyes que dan a estos estados la posesión del carbono que se encuentra en sus tierras. Para algunos, las motivaciones que impulsan este paso tienen sentido.

“Lo que estamos viendo es un paso muy entendible por parte de gobiernos nacionales para decir: ‘Bien, es apropiado que tengamos participación en los mercados’, en particular, por supuesto, cuando hablas sobre recursos forestales que están [en] tierra estatal”, indicó Tosteson.

Lo que es más preocupante son las tácticas de mano dura que aparentemente intentan ganar acceso total a las ganancias de los proyectos REDD+.

En un ejemplo particularmente problemático, grupos de derechos humanos han acusado a las autoridades gubernamentales de Kenia de desalojar comunidades Ogiek del bosque nacional Mau. Afirman que la búsqueda por créditos de carbono está en la base del movimiento.

“Hay una diferencia entre la nacionalización de un proyecto y la creación de regulaciones y políticas que incluya y requiera, entre otras cosas, compartir los ingresos con el gobierno”, explicó Tosteson.

Señaló a Camboya, que dijo que ha logrado un equilibrio (Everland trabaja con el proyecto Keo Seima REDD+ en el este de Camboya).

“Tienen una proporción adecuada de ingresos entre los proyectos y el gobierno nacional”, sostuvo Tosteson. “Deja la vasta mayoría de los recursos para la implementación en el terreno”.

Pero una preocupación importante es que los países se llevarán una parte demasiado grande de los ingresos. Eso disminuiría la financiación para la conservación forestal y el desarrollo económico en el terreno. También desalentaría que los desarrolladores de proyectos REDD+ operaran en el país, dijo Robert Nasi, director operativo de la organización de investigación y desarrollo mundial CIFOR-ICRAF.

“Pueden decir finalmente ‘No trabajaremos en este país debido a los cambios en la legislación’”, afirmó Nasi. “Traducción: no trabajaremos en este país porque, fundamentalmente, no estamos ganando tanto dinero como esperábamos”.

Por otro lado, los gobiernos que asumen más responsabilidad pueden desempeñar un rol positivo, dijo Seymour.

“El motivo principal es que incentiva a los gobiernos a hacer lo que solo los gobiernos pueden hacer para poner fin a la deforestación a escala”, sostuvo. “Deben detener la ilegalidad, la cual representa el 95 % del problema”.

La COP28 y el “punto de inflexión”

Muchas de las últimas noticias climáticas son preocupantes, desde las reducciones de emisiones requeridas para mantener bajas las temperaturas, hasta los resultados del primer balance mundial que culminó en la conferencia climática de la ONU en Dubái. REDD+ y el mercado de carbono voluntario siguen siendo temas fundamentales. Algunos dicen que su existencia —al menos en la medida en que depende de amplio apoyo mundial— está en juego.

Los debates en la COP28 y el artículo 6.4 no lograron alcanzar un consenso para avanzar hacia un mercado respaldado por la ONU, lo que generó un posible revés para los mercados de carbono en general. Los observadores indican que los desacuerdos se generaron en torno a en qué medida deben ser regulados dichos mercados, con Estados Unidos respaldando menos restricciones. Por ahora, el desarrollo de un mercado mundial deberá esperar al menos un año hasta que los debates se reanuden en la COP29 en Baku, Azerbaiyán, y con eso, el impulso a la integridad y la confianza que podría llevar al comercio de carbono.

Sin embargo, la falta de un acuerdo no evita la continuación del comercio de carbono voluntario, dijo Lina Barrera, vicepresidenta ejecutiva de política mundial y asuntos gubernamentales en Conservation International.

“El mercado de carbono voluntario ya está en funcionamiento”, explicó Barrera en una conferencia de prensa el 13 de diciembre. “Seguirá funcionando”.

El tumulto de 2023 ha empujado a los promotores de mercados voluntarios y créditos de carbono forestales a lidiar con la prensa negativa e iniciar reformas.

Una tendencia preocupante es la cantidad de proyectos que enfrentan acusaciones de problemas con la contabilidad, la certificación y las salvaguardas de la comunidad. Dos proyectos de carbono en Kenia que se han anunciado como modelos para la industria han enfrentado acusaciones de que los desarrolladores se han manejado de manera inadecuada con las comunidades locales. La certificadora, Verra, suspendió la emisión de créditos en marzo del proyecto Northern Kenya Grassland Carbon Project en medio de preocupaciones sobre los cambios que generó en las prácticas del pastoreo del ganado indígena, además de sus métodos de contabilidad. A principios de noviembre, la Comisión de Derechos Humanos de Kenia publicó pruebas de “abuso sexual sistemático” por parte de empleados del proyecto Kasigau Corridor REDD+ Project contra empleadas e integrantes de la comunidad. Wildlife Works, desarrollador de proyectos REDD+ con sede en Estados Unidos, dirige el proyecto Kasigau.

Verra también puso en pausa las emisiones de créditos de Kariba, otro proyecto de carbono de alto perfil en Zimbabwe, después de que un artículo de octubre de 2023 en la revista The New Yorker generara preguntas sobre sus finanzas y acusaciones de que se estaba produciendo caza de trofeos dentro de los límites del proyecto.

Luego de la emisión de los créditos de Guyana bajo el estándar TREES a fines de 2022, la Asociación de Pueblos Amerindios (APA) se quejó sobre lo que dicen fue una falta de consulta sobre la inclusión de tierras administradas por pueblos indígenas. Una serie de ONG y grupos indígenas de todo el mundo han escrito una carta abierta instando a ART a reconsiderar su desestimación de la queja de APA.

África, mientras, se ha convertido en un objetivo principal para compañías y países ricos que buscan compensar sus emisiones. La Iniciativa de Mercados del Carbono de África (Africa Carbon Markets Initiative, ACMI), que incluye donadores, grupos conservacionistas y corporaciones, dice que los mercados podrían proporcionar quizá 50 mil millones de dólares por año para financiar la mitigación climática y la adaptación en el continente. Pero los grupos de derechos humanos dicen que muchos países africanos no tienen protecciones adecuadas para derechos y la tenencia de la tierra, lo que prepara el escenario para conflicto y posibles despojos una vez que estos proyectos supuestamente enormes, que buscan aumentar la cantidad de proyectos por veinte, se pongan en marcha.

Organizaciones escépticas, como Power Shift Africa de Kenia, también sostienen que los planes para las plantaciones de árboles para recolectar créditos de carbono podrían amenazar la seguridad alimentaria si absorben tierra agrícola valiosa. También podrían causar problemas para los ecosistemas si se plantan árboles no nativos.

Las opiniones sobre REDD+ y el mercado de carbono voluntario siguen divididas, y las opiniones indígenas sobre los sujetos son similarmente diversas. Una coalición de “voces del sur mundial” emitieron una carta en mayo de 2023 apoyando con cautela a REDD+ como una forma de dirigir financiamiento climático a pueblos indígenas y comunidades locales. Más recientemente, sin embargo, otro grupo de organizaciones ha hecho un llamamiento a una moratoria para el comercio de carbono hasta que dichas actividades explícitamente “requieran respeto hacia los derechos de carbono de los pueblos indígenas y las comunidades locales”.

Verra, mientras tanto, ha sido la más afectada por las críticas dirigidas al mercado de carbono voluntario, además de sus propios procesos de certificación, dado que la cobertura de los medios cuestionó la validez de los supuestos beneficios de REDD+ y mercados voluntarios durante 2023.

A pesar de su defensa coordinada, en particular para los informes de The Guardian, Verra sostiene que da la bienvenida a “todos los actores en el espacio… compartiendo cualquier inquietud” sobre las prácticas de la organización. También sostiene que las novedades que Verra ha publicado durante los últimos 11 meses han estado en proceso por años, inclusive la publicación de una metodología nueva de REDD+ el 27 de noviembre. Pero también ha aprendido que debe expresarse con más fuerza al promocionar los beneficios posibles del comercio de carbono.

Las críticas de este año han “despertado a muchas personas en la comunidad del mercado de carbono voluntario… que se preocupa mucho por la acción climática para reconocer que el mercado de carbono voluntario tiene un rol fundamental, único y urgente que desempeñar en la acción climática”, explicó Janson-Smith de Verra. “Si desaparece o se ve en riesgo… tendremos un gran problema en nuestras manos en términos de acción climática”.

Verra y quienes proponen los créditos de carbono reconocen que el sistema no es perfecto. Pero también se manifiestan en contra de “tirar todo por la borda”; es decir, deshacerse de una herramienta que sostienen ha demostrado su potencial, aunque todavía no haya concretado por completo lo que puede lograr.

“No les daré la impresión de que todo es un desastre, [o] de que todo es perfecto”, afirmó Tosteson de Everland. “Es más bien, ‘¿qué está bien?’, ‘¿qué no está tan bien?’[…] ‘¿El mundo está mejor gracias a esto o no?’”.

Las respuestas a esas preguntas han dividido el debate de muchas maneras. Ahora, hallar algo parecido a un consenso mundial puede determinar el futuro del mercado voluntario y los esfuerzos como REDD+ de los cuales depende.

* Imagen de portada: una docente y productora agropecuaria en Lukolela, República Democrática del Congo. Imagen de Ollivier Girard/CIFOR vía Flickr (CC BY-NC-ND 2.0).

John Cannon es redactor de artículos de Mongabay. Encuéntrelo en Bluesky.

Referencias:

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Cullenward, D., Badgley, G., & Chay, F. (2023). Carbon offsets are incompatible with the Paris Agreement. One Earth, 6(9), 1085-1088. doi:10.1016/j.oneear.2023.08.014

Lamboll, R. D., Nicholls, Z. R., Smith, C. J., Kikstra, J. S., Byers, E., & Rogelj, J. (2023). Assessing the size and uncertainty of remaining carbon budgets. Nature Climate Change. doi:10.1038/s41558-023-01848-5

Morita, K., & Matsumoto, K. (2023). Challenges and lessons learned for REDD+ finance and its governance. Carbon Balance and Management, 18(1). doi:10.1186/s13021-023-00228-y

Historia original en inglés: https://news.mongabay.com/2024/01/the-future-of-forest-carbon-credits-and-voluntary-markets/

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