- Desde 2019 la Corporación Nacional Forestal se encuentra elaborando el plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar, un territorio clave para la existencia de ballenas, orcas, delfines, elefantes marinos, lobos, aves, peces e invertebrados.
- Como parte del proceso, en marzo de este año se dio inicio a la consulta indígena, sin embargo, tras un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago esta se encuentra detenida.
- Dirigentes kawésqar denuncian intervención por parte de la industria salmonera y piden a las autoridades “cumplir con su deber” y a “hacer lo necesario” para reanudar la consulta.
El proceso de consulta indígena para la elaboración del plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar, una importante área marina protegida de la región de Magallanes, la más austral de Chile, se encuentra detenido.
Esa es la situación desde que la Corte de Apelaciones de Santiago falló, en junio pasado, a favor de una comunidad kawésqar que interpuso “un recurso de protección” para detener la consulta indígena. Según la comunidad, la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el organismo encargado de realizar el proceso, habría actuado con arbitrariedad.
Dirigentes de otras comunidades kawésqar denuncian que tras lo ocurrido existen intereses de la industria salmonera, que actualmente tiene 67 concesiones al interior de esta área protegida y está tramitando otras 56. El objetivo, dicen, sería modificar el borrador del plan de manejo de la reserva, el cual establece que la salmonicultura es incompatible con el área protegida.
“La esperanza de un futuro en el que los kawésqar podamos coadministrar nuestros territorios de manera sostenible y en armonía con la naturaleza se ha visto amenazada”, dice Margarita Vargas, presidente de la comunidad indígena kawésqar Jetarkte.
El caso ha generado debates y confusión debido, en parte, a los desacuerdos entre las diferentes comunidades kawésqar.
¿Qué pasó y cuál es la situación actual? ¿Está en riesgo el plan de manejo de esta importante área marina protegida? Mongabay Latam conversó con abogados y dirigentes kawésqar sobre el tema.
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Un recurso para detener la consulta
Para entender los hechos recientes, es necesario retroceder al año 2018 cuando se eliminó la reserva forestal Alacalufe de más de dos millones de hectáreas. En su lugar, y sumando otras tierras de privados que fueron cedidas al Estado, se crearon el Parque Nacional y la Reserva Nacional Kawésqar que conservan, respectivamente, la zona terrestre y marina de ese vasto territorio habitado históricamente por este pueblo. La decisión fue celebrada por los kawésqar, ya que “estas áreas honran por fin el nombre de nuestro pueblo canoero que ha habitado y navegado por siglos los fiordos de la Patagonia”, dice Vargas quien, además, es vocera en asuntos Indígenas frente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Al año siguiente, en 2019, Conaf comenzó las diligencias para elaborar el plan de manejo de cada una de las áreas. Este documento es vital, porque en él queda establecido qué se está protegiendo y las actividades que se pueden realizar y las que no.
Como parte de ese proceso, el Estado, a través de la Conaf, comenzó las diligencias para someter a consulta indígena el borrador del plan de manejo para cada área, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Antes de comenzar el proceso, en 2023, la Conaf hizo un llamado a las comunidades kawésqar para definir, antes que todo, el objetivo de la consulta. En ese momento, ocho de las 12 comunidades participantes acordaron realizar una sola consulta indígena para tres planes de manejo: los de la Reserva y Parque Nacional Kawésqar, y también el del vecino Parque Nacional Bernardo O’Higgins, el más extenso de Chile con más de 3 millones 500 mil hectáreas.
“La decisión se justificó en el entendido de que el territorio kawésqar es uno solo”, explica Sofía Barrera, abogada de FIMA, una ONG litigante en temas ambientales.
Habiendo decidido por mayoría que el objetivo de la consulta indígena sería someter a evaluación los tres planes de manejo de una sola vez, la Conaf inició en marzo de este año la primera fase del proceso, aquella en la que se define la metodología. En esa fase, precisa Barrera, “se acuerda, por ejemplo, que se van a juntar cuatro veces en cinco meses, que lo van a hacer en tal sede, que tienen que asistir tal cantidad de personas por comunidad, que van a votar de tal manera, etcétera”.
Al poco andar, sin embargo, la comunidad Ancón Sin Salida, una de las cuatro que no habían estado de acuerdo con realizar una sola consulta indígena para tres planes de manejo, presentó “un recurso de protección” en contra de Conaf. En él alegaba que la decisión había sido adoptada en contra de su voluntad y contraviniendo la legislación nacional y los tratados internacionales.
En julio pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago le dio la razón a la comunidad Ancón Sin Salida y ordenó a la Conaf abstenerse de avanzar en las siguientes etapas del proceso de consulta indígena, hasta que haya acordado conjuntamente con todas las comunidades la decisión de realizar un proceso único o diferenciado, respecto de los tres planes de manejo en tramitación.
Para abogados expertos en derecho indígena, el fallo de la Corte deja múltiples interrogantes.
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Un fallo cuestionado
De acuerdo con la cronología de los hechos detallada en el expediente de la causa, el recurso de protección fue ingresado en marzo de 2024. Casi tres meses después, en junio de este año, el abogado de la comunidad Ancón Sin Salida presentó ante la corte un documento que le permitiría ganar.
Dicho documento era un acta de la segunda reunión de la consulta indígena convocada por Conaf con fecha 3 de mayo de 2024. En ella había quedado por escrito que cinco de las ocho comunidades que en 2023 habían acordado realizar una sola consulta indígena, ya no estaban de acuerdo con esa decisión. Ahora solicitaban tres consultas, una para cada plan de manejo.
“La Corte de Apelaciones ve esto y dice: ‘Acá hay un cambio de opinión’, Conaf debe velar por lo que opte la mayoría y tiene que consultarles de nuevo a las comunidades cómo quieren hacer este proceso y reiniciar la consulta indígena”, explica Barrera.
Para el abogado Cristóbal Carmona, investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y experto en derecho indígena, no corresponde que la Corte haya considerado el cambio de opinión de las comunidades, puesto que, según se detalla en el acta, ello ocurrió dos meses después de que la comunidad Ancón Sin Salida ingresara el recurso de protección. “Yo no recuerdo ningún caso en donde se haya avalado esta idea del ‘arrepentimiento’ (o cambio de opinión) para modificar un proceso que está en curso”, sostiene. Barrera concuerda al decir que “este supuesto cambio de opinión de las comunidades se da en forma posterior a la presentación del recurso de protección, no en el momento en que la comunidad alega su pretensión ante la justicia”.
Además, a juicio de Carmona, hay otro punto en el que “la Corte se equivoca”.
El fallo de la Corte descansa principalmente en el hecho de que Conaf habría exigido un acuerdo previo con las comunidades sobre la forma unificada o separada de realizar la consulta, que, según dice, es una materia que debe abordarse en la fase 1 de planificación, que es cuando se define la metodología. El abogado, sin embargo, no está de acuerdo. “La Corte, según mi opinión, entiende mal la fase de planificación que implica cuestiones relativas a la metodología”, dice. “Si es uno, dos o tres procesos, esas cosas no se discuten en la metodología, porque lo que tú estás discutiendo ahí es qué vas a consultar, qué planes de manejo, eso no va en la metodología”, explica.
Para el abogado, las reuniones previas que mantuvo Conaf para definir qué se consultaría, antes de iniciar el proceso como tal, “tienen sentido”.
Además, de acuerdo con el experto, “si bien el Estado tiene que tomar decisiones con participación de las comunidades, la decisión radica en el Estado porque es él quien coordina y es él, con su rol en la planificación territorial, el actor principal”.
De hecho, asegura, “no hay una regla de cuánta gente o cuántas comunidades deben estar de acuerdo. El Estado tiene la capacidad de decidir”, insiste. Y es que, en su opinión, “es infantilizante, con respecto a los pueblos indígenas, pensar que son un colectivo coherente, homogéneo, que todos piensan lo mismo. Son sociedades y por ende puede haber disidencia y justamente se hace consulta para recoger las opiniones y llegar a un acuerdo”.
Tras el fallo de la Corte, la Conaf y las comunidades deberían poder definir nuevamente si es que se hará una sola consulta indígena para todos los planes de manejo o tres procesos diferentes. Sin embargo, ninguna reunión se ha realizado hasta ahora.
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Salmoneros en desacuerdo con el borrador
“Hago un llamado a las autoridades locales y a las máximas autoridades nacionales a cumplir con su deber, a hacer lo necesario por reanudar la consulta indígena”, dice Vargas. Así mismo lo solicitaron ocho comunidades en una carta dirigida al presidente Gabriel Boric.
Su temor es que el borrador del plan de manejo —que debe ser sometido a consulta indígena— sea modificado y que la acuicultura, y en particular la salmonicultura, quede autorizada. Ello preocupa debido a las reiteradas malas prácticas de la industria y porque la ciencia ya ha demostrado ampliamente los impactos ambientales de esta actividad.
La Reserva Nacional Kawésqar es un territorio clave para la existencia de ballenas, orcas, delfines, elefantes marinos, lobos, aves, peces e invertebrados por lo que “la construcción del borrador del plan de manejo fue un proceso largo, de por lo menos cinco años”, dice Leticia Caro, representante de la comunidad indígena Grupos Familiares Nómades del Mar. “Fue interrumpido durante la pandemia, pero después continuamos, y no solamente participó en su elaboración el pueblo kawésqar, sino que también los demás actores que convergen dentro de esta área protegida: pescadores artesanales, científicos, trabajadores del sector turismo y también la industria”, asegura.
A pesar de ello, “el Plan de Manejo y la consulta indígena están siendo gravemente intervenidos por el sector salmonero”, dice Caro.
En una entrevista realizada al medio especializado Salmonexpert, la gerenta de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Francisca Rojas, sostuvo que el plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar “no debe ser aprobado” y que “hay que trabajar en uno nuevo”.
Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, respondió a este medio que esa posición se basa en que “el borrador del plan de manejo y sus informes acompañantes son muy deficientes técnicamente” e “incluso alejado del estándar que CONAF se ha impuesto a través de sus manuales”. Sostiene que “no hay línea base de las especies a conservar, por lo que no hay criterios de localización, rango de ocupación, distribución o hábitat potencial. Sin esta información básica no se puede evaluar la compatibilidad de los usos actuales y potenciales, y también hace muy difícil una conservación efectiva”.
Además, aseguró que el borrador del plan de manejo se elaboró de manera “opaca” y con escasa participación de pescadores y empresas privadas. “Tuvimos que apelar al Consejo de la Transparencia para acceder a la información que sustenta el plan luego que CONAF nos la negara”, dijo.
Respecto de la consulta indígena, aseguró que no han intervenido.
Barrera, la abogada de FIMA, por su parte, reconoce que no existe una norma que obligue a la salmonicultura a transparentar los acuerdos que tiene con comunidades indígenas y que, por ende, no es posible comprobar si ha habido una intervención de la industria en la toma de decisiones de las comunidades. Sin embargo, la experta asegura que “las comunidades denuncian que es una práctica usual de la industria romper sus tejidos sociales”. Además, “mucha gente trabaja para la industria y presta servicios y en esa prestación de servicio también hay presiones a los trabajadores”.
Pero el problema no radica en si existen o no esos intereses, sostiene. “Independiente de cuál sea el motivo por el cual se está retrasando esta consulta, el Estado está en deuda porque existen normas procesales que deberían estar cumpliéndose para llevar adelante este proceso de consulta y que no se retrase indebidamente”.
Mongabay Latam contactó a la Conaf para saber su posición frente a las acusaciones de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes y por qué no ha reanudado la consulta indígena. La Corporación respondió que está atendiendo lo mandatado en el fallo de la Corte de Apelaciones por lo que de momento no se referirá al tema.
*Imagen Principal: Los Kawésqar continúan haciendo uso de su territorio. Foto: Leticia Caro